Inversión Social Privada en Proyectos Socio-productivos

(publicado en el sitio www.potenciar.org.ar, febrero de 2012)
* Por Daniel Arroyo


La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.

www.potenciar.org.ar

Los retos de la economía social

* Por Daniel Arroyo

Existen avances que se evidencian en la realidad cotidiana de la economía social solidaria. Si comparamos con la realidad de unos ocho años atrás, observamos que la economía social tiene visibilidad, tiene impacto, tiene financiamiento, ha tenido un proceso en donde algunos instrumentos tributarios la van favoreciendo, tiene mecanismos de comercialización y empieza a formar parte de cadenas productivas. Lejos de donde deberíamos llegar, pero con progresos significativos.
¿Qué falta hacer respecto del rol que desempeña el Estado? Podemos identificar cinco cuestiones sustantivas:
La primera es el costo del financiamiento para la gente que lleva adelante cooperativas, mutuales, pequeños emprendimientos y actividades productivas. En Argentina existen cuatro millones de personas que trabajan (gasistas, carpinteros, plomeros, etc.), que realizan actividades productivas y muchas veces por falta del acceso a un crédito o por distintos mecanismos, suelen tener complicaciones en su crecimiento y desarrollo. Pero también sucede que como necesitan el dinero muchas veces lo toman en lugares informales a tasas de interés del 90 por ciento anual, con los problemas financieros que esto les produce a los pequeños productores y emprendedores. La economía social funciona con financiamiento a tasas bajas y no con financiamiento para vivir pagando lo que se pidió como crédito. Aún estamos lejos de la escala de cuatro millones. Hoy se está llegando a doscientos mil personas con sistemas de créditos, microcréditos y distintas modalidades. Y cuando no se aceleran las políticas públicas en este sentido lo que hacen las personas que lo necesitan es buscar donde hay, o donde le dan, y eso son tasas usurarias brutales.
Entonces, el primer desafío es darle escala al financiamiento de la economía social. Si la Argentina creció durante los últimos diez años, si la economía va a crecer los próximos cinco ó seis años, tenemos que dar un salto de escala y un masivo recurso de financiamiento para avanzar en el desarrollo de toda la economía social. El reto es generar mecanismos de regulación y de control. Un avance que se debe dar entre todos, no sólo a nivel estatal, sino que son el Estado, la banca pública, la banca privada y las organizaciones sociales los tienen que actuar para llegar, con tasas subsidiadas, y fortalecer las capacidades productivas de la economía social. La idea no es endeudar a las personas, sino dar un salto de calidad productiva.
Un segundo desafío importante para todos, y siempre partiendo de la base que estamos un piso más arriba, es empezar a pensar mecanismos tributarios y mecanismos de reconocimiento de las actividades de la economía social y no solo a las personas. El tema del monotributo social es un avance importante, pero cinco personas que formaron una panadería tienen que tener un reconocimiento como tal: como un emprendimiento y no cada uno suelto como monotributista. Creo que ahí tenemos que dar un salto, que debemos avanzar, sobre todo porque teniendo ya el monotributo social como un primer paso, cómo avanzamos para generar mecanismos diferenciados para las actividades de la economía social. El reconocimiento de las empresas recuperadas es un progreso significativo en muchos casos, los saltos que se van dando, la cierta capacidad de generar instancias asociativas también, pero es claro que necesitamos que la economía social en la Argentina tenga un mecanismo tributario diferenciado que lo acompañe en el proceso de inclusión productiva sustantiva. Creo que para que esto suceda en la Argentina -y que es uno de los elementos que empezaría a ayudar a achicar los niveles de desigualdad, para generar mecanismos estructurales de cambio en lo normativo y en lo impositivo-, se requiere de mucho consenso social y mucha participación de todos los que forman parte de la economía social.
El tercer desafío que tenemos todos, y que representa desde mi punto de vista el más importante de la economía social en los próximos años tiene que ver con cómo empezar a generar mecanismos para que todas sus actividades den un salto en la escala del mercado, fortalezcan instancias de comercialización más allá de lo que estamos haciendo y que el Estado ayude, a través del compre local, a dar una escala sostenida a las actividades de la economía social. Deberíamos intentar que el Estado obtenga, al utilizar su capacidad de compra, un importante rol a la hora de empezar a dar un salto y a acompañar. Es complejo, hay municipios que lo hacen, hay experiencias como el tema de los guardapolvos. Es necesario fortalecer escalas de producción de la economía social, que en este esquema de crecimiento económico nadie venda sus cosas de la manera que puede, sino dar un salto de calidad. Y en esa escala de la posibilidad de venta, el Estado tiene un rol importante porque está claro que es el gran comprador de bienes y de servicios hoy en la Argentina.
No se reduce la pobreza en Argentina si no capitalizamos masivamente a estas cuatro millones de personas. Y la capitalización no sólo tiene que ver con los créditos, sino con generar instancias de comercialización masivas.
Recordemos que lo importante en la economía social no es sólo que haya gente que le vaya mejor produciendo y vendiendo, ni es solamente generar redes comunitarias. Masificar instancias de capitalización mejora las condiciones sociales, reduce niveles de pobreza y aumenta los niveles de inclusión en Argentina. Creo que ahí hay un desafío central.
Un cuarto reto para fortalecer la economía social y el rol del Estado en este desarrollo tiene que ver con poder generar instancias de transferencia de recursos rápido y en tiempo real. El problema hoy no es que no haya fuentes de financiamiento, sino que entre que alguien presente un proyecto y efectivamente lo ponga en marcha se tarde mucho tiempo. En las distintas escalas, un cuarto problema grave que tenemos es que habiendo recursos, no los transferimos en tiempo real. Una manera de hacer esto es descentralizar recursos sobre las organizaciones sociales y sobre los municipios. Otro tema decisivo es evaluar rápido. Lo que tenemos que hacer es que el que está cerca, el municipio, la organización social, tenga los recursos para que los pueda implementar. Y se está avanzando en esto. La Comisión de Microcréditos está generando instancias para descentralizar, pero hay que acelerar rápidamente ese proceso porque este contexto –el crecimiento económico- da grandes chances para el desarrollo de la economía social. Y eso se fortalece transfiriendo recursos en tiempo real.
El último desafío tiene que ver con distinguir las actividades productivas en tres niveles distintos de actividades de la economía social, especialmente en los que tienen que ver con emprendimientos pequeños y medianos y empezar a generar políticas específicas. Un municipio apunta al tema turístico, metal mecánico y tal o cual actividad, e inicia actividades productivas. Eso se vincula con lo estratégico del lugar. Cualquier territorio, cualquier municipio apunta claramente a lograr ciertos objetivos. Lo que tiene, entonces, es la capacidad de inducir, de generar y de promover actividades productivas que podemos llamar estratégicas.
Hoy existe una gran oportunidad en la Argentina. Estamos mejor, pero con enormes retos por delante. Una manera de orientarlos es acelerar, dar escala y dar un salto en calidad. Creo que en los próximos cinco años será necesario ahondar profundamente los alcances de la economía social, dar un gran salto en escalas, tener un mejor financiamiento y subsidios de tasa para evitar que la gente la siga tomando al 90 por ciento anual. Tenemos que generar mecanismos rápidos y que no sean ocho meses para transferir 15 mil pesos para alguien que va a montar su pequeño emprendimiento productivo; tenemos que destrabar el esquema impositivo y generar condiciones para fortalecer cadenas de producción.

