lunes, 23 de enero de 2012
Arroyo entrevistado en Radio Del Plata
Esta mañana el Lic. Daniel Arroyo fue entrevistado por "Tuni" Kollmann en el Programa "Mónica y César en Del Plata" de 9 a 13 hs, para hablar sobre temas de pobreza.
miércoles, 11 de enero de 2012
La agenda de la RSE para la Argentina que viene
(publicado en la revista EMPRESA, Nº 204, Dic 2011/Enero/ Febrero 2012)
* Por Daniel Arroyo
Tras ocho años de crecimiento sostenido, la economía argentina atraviesa un momento único de sus dos últimos siglos de historia. La creciente demanda internacional de alimentos por parte de los países del BRIC –especialmente, China e India- marca la tendencia de que el país seguirá su marcha ascendente en los próximos años. Si bien la actual crisis internacional marca algunas señales de alerta, que deberán ser tenidas en cuenta, se trata de una oportunidad excepcional, que brinda a los argentinos la posibilidad de dar un salto sustentable en la mejora de la situación social.
Una agenda de desarrollo social para la próxima década debe avanzar sobre diez ejes centrales. El primer punto, sin duda, es la pobreza estructural, que encuentra sus territorios más críticos especialmente en el NOA, el NEA y el conurbano bonaerense. En segundo lugar, se debe avanzar en políticas que combatan la informalidad y la precariedad laboral, que afecta a casi cuatro de cada diez argentinos. Tercero, las brechas de la desigualdad, que son particularmente profundas en los grandes centros urbanos.
Otro de los puntos clave de la agenda pasa por la inserción de los jóvenes de 16 a 24 años que ni estudian ni trabajan; y que, más allá de las cifras, se trata de un sector de la población que sufre no sólo la ausencia de oportunidades laborales y educativas sino también la falta de un horizonte que les permita proyectar sus vidas en el futuro. No sirven los programas aislados para resolver esta situación. Es un problema de mayorías que se resuelve con planes de gran escala, con una política en la estén involucrados todos los sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional.
Muchas veces, las situaciones de pobreza tienen que ver con la imposibilidad de acceder al capital. Por eso, en el caso de los pequeños emprendedores y los cuentapropistas, hay que repensar un sistema de crédito flexible y masivo, que permitan la renovación de las maquinarias y las herramientas con las que trabajan. El apoyo al cuentapropismo debe ser considerado un elemento clave, porque son los sectores que más posibilidades tienen de salir de la pobreza rápidamente y generan nuevas fuentes de trabajo en las propias comunidades.
También queda claro que es necesario masificar el acceso al crédito a la vivienda para aquellos sectores que, aún trabajando, tienen ingresos insuficientes para lograr la financiación que requieren. Y, en el mismo sentido, el sexto punto radica en la extensión de los planes de infraestructura social y vivienda, que deben apuntar a la generación de espacios con mejor calidad de vida en los grandes centros urbanos, donde se conjugan problemas como el hacinamiento, la adicción, la violencia y la estigmatización de los jóvenes.
Por otra parte, hace falta avanzar en las estrategias de fortalecimiento de los niveles de atención primaria de la salud que eviten la sobrecarga en los hospitales. También hay que apuntar a la mejora de la calidad educativa, achicando las diferencias crecientes que se están observando entre ciertas escuelas privadas y las escuelas públicas. El noveno eje pasa por la descentralización de recursos a los gobiernos locales. Y, finalmente, por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, transfiriéndoles recursos para que puedan encarar sus propias acciones.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La escala de los problemas consignados requiere que el desarrollo social no pueda ser considerado sólo como un instrumento del Estado, sino que necesita del apoyo de todos los actores de la sociedad. Para ser realmente eficientes y tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de desarrollo local deben ser el resultado de la interacción entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Resulta fundamental contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos los actores, con sus diversos recursos y la diversidad de sus puntos de vista.
En la Argentina, la responsabilidad social empresaria ha evidenciado un gran crecimiento en los últimos años, con mayor presencia del actor privado en la perspectiva de la inclusión social. Haciendo un análisis de lo ocurrido en las últimas décadas, se pueden observar tres grandes etapas del desarrollo de la RSE en el país. La primera etapa se vivió hasta el 2001, donde no había una experiencia de intervención estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, acompañando el desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego del 2001, permite registrar que muchas empresas adoptan de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Es una etapa caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la emergencia y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina por esos años.
En la tercera etapa, que comienza hacia el 2007 y vivimos en este momento, las empresas comienzan a trabajar sobre la promoción; y, básicamente, se centran en el otorgamiento de becas, microcréditos y capacitación laboral. Es en este momento cuando este enfoque empieza a tener impacto, contribuyendo de manera significativa en trasformar la realidad. En este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE en la Argentina, que pasan por lograr sustentabilidad en las acciones encaradas; el apoyo a las organizaciones que tienen legitimidad; y la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay 80.000 organizaciones sociales, y uno de los desafíos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y capacitación, para empoderar y fortalecer la sociedad civil.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinarias obsoletas. En segundo lugar, y como consecuencia de la problemática anterior, existe también una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no le permite utilizar las herramientas y maquinarias actuales. Y en tercer lugar, el sector informal en la Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de cadenas de producción reales, “creándose” un circuito económico a nivel local y barrial.
Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual. Hay un núcleo importante de personas del sector informal de la economía vinculadas “al mundo” del trabajo pero a partir de la precariedad. Pueden destacarse en este sentido, oficios varios (pintores, albañiles, plomeros, herreros, etc.) como también pequeños emprendedores que realizan alguna actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). De todos modos, es un sector con dificultades para mantener una continuidad, previsión social, salud y condiciones regulares de trabajo. Estos sectores, además de estas problemáticas, tienen otras que hacen al retraso tecnológico y a la vinculación con las cadenas productivas. El sector privado, a través de acciones desarrolladas en el marco de la RSE, tiene un rol muy importante para vincularse con este sector y potenciarlo con estrategias de encadenamiento productivo, de asistencia técnica y capacitación.
CADENAS PRODUCTIVAS
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como instrumento para mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y social, y a su vez, realizar un acertado diagnóstico acerca de las características de la economía de la zona, los potenciales recursos materiales y humanos ociosos de la misma. Así, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la asistencia técnica y la capacitación.
En cuanto al primer instrumento, es importante destacar que la desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en donde el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
Las cadenas productivas que articulan el sector privado y la economía social inciden directamente en la elaboración de un producto final. La cadena permite así diversos niveles de procesamiento, transporte, comercialización e industria, alcanzando varios productos acabados en el nivel del consumidor, logrando una sinergia de actores promotores del desarrollo económico.
Esto puede permitir una integración vertical, en la cual se articulan distintos eslabones de una cadena productiva; o bien, horizontalmente a través de una asociatividad entre emprendimientos y empresas de un mismo eslabón, procurando mejorar sus canales de comercialización y/o producción. Muchas actividades serán más efectivas y menos costosas si se realizan en forma asociativa, logrando de esta manera optimizar las estructuras de costos individuales y las capacidades de innovación productiva, para mantener el posicionamiento competitivo en el mercado e impacto socioproductivo. La RSE se hermana con la idea de la densidad productiva, la generación de valor agregado y la inversión genuina.
El segundo elemento a visualizar en relación a la RSE, es la posibilidad de otro tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y servicios para el sector privado. Esta simbiosis puede “estandarizar” la producción, la calidad, la comercialización y permitirles a los emprendedores la adaptación a nuevas tecnologías, como así también, la diversificación de la oferta y el mejor aprovechamiento de los recursos físicos y humanos disponibles, con miras a aprovechar la demanda que solicita el sector privado.
Un último aspecto relevante es la capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. Este aspecto tiene una estrecha vinculación con el fortalecimiento de la economía social y las iniciativas que surgen de ella misma. El objetivo es que el sector privado pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes emprendedores. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio, cuentan tal vez con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación, optimizando sus canales de producción y/o comercialización.
También puede formar a los emprendedores acerca de temas generales relacionados con la producción económica y su comercialización, orientando la actividad hacia el conocimiento de la cadena de valores de los productos, al aprovechamiento en forma comunitaria de los recursos e insumos existentes, al mejoramiento de la organización y coordinación de los grupos humanos para la producción en escala, como así también hacia cuestiones legales e impositivas que posibiliten la comercialización en circuitos comerciales formales.
En definitiva, el área de responsabilidad social empresaria debe ocupar un lugar central en las estrategias de concertación entre los actores, en donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad. El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada. Si el Estado, la sociedad civil y el empresariado trabajan de forma conjunta, podemos llegar sin pobreza ni indigencia a la Argentina del 2020.
* Por Daniel Arroyo
Tras ocho años de crecimiento sostenido, la economía argentina atraviesa un momento único de sus dos últimos siglos de historia. La creciente demanda internacional de alimentos por parte de los países del BRIC –especialmente, China e India- marca la tendencia de que el país seguirá su marcha ascendente en los próximos años. Si bien la actual crisis internacional marca algunas señales de alerta, que deberán ser tenidas en cuenta, se trata de una oportunidad excepcional, que brinda a los argentinos la posibilidad de dar un salto sustentable en la mejora de la situación social.
Una agenda de desarrollo social para la próxima década debe avanzar sobre diez ejes centrales. El primer punto, sin duda, es la pobreza estructural, que encuentra sus territorios más críticos especialmente en el NOA, el NEA y el conurbano bonaerense. En segundo lugar, se debe avanzar en políticas que combatan la informalidad y la precariedad laboral, que afecta a casi cuatro de cada diez argentinos. Tercero, las brechas de la desigualdad, que son particularmente profundas en los grandes centros urbanos.
Otro de los puntos clave de la agenda pasa por la inserción de los jóvenes de 16 a 24 años que ni estudian ni trabajan; y que, más allá de las cifras, se trata de un sector de la población que sufre no sólo la ausencia de oportunidades laborales y educativas sino también la falta de un horizonte que les permita proyectar sus vidas en el futuro. No sirven los programas aislados para resolver esta situación. Es un problema de mayorías que se resuelve con planes de gran escala, con una política en la estén involucrados todos los sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional.
Muchas veces, las situaciones de pobreza tienen que ver con la imposibilidad de acceder al capital. Por eso, en el caso de los pequeños emprendedores y los cuentapropistas, hay que repensar un sistema de crédito flexible y masivo, que permitan la renovación de las maquinarias y las herramientas con las que trabajan. El apoyo al cuentapropismo debe ser considerado un elemento clave, porque son los sectores que más posibilidades tienen de salir de la pobreza rápidamente y generan nuevas fuentes de trabajo en las propias comunidades.
También queda claro que es necesario masificar el acceso al crédito a la vivienda para aquellos sectores que, aún trabajando, tienen ingresos insuficientes para lograr la financiación que requieren. Y, en el mismo sentido, el sexto punto radica en la extensión de los planes de infraestructura social y vivienda, que deben apuntar a la generación de espacios con mejor calidad de vida en los grandes centros urbanos, donde se conjugan problemas como el hacinamiento, la adicción, la violencia y la estigmatización de los jóvenes.
Por otra parte, hace falta avanzar en las estrategias de fortalecimiento de los niveles de atención primaria de la salud que eviten la sobrecarga en los hospitales. También hay que apuntar a la mejora de la calidad educativa, achicando las diferencias crecientes que se están observando entre ciertas escuelas privadas y las escuelas públicas. El noveno eje pasa por la descentralización de recursos a los gobiernos locales. Y, finalmente, por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, transfiriéndoles recursos para que puedan encarar sus propias acciones.
