COLUMNA DE OPINIÓN: Daniel Arroyo, ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.
La última década mostró avances en los indicadores de empleo, pobreza e indigencia en la Argentina. Después del colapso sufrido en 2001 y 2002, la recuperación de la actividad económica y la puesta en marcha de políticas sociales de alcance masivo permitieron dejar atrás la aguda crisis que vivió nuestro país en aquellos años. Sin embargo, aún queda una serie de asignaturas pendientes, que requieren de políticas públicas de gran escala y la participación mancomunada de los distintos niveles estatales, las organizaciones sociales y el sector privado.
Un análisis global y de mirada rápida, permite identificar cinco ejes centrales en la problemática social de la Argentina actual. En primer lugar, se encuentran los bolsones que aún quedan de extrema pobreza. Es decir, ese sector de la población que todavía no logra cubrir las necesidades mínimas nutricionales, de servicios básicos o de vivienda. En segundo lugar, se identifica alrededor del treinta por ciento de los trabajadores que se encuentran en el sector informal de la economía. Otro reto claro está representado por los altos niveles de desigualdad, que si bien han retrocedido en esta última década, aún están por debajo de los índices que tenía el país antes de la última dictadura militar. En cuarto lugar, exige doblar esfuerzos y afinar la mirada el alto número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y, en quinto lugar, la vida en los grandes centros urbanos, en los que está radicado el setenta por ciento de la población y en los que el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Lanzado en agosto de 2009, el Plan Argentina Trabaja tiene como objetivo prioritario promover el desarrollo económico y la inclusión social, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario. Está dirigido a trabajadores desocupados y sin acceso a otro plan social, a los cuales apunta a capacitar en distintos oficios para impulsar la creación de fuentes de trabajo que puedan sustentarse en el tiempo y generen sentido de pertenencia al lugar y al puesto de trabajo.
La característica distintiva de este programa radica en la conformación de cooperativas de trabajo vinculadas con actividades económicas planificadas por los Poderes Ejecutivos Nacional, provinciales o municipales. Estas cooperativas deberían crearse a través de “asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente para formar una organización democrática, cuya administración y gestión se lleva a cabo de la forma que acuerden los socios”, con la intención de hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa.
En la primera etapa, el Plan Argentina Trabaja se implementó en 36 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde habita aproximadamente un tercio de la población total de la Argentina. En la actualidad, se extendió a 11 de las 24 provincias argentinas. Con respecto a su distribución poblacional, la cobertura del programa corresponde a los distritos con mayor número de habitantes del país, a excepción de Córdoba y Santa Fe, que no disponen de montos significativos para la ejecución del programa.
El cruce entre los objetivos del Plan y sus niveles de cobertura actuales, permiten observar que apunta a contribuir a la resolución de algunos de los ejes centrales de la problemática social descriptos al comienzo de este artículo. En particular, las necesidades de empleo de aquellas personas que aún sufren niveles de pobreza extrema y la crítica situación que se viven en los principales centros urbanos de la Argentina, principalmente en el conurbano bonaerense.
De acuerdo al Decreto 1.067/2009, la permanencia de cada beneficiario en el programa tiene como exigencia la asistencia diaria en los horarios de trabajo y capacitación. Esa asistencia debe ser debidamente controlada por los niveles locales de implementación y las reiteradas observancias dan lugar a la baja del beneficiario y a la apertura de su puesto de trabajo para ser ocupado por otro candidato. Sin embargo, de acuerdo a varias investigaciones, como la realizada por María Victoria Boix, Vanesa Marazzi y Melina Nacke para la Fundación CIPPEC en abril de 2011, “la baja de beneficiarios por este motivo nunca se implementó en los municipios, ya que no se reglamentó la existencia de esta figura en el parte de presentismo de los asociados que los entes ejecutores debían enviar periódicamente al Ministerio”.
A principios de este año, la presidenta Cristina Kirchner anunció la implementación de incentivos por “dedicación al trabajo” a los cooperativistas que integran el Plan, que suman trescientos pesos extra sobre los 1.285,78 que perciben actualmente. Además, también se adicionan otros 250 pesos por presentismo, en turnos de cuatro horas. Para ello, se tendrá en cuenta la antigüedad de las cooperativas en el programa de Ingreso Social con Trabajo, los oficios adquiridos y las aptitudes y actitudes relevadas por los equipos técnicos del Ministerio. En esa línea, el Presupuesto 2012 prevé un incremento del 43,6 por ciento en el Plan Argentina Trabaja, lo que representa una inversión de 5.020 millones de pesos, frente a los 3.496 millones contemplados en el año anterior. También se estima como meta alcanzar una cobertura de 170 mil personas.
Estos anuncios van en buena dirección, ya que significan un salto de escala en la cantidad de personas incorporadas y contribuyen a un cambio de paradigma, avanzando de la asistencia social hacia la capacitación laboral y la creación de empleo genuino. En momentos como los actuales, en los que si bien a largo plazo queda claro que la demanda a los productos generados por la economía argentina va a seguir en alza, debido a la expansión de compradores como China e India, pero en los que se observan los coletazos de la crisis financiera occidental, se hace necesario el fortalecimiento de programas de este tipo, que contemplen la creación e empleos y apuntalen el desarrollo autónomo.
Uno de los desafíos más importantes para el futuro del Programa radica, probablemente, en la incorporación de aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años que no estudian ni trabajan, y sufren el hacinamiento y la falta de oportunidades, especialmente en los grandes centros urbanos. En estos casos, es necesario combinar la generación de oportunidades que brinda el Programa con la creación de una red vasta de tutorías que permitan que los jóvenes se “reenganchen” cuando sienten que no pueden sostener el ritmo laboral.
Por otra parte, el desarrollo de programas como el Argentina Trabaja necesita ser complementado con una masificación de líneas de créditos blandos para aquellos cuentapropistas y pequeños emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Es decir, con aquellas personas que se ven obligadas a trabajar con tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. En ese sentido, la última reforma de la Carta Orgánica del Banco Central representa una posibilidad para avanzar con un sistema crediticio más inclusivo.