El rol del microcrédito

* Por Daniel Arroyo

El microcrédito es sustancial para una política social de tipo inclusiva, ya que permite promover iniciativas productivas en favor del empleo y de la mejora de los ingresos de las familias.
Entendemos el microcrédito como un préstamo de pequeño monto que puede otorgarse directamente a personas o a través de grupos, sin constituir una hipoteca o una prenda, ni requerir ningún tipo de garantía real. Además, se destina al desarrollo de microemprendimientos productivos asociativos de autoconsumo, comerciales o de servicios, mientras que su devolución se realiza en plazos cortos y medianos, y la cuota está relacionada con la capacidad de pago. Podemos concluir, entonces, que es un instrumento de suma relevancia para la lucha contra la pobreza.
Ahora bien, debe comprenderse a este tipo de financiamiento como una forma de inclusión social pero también como una estrategia de inserción en el mercado. Para ello, el préstamo debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y materias primas para que la producción pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes (inclusive el del mismo microcrédito).
Por otro lado, es necesario que el mercado sea irrigado por nuevos microcréditos y suscite un aumento de demanda tan amplio que sea probable que todos se beneficien con alguna parte de este proceso. De allí que el crédito tiene que estar insertado en la promoción de la economía local, inclusive si es posible en conexión con otras localidades o regiones. Esto permite identificar el perfil de las comunidades existentes y su relación con sus actividades productivas.
Otro aspecto relevante de la utilización social del microcrédito es que los niveles de incumplimiento del préstamo popular, cómo se mencionó al comienzo de este capítulo, son muy pequeños, lo que exige que: a) los proyectos financiados tengan sustentabilidad, b) la amortización de los préstamos se ajuste al flujo de ingresos generados por los proyectos, y c) existan mecanismos de asistencia técnica y capacitación para reducir los costos, mejorar la gestión y tener penetración en los mercados.
En este sentido, también es importante considerar qué es estratégico para el territorio y que eso sea decidido en forma colectiva, con la participación de todos los actores que lo componen.
De esta manera, la relevancia de políticas de microcrédito con impacto social implica, a la vez, proximidad entre los financiadores y los ejecutores de los proyectos: sean cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de fondos rotativos, consorcios populares de ahorro y cualquier otro tipo de asociaciones. En consecuencia, una de las condiciones de éxito de un sistema de microcrédito es la cogestión del mismo en el nivel local por agencias de bancos públicos especializados y entidades comunitarias de finanzas. Esto debe estar asociado también a diferentes mecanismos de garantía de transparencia y contralor de la asignación del financiamiento.
En suma, una política de microcrédito que promueva la inclusión social requiere una nueva estructura institucional conformada por una red comunitaria de finanzas solidarias, una importante presencia en las comunidades que más lo requieran y se encuentren capacitadas para captar el ahorro. Además, planes de desarrollo, formulados y aprobados por las comunidades que deben ejecutarlos, y bancas solidarias del gobierno federal, provincial y municipal, especializadas en microcrédito para suplir fondos de financiación de inversiones de mayor monto.
En todos los casos, el microcrédito debe disminuir los riesgos de interrupciones en los flujos de dinero y evitar que provengan de una única fuente de recursos. Por otro lado, debe realizar directamente o dar soporte a las actividades de acompañamiento a los servicios financieros propiamente dichos, ya sean de capacitación, facilitación de información y conexión con otros actores del territorio, como el caso de universidades u organizaciones de la sociedad civil.

Hacia una tipología de las organizaciones de la sociedad civil

Por Daniel Arroyo

Frente a las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales transcurridas en los últimos años, se ha complejizado la comprensión y explicación de muchos de los procesos sociales contemporáneos. En este marco, la noción de Sociedad civil debe analizarse teniendo en cuenta dichos acontecimientos y, en particular, el debate en numerosos ámbitos académicos, políticos y periodísticos. En el caso de la Argentina en particular, muchos investigadores han analizado los cambios estructurales generados en los últimos años como uno de los factores causales de la revalorización de la Sociedad civil, a partir de cambios en la acción colectiva, dando lugar al surgimiento de nuevos modos de lucha y resistencia y a la constitución de nuevos sujetos sociales que canalizan demandas de los ciudadanos.
Si antes la interacción Estado-Sociedad civil se daba con preeminencia del primero por sobre la segunda, aglutinando las demandas homogéneas y generales (como por ejemplo los sindicatos), la nueva vinculación lo hace a partir de organizaciones con demandas muy puntuales (como por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales).
Además de la consideración de las estructuras sindicales, se puede partir de la base de que las “nuevas” formas de organización se establecen a partir de dos dimensiones: en primer lugar, la movilización en torno a reclamos vinculados a la realidad social y en segundo lugar, la organización en función de reclamos o demandas que derivan del ámbito territorial hasta la defensa de temas específicos.
Así, pueden caracterizarse distintos tipos de organizaciones surgidas de la sociedad civil:
• Organización Territorial
• Organización Temática
• Organizaciones de Apoyo u ONG’S
• Movimientos piqueteros
• Movimientos “Flash”
• Movimientos reivindicativos de derechos
• Movimientos de calidad de vida