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La escala de los problemas consignados requiere que el desarrollo social no pueda ser considerado sólo como un instrumento del Estado, sino que necesita del apoyo de todos los actores de la sociedad. Para ser realmente eficientes y tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de desarrollo local deben ser el resultado de la interacción entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Resulta fundamental contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos los actores, con sus diversos recursos y la diversidad de sus puntos de vista.
En la Argentina, la responsabilidad social empresaria ha evidenciado un gran crecimiento en los últimos años, con mayor presencia del actor privado en la perspectiva de la inclusión social. Haciendo un análisis de lo ocurrido en las últimas décadas, se pueden observar tres grandes etapas del desarrollo de la RSE en el país. La primera etapa se vivió hasta el 2001, donde no había una experiencia de intervención estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, acompañando el desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego del 2001, permite registrar que muchas empresas adoptan de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Es una etapa caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la emergencia y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina por esos años.
En la tercera etapa, que comienza hacia el 2007 y vivimos en este momento, las empresas comienzan a trabajar sobre la promoción; y, básicamente, se centran en el otorgamiento de becas, microcréditos y capacitación laboral. Es en este momento cuando este enfoque empieza a tener impacto, contribuyendo de manera significativa en trasformar la realidad. En este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE en la Argentina, que pasan por lograr sustentabilidad en las acciones encaradas; el apoyo a las organizaciones que tienen legitimidad; y la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay 80.000 organizaciones sociales, y uno de los desafíos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y capacitación, para empoderar y fortalecer la sociedad civil.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinarias obsoletas. En segundo lugar, y como consecuencia de la problemática anterior, existe también una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no le permite utilizar las herramientas y maquinarias actuales. Y en tercer lugar, el sector informal en la Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de cadenas de producción reales, “creándose” un circuito económico a nivel local y barrial.
Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual. Hay un núcleo importante de personas del sector informal de la economía vinculadas “al mundo” del trabajo pero a partir de la precariedad. Pueden destacarse en este sentido, oficios varios (pintores, albañiles, plomeros, herreros, etc.) como también pequeños emprendedores que realizan alguna actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). De todos modos, es un sector con dificultades para mantener una continuidad, previsión social, salud y condiciones regulares de trabajo. Estos sectores, además de estas problemáticas, tienen otras que hacen al retraso tecnológico y a la vinculación con las cadenas productivas. El sector privado, a través de acciones desarrolladas en el marco de la RSE, tiene un rol muy importante para vincularse con este sector y potenciarlo con estrategias de encadenamiento productivo, de asistencia técnica y capacitación.
CADENAS PRODUCTIVAS
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como instrumento para mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y social, y a su vez, realizar un acertado diagnóstico acerca de las características de la economía de la zona, los potenciales recursos materiales y humanos ociosos de la misma. Así, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la asistencia técnica y la capacitación.
En cuanto al primer instrumento, es importante destacar que la desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en donde el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
Las cadenas productivas que articulan el sector privado y la economía social inciden directamente en la elaboración de un producto final. La cadena permite así diversos niveles de procesamiento, transporte, comercialización e industria, alcanzando varios productos acabados en el nivel del consumidor, logrando una sinergia de actores promotores del desarrollo económico.
Esto puede permitir una integración vertical, en la cual se articulan distintos eslabones de una cadena productiva; o bien, horizontalmente a través de una asociatividad entre emprendimientos y empresas de un mismo eslabón, procurando mejorar sus canales de comercialización y/o producción. Muchas actividades serán más efectivas y menos costosas si se realizan en forma asociativa, logrando de esta manera optimizar las estructuras de costos individuales y las capacidades de innovación productiva, para mantener el posicionamiento competitivo en el mercado e impacto socioproductivo. La RSE se hermana con la idea de la densidad productiva, la generación de valor agregado y la inversión genuina.
El segundo elemento a visualizar en relación a la RSE, es la posibilidad de otro tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y servicios para el sector privado. Esta simbiosis puede “estandarizar” la producción, la calidad, la comercialización y permitirles a los emprendedores la adaptación a nuevas tecnologías, como así también, la diversificación de la oferta y el mejor aprovechamiento de los recursos físicos y humanos disponibles, con miras a aprovechar la demanda que solicita el sector privado.
Un último aspecto relevante es la capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. Este aspecto tiene una estrecha vinculación con el fortalecimiento de la economía social y las iniciativas que surgen de ella misma. El objetivo es que el sector privado pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes emprendedores. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio, cuentan tal vez con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación, optimizando sus canales de producción y/o comercialización.
También puede formar a los emprendedores acerca de temas generales relacionados con la producción económica y su comercialización, orientando la actividad hacia el conocimiento de la cadena de valores de los productos, al aprovechamiento en forma comunitaria de los recursos e insumos existentes, al mejoramiento de la organización y coordinación de los grupos humanos para la producción en escala, como así también hacia cuestiones legales e impositivas que posibiliten la comercialización en circuitos comerciales formales.
En definitiva, el área de responsabilidad social empresaria debe ocupar un lugar central en las estrategias de concertación entre los actores, en donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad. El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada. Si el Estado, la sociedad civil y el empresariado trabajan de forma conjunta, podemos llegar sin pobreza ni indigencia a la Argentina del 2020.
lunes, 9 de enero de 2012
Solidaridad Atemporal: La Argentina no desampara a las víctimas del "corralito' de 2001
(publicado en el portal de noticias http://actualidad.rt.com, el 7 de enero de 2012)
Saqueos de supermercados, niños desnutridos y miles de personas que acabaron en la calle. El impacto en la población de la gravísima crisis económica argentina de hace diez años tuvo un inesperado efecto secundario. Muchos de los que evitaron los golpes del destino sintieron el impulso de echar una mano a aquellos cuyas vidas quedaron en la ruina a causa de la vorágine financiera.
"Había visto la necesidad que existía en nuestro país. Era consciente de que a 15 minutos de mi casa también existía y dije: 'Bueno, es hora de comenzar a hacer algo más concreto'", nos cuenta Mercedes Gregorini, voluntaria de 'Un techo para mi país'.
Así fue como Mercedes, al igual que numerosas personas, decidió pasar de las palabras a la acción. Se sumó a 'Un techo para mi país', una ONG que construye viviendas en barrios marginales. Junto a sus padres y cinco hermanos la joven se trasladó a uno de estos barrios para armar una casa prefabricada para los menos afortunados.
"...Poder comparar mi familia y esa familia, y ver que éramos igual en un montón de cosas y lo único que cambiaba eran las oportunidades. Al momento de hablar con la familia, la única diferencia en sus vidas era que no estaban las oportunidades: yo había podido terminar el secundario, y el chico de mi edad de esa familia no había podido porque tenía que trabajar. Esa sensación de 'yo te vengo a dar' se corre, y es más un 'vengo porque me siento comprometida'", agregó Mercedes.
Pero esta sensación no es la única razón por la cual los argentinos se unen a las acciones solidarias. Algunos especialistas atribuyen esta fuerte participación ciudadana a la desilusión respecto a la clase política experimentada durante la crisis argentina de 2001.
"El concepto de militancia social en la Argentina viene de gente que ha intentado participar en la actividad política. No ha sentido que ese era su espacio y ha pasado. Segundo que mucha gente ve transparencia, ve una acción muy concreta. Colabora en la construcción de una vivienda (...) en la política esto está más disperso", asegura Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.
Como resultado, la tarea filantrópica, que normalmente estaba concentrada en las instituciones religiosas o políticas, se extendió a todos los ámbitos. Según afirman algunos especialistas, la cuarta parte de toda la labor social en el país es realizada por ONG de voluntarios. El resto corresponde al Estado u organizaciones internacionales oficiales.
La ola de solidaridad forzó incluso la generosidad de las empresas a tomar parte en las iniciativas benéficas. Una de las multinacionales financieras, por ejemplo, lanzó, un programa por el cual respalda económicamente las ideas filantrópicas de los miembros de la empresa.
"Se trata de acciones realizadas desde el banco para apoyar a los empleados que se involucran, a través de su propio trabajo, en tareas voluntarias hacia la comunidad, puede ser desde un comedor gratuito para los más necesitados hasta campañas escolares o de salud", comenta Gonzalo Verdomar, gerente de Relaciones Institucionales del BBVA Banco Francés.
Todos estos factores en su totalidad hacen que Argentina ocupe el primer lugar en Latinoamérica y el cuarto en el mundo por cantidad de dinero en donaciones privadas caritativas, en relación con los PBI correspondientes. Los datos surgen de un estudio de la Universidad John Hopkins que ubica a la nación por detrás de Estados Unidos, Israel y Canadá.
Uno de cada cinco argentinos participa en iniciativas solidarias. No cesa el debate si no supone ello un síntoma de que las autoridades no están asumiendo todas sus responsabilidades, pero la dedicación de millones de personas a obras de caridad también puede significar que muchos asumen la posibilidad de que en cualquier momento la suerte puede dejar de llamar a sus puertas.
Saqueos de supermercados, niños desnutridos y miles de personas que acabaron en la calle. El impacto en la población de la gravísima crisis económica argentina de hace diez años tuvo un inesperado efecto secundario. Muchos de los que evitaron los golpes del destino sintieron el impulso de echar una mano a aquellos cuyas vidas quedaron en la ruina a causa de la vorágine financiera.
"Había visto la necesidad que existía en nuestro país. Era consciente de que a 15 minutos de mi casa también existía y dije: 'Bueno, es hora de comenzar a hacer algo más concreto'", nos cuenta Mercedes Gregorini, voluntaria de 'Un techo para mi país'.
Así fue como Mercedes, al igual que numerosas personas, decidió pasar de las palabras a la acción. Se sumó a 'Un techo para mi país', una ONG que construye viviendas en barrios marginales. Junto a sus padres y cinco hermanos la joven se trasladó a uno de estos barrios para armar una casa prefabricada para los menos afortunados.
"...Poder comparar mi familia y esa familia, y ver que éramos igual en un montón de cosas y lo único que cambiaba eran las oportunidades. Al momento de hablar con la familia, la única diferencia en sus vidas era que no estaban las oportunidades: yo había podido terminar el secundario, y el chico de mi edad de esa familia no había podido porque tenía que trabajar. Esa sensación de 'yo te vengo a dar' se corre, y es más un 'vengo porque me siento comprometida'", agregó Mercedes.
Pero esta sensación no es la única razón por la cual los argentinos se unen a las acciones solidarias. Algunos especialistas atribuyen esta fuerte participación ciudadana a la desilusión respecto a la clase política experimentada durante la crisis argentina de 2001.
"El concepto de militancia social en la Argentina viene de gente que ha intentado participar en la actividad política. No ha sentido que ese era su espacio y ha pasado. Segundo que mucha gente ve transparencia, ve una acción muy concreta. Colabora en la construcción de una vivienda (...) en la política esto está más disperso", asegura Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.
Como resultado, la tarea filantrópica, que normalmente estaba concentrada en las instituciones religiosas o políticas, se extendió a todos los ámbitos. Según afirman algunos especialistas, la cuarta parte de toda la labor social en el país es realizada por ONG de voluntarios. El resto corresponde al Estado u organizaciones internacionales oficiales.
La ola de solidaridad forzó incluso la generosidad de las empresas a tomar parte en las iniciativas benéficas. Una de las multinacionales financieras, por ejemplo, lanzó, un programa por el cual respalda económicamente las ideas filantrópicas de los miembros de la empresa.
