Daniel Arroyo escribió una nota para la revista Colonia Vela en la cual comparte los principales desafíos sociales en Argentina.
Por Daniel Arroyo
En la última década se produjeron mejoras en torno a la reducción de la pobreza en casi todos los países de América latina. Con características diversas, en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay o Venezuela el presupuesto destinado a la política social aumentó. Sin embargo, muchos problemas sociales están lejos de haberse revertido. A diferencia de la sociedad de la década de 1970 (integrada y con movilidad social ascendente) y de 1990 (marcada por el surgimiento de “nuevos pobres” y movilidad descendente), la estructura social actual resulta difícil de caracterizar. Dentro de ella conviven al menos cuatro realidades diferentes:
En primer lugar, el sector de pobreza estructural, concentrado en los grandes centros urbanos –especialmente en el Noroeste y Noreste y en el conurbano bonaerense–, que no cubre las necesidades mínimas, transmite intergeneracionalmente la pobreza y no está incorporado al mundo del trabajo, aunque es sujeto de gran parte de las políticas sociales y de las mejoras parciales en la infraestructura básica logradas en los últimos años. En comparación con los años 90, el tamaño de este sector se ha reducido, pero arrastra las mismas dificultades relacionadas a trabajo y educación.
El segundo ámbito es el de los sectores vulnerables vinculados al trabajo informal, sea por trabajo no registrado o, en la mayoría de los casos, por desarrollar actividades cuentrapropistas. Es un sector vulnerable que se autosostiene económicamente, sin asistencia estatal directa aunque en ocasiones pueda ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo. Lo que marca su modo de vida es la precariedad y la falta de previsibilidad, suelen pagar más impuestos y muchas veces tienden a percibir al Estado como generador de políticas destinadas al sector de pobreza estructural, de las cuales se sienten excluidos.
La clase media se reconstruyó en los últimos años, vinculada al Estado y al mercado interno. Los docentes, los trabajadores estatales, los empleados del sector privado recuperaron ciertos niveles de integración y alcanzaron una menor precariedad.
Por último, la clase alta continúa con sus intereses productivos diversificados en un marco en el que la concentración económica continúa siendo determinante.
La nueva agenda social
Argentina resolvió problemas importantes originados o consolidados en la década de 1990 y ya no registra una movilidad social descendente generalizada. Sin embargo, aún no se logró rehacer la idea del camino ascendente por medio de la educación. En este marco los aspectos pendientes en materia de política social son importantes.
La política alimentaria enfrenta el desafío de mejorar la calidad nutricional. Argentina cuenta con un alto nivel de cobertura pero tiene un problema de calidad.
El segundo gran tema tiene que se vincula con el mundo de la empleabilidad y el emprendedorismon. Se produjeron avances con programas como Más y mejor trabajo, con la capacitación de desempleados y con el rol del Estado en la discusión con sindicatos y empresarios en temas como el salario mínimo, pero el Estado debe mejorar el acompañamiento a los ciudadanos que buscan trabajo. Otro desafío es el los microcréditos y los emprendimientos de aquellas personas que buscan generar su propia actividad productiva. Un avance claro fue la Ley de Microcréditos pero es importante masificar el crédito a tasa baja para los sectores más pobres, generar mecanismos rápidos y lograr sistemas de entrada más simples para transferir dinero.
El tercer eje es el previsional. Se avanzó en la equiparación de derechos entre el sistema de trabajo formal y el informal, hubo grandes cambios con las pensiones no contributivas, los mayores de 70 años, los niños con discapacidad, las pensiones anticipadas, las transformaciones achataron la pirámide (hoy hay más personas que cobran la mínima) y se incorporó a millones de jubilados. De esta manera, se constituye un sistema que se acerca a la universalidad, equiparando derechos en el corto y mediano plazo. Queda pendiente el desafío de dotar de sustentabilidad a este esquema.