La constitución de modos de protesta distintos como piqueteros o movimientos de desocupados marca una manera de hacer público el conflicto social y de mostrar la realidad de los sectores postergados. En muchos casos, su forma de protesta es percibida (mediatizada) por gran parte de los sectores urbanos como incompatible con sus propios intereses. Si bien su estrategia se dispone en base a organizaciones de tipo horizontal y con débiles lazos burocráticos, la mayoría de los casos se relacionan con el Estado Nacional o Provincial.
En los últimos años, el movimiento piquetero ha perdido su hegemonía como principal actor de la protesta social. Esto puede entenderse, en parte, porque muchos movimientos se han reconvertido productivamente en su base en cooperativas de vivienda u otros tipos de organizaciones vinculadas a la economía social. Otros se han integrando a los gobiernos, gestionando políticas o agencias públicas como por ejemplo: la Federación de Tierra y Vivienda FTV, Barrios de pie, Libres del Sur, Movimiento Evita, etc.
Las organizaciones de base tienen como objetivo prioritario la resolución de problemas de orden local; pueden visualizarse en espacios territoriales, donde predominan diferentes estratos sociales pero en todos los casos el objetivo es lograr mejoras en cada localidad. Estas organizaciones tienen un entramado de relaciones muy cotidiano con el gobierno municipal y generalmente aparecen bajo la denominación de uniones o juntas vecinales. Muchas de estas instituciones están formadas por ex militantes políticos que no siempre logran marcar diferencias claras entre el espacio de lo gubernamental y el social.
Las organizaciones de apoyo (que generalmente son las consideradas como ONG´s) son instituciones voluntarias formadas principalmente por profesionales que tienen por objetivo prestar apoyo económico, asistencia técnica o capacitación a otras instituciones o a la comunidad. En los últimos años, estas actividades han sido acompañadas por el Estado y se puede hablar en muchos casos de co-gestión.
Esto es así porque las entidades responden más a una lógica institucional general que a un problema territorial. El ejemplo más extendido en la Argentina es el de Cáritas, una institución que tiene una importante presencia territorial en cada parroquia pero el objetivo final es el de reducir los niveles de pobreza e indigencia, a través de la participación activa en las políticas sociales.
Otro tipo de acción colectiva, muy característica de la actualidad son los denominados movimientos flash de corta duración y en muchos casos monotemáticos: falta de pavimento, polución contaminante, falta de espacios verdes o seguridad. En general, estas acciones parten de iniciativas puntuales y específicas. En muchos casos su organización es débil y se desestructura con el paso del tiempo. Por ejemplo, si en una manzana los vecinos se ponen de acuerdo en que se necesita la instalación de un semáforo, posiblemente todos se movilicen para lograrlo, buscando tener presencia de los medios de comunicación. Si finalmente el gobierno atiende la demanda, el movimiento se desarma instantáneamente. Si en un primer momento, estos movimientos pueden surgir como “flash”, en otra instancia pueden “reinventarse” hacia organizaciones de mayor perdurabilidad con objetivos y motivos de subsistencia más elaborados que en un principio, y llegar a conformarse como movimientos reivindicativos. Tal es el caso de los movimientos en contra de la inseguridad o de diferentes personas que luchan contra crímenes impunes, que han creado organizaciones no gubernamentales o fundaciones.
Los movimientos de calidad de vida se vinculan a cuestiones que están fuera de la obtención de “bienes económicos”. Así, por ejemplo, los movimientos ecologistas y de consumidores son un ejemplo de dicho ámbito. En cuanto al primer movimiento, se observa una revalorización de la temática como así también una jerarquización en la agenda pública. Por otra parte, tiene mayor capacidad de articular con otras protestas ambientales de diverso tipo en capacidad de comunicación, y con organizaciones de nivel nacional, provincial y nacional: asambleas de Gualeguaychú, minas de Concordia, Colón, Esquel, Catamarca y protestas rurales ante el avance masivo de la plantación de soja.
La temática ambiental se transforma día a día en una preocupación creciente, fundamentalmente los efectos globales del consumo, sobre todo de las sociedad es desarrolladas, pero que afecta principalmente a los países subdesarrollados (cambio climático, inundaciones, contaminación ambiental).
En cuanto a los movimientos vinculados a los consumidores, después de la fiebre privatista de los ´90 se observa una recuperación del rol activo del Estado, sumado a un nuevo tratamiento en la relación por parte del gobierno y las empresas de servicios públicos. Esto se observa en las protestas de diferentes vecinos y organizaciones ante los cortes de luz (principalmente en verano), de gas y agua.
La identificación de los sectores mencionados manifiestan una tendencia a la fragmentación de las organizaciones de la sociedad civil (ésta es una dificultad histórica) y en el contexto actual se pone de relieve, generalmente, en el tipo de propuestas diferenciadas con distintos métodos y, en muchas casos, con objetivos que no son confluyentes.
Las organizaciones de la sociedad civil han crecido significativamente en número (se calcula que existen 70.000 en nuestro país), como así también con cierta presencia en los medios de comunicación y en la opinión pública. Estos ámbitos podrían considerarse espacios de recuperación de la acción política, aunque se caracterizan por su diversidad y la canalización de demandas por fuera de los canales tradicionales y la emergencia de nuevos temas vinculados a la vida cotidiana y al ámbito local.
El crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país se entiende, en parte, por su acción colectiva agregadora de intereses y también por la conformación de una subjetividad que busca superar la resignación de muchos sectores que “no tienen voz”. Por ello, es de suma importancia buscar la participación como pilar de un desarrollo consensuado y sustentable.
En definitiva, fortalecer los ámbitos de concertación en donde participa la sociedad civil permite la cohesión social y el desarrollo de la producción y, en particular, el desarrollo de actividades económicas con alto impacto socioeconómico como las cadenas productivas. Asimismo, es de suma importancia aprovechar el potencial en términos del capital social de la sociedad civil e incorporarlos a una dinámica que establezca una sinergia con el capital económico. Simplemente, se plantea valorar la actitud proactiva de los beneficiarios en su dimensión económica, sin descartar el valioso componente social intrínseco en las actividades que recuperan una estrategia laboral y asociativa.
Debe modificarse también, las distancias entre la economía informal y la formal, generando las mediaciones y articulaciones para que ella se achique. En este sentido, los ámbitos de concertación pueden integrar también a actores que generan gran cantidad de mano de obra como el sector privado. Por ello, la sociedad civil debe ocupar un lugar importante en las estrategias de concertación entre los actores, donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad.

(Para un desarrollo más extenso de estos temas, ver Políticas sociales. Ideas para un debate necesario, Daniel Arroyo, La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2009)

La agenda de la RSE para la Argentina que viene

(publicado en la revista EMPRESA, Nº 204, Dic 2011/Enero/ Febrero 2012)

* Por Daniel Arroyo

Tras ocho años de crecimiento sostenido, la economía argentina atraviesa un momento único de sus dos últimos siglos de historia. La creciente demanda internacional de alimentos por parte de los países del BRIC –especialmente, China e India- marca la tendencia de que el país seguirá su marcha ascendente en los próximos años. Si bien la actual crisis internacional marca algunas señales de alerta, que deberán ser tenidas en cuenta, se trata de una oportunidad excepcional, que brinda a los argentinos la posibilidad de dar un salto sustentable en la mejora de la situación social.
Una agenda de desarrollo social para la próxima década debe avanzar sobre diez ejes centrales. El primer punto, sin duda, es la pobreza estructural, que encuentra sus territorios más críticos especialmente en el NOA, el NEA y el conurbano bonaerense. En segundo lugar, se debe avanzar en políticas que combatan la informalidad y la precariedad laboral, que afecta a casi cuatro de cada diez argentinos. Tercero, las brechas de la desigualdad, que son particularmente profundas en los grandes centros urbanos.
Otro de los puntos clave de la agenda pasa por la inserción de los jóvenes de 16 a 24 años que ni estudian ni trabajan; y que, más allá de las cifras, se trata de un sector de la población que sufre no sólo la ausencia de oportunidades laborales y educativas sino también la falta de un horizonte que les permita proyectar sus vidas en el futuro. No sirven los programas aislados para resolver esta situación. Es un problema de mayorías que se resuelve con planes de gran escala, con una política en la estén involucrados todos los sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional.
Muchas veces, las situaciones de pobreza tienen que ver con la imposibilidad de acceder al capital. Por eso, en el caso de los pequeños emprendedores y los cuentapropistas, hay que repensar un sistema de crédito flexible y masivo, que permitan la renovación de las maquinarias y las herramientas con las que trabajan. El apoyo al cuentapropismo debe ser considerado un elemento clave, porque son los sectores que más posibilidades tienen de salir de la pobreza rápidamente y generan nuevas fuentes de trabajo en las propias comunidades.
También queda claro que es necesario masificar el acceso al crédito a la vivienda para aquellos sectores que, aún trabajando, tienen ingresos insuficientes para lograr la financiación que requieren. Y, en el mismo sentido, el sexto punto radica en la extensión de los planes de infraestructura social y vivienda, que deben apuntar a la generación de espacios con mejor calidad de vida en los grandes centros urbanos, donde se conjugan problemas como el hacinamiento, la adicción, la violencia y la estigmatización de los jóvenes.
Por otra parte, hace falta avanzar en las estrategias de fortalecimiento de los niveles de atención primaria de la salud que eviten la sobrecarga en los hospitales. También hay que apuntar a la mejora de la calidad educativa, achicando las diferencias crecientes que se están observando entre ciertas escuelas privadas y las escuelas públicas. El noveno eje pasa por la descentralización de recursos a los gobiernos locales. Y, finalmente, por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, transfiriéndoles recursos para que puedan encarar sus propias acciones.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La escala de los problemas consignados requiere que el desarrollo social no pueda ser considerado sólo como un instrumento del Estado, sino que necesita del apoyo de todos los actores de la sociedad. Para ser realmente eficientes y tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de desarrollo local deben ser el resultado de la interacción entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Resulta fundamental contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos los actores, con sus diversos recursos y la diversidad de sus puntos de vista.
En la Argentina, la responsabilidad social empresaria ha evidenciado un gran crecimiento en los últimos años, con mayor presencia del actor privado en la perspectiva de la inclusión social. Haciendo un análisis de lo ocurrido en las últimas décadas, se pueden observar tres grandes etapas del desarrollo de la RSE en el país. La primera etapa se vivió hasta el 2001, donde no había una experiencia de intervención estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, acompañando el desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego del 2001, permite registrar que muchas empresas adoptan de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Es una etapa caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la emergencia y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina por esos años.
En la tercera etapa, que comienza hacia el 2007 y vivimos en este momento, las empresas comienzan a trabajar sobre la promoción; y, básicamente, se centran en el otorgamiento de becas, microcréditos y capacitación laboral. Es en este momento cuando este enfoque empieza a tener impacto, contribuyendo de manera significativa en trasformar la realidad. En este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE en la Argentina, que pasan por lograr sustentabilidad en las acciones encaradas; el apoyo a las organizaciones que tienen legitimidad; y la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay 80.000 organizaciones sociales, y uno de los desafíos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y capacitación, para empoderar y fortalecer la sociedad civil.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinarias obsoletas. En segundo lugar, y como consecuencia de la problemática anterior, existe también una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no le permite utilizar las herramientas y maquinarias actuales. Y en tercer lugar, el sector informal en la Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de cadenas de producción reales, “creándose” un circuito económico a nivel local y barrial.
Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual. Hay un núcleo importante de personas del sector informal de la economía vinculadas “al mundo” del trabajo pero a partir de la precariedad. Pueden destacarse en este sentido, oficios varios (pintores, albañiles, plomeros, herreros, etc.) como también pequeños emprendedores que realizan alguna actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). De todos modos, es un sector con dificultades para mantener una continuidad, previsión social, salud y condiciones regulares de trabajo. Estos sectores, además de estas problemáticas, tienen otras que hacen al retraso tecnológico y a la vinculación con las cadenas productivas. El sector privado, a través de acciones desarrolladas en el marco de la RSE, tiene un rol muy importante para vincularse con este sector y potenciarlo con estrategias de encadenamiento productivo, de asistencia técnica y capacitación.