"Se trata de acciones realizadas desde el banco para apoyar a los empleados que se involucran, a través de su propio trabajo, en tareas voluntarias hacia la comunidad, puede ser desde un comedor gratuito para los más necesitados hasta campañas escolares o de salud", comenta Gonzalo Verdomar, gerente de Relaciones Institucionales del BBVA Banco Francés.
Todos estos factores en su totalidad hacen que Argentina ocupe el primer lugar en Latinoamérica y el cuarto en el mundo por cantidad de dinero en donaciones privadas caritativas, en relación con los PBI correspondientes. Los datos surgen de un estudio de la Universidad John Hopkins que ubica a la nación por detrás de Estados Unidos, Israel y Canadá.
Uno de cada cinco argentinos participa en iniciativas solidarias. No cesa el debate si no supone ello un síntoma de que las autoridades no están asumiendo todas sus responsabilidades, pero la dedicación de millones de personas a obras de caridad también puede significar que muchos asumen la posibilidad de que en cualquier momento la suerte puede dejar de llamar a sus puertas.
sábado, 7 de enero de 2012
Arroyo entrevistado en Radio América
Daniel Arroyo será entrevistado este sábado 7 de enero a las 18 hs. en el programa "Ahora o nunca: el espacio de la educación" que conduce Horacio Finoli por AM1190 - Radio América.
viernes, 6 de enero de 2012
Quilmes suscribió un convenio para entregar microcréditos
(publicada en Perspectiva Sur de Quilmes, jueves 5 de enero de 2012)
El intendente Francisco Gutiérrez encabezó en la mañana de ayer la firma de un convenio para el otorgamiento de créditos a través del Programa Fuerza Solidaria para personas que no pueden acceder a créditos bancarios.
El titular del Programa Provincial Fuerza Solidaria, Daniel Arroyo, destacó que se trata de un fondo que trasferimos al municipio, con una tasa subsidiada del 8 por ciento anual, para dar crédito a personas que no pueden acceder a prestamos bancarios. Son créditos de 5 mil pesos que se pueden extender hasta un tope de 15 mil y tiene tres finalidades; una es gente que quiera mejorar su vivienda, otra es para la adquisición de herramientas y la tercera es para las personas que quieran montar un emprendimiento, porque hay mucha gente que tienen las ideas, pero no sabe como hacerlo y quiere arrancar.
Y agregó que el municipio, con estos fondos, da créditos a estas personas que naturalmente no obtienen créditos bancarios, porque no tienen casa o ninguna garantía, más que el propio proyecto, que puede ser, extender el techo de la casa propia, construir una pieza más o adquirir una cierra circular para montar una carpintería. No hay requisitos bancarios, solo deben demostrar que quieren encarar algo y que pueden devolver el dinero.
A su vez, el Director General de Empresas Recuperadas o en Crisis, Francisco Provenza, sostuvo que este convenio es muy importante para todos los compañeros que están insertados en el mundo del trabajo y para quienes no están insertos aun porque con estos prestamos subsidiados, con costos muy bajos, tienen la posibilidad de insertarse a través de la adquisición de maquinas para poder comenzar con sus emprendimientos. El Municipio de Quilmes conformará un equipo de evaluación que asesorará a los emprendedores en la utilización de este dinero y en las inversiones que estos realicen.
El programa brindará al Municipio un total de $600 mil de un fondo total de $30 millones, el cual ya ha alcanzando a 50 mil personas en toda la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años, con una devolución de un 98%. Para más información, acercarse a la Dirección de Empresas Recuperadas o en Crisis, ubicada en el Primer Piso de la Sede Municipal o por teléfono al 4253-7001, interno 1101.
jueves, 5 de enero de 2012
Firmaron un convenio para la entrega de microcréditos en Quilmes
(publicado en el diario El Sol de Quilmes, miércoles 4 de Enero de 2012)
En un acto realizado en el salón Perón del Municipio, el titular de Fuerza Solidaria del Banco Provincia, Daniel Arroyo, se reunió con el intendente municipal Francisco Gutiérrez para firmar un convenio en el que la entidad le cede dinero a la Comuna para que pueda financiar pequeños microemprendimientos o refacciones para viviendas.
El objetivo del mismo es brindarles posibilidades a aquellas personas que no pueden acceder a créditos bancarios, para que puedan incorporar equipamiento para sus emprendimientos o mejorar sus viviendas. En este sentido, Fuerza Solidaria brinda los recursos al Municipio, que será el encargado de otorgar el dinero a los beneficiarios, luego de analizar cada pedido.
Sobre el convenio Francisco Provenza, director de Empresas Recuperadas y Emprendimientos Sociales de la Comuna, destacó que "es algo similar a lo que hicimos con las fábricas recuperadas. Es un préstamo subsidiado y muy bajo que da la posibilidad de acceder a todos aquellos que tienen pequeños emprendimientos puedan avanzar y seguir creciendo. Es algo que venimos trabajando hace tiempo", destacó.
Tasa subsidiada
Según Arroyo, se trata de "un fondo que transferimos al Municipio, con una tasa subsidiada del 8 por ciento anual para los que no acceden a los créditos bancarios. Mayormente se trata de préstamos de 5 mil pesos, con límites hasta 15 mil".
"Es para gente que quiere mejorar viviendas, comprar máquinas o herramientas y quienes quieren montar emprendimientos. En los tres casos se genera el fondo con el que el Municipio puede dar créditos a aquellos que quedan fuera del sistema", explicó el funcionario, quien planteó que el único requisito es que "la persona tenga un proyecto tanto en construcción como en adquisición de maquinaria. El Municipio elabora un equipo de evaluación para dialogar con la persona para guiarlo y apoyarlo técnicamente, para dar el crédito social".
Y agregó: "ya llegó a 50 mil personas con un fondo total de 30 millones de pesos. La devolución es del 98 por ciento, ya que se respeta la palabra y se utiliza como cuenta corriente. Muchos devuelven para sacar otro crédito, como fondo rotatorio", explicó.
"Muy interesante"
A su turno, el intendente Gutiérrez destacó que "es algo muy interesante. Sabemos que hay mucha gente que quiere mejorar o generar emprendimientos y no puede cumplir los requisitos del crédito bancario y esto les permite encarar un proyecto productivo y el respaldo para comprar máquinas, por ejemplo".
"Hoy hay mucha actividad laboral en el sector y por eso analizamos esta posibilidad, así como el caso de las viviendas, ya sea para edificar o comprar materiales para aquellos que quieren construir con sus propias manos", dijo Gutiérrez, quien aseguró que "los créditos de personas de bajos recursos son los que más cumplen, los problemas financieros los generan los que sacan grandes créditos. Los trabajadores lo más probable es que lo paguen y puedan tomar otro para seguir creciendo. Para marzo estaríamos otorgando los primeros créditos".
"La idea es generar un fondo rotativo permanente para apoyar a quienes necesiten el crédito. En Quilmes hay miles de emprendimientos muy buenos que necesitan un aporte pequeño para despegar. Hay mucha capacidad, muchas ganas y creatividad y con este apoyo económico podrán arrancar y avanzar", cerró el Jefe Comunal.
En un acto realizado en el salón Perón del Municipio, el titular de Fuerza Solidaria del Banco Provincia, Daniel Arroyo, se reunió con el intendente municipal Francisco Gutiérrez para firmar un convenio en el que la entidad le cede dinero a la Comuna para que pueda financiar pequeños microemprendimientos o refacciones para viviendas.
El objetivo del mismo es brindarles posibilidades a aquellas personas que no pueden acceder a créditos bancarios, para que puedan incorporar equipamiento para sus emprendimientos o mejorar sus viviendas. En este sentido, Fuerza Solidaria brinda los recursos al Municipio, que será el encargado de otorgar el dinero a los beneficiarios, luego de analizar cada pedido.
Sobre el convenio Francisco Provenza, director de Empresas Recuperadas y Emprendimientos Sociales de la Comuna, destacó que "es algo similar a lo que hicimos con las fábricas recuperadas. Es un préstamo subsidiado y muy bajo que da la posibilidad de acceder a todos aquellos que tienen pequeños emprendimientos puedan avanzar y seguir creciendo. Es algo que venimos trabajando hace tiempo", destacó.
Tasa subsidiada
Según Arroyo, se trata de "un fondo que transferimos al Municipio, con una tasa subsidiada del 8 por ciento anual para los que no acceden a los créditos bancarios. Mayormente se trata de préstamos de 5 mil pesos, con límites hasta 15 mil".
"Es para gente que quiere mejorar viviendas, comprar máquinas o herramientas y quienes quieren montar emprendimientos. En los tres casos se genera el fondo con el que el Municipio puede dar créditos a aquellos que quedan fuera del sistema", explicó el funcionario, quien planteó que el único requisito es que "la persona tenga un proyecto tanto en construcción como en adquisición de maquinaria. El Municipio elabora un equipo de evaluación para dialogar con la persona para guiarlo y apoyarlo técnicamente, para dar el crédito social".
Y agregó: "ya llegó a 50 mil personas con un fondo total de 30 millones de pesos. La devolución es del 98 por ciento, ya que se respeta la palabra y se utiliza como cuenta corriente. Muchos devuelven para sacar otro crédito, como fondo rotatorio", explicó.
"Muy interesante"
A su turno, el intendente Gutiérrez destacó que "es algo muy interesante. Sabemos que hay mucha gente que quiere mejorar o generar emprendimientos y no puede cumplir los requisitos del crédito bancario y esto les permite encarar un proyecto productivo y el respaldo para comprar máquinas, por ejemplo".
"Hoy hay mucha actividad laboral en el sector y por eso analizamos esta posibilidad, así como el caso de las viviendas, ya sea para edificar o comprar materiales para aquellos que quieren construir con sus propias manos", dijo Gutiérrez, quien aseguró que "los créditos de personas de bajos recursos son los que más cumplen, los problemas financieros los generan los que sacan grandes créditos. Los trabajadores lo más probable es que lo paguen y puedan tomar otro para seguir creciendo. Para marzo estaríamos otorgando los primeros créditos".
"La idea es generar un fondo rotativo permanente para apoyar a quienes necesiten el crédito. En Quilmes hay miles de emprendimientos muy buenos que necesitan un aporte pequeño para despegar. Hay mucha capacidad, muchas ganas y creatividad y con este apoyo económico podrán arrancar y avanzar", cerró el Jefe Comunal.
martes, 3 de enero de 2012
La pobreza descendió en 2011 pero siguen los problemas estructurales
(publicado en el diario Tiempo Argentino, el martes 3 de enero de 2012)
Por Ignacio Chausis
Por la consolidación de programas sociales y la dinámica del mercado de trabajo, cerca de 500 mil personas dejaron de ser pobres. La inclusión de 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, uno de los desafíos para 2012.
A un ritmo menor en relación a los años anteriores, los indicadores sociales continuaron durante 2011 evidenciado mejoras que extienden de este modo el ciclo iniciado en 2003. Según datos del Indec, durante el primer semestre de 2011 la pobreza afectaba al 8,3% de la población –unos 455 mil hogares–, segmento dentro del cual existía un 2,4% de indigentes. Las cifras representan un avance en relación al cierre de 2011, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaban al 9,9% de la población (542.710 hogares) y la indigencia se encontraba en el 2,5 por ciento.
Si bien todavía restan dos meses para que se conozcan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2011 como para realizar la comparación interanual, algunos de los análisis privados dan cuenta de una baja de dos puntos en la pobreza durante 2011, algo más que plausible si se tienen en que cuenta que solamente durante el primer semestre la mejora fue de 1,6 por ciento. De confirmarse ese pronóstico, cerca de 502.651 personas habrían dejado la pobreza, lo que representa 109.638 hogares. No obstante, la indigencia se redujo pero a un ritmo más lento, como consecuencia, en parte, del alza constante en el precio de los alimentos.