El desafío de mayor relevancia está vinculado con los adolescentes y los jóvenes, comenzando por la situación de las 900.000 personas de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. La transformación para cumplir con sus derechos y definir el país de los próximos 20 años. Muchas veces los jóvenes no tienen problemas para aprender la tarea sino para aceptar la rutina del mundo del trabajo. No se trata de aprender cómo hacer un trabajo sino de ir a trabajar todos los días. Muchos de ellos no vieron trabajar todos los días a sus padres o madres –y en algunos casos a sus abuelos–. En el mismo sentido es necesaria una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos.
Luego de la crisis de 2001, Argentina ha atravesado una década de crecimiento económico con tasas cercanas al 8% anual pero sin embargo esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma manera y la estructura social continúa siendo muy desigual: la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es hoy de 24 a 1.
Desafíos que vienen
Para comenzar, se debe resolver el problema de pobreza estructural y lograr que todos los habitantes del país tengan piso de material y servicios básicos. Es necesario establecer una fuerte política de inversión en infraestructura, con recursos permanentes para las áreas sociales y generar políticas focalizadas en las zonas del NOA, NEA y el conurbano bonaerense.
El segundo eje radica en la distribución territorial del país. Existen dos tipos de desequilibrio vinculados a la concentración de ciudadanos -el área metropolitana, que representa el 1% del territorio nacional y vive casi 1/3 de la población argentina, generando un problema económico para lograr crecimiento y políticas sociales que busquen mejorar el sector- y las necesidades de cada región -poblar la Patagonia, generar un fondo especial para favorecer el NOA y el NEA, acompañar actividades productivas y reequilibrar la relación de Buenos Aires con el interior-.
El tercer punto requiere el establecimiento de un plan estratégico de desarrollo (definiendo si será un país agroindustrial, más industrial que de producción primaria o un país de servicios). Hace falta un plan de desarrollo que establezca con claridad el rol que tendrá la minería, la soja, los recursos naturales, las cadenas productivas y otras actividades que requieren definiciones inmediatas.
El cuarto desafío determina la necesidad de atender el trabajo informal y apuntar a generar un mercado de trabajo en el que lo formal sea un punto clave, la regulación estatal un elemento significativo y la masificación del crédito alcance al mundo del cuentapropismo y la economía social. Si se continúa con un mercado de trabajo de dos velocidades (formal e informal) será difícil achicar las brechas sociales.
Los contenidos en la escuela secundaria y la calidad educativa en general requieren una especial atención. Ése debe ser el quinto reto social del país de cara al final de esta década. Los logros de haber destinado más del 6% del PBI a la educación, la entrega de netbooks y el aumento de alumnos en las escuelas secundarias por la Asignación Universal por Hijo marcan los nuevos desafíos. Hacen falta más escuelas secundarias e inversión, como también equilibrar los niveles de conocimiento, tecnología e infraestructura entre la escuela pública y la privada. Los chicos que cursan en una escuela privada, muchas veces, aprenden contenidos diferentes a los de la escuela pública. Las desigualdades se manifiestan en la infraestructura, la cantidad de horas de clase y las herramientas a las que acceden para estudiar.
El sexto se refiere a la reestructuración del sistema de salud. La atención primaria atraviesa una fuerte dificultad y es que toda la red de hospitales –que, sin duda, ha mejorado debido a que se invirtió en infraestructura- está siendo utilizada por la población como atención primaria y secundaria. Esto implica que una persona, ante cualquier eventualidad, no va a la salita de su barrio, sino que se dirige hospital. Ello provoca una sobrecarga, una saturación y colapso en la atención de pacientes.
Finalmente, el séptimo eje apunta al mejoramiento de las condiciones de vida en los sectores menos visibles: comunidades aborígenes, personas con discapacidad, violencia de género y trata de personas. Junto con los programas universales se debe avanzar en acciones focalizadas en los grupos que tienen sus derechos vulnerados.
Argentina es un país con talento, capacitación, casi treinta años de democracia, un territorio vasto y recursos naturales. Depende de nosotros lograr una sociedad más inclusiva e integrada en esta década. El contexto internacional, más allá de los vaivenes actuales, parece darnos una nueva oportunidad. No la podemos desaprovechar.
(Artículo publicado por Colonia Vela el 14/12/12)