CADENAS PRODUCTIVAS
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como instrumento para mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y social, y a su vez, realizar un acertado diagnóstico acerca de las características de la economía de la zona, los potenciales recursos materiales y humanos ociosos de la misma. Así, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la asistencia técnica y la capacitación.
En cuanto al primer instrumento, es importante destacar que la desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en donde el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
Las cadenas productivas que articulan el sector privado y la economía social inciden directamente en la elaboración de un producto final. La cadena permite así diversos niveles de procesamiento, transporte, comercialización e industria, alcanzando varios productos acabados en el nivel del consumidor, logrando una sinergia de actores promotores del desarrollo económico.
Esto puede permitir una integración vertical, en la cual se articulan distintos eslabones de una cadena productiva; o bien, horizontalmente a través de una asociatividad entre emprendimientos y empresas de un mismo eslabón, procurando mejorar sus canales de comercialización y/o producción. Muchas actividades serán más efectivas y menos costosas si se realizan en forma asociativa, logrando de esta manera optimizar las estructuras de costos individuales y las capacidades de innovación productiva, para mantener el posicionamiento competitivo en el mercado e impacto socioproductivo. La RSE se hermana con la idea de la densidad productiva, la generación de valor agregado y la inversión genuina.
El segundo elemento a visualizar en relación a la RSE, es la posibilidad de otro tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y servicios para el sector privado. Esta simbiosis puede “estandarizar” la producción, la calidad, la comercialización y permitirles a los emprendedores la adaptación a nuevas tecnologías, como así también, la diversificación de la oferta y el mejor aprovechamiento de los recursos físicos y humanos disponibles, con miras a aprovechar la demanda que solicita el sector privado.
Un último aspecto relevante es la capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. Este aspecto tiene una estrecha vinculación con el fortalecimiento de la economía social y las iniciativas que surgen de ella misma. El objetivo es que el sector privado pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes emprendedores. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio, cuentan tal vez con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación, optimizando sus canales de producción y/o comercialización.
También puede formar a los emprendedores acerca de temas generales relacionados con la producción económica y su comercialización, orientando la actividad hacia el conocimiento de la cadena de valores de los productos, al aprovechamiento en forma comunitaria de los recursos e insumos existentes, al mejoramiento de la organización y coordinación de los grupos humanos para la producción en escala, como así también hacia cuestiones legales e impositivas que posibiliten la comercialización en circuitos comerciales formales.
En definitiva, el área de responsabilidad social empresaria debe ocupar un lugar central en las estrategias de concertación entre los actores, en donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad. El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada. Si el Estado, la sociedad civil y el empresariado trabajan de forma conjunta, podemos llegar sin pobreza ni indigencia a la Argentina del 2020.

Los cuatro ejes de la política social de cara al futuro

(publicado en el diario Tiempo Argentino, el 11 de diciembre de 2011)
Por Daniel Arroyo

Hay cuatro temas fundamentales en política social de cara al futuro. El primero es la vivienda; no sólo en términos cuantitativos, también por las problemáticas de los asentamientos y la toma de tierras, problemas que se van a extender en el tiempo.
El segundo son los jóvenes que no estudian ni trabajan. En el país suman 900 mil.
El tercero tiene que ver con los microcréditos. Tenemos 4 millones de personas que trabajan, cuentapropistas, gasistas, plomeros, emprendedores, que por falta de acceso al crédito no renuevan máquinas.
El cuarto asunto es el problema de la informalidad económica. Todavía tenemos un 35% de gente que trabaja y que no tiene recibo de sueldo. El tema es formalizar el mundo del trabajo, avanzar con la legislación laboral y sobre todo con el acompañamiento a la gente que trabaja de manera precaria.
En el caso del primer eje, vamos hacia la creación de un banco social de tierras, administración de las tierras fiscales y extensión de planes de viviendas. Se han construido 500 mil viviendas y hay que ir a 2 millones más.
Para el segundo punto hay que armar todo un plan masivo con una red de 20 mil tutores que acompañen a los jóvenes que tienen dificultades para sostenerse. Además, hay que aplicar un incentivo fiscal para las empresas que den el primer empleo joven.
En lo que tiene que ver con microcréditos, hay que extender el sistema a través de la banca pública, del Ministerio de Desarrollo Social y las áreas sociales. El Estado tiene que subsidiar tasa y llegar a 4 millones de personas con este tipo de financiamiento.
Y en lo que tiene que ver con informalidad laboral se debe avanzar con el registro y acompañar en el primer empleo; hay mucha gente que no logra entrar por primera vez en el mercado laboral y se impone agilizar los mecanismos para salir de esa situación.