“El 2011 fue un año positivo en lo que hace a la reducción de la pobreza y esto por dos razones. En primer lugar porque se consolidaron ciertos programas sociales como la AUH o Argentina Trabaja, que establecen una base de ingreso para personas que no tenían trabajo”, explicó a Tiempo Argentino Daniel Arroyo, ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, y uno de los mayores especialistas en la materia. “La segunda cuestión tiene que ver con el contexto social y económico, donde el aumento del consumo genera mayor actividad y empleo, tanto formal como informal, es decir, se mantienen problemas que son estructurales, pero se cierra un año positivo en materia de pobreza”, concluyó.
Según Arroyo, existen cinco desafíos que debe afrontar el Estado en materia de políticas públicas para combatir la pobreza, y que exigen una mirada amplia por parte de las autoridades. Estos son: el problema de la vivienda, la informalidad económica (según datos oficiales el 34,3% de los trabajadores no recibe aportes ni tiene cobertura de salud), 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en todo el país; la calidad de la escuela secundaria y por último la violencia dentro de los hogares. En medio de ese escenario y por las consecuencias sociales adquieren relevancia la cantidad de jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran fuera del mercado laboral y de los circuitos educativos. “El tema de los jóvenes requiere varios tratamientos: extender una red de tutores que los acompañen (una maestra, un cura, un club de fútbol), alguien que les diga que se ‘rescaten’, se trata de jóvenes que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar, no tienen la cultura del trabajo”, indicó Arroyo, para quien otorgar incentivos fiscales a las empresas para que incorporen jóvenes y profundizar un sistemas de becas también forma parte de la solución. Según Arroyo, uno de los obstáculos que agrava y reproduce el ciclo de la pobreza extrema tiene que ver con el hacinamiento. “No sólo se trata de falta de vivienda, sino también de mucha gente viviendo en el mismo lugar, para lo cual es necesario ampliar el crédito y el apoyo a la ampliación de viviendas”, indicó.
Para el sociólogo Artemio López, titular de la consultora Equis, durante 2012 se debe poner en la mira a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Es donde más está costando que ceda. Hay que reformular los planes de estudio para hacerlos más atractivos y crear incentivos en el mercado de trabajo”, indicó.
Por Ignacio Chausis
Por la consolidación de programas sociales y la dinámica del mercado de trabajo, cerca de 500 mil personas dejaron de ser pobres. La inclusión de 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, uno de los desafíos para 2012.
A un ritmo menor en relación a los años anteriores, los indicadores sociales continuaron durante 2011 evidenciado mejoras que extienden de este modo el ciclo iniciado en 2003. Según datos del Indec, durante el primer semestre de 2011 la pobreza afectaba al 8,3% de la población –unos 455 mil hogares–, segmento dentro del cual existía un 2,4% de indigentes. Las cifras representan un avance en relación al cierre de 2011, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaban al 9,9% de la población (542.710 hogares) y la indigencia se encontraba en el 2,5 por ciento.
Si bien todavía restan dos meses para que se conozcan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2011 como para realizar la comparación interanual, algunos de los análisis privados dan cuenta de una baja de dos puntos en la pobreza durante 2011, algo más que plausible si se tienen en que cuenta que solamente durante el primer semestre la mejora fue de 1,6 por ciento. De confirmarse ese pronóstico, cerca de 502.651 personas habrían dejado la pobreza, lo que representa 109.638 hogares. No obstante, la indigencia se redujo pero a un ritmo más lento, como consecuencia, en parte, del alza constante en el precio de los alimentos.
“El 2011 fue un año positivo en lo que hace a la reducción de la pobreza y esto por dos razones. En primer lugar porque se consolidaron ciertos programas sociales como la AUH o Argentina Trabaja, que establecen una base de ingreso para personas que no tenían trabajo”, explicó a Tiempo Argentino Daniel Arroyo, ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, y uno de los mayores especialistas en la materia. “La segunda cuestión tiene que ver con el contexto social y económico, donde el aumento del consumo genera mayor actividad y empleo, tanto formal como informal, es decir, se mantienen problemas que son estructurales, pero se cierra un año positivo en materia de pobreza”, concluyó.
Según Arroyo, existen cinco desafíos que debe afrontar el Estado en materia de políticas públicas para combatir la pobreza, y que exigen una mirada amplia por parte de las autoridades. Estos son: el problema de la vivienda, la informalidad económica (según datos oficiales el 34,3% de los trabajadores no recibe aportes ni tiene cobertura de salud), 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en todo el país; la calidad de la escuela secundaria y por último la violencia dentro de los hogares. En medio de ese escenario y por las consecuencias sociales adquieren relevancia la cantidad de jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran fuera del mercado laboral y de los circuitos educativos. “El tema de los jóvenes requiere varios tratamientos: extender una red de tutores que los acompañen (una maestra, un cura, un club de fútbol), alguien que les diga que se ‘rescaten’, se trata de jóvenes que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar, no tienen la cultura del trabajo”, indicó Arroyo, para quien otorgar incentivos fiscales a las empresas para que incorporen jóvenes y profundizar un sistemas de becas también forma parte de la solución. Según Arroyo, uno de los obstáculos que agrava y reproduce el ciclo de la pobreza extrema tiene que ver con el hacinamiento. “No sólo se trata de falta de vivienda, sino también de mucha gente viviendo en el mismo lugar, para lo cual es necesario ampliar el crédito y el apoyo a la ampliación de viviendas”, indicó.
Para el sociólogo Artemio López, titular de la consultora Equis, durante 2012 se debe poner en la mira a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Es donde más está costando que ceda. Hay que reformular los planes de estudio para hacerlos más atractivos y crear incentivos en el mercado de trabajo”, indicó.
jueves, 29 de diciembre de 2011
LAS DEUDAS INTERNAS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS
(Publicado en la Revista del Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales Distrito de San Isidro)
Entrevista al Lic. Daniel Arroyo
A modo de introducción
El crecimiento exponencial registrado en el consumo interno a partir del segundo lustro de la década anterior constituye materia central en el análisis macro económico sobre la secuencia contemporánea. Si las utilidades obtenidas por los grupos de alta concentración de riqueza en el período apuntado parecen haber superado los valores históricos, también es dable señalar que los sectores medios han experimentado una sensible recuperación de niveles de liquidez monetaria, básicamente asociados a la reactivación económica. En este plano resultaría válido considerar como integrados al proceso de acceso a capacidades adquisitivas superiores, según el análisis comparativo con valores registrados en el ciclo 1998-2002, a los segmentos configurados en las categorías de pobreza e indigencia, tanto desde su integración en el mercado de trabajo – considerar datos oficiales de la creación de cinco millones de puestos en el sector formal– como mediante la percepción de transferencias de recursos desde la órbita estatal a volúmenes históricos desde la consolidación del estado de derecho en nuestro país.
No podemos dejar de advertir que el ejercicio cotidiano del trabajo social, generalmente sesgado por la intervención en circuitos de pobreza estructural, puede operar como factor obstructor en una perspectiva analítica general sobre el cuadro de evolución de la realidad socioeconómica consignada en el párrafo anterior. Pero tampoco es posible soslayar que la elaboración diagnóstica devengada de la práctica profesional diaria, permite identificar la persistencia de núcleos duros de pobreza crítica y que estos núcleos tienen una proyección a escala en el corto y mediano plazo, basada en el crecimiento demográfico esperable en esas franjas poblacionales. Desde esta perspectiva resulta oportuno interpelar, desde el prisma de nuestra disciplina, los lineamientos aplicados en política económica y social, principalmente sobre los sectores que, con posterioridad a la crisis del 2001, se encontraban inscriptos en procesos de desafiliación social.
La entrevista
Propuesta la jerarquización del debate sobre esta realidad, convocamos al Lic. Daniel Arroyo para trazar pinceladas diagnósticas y propositivas desde la perspectiva del pensamiento académico, pero también refrendado por la gestión ministerial del entrevistado en las áreas nacionales y provinciales de las políticas sociales.
Los primeros tiempos fueron de apagar incendios, de bajar con la mayor cantidad de asistencia posible a la enorme masa que se había caído del sistema y reducir los altísimos niveles de pobreza e indigencia -nos plantea en referencia a su gestión como Viceministro de Desarrollo Social de la Nación desde 2003.
El contexto actual, sin embargo, nos permite trazar otras proyecciones. Durante los últimos años se redujo el descenso social. Los “nuevos pobres” de fines de la década del 90 han recuperado su nivel de vida y ya no temen caer en la indigencia. Las capas medias y las medias altas aumentan su nivel adquisitivo y tienen acceso a créditos y otros bienes. Lo que no se ha recuperado es el ascenso social, la movilidad. Los que pertenecen al núcleo duro no tienen otras perspectivas.
Hay que forzar la inclusión desde el Estado, fijando prioridades. No tenemos, como en años anteriores, restricción de recursos. Hay disponibilidad pero falta una transferencia mayor y más y mejor orientada.
Su descripción de la realidad territorial en el conurbano dice que.. es en los grandes centros urbanos donde se concentra la pobreza en la Argentina. Esta es una problemática que excede las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que catorce millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas.
Durante su gestión provincial trazó como un factor implosivo la existencia de 500.000 jóvenes sin actividad laboral y /o educativa. Al respecto describe…el hacinamiento es un condicionante central en la vida cotidiana de las personas, trae aparejado multiplicidad de conflictos desde todo ángulo de análisis, con el factor violencia como eje en la interacción social. Hoy, a nivel nacional, podríamos hablar de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años en esa condición, que no logran sostener proyectos educativos o laborales, lo que constituye un drama de proporciones. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo donde un chico del conurbano bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, no tiene espacio propio, no tiene lugar), se va a la esquina, porque en la esquina se está mejor que en la casa, hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quien no consume y especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción, comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente, Y cuando se endeuda se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía que hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, dura unos seis meses. Se completa luego con una parte de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “estos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es poner contra las cuerdas a estos pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque cuando consiguen una changa por 650 pesos ven que en el barrio a los que se vinculan con otras cosas les va mejor que a los que trabajan.
Sobre la Ley de Protección y Promoción de Derechos para Niños y Adolescentes, y la Asignación Universal por Hijo: La ley es muy buena, pero le falta asignación de recursos genuinos. No es posible implementarla con un celular y una persona a cargo de un servicio zonal, ni tampoco puede funcionar un servicio local sin personal adecuado ni infraestructura ni recursos para intervenir en las situaciones de vulneración de derechos. Los trabajadores sociales lo saben muy bien, porque intentan intervenir desde esa perspectiva y se encuentran con falencias y ausencias estatales serias. El peligro es que, si esto no funciona, y dado el reclamo de gran parte de la opinión pública con respecto a los niños y adolescentes “peligrosos” se retroceda a la ley del patronato y a la institucionalización indiscriminada. En cuanto a la Asignación Universal podemos considerarla como una política de afiliación social clara. La AUH recupera la noción de mensualización, ordena cabezas, sin dudas la mejor que se ha implementado desde el regreso de la democracia.
No cabe en esta coyuntura el concepto de Estado ausente, máxime ante la multiplicidad de programas de transferencia de recursos y el volumen destinado en algunos de ellos. Cabe preguntarse sin embargo, si se establecen mediciones certeras sobre el impacto de los programas, si obran sistemas de monitoreo sobre su eficacia...La evaluación de las políticas públicas debe ser hecha en lo local y monitoreada desde el poder central. Sin esa evaluación, que no se hace cualitativamente en la actualidad y en lo cuantitativo no siempre es confiable, no es posible avanzar. Se puede reconocer extrema fragmentación de planes y programas que impiden atacar las problemáticas estructurales con una mirada más integral, aunque sigo considerando necesario masificar y unificar la transferencia de recursos. Habría que pensar en un modelo similar al del Programa “Bolsa Familia ” implementado en Brasil, que tuvo la virtud de consolidar los distintos programas de asistencia en uno solo, aumentando la cobertura sobre la población más vulnerable – ver Bolsa Familia…
¿Qué ocurre con el núcleo duro de la pobreza, al que la AUH le ha impedido seguir cayendo, pero que no resuelve los problemas estructurales: hacinamiento, falta de infraestructura sanitaria básica, falta de empleo decente?
La Agenda Social en la Argentina tiene cinco problemas a resolver en los próximos años
• la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población
• la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan
• la desigualdad que marca diferencias de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre
• los jóvenes que no sostienen proyectos educativos y/o laborales
• la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Previéndose un crecimiento sostenido al 4 ó 5 % por los próximos 6 años tenemos chances reales de terminar la década sin pobreza y sin desocupación. Es el gran desafío que debe tomar el Estado: masificar recursos, llegar a los 900.000 jóvenes, volcar 4000 millones en microcréditos, extender la infraestructura básica para cubrir la población en situación deficitaria. Los problemas sociales en Argentina requieren recursos masivos.
¿Qué grandes lineamientos hay que seguir en los próximos años a nivel de desarrollo socio económico?
Es necesaria la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, que apunte a los desarrollos locales por regiones. Las empresas privadas tienen que ser incentivadas desde lo fiscal (con muy buenos controles) para que incorporen trabajadores con baja calificación, especialmente jóvenes, que son los que están afuera de la reactivación económica.
Hay que apuntar a desarrollos locales en el NOA y en el NEA, y también tener una mirada sobre la Patagonia, para reducir la migración interna. La concentración de población en territorio bonaerense y particularmente en el AMBA, tiene que tener alguna alternativa viable y en el mediano plazo
Imposible no consultar sobre qué rol deberían tener los trabajadores sociales en las políticas sociales…
Si bien tradicionalmente los trabajadores sociales tuvieron un déficit en su formación académica, eso se ha ido superando en los últimos años. Sin dudas deberían estar más involucrados en el diseño y programación de las políticas públicas y no tanto en el “enamoramiento del caso”, como a veces ocurre.
A modo de cierre, más preguntas hacia el interior de nuestro colectivo
¿Podemos convenir en que la intervención cotidiana en escenarios sesgados por manifestaciones de pobreza crítica contiene una carga alienante para el profesional del trabajo social?
¿Podemos considerar que la falta de jerarquización salarial de la profesión y los insuficientes dispositivos de política pública disponibles para la intervención operan en ese mismo sentido?
¿Podemos creer que la sistematización de prácticas, la conceptualización de problemáticas sociales, la propensión al análisis socio-político y el diseño de propuestas devengadas de la experiencia cotidiana son un camino plausible en pos de la jerarquización de nuestra disciplina?
El debate, entendemos, no ha hecho más que empezar.
Entrevista al Lic. Daniel Arroyo
A modo de introducción
El crecimiento exponencial registrado en el consumo interno a partir del segundo lustro de la década anterior constituye materia central en el análisis macro económico sobre la secuencia contemporánea. Si las utilidades obtenidas por los grupos de alta concentración de riqueza en el período apuntado parecen haber superado los valores históricos, también es dable señalar que los sectores medios han experimentado una sensible recuperación de niveles de liquidez monetaria, básicamente asociados a la reactivación económica. En este plano resultaría válido considerar como integrados al proceso de acceso a capacidades adquisitivas superiores, según el análisis comparativo con valores registrados en el ciclo 1998-2002, a los segmentos configurados en las categorías de pobreza e indigencia, tanto desde su integración en el mercado de trabajo – considerar datos oficiales de la creación de cinco millones de puestos en el sector formal– como mediante la percepción de transferencias de recursos desde la órbita estatal a volúmenes históricos desde la consolidación del estado de derecho en nuestro país.
No podemos dejar de advertir que el ejercicio cotidiano del trabajo social, generalmente sesgado por la intervención en circuitos de pobreza estructural, puede operar como factor obstructor en una perspectiva analítica general sobre el cuadro de evolución de la realidad socioeconómica consignada en el párrafo anterior. Pero tampoco es posible soslayar que la elaboración diagnóstica devengada de la práctica profesional diaria, permite identificar la persistencia de núcleos duros de pobreza crítica y que estos núcleos tienen una proyección a escala en el corto y mediano plazo, basada en el crecimiento demográfico esperable en esas franjas poblacionales. Desde esta perspectiva resulta oportuno interpelar, desde el prisma de nuestra disciplina, los lineamientos aplicados en política económica y social, principalmente sobre los sectores que, con posterioridad a la crisis del 2001, se encontraban inscriptos en procesos de desafiliación social.
La entrevista
Propuesta la jerarquización del debate sobre esta realidad, convocamos al Lic. Daniel Arroyo para trazar pinceladas diagnósticas y propositivas desde la perspectiva del pensamiento académico, pero también refrendado por la gestión ministerial del entrevistado en las áreas nacionales y provinciales de las políticas sociales.
Los primeros tiempos fueron de apagar incendios, de bajar con la mayor cantidad de asistencia posible a la enorme masa que se había caído del sistema y reducir los altísimos niveles de pobreza e indigencia -nos plantea en referencia a su gestión como Viceministro de Desarrollo Social de la Nación desde 2003.
El contexto actual, sin embargo, nos permite trazar otras proyecciones. Durante los últimos años se redujo el descenso social. Los “nuevos pobres” de fines de la década del 90 han recuperado su nivel de vida y ya no temen caer en la indigencia. Las capas medias y las medias altas aumentan su nivel adquisitivo y tienen acceso a créditos y otros bienes. Lo que no se ha recuperado es el ascenso social, la movilidad. Los que pertenecen al núcleo duro no tienen otras perspectivas.
Hay que forzar la inclusión desde el Estado, fijando prioridades. No tenemos, como en años anteriores, restricción de recursos. Hay disponibilidad pero falta una transferencia mayor y más y mejor orientada.
Su descripción de la realidad territorial en el conurbano dice que.. es en los grandes centros urbanos donde se concentra la pobreza en la Argentina. Esta es una problemática que excede las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que catorce millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas.
Durante su gestión provincial trazó como un factor implosivo la existencia de 500.000 jóvenes sin actividad laboral y /o educativa. Al respecto describe…el hacinamiento es un condicionante central en la vida cotidiana de las personas, trae aparejado multiplicidad de conflictos desde todo ángulo de análisis, con el factor violencia como eje en la interacción social. Hoy, a nivel nacional, podríamos hablar de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años en esa condición, que no logran sostener proyectos educativos o laborales, lo que constituye un drama de proporciones. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo donde un chico del conurbano bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, no tiene espacio propio, no tiene lugar), se va a la esquina, porque en la esquina se está mejor que en la casa, hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quien no consume y especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción, comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente, Y cuando se endeuda se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía que hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, dura unos seis meses. Se completa luego con una parte de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “estos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es poner contra las cuerdas a estos pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque cuando consiguen una changa por 650 pesos ven que en el barrio a los que se vinculan con otras cosas les va mejor que a los que trabajan.
Sobre la Ley de Protección y Promoción de Derechos para Niños y Adolescentes, y la Asignación Universal por Hijo: La ley es muy buena, pero le falta asignación de recursos genuinos. No es posible implementarla con un celular y una persona a cargo de un servicio zonal, ni tampoco puede funcionar un servicio local sin personal adecuado ni infraestructura ni recursos para intervenir en las situaciones de vulneración de derechos. Los trabajadores sociales lo saben muy bien, porque intentan intervenir desde esa perspectiva y se encuentran con falencias y ausencias estatales serias. El peligro es que, si esto no funciona, y dado el reclamo de gran parte de la opinión pública con respecto a los niños y adolescentes “peligrosos” se retroceda a la ley del patronato y a la institucionalización indiscriminada. En cuanto a la Asignación Universal podemos considerarla como una política de afiliación social clara. La AUH recupera la noción de mensualización, ordena cabezas, sin dudas la mejor que se ha implementado desde el regreso de la democracia.
No cabe en esta coyuntura el concepto de Estado ausente, máxime ante la multiplicidad de programas de transferencia de recursos y el volumen destinado en algunos de ellos. Cabe preguntarse sin embargo, si se establecen mediciones certeras sobre el impacto de los programas, si obran sistemas de monitoreo sobre su eficacia...La evaluación de las políticas públicas debe ser hecha en lo local y monitoreada desde el poder central. Sin esa evaluación, que no se hace cualitativamente en la actualidad y en lo cuantitativo no siempre es confiable, no es posible avanzar. Se puede reconocer extrema fragmentación de planes y programas que impiden atacar las problemáticas estructurales con una mirada más integral, aunque sigo considerando necesario masificar y unificar la transferencia de recursos. Habría que pensar en un modelo similar al del Programa “Bolsa Familia ” implementado en Brasil, que tuvo la virtud de consolidar los distintos programas de asistencia en uno solo, aumentando la cobertura sobre la población más vulnerable – ver Bolsa Familia…
¿Qué ocurre con el núcleo duro de la pobreza, al que la AUH le ha impedido seguir cayendo, pero que no resuelve los problemas estructurales: hacinamiento, falta de infraestructura sanitaria básica, falta de empleo decente?
La Agenda Social en la Argentina tiene cinco problemas a resolver en los próximos años
• la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población
• la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan
• la desigualdad que marca diferencias de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre
• los jóvenes que no sostienen proyectos educativos y/o laborales
• la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Previéndose un crecimiento sostenido al 4 ó 5 % por los próximos 6 años tenemos chances reales de terminar la década sin pobreza y sin desocupación. Es el gran desafío que debe tomar el Estado: masificar recursos, llegar a los 900.000 jóvenes, volcar 4000 millones en microcréditos, extender la infraestructura básica para cubrir la población en situación deficitaria. Los problemas sociales en Argentina requieren recursos masivos.
¿Qué grandes lineamientos hay que seguir en los próximos años a nivel de desarrollo socio económico?
Es necesaria la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, que apunte a los desarrollos locales por regiones. Las empresas privadas tienen que ser incentivadas desde lo fiscal (con muy buenos controles) para que incorporen trabajadores con baja calificación, especialmente jóvenes, que son los que están afuera de la reactivación económica.
Hay que apuntar a desarrollos locales en el NOA y en el NEA, y también tener una mirada sobre la Patagonia, para reducir la migración interna. La concentración de población en territorio bonaerense y particularmente en el AMBA, tiene que tener alguna alternativa viable y en el mediano plazo
Imposible no consultar sobre qué rol deberían tener los trabajadores sociales en las políticas sociales…
Si bien tradicionalmente los trabajadores sociales tuvieron un déficit en su formación académica, eso se ha ido superando en los últimos años. Sin dudas deberían estar más involucrados en el diseño y programación de las políticas públicas y no tanto en el “enamoramiento del caso”, como a veces ocurre.
A modo de cierre, más preguntas hacia el interior de nuestro colectivo
¿Podemos convenir en que la intervención cotidiana en escenarios sesgados por manifestaciones de pobreza crítica contiene una carga alienante para el profesional del trabajo social?