La agenda de los desafíos sociales

Por Daniel Arroyo
(publicado en el Diario La Nación, sábado 19 de noviembre de 2011)

El informe sobre la situación social del área metropolitana de Buenos Aires, realizado por Cáritas y la Universidad Católica, muestra con claridad cómo, a pesar de que se han logrado avances importantes en lo social en los últimos años, nos encontramos frente a varios desafíos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres en la Argentina.
Se puede decir que estamos frente a siete problemas principales.
La pobreza estructural, que representa a más del 10% de la población que no cubre las necesidades mínimas y carece de servicios básicos.
La informalidad laboral, con más de una tercera parte de la población con trabajo no registrado o con actividades por cuenta propia en situación precaria.
La desigualdad, que marca aún una diferencia de 22 a 1 entre los más ricos y los más pobres.
La situación de los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan, que, más allá del debate acerca de cuántos son, sin dudas es el grupo social más crítico de la Argentina.
Los problemas de hacinamiento en los grandes centros urbanos en los que está radicada la mayor parte de la población, y en donde conviven la pobreza y la violencia.
Las dificultades en el acceso a la atención primaria de la salud, en particular en los centros menos poblados.
Las diferencias en la calidad educativa, especialmente en la escuela secundaria.
En este contexto, la extensión de la Asignación Universal por Hijo ha sido muy positiva, porque rompe con un esquema muy desigual, en el que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal y marca un nuevo piso de arranque para gran parte de la población.
En lo referido a la inclusión de los jóvenes, parece encontrarse uno de los desafíos más complejos. Cuando se habla de jóvenes que no estudian ni trabajan, son jóvenes que directamente no hacen nada o que entran y salen del trabajo y de la escuela con mucha frecuencia: no logran sostenerse ni en el sistema laboral ni en el sistema educativo.
El problema de los jóvenes en lo laboral no se vincula con el aprendizaje de la tarea, sino con darle continuidad a ésta. El desafío entre los jóvenes pobres no es entender qué hay que hacer en el trabajo, sino ir a trabajar ocho horas todos los días, en un esquema en el que muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar.
El desarrollo productivo y el microcrédito son también esenciales para ver cómo se puede dar un salto de las experiencias a una escala que cubra a los casi cuatro millones de cuentapropistas que trabajan con tecnología retrasada en el país y que son pobres porque no alcanzan los ingresos mínimos.
La pobreza en la Argentina también está muy vinculada a la tecnología inadecuada: un carpintero que no accede a una sierra circular y que, por lo tanto, no hace muebles a medida y pierde oportunidades de mercado, o un mecánico de autos que, como nadie le da crédito para una computadora, no atiende los autos con motores a inyección. Lo mismo sucede con una señora que cose ropa en su casa y que, por falta de mejores máquinas, no logra romper el círculo de la pobreza.
Por estos aspectos pasa la agenda social de la Argentina, un país que tiene todo: recursos naturales, personas capacitadas, territorio, una sociedad relativamente integrada y mucho porvenir. En función de lo que hagamos en los años que siguen, y de la posibilidad de encarar políticas de segunda generación, vamos a poder construir una sociedad más inclusiva. El contexto internacional, más allá de los vaivenes, parece darnos una nueva oportunidad que no tenemos que desaprovechar.

El autor fue ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

De la crisis de 2001 al nuevo sistema de partidos

(publicado en la revista "Reseñas y Debates", número 69, Noviembre 2011)
Por Daniel Arroyo


Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. A diez años de aquellas jornadas, queda claro que la consigna “que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados–, más que impulsar el fin de la democracia delegativa, mostró una amplia demanda social por un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras lideradas por Antonio Cafiero y más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Con todo, el sistema bipartidista ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intransigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande– dejaba vislumbrar, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y mostraba sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad argentina a comienzos de los años noventa, podría haber concluido, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales– hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la auto-representación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días de diciembre el sistema político colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.

Orígenes de la crisis de representación
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. El modelo neoliberal apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas por el Estado nacional.
Ese cambio en la relación entre los poderes estatales y la sociedad tuvo su correlato en la crisis de representación política. Durante los 90 se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario y vinculadas a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios– y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidir en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis (Floreal Forni, Organizaciones económicas populares).
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera). De allí derivó el concepto de “crisis de representación”. Es decir, la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular. Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.

Rupturas y continuidades
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares de su gestión el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones. Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano”, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado. En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández– son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertas instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política –y de la voluntad política– como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un “peronismo progresista” que combinara lo popular y lo multitudinario con programas de centroizquierda (estas ideas fueron plasmadas en el libro de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner, Después del derrumbe: teoría y práctica política en la Argentina que viene, publicado en 2003). Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, de las posteriores medidas tomadas por la presidenta y de los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y –en especial– Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política, y que en ese interés por la política tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001 hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública, y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto. El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que van a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares. La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos. Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás.
De todas formas, debería considerarse posible –y necesaria– la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario– la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha han proporcionado diversas catástrofes económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse como un retorno de forma mayoritaria de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo fue –junto al radicalismo– durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. Con un rotundo respaldo al Frente para la Victoria en las elecciones primarias, la Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina debe aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.

De la crisis de 2001 al nuevo sistema de partidos

Por Daniel Arroyo

Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. A diez años de aquellas jornadas, queda claro que a consigna “Que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados- más que impulsar el fin de la democracia delegativa, mostró una amplia demanda social por un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras lideradas por Antonio Cafiero y más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Con todo, el sistema bipartidista ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intrasigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande-, vislumbraba, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y que dejaba mostrar sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad política argentina a comienzos de los años noventa, podía concluir, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha, y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales-, hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la autorepresentación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días diciembre, el sistema político colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.

ORÍGENES DE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. El modelo neoliberal apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas por el Estado nacional.
Ese cambio en la relación entre los poderes estatales y la sociedad tuvo su correlato en la crisis de representación política. Durante los 90, se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario, y vinculada a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de los bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios- y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidencia en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis.
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera).
De allí, derivó el concepto de “crisis de representación”. Es decir, la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular. Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado, potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.

RUPTURAS Y CONTINUIDADES
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares de su gestión el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones.
Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano”, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado.
En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández- son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertas instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política -y de la voluntad política- como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un “peronismo progresista”, que combinara lo popular y lo multitudinario, con programas de centroizquierda . Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas, llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, las posteriores medidas tomadas por la presidenta Cristina Kirchner, los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y, en especial, Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política; y que en ese interés por la política, tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001, hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública; y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto.
El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que va a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares. La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos, resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos. Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás.
De todas formas, debería considerar posible –y necesaria- la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario- la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, y ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha, han proporcionado diversas catástrofes, económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse, de forma mayoritaria, como un retorno de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo –junto al radicalismo- durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. Con un rotundo respaldo al Frente para la Victoria en las elecciones primarias, la Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy, se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina de aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.

Hacia una nueva política habitacional

(Publicado el domingo 11 de Septiembre de 2011 en los diarios "El tribuno" de Salta, "La opinión austral" y "El Litoral" de Santa Fe, y en otros medios de la Red de Diarios en Periodismo Social)

Por Daniel Arroyo

Desde su organización como Estado en el siglo XIX, la Argentina tiene un problema básico que se ha ido acentuando a lo largo de su historia: hoy, más del treinta por ciento de su población se concentra en el uno por ciento del territorio nacional. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones
Hay algunos problemas estructurales y otras cuestiones específicas ligadas a la coyuntura. Los estructurales tienen que ver con la falta de vivienda y con la permanente migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Quienes migran buscan tener cerca una escuela, un comedor comunitario, un centro de atención primario de la salud. El hecho de moverse hacia lugares tan altamente poblados, permite hacer changas y generarse algún tipo de ingresos. En el interior del país, en cambio, hay menos oportunidades. Y el ritmo de construcción de viviendas, ha sido muy desproporcionado con respecto a las necesidades reales.
A este déficit, se agrega un fenómeno vinculado con el costo de los alquileres. Las personas hoy están pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media. Además, el hogar no es sólo una vivienda sino que también representa su unidad productiva, su lugar de trabajo. Así que se les ha hecho muy difícil la vida cotidiana. Y el no tener un lugar propio, es lo peor que le puede pasar a una persona. El hacinamiento genera tensiones muy fuertes en la familia, porque viven todos dentro de un cuarto, y eso provoca la desesperación por hacerse de un lugar.
Sin embargo, las economías regionales han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por eso, habría que acelerar la construcción de redes de salud y educación, porque si no la gente va a seguir migrando. También es el momento de pensar algún tipo de incentivo fiscal para ciertas actividades productivas que se instalen en determinadas regiones del país.
En ese sentido, un elemento clave pasa por la formación de un banco social de tierras. Hoy, junto a las dificultades de acceso a la vivienda, hay un problema de falta de horizonte, porque no hay un mecanismo claro de cómo uno accede a la vivienda. En cambio, sí quedara claro que hay un banco social de tierras y se establecieran los mecanismos de construcción de viviendas, la gente podría comenzar a observar las posibilidades que brindan esas ciudades del interior.
Tenemos una oportunidad increíble, la economía argentina creció de forma consecutiva durante una década y vamos por varios años más de crecimiento. Desde 2003, venimos de una década ganada en el área social y tenemos una gran oportunidad para encarar programas masivos, para crear un gran banco social de tierras y extender la construcción de viviendas, para bajar los niveles de informalidad económica y la problemática del acceso al crédito. En los próximos cinco o seis años podemos dar vuelta la situación social del país.

Políticas sociales: Un paradigma superado

(Artículo publicado en Le Monde Diplomatique, número 145, julio de 2011)

Por Daniel Arroyo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos en proporción a la cantidad de habitantes de la Argentina. Para avanzar en la resolución de las problemáticas sociales, cuenta con un presupuesto de más de 25 mil millones de pesos para ejecutar durante 2011 y con las mejores condiciones en el actual contexto de crecimiento económico que atraviesa el país. Sin embargo, en los últimos cuatro años las políticas sociales del gobierno porteño tuvieron una orientación focalizada y se vieron limitadas por la sub ejecución.

Paradigmas
La década del 90 estuvo signada por la idea de la focalización de las políticas sociales. Éstas debían asumir un carácter claramente compensatorio y operar como “efecto ambulancia”, recogiendo a los caídos del sistema tras la aplicación de los programas de ajuste estructural. De esta manera, los planes sociales apuntaban a identificar a los grupos vulnerables y aplicar programas específicos, en el marco de una economía que, vía derrame, se ocuparía del resto.
En el nuevo siglo se produjo un cambio de paradigma en cuanto a la aplicación de políticas sociales en los diferentes niveles del Estado. A partir de la certeza de que el derrame no existía, comenzaron a desarrollarse ideas en torno a la masificación y la universalización de las políticas sociales. Desde este enfoque, se aplicaron programas amplios que buscaban vincular “lo social” con el desarrollo productivo, el empleo, la promoción del desarrollo local y el consumo.
En la actualidad, en base a esta evolución en materia de políticas sociales y el debate acerca del concepto de ciudadanía, la aplicación de políticas universales y la masificación de los instrumentos asociados al mercado de trabajo formal e informal aparecen como los centrales de las políticas estatales en cualquiera de sus niveles.
Bajo esta perspectiva, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Jorge Telerman, lanzó el Programa de Ciudadanía Porteña, un mecanismo automático y transparente de transferencia de ingresos a los hogares en situación de pobreza. Poco después, en 2008, en la provincia de Buenos Aires se lanzó el Derecho Garantizado de la Niñez, destinado a los niños de hasta seis años que no recibían asignaciones familiares ni pensiones no contributivas. Finalmente, estos planes se extendieron a todo el territorio con la puesta en marcha, por parte del gobierno nacional, de la Asignación Universal por Hijo.
Durante la gestión de Mauricio Macri se mantuvo el Programa de Ciudadanía Porteña, aunque sin extenderlo. En diciembre de 2007, cuando el líder del PRO asumió el gobierno, llegaba a 57 mil personas. A fines de este año, de acuerdo a las propias estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, cubrirá a 62 mil beneficiarios. Es decir, la incorporación fue de apenas 1250 personas al año en promedio (1).
Lejos de masivizar los programas, la gestión tendió a enfocarse en los servicios para los niños y jóvenes en situación de riesgo. En los últimos años avanzó también en el acompañamiento de los procesos de urbanización de barrios y asentamientos precarios. Pero todas estas políticas carecieron de la escala necesaria, el impacto fue reducido y no estuvo guiado por un modelo de intervención que permita atender las múltiples problemáticas sociales. La sub ejecución es la principal causa. En el área de vivienda, la misma pasó de 86 % en 2007 a 67 % en 2008, 46 % en 2009 y 19 % en 2010, cuando eclosionó la toma del Parque Indoamericano. En el área social, se ejecutó sólo el 6,88 % del presupuesto destinado al rubro “paradores y otra infraestructura social” en el primer trimestre de este año. El Programa Ciudadanía Porteña fue ejecutado en solo 16,5 % (2).
Como se señaló, históricamente la Ciudad ha registrado mejores indicadores sociales que el promedio nacional. Sin embargo, hay situaciones críticas que se han agudizado en los últimos años y que no parecen haber mejorado en el último tiempo. Problemas vinculados con la pobreza, las condiciones del hábitat, la precariedad laboral o la inseguridad se entrecruzan con un modelo territorial en donde la zona sur presenta una alta exclusión y niveles de desarrollo más cercanos a los del conurbano bonaerense que a los de la zona norte. Diversos indicadores dan cuenta de estas desigualdades. De acuerdo a las propias estadísticas del Gobierno porteño, la incidencia de la pobreza en hogares no supera el 1,3 por ciento en las comunas 2, 12, 13 y 14 del Norte de la Ciudad (que abarcan los barrios de Recoleta, Coghlan, Saavedra, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Belgrano, Colegiales, Nuñez y Palermo). Mientras que en la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati), en el Sur de la Ciudad, la misma tasa asciende al 17,1 por ciento (3).

Nuevas situaciones
A ello hay que añadir el carácter de la “nueva pobreza”. La persistencia de altos niveles de desempleo e informalidad laboral produce una pobreza dinámica y heterogénea que demanda instrumentos de protección para grupos vulnerables que se diferencian de los “pobres estructurales”. En este contexto, es necesario que el Estado recupere su rol como responsable del bienestar (y protección) de todos los ciudadanos, garantizando un conjunto de prestaciones básicas en cantidad y calidad. Para se requieren sistemas de seguros de desempleo, seguros de capacitación laboral y seguros de cobertura en salud que establezcan un piso mínimo de acceso para toda la ciudadanía en el nivel de los ingresos, el acceso a la salud y la educación, la capacitación laboral y la atención a los niños y adolescentes.
Un eje clave es la profundización y masificación de las políticas de inserción laboral de los jóvenes. La tasa de desempleo en este grupo etario en la ciudad se ubica en 10,9 %. Pero entre aquellos que se encuentran en situación de pobreza, la tasa de desempleo asciende al 40,7 por ciento. Con buen criterio, el gobierno porteño mantiene el programa “Estudiar es trabajar”, un subsidio de 275 pesos mensuales a los jóvenes de 18 a 25 años que asistan a establecimientos de educación formal. Pero la tranferencia se restringe sólo a aquellos hogares que son beneficiarios del Programa Ciudadanía Porteña. Es decir, a solo 5.484 jóvenes según la propia ministra Vidal (3).
La inclusión de los jóvenes debe ser uno de los ejes centrales de la política social en la ciudad de Buenos Aires. Ello requiere de recursos volcados tanto a la capacitación laboral como a la creación de una red de tutores que acompañe a los jóvenes en situación de pobreza y la generación de incentivos económicos para que efectivamente el sector privado los incorpore a los procesos productivos. Esto, a su vez, exige crear espacios de capacitación, asistencia técnica y entrenamiento en función del perfil de los jóvenes, generar empleos de proximidad, ampliar las redes de microcrédito para jóvenes, y fortalecer las escuelas de oficios, para afrontar la deserción escolar, principalmente en el nivel secundario.
Pero el problema no se limita a los jóvenes. Las nuevas políticas sociales también deben atender temas emergentes vinculadas con la equidad de género, el embarazo adolescente y la salud reproductiva, la violencia urbana, la informalidad laboral, los ingresos de las familias y el apoyo a las personas con discapacidad, entre otras cuestiones que no forman parte de la gestión actua. La política social de la Ciudad de Buenos Aires no puede ser entendida sólo como asistencia alimentaria o atención de emergencia, que es el enfoque que se aplica actualmente. Y tampoco puede restringirse a la prestación de “servicio social”. Estos nuevos ejes de intervención requieren un fuerte vínculo con las organizaciones sociales, las escuelas y los centros de salud.
Por último, hay que señalar que el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires constituyen hoy un área geográfica integrada. Esta situación genera debates en torno a quienes les corresponde acceder a los servicios de salud y educación, pero da cuenta de que no hay política social efectiva sin un integración de las acciones entre ambos distritos. Las problemáticas que se generan por la circulación de personas en la Capital Federal sólo se resolverán mediante acciones coordinadas con la Provincia. El conflicto por la toma del Parque Indoamericano es un ejemplo de la necesidad de una política articulada que apunte a la creación de un banco social de tierras, que coordine las acciones en torno a las personas en situación de calle y organice, en una primera etapa, sistemas de conexión entre la oferta y la demanda de trabajo.
La ciudad de Buenos Aires puede dar un salto cualitativo en materia social. Pero para ello requerirá un Estado presente e inteligente que implemente políticas de escala e impacto en el marco de un modelo de intervención que permita abordar simultáneamente las múltiples problemáticas, integrando los diversos sectores sociales y geográficos y articulando su accionar con otras administraciones.