¿Podemos considerar que la falta de jerarquización salarial de la profesión y los insuficientes dispositivos de política pública disponibles para la intervención operan en ese mismo sentido?
¿Podemos creer que la sistematización de prácticas, la conceptualización de problemáticas sociales, la propensión al análisis socio-político y el diseño de propuestas devengadas de la experiencia cotidiana son un camino plausible en pos de la jerarquización de nuestra disciplina?
El debate, entendemos, no ha hecho más que empezar.
miércoles, 28 de diciembre de 2011
Inversión Social Privada en Proyectos Socio-productivos
(Publicado en Potenciar Comunidades, Noviembre de 2011)
Por Daniel Arroyo
La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.
Por Daniel Arroyo
La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.
martes, 27 de diciembre de 2011
Fuerza Solidaria entregó el primer préstamo gestionado junto a SUTEBA
En un acto presidido por el presidente de Fuerza Solidaria, Daniel Arroyo, y el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, se realizó la entrega del primer Préstamo gestionado por la Secretaría de Promoción Social del sindicato docente ante Fuerza Solidaria para las Cooptebas. El mismo permitirá el desarrollo del sistema informático que utilizarán las Cooptebas para su gestión contable y de obras. La actividad se llevó a cabo el martes 20 de diciembre en el Teatro La Máscara de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de la entrega del crédito, los funcionarios de Fuerza Solidaria brindaron una capacitación sobre la metodología, condiciones y documentación necesaria para acceder a los préstamos que se otorgarían.
Durante el encuentro, Arroyo afirmó que “de a poco se están llevando adelante políticas de segunda generación. Yo veo a SUTEBA como un sindicato que está haciendo punta, no sólo en la actividad sindical tradicional vinculada a la cuestión salarial y a las condiciones de trabajo, sino a proveer de servicios a los propios afiliados como es el hecho de haber creado las Cooptebas”. También explicó que Fuerza Solidaria “es un fondo del Banco Provincia que no le da crédito directamente a las personas sino que lo hace a través de instituciones, en este caso SUTEBA y las Cooptebas”.
Por su parte, Baradel planteó que aunque “este tipo de cuestiones parezcan pequeñas, son absolutamente sustanciales en la transformación de una sociedad”. Luego señaló que “cada vez que se entrega una vivienda es una emoción muy grande. Primero para los compañeros que la reciben y que tienen la posibilidad de, en ese momento, acceder a una vivienda. Pero también es un orgullo muy grande de los compañeros que están al frente de Coopteba y de todos los trabajadores, porque sentimos que lo que decimos permanentemente lo hacemos, vamos y ponemos el cuerpo. Entonces se entregan viviendas, se dan préstamos para poder comprar la vivienda y lo puedan devolver sin tasas usurarias, y con toda la plata yendo a donde tiene que ir, que es al beneficio de los trabajadores”.
Por su parte, el secretario de Promoción Social de SUTEBA, Julio Ceresa, remarcó el “gran orgullo” que significa “poder construir estos espacios y la relación con Fuerza solidaria para que los docentes puedan ejercer el derecho a tener una vivienda propia”. También indicó: “Tenemos que hacer foco también en el desarrollo de la económica social, lo que implicaría créditos para aquellos que puedan desarrollar economías sociales productivas en pequeños grupos de personas”. Por último, celebró: “Para nosotros es hermoso poder hacer esta relación con Fuerza Solidaria para facilitarle a los compañeros la manera de acceder a la vivienda”.
jueves, 22 de diciembre de 2011
La Argentina, en busca de un nuevo sistema político
(publicado en la Revista del Isel, diciembre de 2011)
Por Daniel Arroyo
Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. La consigna “Que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados- más que impulsar el fin de la democracia delegativa, hoy, a diez años de aquellas jornadas, mostraron la amplia demanda social de un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Ese sistema bipartidista, sin embargo, ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intrasigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande-, venían demostrando, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y que dejaba mostrar sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad política argentina a comienzos de los años noventa, podía concluir, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha, y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales-, hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la autorepresentación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días de diciembre de 2001, cualquier persona vestida con traje y corbata que necesitara pasar por el frente del Congreso de la Nación, corría el riesgo de ser agredido, si era identificado como potencial asesor de un diputado. Y esas escenas, efectivamente, ocurrieron. La crisis de representación se corporizaba en acciones concretas: se creía que todos los que estaban asociados con la función pública se enriquecían de forma ilegal, a través de coimas y negociados espurios. La visión mayoritaria era que todos los que estaban en política no dudaban en privilegiar los intereses propios por sobre el bien común. Mientras, el resto de la gente tenía que trabajar, sufrir y deslomarse para vivir.
En ese diciembre de 2001, un sistema político que se creía consolidado hasta poco tiempo atrás, colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.
ORÍGENES DE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. Las razones de esas modificaciones se encuentran, por un lado, en la consolidación del proceso democrático, tras los primeros años turbulentos que se vivieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, asediado una y otra vez por levantamientos de distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Por otro, en el cambio en la relación entre el Estado y la sociedad impulsado durante las dos presidencias de Carlos Menem.
El modelo neoliberal implementado en los años noventa apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas desde el Estado nacional.
El paradigma de la época indicaba que había que ajustar y achicar el gasto público, flexibilizar el mercado laboral y esperar inversiones hacia los mercados emergentes que en algún momento pudieran derramar beneficios para los más pobres. Se imponía la aplicación de los lineamientos del Consenso de Washington (1989), que prescribían la apertura unilateral de la economía, la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal, las desregulaciones, la disminución del gasto público, el mantenimiento del equilibrio de los índices macroeconómicos y la flexibilización laboral.
Bajo esta perspectiva, se observaban diferencias importantes en las consecuencias del retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de los programas de privatización y concesión de servicios, se trasladaron actividades rentables hacia el sector privado; por otro, la implementación de programas sociales se dejó en manos de las instancias de los gobiernos locales (incluidos los servicios de salud y educación) y también de las organizaciones no gubernamentales, que debían dar cuenta de gran parte de los problemas derivados de la crisis de integración social y del aumento de la exclusión generados por el propio ajuste estructural .
Ese cambio en la relación entre el Estado y la sociedad tuvo su correlato con la crisis de representación política a la que nos veníamos refiriendo desde el comienzo de este artículo. Durante los años noventa, se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario, y vinculada a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de los bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios- y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidencia en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis .
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera).
De allí, derivó el citado concepto de “crisis de representación”, de la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular.
Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político. En la década del noventa, la política estaba asociada a la corrupción y cualquiera que dijese que militaba en un partido político o que estaba en la función público, estaba brutalmente mal visto. Además, la asociación de que “lo privado era bueno y lo público era malo” hacía que el empleado público, aunque no tuviera ninguna pertenencia política, se escondiera porque podía quedar mal parado frente al resto de la sociedad. Recuerdo que empecé a estudiar la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires en 1986. En los últimos años de estudio, la gente me miraba y me preguntaba por qué estudiaba eso, para qué, si era una porquería. No había ningún valor en la política.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado, potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.
En este esquema, es necesario señalar que, asimismo, se consolidó la fragmentación de la estructura social que se había generado durante la última dictadura militar (1976-1983). La red social con amplia presencia estatal que se había tejido desde las primeras décadas del siglo XX y que se había fortalecido durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entró en crisis a mediados de los años setenta con las políticas antipopulares aplicadas por el gobierno autoritario. Frente a este desmembramiento del tejido social, surgieron en la sociedad formas de organización diferentes a las que habían sido tradicionales en la Argentina. Ya no se trataba de la gran movilización y demanda del conjunto de los trabajadores, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollan en base a temas específicos y en donde se priorizaban el espacio de lo local, la sobrevivencia económica y la no vinculación con la política partidaria .
RUPTURAS Y CONTINUIDADES
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones.
Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado.
En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández- son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertos instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política y de la voluntad política como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un peronismo progresista que combinara lo popular y lo multitudinario, con programas de centroizquierda. Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas, llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
Una primera lectura, sin la distancia histórica necesaria, podría indicar que en la última década, el kirchnerismo supo leer ciertas demandas sociales que habían irrumpido en el 2001 y logró reconstruir cierto paradigma de la representación política, pero sin que se termine de recomponer o se construya un nuevo sistema de partidos. Es decir, después de 2003 se reconstruyó el valor de la política como elemento articulador de los conflictos económicos y sociales, pero no se logró configurar un sistema vigoroso de partidos.
Durante este 2011, año eminentemente electoral, con renovación amplia de cargos ejecutivos y legislativos, en los tres niveles del Estado, cualquier persona que camine por las calles de la Argentina, verá un bombardeo incesante de propagandas de múltiples candidatos. Se enfrentará una infinidad de cartelería política, se agudiza la mirada se notará que gran parte de esos candidatos se postula sin ninguna estructura política consolidada que lo promueva; y sin que quede claro a qué tipo de candidatura aspiran. Sobresale la imagen de los candidatos, sus rostros, algunas ideas y eslóganes, pero la identificación partidaria queda en un segundo plano. Son candidatos que apuestan a valer por sí mismos y que intentan tener algún lugar en la política claro. Las dificultades para recomponer un sistema de partidos luego de la grave crisis de representación que hizo eclosión en el 2001 hace que aún no estén claras cuáles son las reglas para acceder al centro de la decisión política, aún no queda claro cómo hace aquel que quiere ingresar en una estructura partidaria. Y, de hecho, esas estructuras partidarias tradicionales presentan aún múltiples fracciones y desprendimientos.
JUGADAS Y LÍMITES
Con la apuesta por la transversalidad, el kirchnerismo intentó crear un nuevo sistema de partidos, en el que se imaginaba como un nuevo movimiento de mayorías que podría dar un vuelco importante en la historia política argentina. En la década de 1930, el yrigoyenismo había logrado amalgamar elementos innovadores con otros preexistentes y se había convertido en la fuerza progresista que sintonizaba el espíritu de la época. En el mismo sentido, el peronismo, a partir de 1945, amalgamando expresiones de izquierda y de derecha, con rasgos más transformadores, y otros más tradicionales, también había conseguido posicionarse como un movimiento amplio, cuyos ecos llegan hasta la actualidad. Y, en el mismo sentido, el kirchnerismo se imaginaba como una expresión fundante, que buscaba juntar “todos los buenos” que estaban en la política, fueran del radicalismo, del socialismo, de partidos de centro o de izquierda, o de expresiones independientes. El kirchnerismo buscaba fundar un partido y un sistema nuevo, a través de una lectura que parecía plausible ante la grave situación que vivía el país en los primeros años del nuevo siglo.
Sin embargo, ese sistema no logró cuajar con fuerza por una serie de razones, sin duda complejas, algunas coyunturales, y otras más de tipo estructural. En primer lugar, el estilo de conducción de gobierno tan cerrado, tal vez necesario ante la grave crisis económica y social que vivía el país, hizo difícil que quienes quisieran sumar sus aportes al nuevo proyecto, pudieran hacerlo sin mayores obstáculos. Pero más allá de ese aspecto circunstancial, es necesario dar cuenta que, en la actualidad, se vive en una sociedad posmoderna, con democracias de baja intensidad, en la que las personas deciden no ponerle del todo el cuerpo a las cosas, y en especial a aquellas cuestiones ligadas a lo público. Bajo esta nueva realidad, en el marco de la actual sociedad argentina, no aparece con tanta claridad la posibilidad de construir un movimiento político de identidades tan fuertes como en su momento fueron el yrigoyenismo y el peronismo. Tal vez, aquel sistema que imaginaba el kirchnerismo en sus primeros años, estaba más relacionado con una sociedad moderna y de ideologías fuertes que con una sociedad posmoderna.
Hasta los años setenta, en la Argentina primaba lo que se denomina el “voto camiseta” o “voto militancia”. Es decir, la política generaba una identidad fuerte y de forma masiva en la sociedad. No sólo porque se votaba a un determinado partido, sino porque esa pertenencia ideológica redundaba en una manera determinada de pensar y de vivir, una forma de pararse frente al trabajo y la familia, al mismo tiempo que generaba una red determinada de amistades.
EL CAMBIO EN LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN
En los años noventa, mucha gente que podría haber participado de forma activa en la política, y haber trabajado de acuerdo a ese interés por lo público, frente a la catástrofe de las instituciones estatales, deriva su intervención hacia las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento, o los distintos grupos de defensa de derechos sectoriales o ecológicos. Es decir, hay un repliegue de lo político hacia lo social. Esa participación sectorial o local es una característica de los años noventa, donde se observa una necesidad de volcarse al barrio, a la ecología, a la radio comunitaria. En esa década, los jóvenes de clase media tendían a vincularse con ese tipo de participación.
Un dato novedoso de esa década fue la desocupación. Y esa situación crítica creó un nuevo sector, que no tenía representación hasta ese momento. El sindicalismo tardó mucho en entender ese fenómeno irruptivo y en tratar de generar una vinculación con esos nuevos actores sociales. Si bien la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lo comprende con mayor rapidez, esa falta de reacción sindical dio pie al surgimiento de los movimientos de desocupados, también conocidos como “grupos piqueteros”. En el marco de la alta desocupación y la crisis económica, esos grupos tuvieron un rol claro: lograron volver visible la pobreza y la exclusión económica creciente. Sin embargo, en los últimos años, con la recuperación de la economía, las changas y el trabajo informal, y la presencia activa del Estado con planes sociales masivos, la desocupación perdió peso como eje articulador de distintas expresiones sociales. En este nuevo contexto, sí actúan como elemento conector la reivindicación de ciertos derechos, las demandas ambientales, la calidad del trabajo y la lucha contra la corrupción, pero no la desocupación .
Con todo, buena parte de esas expresiones, provenientes de la sociedad movilizada e interesada por lo público, comenzó a replantearse en los últimos años si con esa tarea en las organizaciones sociales alcanza. Comienza a extenderse la pregunta de si no habría que articular esa acción con el Estado y los partidos políticos. Se plantea que para que las cosas cambien de verdad es necesario participar en la política. Y, entonces, empieza a volcar sus actividades nuevamente hacia el campo de lo político. Estamos frente a un intento de consolidar organizaciones de tipo sociopolíticas. Es decir, organizaciones de derechos humanos, de luchas ambientales, de defensa de cuestiones barriales, que necesitan tener una conexión con la política, aunque no necesariamente a partir del seguimiento o el involucramiento con un partido o un candidato determinado. La idea es que hoy existen más movimientos de la sociedad civil o del tercer sector que buscan ya no incidir sino cambiar e intervenir de forma activa sobre las políticas públicas.
La idea que predomina en la Argentina es que para que las cosas sucedan hay que estar involucrado con las políticas públicas. Entonces, las organizaciones buscan tener un impacto concreto e importante sobre la administración estatal de la cosa pública. Es decir, prevalece la idea de que si no se mete presión la cosa no funciona, y que no sólo hace falta una ley para que las cosas cambien. La gran diferencia entre el trabajo de las organizaciones y el Estado es de escala. Una organización tiene incidencia barrial o temática, pero su tarea no alcanza para dar vueltas la realidad. El único actor que tiene esa capacidad de transformación es el Estado. Si se quieren transformaciones masivas, con la sociedad civil no alcanza.
UN NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, las posteriores medidas tomadas por la presidenta Cristina Kirchner, los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y, en especial, Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política; y que en ese interés por la política, tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001, hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública; y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto. El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que va a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares . La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos, resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos . Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás. Hoy, también tiene injerencia, en la elección de un candidato o de un funcionario, que sean personas que tengan una buena dicción, que sepan articular un discurso que tenga impacto en la sociedad. La política, entonces, se transforma en una profesión específica, porque requiere de mucho tiempo y preparación. Hay que estudiar para adquirir esas nuevas habilidades requeridas por los medios, con códigos de lenguaje y maneras innovadoras.
De todas formas, debería considerar posible –y necesaria- la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario- la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios –en el caso español, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y luego una abanico amplio de expresiones de derecha, de izquierda o con fuerte impronta regionalista-, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, y ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha, han proporcionado diversas catástrofes, económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse, de forma mayoritaria, como un retorno de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo –junto al radicalismo- durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. La Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy, se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina de aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.
Por Daniel Arroyo
Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. La consigna “Que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados- más que impulsar el fin de la democracia delegativa, hoy, a diez años de aquellas jornadas, mostraron la amplia demanda social de un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Ese sistema bipartidista, sin embargo, ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intrasigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande-, venían demostrando, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y que dejaba mostrar sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad política argentina a comienzos de los años noventa, podía concluir, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha, y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales-, hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la autorepresentación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días de diciembre de 2001, cualquier persona vestida con traje y corbata que necesitara pasar por el frente del Congreso de la Nación, corría el riesgo de ser agredido, si era identificado como potencial asesor de un diputado. Y esas escenas, efectivamente, ocurrieron. La crisis de representación se corporizaba en acciones concretas: se creía que todos los que estaban asociados con la función pública se enriquecían de forma ilegal, a través de coimas y negociados espurios. La visión mayoritaria era que todos los que estaban en política no dudaban en privilegiar los intereses propios por sobre el bien común. Mientras, el resto de la gente tenía que trabajar, sufrir y deslomarse para vivir.
En ese diciembre de 2001, un sistema político que se creía consolidado hasta poco tiempo atrás, colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.
ORÍGENES DE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. Las razones de esas modificaciones se encuentran, por un lado, en la consolidación del proceso democrático, tras los primeros años turbulentos que se vivieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, asediado una y otra vez por levantamientos de distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Por otro, en el cambio en la relación entre el Estado y la sociedad impulsado durante las dos presidencias de Carlos Menem.
El modelo neoliberal implementado en los años noventa apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas desde el Estado nacional.
El paradigma de la época indicaba que había que ajustar y achicar el gasto público, flexibilizar el mercado laboral y esperar inversiones hacia los mercados emergentes que en algún momento pudieran derramar beneficios para los más pobres. Se imponía la aplicación de los lineamientos del Consenso de Washington (1989), que prescribían la apertura unilateral de la economía, la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal, las desregulaciones, la disminución del gasto público, el mantenimiento del equilibrio de los índices macroeconómicos y la flexibilización laboral.
Bajo esta perspectiva, se observaban diferencias importantes en las consecuencias del retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de los programas de privatización y concesión de servicios, se trasladaron actividades rentables hacia el sector privado; por otro, la implementación de programas sociales se dejó en manos de las instancias de los gobiernos locales (incluidos los servicios de salud y educación) y también de las organizaciones no gubernamentales, que debían dar cuenta de gran parte de los problemas derivados de la crisis de integración social y del aumento de la exclusión generados por el propio ajuste estructural .
Ese cambio en la relación entre el Estado y la sociedad tuvo su correlato con la crisis de representación política a la que nos veníamos refiriendo desde el comienzo de este artículo. Durante los años noventa, se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario, y vinculada a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de los bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios- y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidencia en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis .
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera).
De allí, derivó el citado concepto de “crisis de representación”, de la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular.
Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político. En la década del noventa, la política estaba asociada a la corrupción y cualquiera que dijese que militaba en un partido político o que estaba en la función público, estaba brutalmente mal visto. Además, la asociación de que “lo privado era bueno y lo público era malo” hacía que el empleado público, aunque no tuviera ninguna pertenencia política, se escondiera porque podía quedar mal parado frente al resto de la sociedad. Recuerdo que empecé a estudiar la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires en 1986. En los últimos años de estudio, la gente me miraba y me preguntaba por qué estudiaba eso, para qué, si era una porquería. No había ningún valor en la política.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado, potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.
En este esquema, es necesario señalar que, asimismo, se consolidó la fragmentación de la estructura social que se había generado durante la última dictadura militar (1976-1983). La red social con amplia presencia estatal que se había tejido desde las primeras décadas del siglo XX y que se había fortalecido durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entró en crisis a mediados de los años setenta con las políticas antipopulares aplicadas por el gobierno autoritario. Frente a este desmembramiento del tejido social, surgieron en la sociedad formas de organización diferentes a las que habían sido tradicionales en la Argentina. Ya no se trataba de la gran movilización y demanda del conjunto de los trabajadores, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollan en base a temas específicos y en donde se priorizaban el espacio de lo local, la sobrevivencia económica y la no vinculación con la política partidaria .
RUPTURAS Y CONTINUIDADES
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones.
Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado.
En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández- son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertos instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política y de la voluntad política como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un peronismo progresista que combinara lo popular y lo multitudinario, con programas de centroizquierda. Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas, llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
Una primera lectura, sin la distancia histórica necesaria, podría indicar que en la última década, el kirchnerismo supo leer ciertas demandas sociales que habían irrumpido en el 2001 y logró reconstruir cierto paradigma de la representación política, pero sin que se termine de recomponer o se construya un nuevo sistema de partidos. Es decir, después de 2003 se reconstruyó el valor de la política como elemento articulador de los conflictos económicos y sociales, pero no se logró configurar un sistema vigoroso de partidos.
Durante este 2011, año eminentemente electoral, con renovación amplia de cargos ejecutivos y legislativos, en los tres niveles del Estado, cualquier persona que camine por las calles de la Argentina, verá un bombardeo incesante de propagandas de múltiples candidatos. Se enfrentará una infinidad de cartelería política, se agudiza la mirada se notará que gran parte de esos candidatos se postula sin ninguna estructura política consolidada que lo promueva; y sin que quede claro a qué tipo de candidatura aspiran. Sobresale la imagen de los candidatos, sus rostros, algunas ideas y eslóganes, pero la identificación partidaria queda en un segundo plano. Son candidatos que apuestan a valer por sí mismos y que intentan tener algún lugar en la política claro. Las dificultades para recomponer un sistema de partidos luego de la grave crisis de representación que hizo eclosión en el 2001 hace que aún no estén claras cuáles son las reglas para acceder al centro de la decisión política, aún no queda claro cómo hace aquel que quiere ingresar en una estructura partidaria. Y, de hecho, esas estructuras partidarias tradicionales presentan aún múltiples fracciones y desprendimientos.
JUGADAS Y LÍMITES
Con la apuesta por la transversalidad, el kirchnerismo intentó crear un nuevo sistema de partidos, en el que se imaginaba como un nuevo movimiento de mayorías que podría dar un vuelco importante en la historia política argentina. En la década de 1930, el yrigoyenismo había logrado amalgamar elementos innovadores con otros preexistentes y se había convertido en la fuerza progresista que sintonizaba el espíritu de la época. En el mismo sentido, el peronismo, a partir de 1945, amalgamando expresiones de izquierda y de derecha, con rasgos más transformadores, y otros más tradicionales, también había conseguido posicionarse como un movimiento amplio, cuyos ecos llegan hasta la actualidad. Y, en el mismo sentido, el kirchnerismo se imaginaba como una expresión fundante, que buscaba juntar “todos los buenos” que estaban en la política, fueran del radicalismo, del socialismo, de partidos de centro o de izquierda, o de expresiones independientes. El kirchnerismo buscaba fundar un partido y un sistema nuevo, a través de una lectura que parecía plausible ante la grave situación que vivía el país en los primeros años del nuevo siglo.