Fuentes:
(1) Exposición de la Ministra María Eugenia Vidal ante el Movimiento Productivo Argentino, noviembre de 2010. http://www.mpargentino.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/20101130-Expo-Vidal.pdf
(2) Pertot, Werner, “La subejecución también es bienvenida”, diario Página/12, viernes 20 de mayo de 2011.
(3) "Mapas de la pobreza y los programas en el territorio", Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. http://tinyurl.com/65d35u3
(4) Ibid 2.

Definamos las metas sociales del Mercosur

Por Daniel Arroyo*

El Mercado Común del Sur (Mercosur), Mercado Comum do Sul (Mercosul), en portugués, y Ñemby Ñemuha en guaraní fue creado formalmente en marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción. Hoy, veinte años después, se observa que el saldo fue muy positivo para el bloque regional. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por delante y uno de los más importantes, para esta nueva década que se inicia, es el abordaje sistemático de la cuestión social.
El desarrollo de América Latina, en el marco de la globalización y de los cambios que produce la economía mundial, está muy asociado al fortalecimiento institucional de organismos como el MERCOSUR. De su consolidación dependerá la capacidad de la región para interactuar internamente y para posicionarse frente al resto de los bloques internacionales.
Este fortalecimiento institucional no es sólo necesario sino que se convierte en una meta posible de alcanzar. En el último tiempo, Latinoamérica ha logrado saldar un déficit histórico vinculado a su escasa capacidad de tomar decisiones y actuar como un bloque unificado. Tres importantes cambios asociados al actual momento histórico explican este logro reciente: el primero se asocia a la existencia de mandatarios presidenciales y actores políticos con una mirada común en términos de tendencias y procesos políticos latinoamericanos; el segundo se vincula al contexto macroeconómico favorable, basado en la revaluación que han tenido las materias primas y los alimentos y donde se proyecta la continuidad de este crecimiento sustantivo para los próximos años; y el tercero responde a los frutos de un proceso de institucionalidad regional que comenzó a fines de los años ochenta.
Así como la Unión Europea estableció parámetros económicos, ahora llegó el momento de los parámetros sociales. Con el viento político y económico a favor, llegó la hora de establecer las metas sociales del MERCOSUR, y definir un piso mínimo de acceso a derechos y ciudadanía por debajo del cual nadie pueda estar.
Si bien el eje social de la región ha comenzado a tener un rol más protagónico, generando fondos y políticas sociales de acuerdo común en el MERCOSUR ampliado (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, más Chile y Bolivia), el gran desafío es darle mayor escala al MERCOSUR Social, con la mirada puesta en el desarrollo y el equilibrio de las asimetrías. Para ello, será necesario establecer un conjunto de parámetros sociales para la región. Así como en Argentina existen determinadas metas educativas -como la terminalidad de la secundaria, o la cobertura a través de la Asignación Universal por Hijo-, también será de gran utilidad establecer pisos mínimos a ser alcanzados por todos los países del MERCOSUR sobre vivienda social, salud, educación y condiciones de trabajo. Para el cumplimiento de estas metas comunes, será necesario definir de forma paralela un fondo específico de recursos donde los países más fuertes, Argentina y Brasil, tendrán que hacer el mayor esfuerzo para que todos los países acuerden un denominador común de acceso a derechos y ciudadanía.
Tomemos como ejemplo la Unión Europea pero hagámoslo sobre otra base: lo social. El MERCOSUR esta cumpliendo años y este es el desafío de la década que se inicia. Si en estos 20 años logramos construir la realidad regional actual, en los próximos diez, al cumplir 30 años, deberíamos poder cumplir con las metas sociales de la región.

Nuevos desafíos para la Responsabilidad Social Empresaria en la Argentina

Por Daniel Arroyo

Tras ocho años de crecimiento sostenido, la economía argentina atraviesa un momento único de sus dos últimos siglos de historia. La creciente demanda internacional de alimentos por parte de los países del BRIC –especialmente, China e India- marca la tendencia de que el país seguirá su marcha ascendente en los próximos años. Se trata de una oportunidad excepcional, que brinda a los argentinos la posibilidad de dar un salto sustentable en la mejora de la situación social.
Una agenda de desarrollo social para la próxima década debe avanzar sobre diez ejes centrales. El primer punto, sin duda, es la pobreza estructural, que encuentra sus territorios más críticos especialmente en el NOA, el NEA y el conurbano bonaerense. En segundo lugar, se debe avanzar en políticas que combatan la informalidad y la precariedad laboral, que afecta a casi cuatro de cada diez argentinos. Tercero, las brechas de la desigualdad, que son particularmente profundas en los grandes centros urbanos.
Otro de los puntos clave de la agenda pasa por la inserción de los jóvenes de 16 a 24 años que ni estudian ni trabajan; y que, más allá de las cifras, se trata de un sector de la población que sufre no sólo la ausencia de oportunidades laborales y educativas sino también la falta de un horizonte que les permita proyectar sus vidas en el futuro. No sirven los programas aislados para resolver esta situación. Es un problema de mayorías que se resuelve con planes de gran escala, con una política en la estén involucrados todos los sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional.
Muchas veces, las situaciones de pobreza tienen que ver con la imposibilidad de acceder al capital. Por eso, en el caso de los pequeños emprendedores y los cuentapropistas, hay que repensar un sistema de crédito flexible y masivo, que permitan la renovación de las maquinarias y las herramientas con las que trabajan. El apoyo al cuentapropismo debe ser considerado un elemento clave, porque son los sectores que más posibilidades tienen de salir de la pobreza rápidamente y generan nuevas fuentes de trabajo en las propias comunidades. Un mecánico que logra acceder, a través de un crédito a tasas bajas, a una computadora que le permite atender a los motores a inyección no sólo mejorará la situación económica de su familia, sino que también empleará a un joven del barrio para que lo ayude a cubrir las nuevas demandas.
También queda claro, de acuerdo a los episodios de tomas de tierras recientes, que es necesario masificar el acceso al crédito a la vivienda para aquellos sectores que, aún trabajando, tienen ingresos insuficientes para lograr la financiación que requieren. Y, en el mismo sentido, el sexto punto radica en la extensión de los planes de infraestructura social y vivienda, que deben apuntar a la generación de espacios con mejor calidad de vida en los grandes centros urbanos, donde se conjugan problemas como el hacinamiento, la adicción, la violencia y la estigmatización de los jóvenes.
Por otra parte, hace falta avanzar en las estrategias de fortalecimiento de los niveles de atención primaria de la salud que eviten la sobrecarga en los hospitales. También hay que apuntar a la mejora de la calidad educativa, achicando las diferencias crecientes que se están observando entre ciertas escuelas privadas y las escuelas públicas. El noveno eje pasa por la descentralización de recursos a los gobiernos locales. Y, finalmente, por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, transfiriéndoles recursos para que puedan encarar sus propias acciones.

ETAPAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La escala de los problemas consignados requiere que el desarrollo social no pueda ser considerado sólo como un instrumento del Estado, sino que necesita del apoyo de todos los actores de la sociedad. Para ser realmente eficientes y tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de desarrollo local deben ser el resultado de la interacción entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Resulta fundamental contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos los actores, con sus diversos recursos y la diversidad de sus puntos de vista.
En la Argentina, la responsabilidad social empresaria ha evidenciado un gran crecimiento en los últimos años, con mayor presencia del actor privado en la perspectiva de la inclusión social. Haciendo un análisis de lo ocurrido en las últimas décadas, se pueden observar tres grandes etapas del desarrollo de la RSE en el país. La primera etapa se vivió hasta el 2001, donde no había una experiencia de intervención estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, acompañando el desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego del 2001, permite registrar que muchas empresas adoptan de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Es una etapa caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la emergencia y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina por esos años.
En la tercera etapa, que comienza hacia el 2007 y vivimos en este momento, las empresas comienzan a trabajar sobre la promoción; y, básicamente, se centran en el otorgamiento de becas, microcréditos y capacitación laboral. Es en este momento cuando este enfoque empieza a tener impacto, contribuyendo de manera significativa en trasformar la realidad. En este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE en la Argentina, que pasan por lograr sustentabilidad en las acciones encaradas; el apoyo a las organizaciones que tienen legitimidad; y la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay 80.000 organizaciones sociales, y uno de los desafíos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y capacitación, para empoderar y fortalecer la sociedad civil.

LOS PROGRAMAS DE BECAS
Con el impulso del BBVA Banco Francés, de forma reciente desarrollé una investigación sobre los diferentes programas de becas diseñados e implementados por el Sector Privado y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que permitió generar un diagnóstico y análisis situacional de los programas de becas escolares, terciarias y universitarias implementados en la Argentina.
La deserción escolar, registrada sobre todo en el nivel de enseñanza media, es resultado de varias cuestiones entre las que se encuentra la falta de ingresos de las familias para que sus hijos se sostengan en el sistema educativo. La beca, en la medida en que apunta a la transferencia de dinero, el acompañamiento a la escuela y el apoyo al alumno y su familia, es una de las acciones más concretas y efectivas para dar solución a este problema.
Dado que distintas empresas están crecientemente interesándose en la inversión social y cada vez más instituciones del ámbito privado invierten recursos en este tipo de iniciativas, se trata de un área de crecimiento que requiere ser estudiada y abordada desde distintos enfoques. Como señalamos, el sector privado ha ido modificando sus programas de RSE, evolucionando de la asistencia y la contención social hacia el apoyo del sistema educativo, sobre la idea de que es por esa dimensión, donde pasan los procesos de inclusión social reales para los próximos años.
Desde hace más de diez años, y sobre todo después de la crisis del 2001, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas han comenzado a buscar alternativas de articulación con la educación y específicamente con la escuela. No sólo por la preocupación y la necesidad de mano de obra calificada, sino además y, no menos importante, en la respuesta a una demanda generalizada de invertir en acciones educativas que tengan efectos a largo plazo.
Otro aspecto relevante a destacar es el sistema de tutorías que, con diferentes modalidades, desarrollan la mayoría de los programas estudiados. El rol del tutor o encargado de seguimiento aparece en todo el análisis realizado como el engranaje central y fundamental en toda la estructura de los programas. La tutoría se presenta como una estrategia de andamiaje para sostener, acompañar, orientar la escolaridad y promover la inclusión de los jóvenes, encontrando los mejores modos de tornar significativa la experiencia escolar. La función del tutor está ligada tanto a la calidad educativa como a las tareas de asistencia y contención; incentivando a los becados no sólo a continuar y finalizar sus estudios, sino a tener una visión de futuro, les inculca la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida.

EL APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
El Empresariado también puede ser motor del desarrollo si, por ejemplo, logra profundizar su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinarias obsoletas. En segundo lugar, y como consecuencia de la problemática anterior, existe también una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no le permite utilizar las herramientas y maquinarias actuales. Y en tercer lugar, el sector informal en la Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de cadenas de producción reales, “creándose” un circuito económico a nivel local y barrial. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual. Hay un núcleo importante de personas del sector informal de la economía vinculadas “al mundo” del trabajo pero a partir de la precariedad. Pueden destacarse en este sentido, oficios varios (pintores, albañiles, plomeros, herreros, etc.) como también pequeños emprendedores que realizan alguna actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). De todos modos, es un sector con dificultades para mantener una continuidad, previsión social, salud y condiciones regulares de trabajo.
Estos sectores, además de estas problemáticas, tienen otras que hacen al retraso tecnológico y a la vinculación con las cadenas productivas. De estas consideraciones se desprende que en Argentina hay un potencial de 4 millones de personas que están realizando actividades económicas y no son sujetos de crédito bancario. Esto ocurre porque no tienen patrimonio y por lo tanto garantía para desarrollar, fortalecer o relanzar sus actividades productivas. El sector privado, a través de acciones desarrolladas en el marco de la RSE, tiene un rol muy importante para vincularse con este sector y potenciarlo con estrategias de encadenamiento productivo, de asistencia técnica y capacitación.

CADENAS PRODUCTIVAS
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como instrumento para mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y social, y a su vez, realizar un acertado diagnóstico acerca de las características de la economía de la zona, los potenciales recursos materiales y humanos ociosos de la misma.
Así, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la asistencia técnica y la capacitación.
En cuanto al primer instrumento, es importante destacar que la desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en donde el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El segundo elemento a visualizar en relación a la RSE, es la posibilidad de otro tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y servicios para el sector privado. Esta articulación procura la consolidación de emprendimientos productivos en los aspectos relacionados con su producción, calidad y comercialización.
Un último aspecto relevante es la capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. Este aspecto tiene una estrecha vinculación con el fortalecimiento de la economía social y las iniciativas que surgen de ella misma. El objetivo es que el sector privado pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes emprendedores. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio, cuentan tal vez con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación, optimizando sus canales de producción y/o comercialización.
En definitiva, en nuestras sociedades en desarrollo, el concepto de responsabilidad social empresaria debe superar la neofilantropía y vincular cohesión social y producción. De esta forma propuestas como las de apoyar cadenas productivas de la economía social por parte del mundo empresarial debe ser priorizado con el objetivo de la inclusión social. El área de responsabilidad social empresaria debe ocupar un lugar central en las estrategias de concertación entre los actores, en donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad. El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.