Sin embargo, ese sistema no logró cuajar con fuerza por una serie de razones, sin duda complejas, algunas coyunturales, y otras más de tipo estructural. En primer lugar, el estilo de conducción de gobierno tan cerrado, tal vez necesario ante la grave crisis económica y social que vivía el país, hizo difícil que quienes quisieran sumar sus aportes al nuevo proyecto, pudieran hacerlo sin mayores obstáculos. Pero más allá de ese aspecto circunstancial, es necesario dar cuenta que, en la actualidad, se vive en una sociedad posmoderna, con democracias de baja intensidad, en la que las personas deciden no ponerle del todo el cuerpo a las cosas, y en especial a aquellas cuestiones ligadas a lo público. Bajo esta nueva realidad, en el marco de la actual sociedad argentina, no aparece con tanta claridad la posibilidad de construir un movimiento político de identidades tan fuertes como en su momento fueron el yrigoyenismo y el peronismo. Tal vez, aquel sistema que imaginaba el kirchnerismo en sus primeros años, estaba más relacionado con una sociedad moderna y de ideologías fuertes que con una sociedad posmoderna.
Hasta los años setenta, en la Argentina primaba lo que se denomina el “voto camiseta” o “voto militancia”. Es decir, la política generaba una identidad fuerte y de forma masiva en la sociedad. No sólo porque se votaba a un determinado partido, sino porque esa pertenencia ideológica redundaba en una manera determinada de pensar y de vivir, una forma de pararse frente al trabajo y la familia, al mismo tiempo que generaba una red determinada de amistades.
EL CAMBIO EN LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN
En los años noventa, mucha gente que podría haber participado de forma activa en la política, y haber trabajado de acuerdo a ese interés por lo público, frente a la catástrofe de las instituciones estatales, deriva su intervención hacia las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento, o los distintos grupos de defensa de derechos sectoriales o ecológicos. Es decir, hay un repliegue de lo político hacia lo social. Esa participación sectorial o local es una característica de los años noventa, donde se observa una necesidad de volcarse al barrio, a la ecología, a la radio comunitaria. En esa década, los jóvenes de clase media tendían a vincularse con ese tipo de participación.
Un dato novedoso de esa década fue la desocupación. Y esa situación crítica creó un nuevo sector, que no tenía representación hasta ese momento. El sindicalismo tardó mucho en entender ese fenómeno irruptivo y en tratar de generar una vinculación con esos nuevos actores sociales. Si bien la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lo comprende con mayor rapidez, esa falta de reacción sindical dio pie al surgimiento de los movimientos de desocupados, también conocidos como “grupos piqueteros”. En el marco de la alta desocupación y la crisis económica, esos grupos tuvieron un rol claro: lograron volver visible la pobreza y la exclusión económica creciente. Sin embargo, en los últimos años, con la recuperación de la economía, las changas y el trabajo informal, y la presencia activa del Estado con planes sociales masivos, la desocupación perdió peso como eje articulador de distintas expresiones sociales. En este nuevo contexto, sí actúan como elemento conector la reivindicación de ciertos derechos, las demandas ambientales, la calidad del trabajo y la lucha contra la corrupción, pero no la desocupación .
Con todo, buena parte de esas expresiones, provenientes de la sociedad movilizada e interesada por lo público, comenzó a replantearse en los últimos años si con esa tarea en las organizaciones sociales alcanza. Comienza a extenderse la pregunta de si no habría que articular esa acción con el Estado y los partidos políticos. Se plantea que para que las cosas cambien de verdad es necesario participar en la política. Y, entonces, empieza a volcar sus actividades nuevamente hacia el campo de lo político. Estamos frente a un intento de consolidar organizaciones de tipo sociopolíticas. Es decir, organizaciones de derechos humanos, de luchas ambientales, de defensa de cuestiones barriales, que necesitan tener una conexión con la política, aunque no necesariamente a partir del seguimiento o el involucramiento con un partido o un candidato determinado. La idea es que hoy existen más movimientos de la sociedad civil o del tercer sector que buscan ya no incidir sino cambiar e intervenir de forma activa sobre las políticas públicas.
La idea que predomina en la Argentina es que para que las cosas sucedan hay que estar involucrado con las políticas públicas. Entonces, las organizaciones buscan tener un impacto concreto e importante sobre la administración estatal de la cosa pública. Es decir, prevalece la idea de que si no se mete presión la cosa no funciona, y que no sólo hace falta una ley para que las cosas cambien. La gran diferencia entre el trabajo de las organizaciones y el Estado es de escala. Una organización tiene incidencia barrial o temática, pero su tarea no alcanza para dar vueltas la realidad. El único actor que tiene esa capacidad de transformación es el Estado. Si se quieren transformaciones masivas, con la sociedad civil no alcanza.
UN NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, las posteriores medidas tomadas por la presidenta Cristina Kirchner, los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y, en especial, Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política; y que en ese interés por la política, tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001, hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública; y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto. El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que va a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares . La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos, resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos . Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás. Hoy, también tiene injerencia, en la elección de un candidato o de un funcionario, que sean personas que tengan una buena dicción, que sepan articular un discurso que tenga impacto en la sociedad. La política, entonces, se transforma en una profesión específica, porque requiere de mucho tiempo y preparación. Hay que estudiar para adquirir esas nuevas habilidades requeridas por los medios, con códigos de lenguaje y maneras innovadoras.
De todas formas, debería considerar posible –y necesaria- la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario- la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios –en el caso español, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y luego una abanico amplio de expresiones de derecha, de izquierda o con fuerte impronta regionalista-, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, y ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha, han proporcionado diversas catástrofes, económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse, de forma mayoritaria, como un retorno de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo –junto al radicalismo- durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. La Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy, se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina de aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.
martes, 20 de diciembre de 2011
Cierre del curso de políticas sociales en Adrogué
Daniel Arroyo cerrará hoy martes 20 de diciembre el curso sobre “Políticas sociales: Desafíos para los próximos años” que se desarrolló durante el mes de septiembre en Adrogué, con la organización de las Fundación Manantiales. La actividad se realizará, a las 19, en el Mini Auditorio CpT (Bouchard 1060) de Adrogué.
El seminario estuvo destinado a miembros de organizaciones sociales, trabajadores sociales, estudiantes y personas interesadas en temáticas vinculadas con la pobreza y la inclusión social.
El primer módulo, denominado “El debate en torno a los conceptos de pobreza y exclusión”, abordó el cambio de enfoque del NBI a la idea de pobreza por ingresos; la crisis de la idea de “grupos vulnerables” y la emergencia del concepto de “derechos”; la evolución de las expectativas en la sociedad poscrisis; la nueva vinculación entre mercado laboral y pobreza (pobres con trabajo); y el debate en torno al rol de las políticas sociales luego de la extensión de los programas de ingreso.
El segundo módulo, “La nueva estructura social de Argentina”, indagó en el pasaje de la idea de “nuevos pobres” al análisis de la desigualdad; el debate en torno a la “pobreza estructural”; la informalidad económica como un nuevo factor que posibilita tanto movilidad ascendente como trabajo de baja calidad; los modelos y las organizaciones de la economía “informal”, “social” y “popular”; el cooperativismo; las redes productivas; la nueva estructura social que toma presencia en los grandes centros urbanos; y los nuevos excluidos: jóvenes sin futuro.
El tercer módulo analizó “Las formas de movilización y participación comunitaria”, con las características, potencialidades y límites de los nuevos movimientos de protesta; la relación de la nueva protesta con la intervención política y las instituciones; de la idea de “nuevos movimientos sociales” al esquema de organización de los desocupados; las nuevas formas de organización: por territorio, por temas o demandas y por grupos de interés; y las nuevas interacciones entre lo político y lo social: los vínculos entre los movimientos sociales, los actores sindicales y la política partidaria.
Y en el cuarto módulo se propusieron “Las nuevas ideas para la gestión de Políticas Sociales”, es decir, el pasaje de la centralidad de los planes alimentarios al debate en torno a lo socioproductivo; la tensión entre “focalización” y “universalidad”; los cambios en la mirada sobre el rol de los programas de transferencia de renta; la emergencia de programas “masivos”; la evolución de las líneas de trabajo en torno al desarrollo local y la economía social: sus límites para incidir sobre el empleo; y el debate en torno al clientelismo.
Al finalizar el dictado de los cuatro módulos, cada persona o equipo, debió elaborar los lineamientos de un Plan de Desarrollo Social para el ámbito en el que esté vinculado, sea un barrio, una organización social, una iglesia u otro grupo de referencia. El objetivo fue poder armar un esquema que luego cada persona pueda aplicarlo para contribuir a la mejora de la situación social en el lugar que considere adecuado.
El seminario estuvo destinado a miembros de organizaciones sociales, trabajadores sociales, estudiantes y personas interesadas en temáticas vinculadas con la pobreza y la inclusión social.
El primer módulo, denominado “El debate en torno a los conceptos de pobreza y exclusión”, abordó el cambio de enfoque del NBI a la idea de pobreza por ingresos; la crisis de la idea de “grupos vulnerables” y la emergencia del concepto de “derechos”; la evolución de las expectativas en la sociedad poscrisis; la nueva vinculación entre mercado laboral y pobreza (pobres con trabajo); y el debate en torno al rol de las políticas sociales luego de la extensión de los programas de ingreso.
El segundo módulo, “La nueva estructura social de Argentina”, indagó en el pasaje de la idea de “nuevos pobres” al análisis de la desigualdad; el debate en torno a la “pobreza estructural”; la informalidad económica como un nuevo factor que posibilita tanto movilidad ascendente como trabajo de baja calidad; los modelos y las organizaciones de la economía “informal”, “social” y “popular”; el cooperativismo; las redes productivas; la nueva estructura social que toma presencia en los grandes centros urbanos; y los nuevos excluidos: jóvenes sin futuro.
El tercer módulo analizó “Las formas de movilización y participación comunitaria”, con las características, potencialidades y límites de los nuevos movimientos de protesta; la relación de la nueva protesta con la intervención política y las instituciones; de la idea de “nuevos movimientos sociales” al esquema de organización de los desocupados; las nuevas formas de organización: por territorio, por temas o demandas y por grupos de interés; y las nuevas interacciones entre lo político y lo social: los vínculos entre los movimientos sociales, los actores sindicales y la política partidaria.
Y en el cuarto módulo se propusieron “Las nuevas ideas para la gestión de Políticas Sociales”, es decir, el pasaje de la centralidad de los planes alimentarios al debate en torno a lo socioproductivo; la tensión entre “focalización” y “universalidad”; los cambios en la mirada sobre el rol de los programas de transferencia de renta; la emergencia de programas “masivos”; la evolución de las líneas de trabajo en torno al desarrollo local y la economía social: sus límites para incidir sobre el empleo; y el debate en torno al clientelismo.
Al finalizar el dictado de los cuatro módulos, cada persona o equipo, debió elaborar los lineamientos de un Plan de Desarrollo Social para el ámbito en el que esté vinculado, sea un barrio, una organización social, una iglesia u otro grupo de referencia. El objetivo fue poder armar un esquema que luego cada persona pueda aplicarlo para contribuir a la mejora de la situación social en el lugar que considere adecuado.
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