Daniel Arroyo participará como expositor en el Seminario de Liderazgo para Becarios Porticus, que se llevará a cabo entre el martes 28 de febrero y el viernes 2 marzo, en la Mariápolis Ginetta, localizada en el municipio de Vargem Grande Paulista, de San Pablo (Brasil).
Arroyo brindará una charla sobre “Desarrollo Social”, que se realizará este martes 28 de febrero de 2012, y aportará su experiencia con las estrategias y practicas de las políticas públicas de desarrollo implementadas en la Argentina. En la mesa, estará acompañado por Patrus Ananias, ex-ministro do Desarrollo Social de Brasil.
En otros paneles, también expondrán Marina Silva, (ex ministra de Medio Ambiente y ex candidata a presidenta de Brasil por el Partido Verde); el especialista Bernardo Kliksberg; Ricardo Abramovay (del Departamento de Economía de la FEA-USP); Rubens Harry Born (Sociedad Brasilera Rio +20); y Ladislau Dowbor (economista, especialista en Desarrollo Local y profesor de la PUC-SP).
Bajo el lema “América Latina y el desarrollo que queremos”, el encuentro contará con la participación de becarios provenientes de distintos países de América Latina, estudiantes de maestrías, doctorados o especializaciones, quienes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos al servicios de las comunidades a las que retornan o se integran, ejerciendo roles de liderazgo al interior de las mismas.
El seminario cuenta con el respaldo de la Fundación Porticus, que es una de las organizaciones solidarias y de cooperación para el desarrollo de América Latina en distintos campos de la educación, del desarrollo sostenible y de la salud. La organización está a cargo de Asociación Civitas, una organización que tiene por finalidad la formación de jóvenes así como realización de proyectos, obras, congresos, seminarios y cursos en los ámbitos social, cultural y de ciudadanía a fin de contribuir en una sociedad fraterna y unida; y Editora Cidade Nova, es una institución que publica libros, revistas, entre otras publicaciones con temas de estimulación y actualidad, como política, economía, teología y espiritualidad, arte, medio ambiente, salud, educación, cultura, comunicación, etc.
martes, 28 de febrero de 2012
sábado, 25 de febrero de 2012
Seminario de Liderazgo en San Pablo
El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participará como expositor en el Seminario de Liderazgo para Becarios Porticus, que se llevará a cabo entre el martes 28 de febrero y el viernes 2 marzo, en la Mariápolis Ginetta, localizada en el municipio de Vargem Grande Paulista, de San Pablo (Brasil).
Bajo el lema “América Latina y el desarrollo que queremos”, el encuentro contará con la participación de becarios provenientes de distintos países de América Latina, estudiantes de maestrías, doctorados o especializaciones, quienes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos al servicios de las comunidades a las que retornan o se integran, ejerciendo roles de liderazgo al interior de las mismas.
Arroyo brindará una charla sobre “Desarrollo Social”, que se realizará el martes 28 de febrero de 2012, y aportará su experiencia con las estrategias y practicas de las políticas públicas de desarrollo implementadas en la Argentina. El seminario cuenta con el respaldo de la Fundación Porticus, que es una de las organizaciones solidarias y de cooperación para el desarrollo de América Latina en distintos campos de la educación, del desarrollo sostenible y de la salud. La organización está a cargo de Asociación Civitas, una organización que tiene por finalidad la formación de jóvenes así como realización de proyectos, obras, congresos, seminarios y cursos en los ámbitos social, cultural y de ciudadanía a fin de contribuir en una sociedad fraterna y unida; y Editora Cidade Nova, es una institución que publica libros, revistas, entre otras publicaciones con temas de estimulación y actualidad, como política, economía, teología y espiritualidad, arte, medio ambiente, salud, educación, cultura, comunicación, etc.
Bajo el lema “América Latina y el desarrollo que queremos”, el encuentro contará con la participación de becarios provenientes de distintos países de América Latina, estudiantes de maestrías, doctorados o especializaciones, quienes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos al servicios de las comunidades a las que retornan o se integran, ejerciendo roles de liderazgo al interior de las mismas.
Arroyo brindará una charla sobre “Desarrollo Social”, que se realizará el martes 28 de febrero de 2012, y aportará su experiencia con las estrategias y practicas de las políticas públicas de desarrollo implementadas en la Argentina. El seminario cuenta con el respaldo de la Fundación Porticus, que es una de las organizaciones solidarias y de cooperación para el desarrollo de América Latina en distintos campos de la educación, del desarrollo sostenible y de la salud. La organización está a cargo de Asociación Civitas, una organización que tiene por finalidad la formación de jóvenes así como realización de proyectos, obras, congresos, seminarios y cursos en los ámbitos social, cultural y de ciudadanía a fin de contribuir en una sociedad fraterna y unida; y Editora Cidade Nova, es una institución que publica libros, revistas, entre otras publicaciones con temas de estimulación y actualidad, como política, economía, teología y espiritualidad, arte, medio ambiente, salud, educación, cultura, comunicación, etc.
lunes, 20 de febrero de 2012
Inversión Social Privada en Proyectos Socio-productivos
(publicado en el sitio www.potenciar.org.ar, febrero de 2012)
* Por Daniel Arroyo
La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.
www.potenciar.org.ar
* Por Daniel Arroyo
La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.
www.potenciar.org.ar
Entrevista en el programa radial "Clase Ejecutiva"
El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, fue entrevistado el viernes 10 de febrero por el programa "Clase Ejecutiva", que se emite los viernes, de 17 a 19, por FM Radio Palermo 94.7.
Con la conducción de Ricardo Vannella, en el programa se debatió sobre el tema "El pueblo, ¿puede saber de qué se trata?" y las nuevas estrategias de gobierno electrónico. ¿Es viable su aplicación, desarrollo y profundización en el mundo?¿Existen mecanismos de control de la ciudadanía hacia nuestros gobernantes? ¿Es posible una democracia con mayor participación ciudadana a la del voto? ¿Cómo fomentar la transparencia de gestión, ya sea pública o privada? Gobierno y Organizaciones No Gubernamentales: ¿Cómo maximizar la potencialidad de este binomio?
¿Cómo es la relación entre Información y Sociedad? ¿Cuál es el rol que ocupan los educadores y formadores de opinión? Esas fueron algunas de las preguntas que estructuraron la charla.
Para escuchar la entrevista, puede hacer click aquí
Con la conducción de Ricardo Vannella, en el programa se debatió sobre el tema "El pueblo, ¿puede saber de qué se trata?" y las nuevas estrategias de gobierno electrónico. ¿Es viable su aplicación, desarrollo y profundización en el mundo?¿Existen mecanismos de control de la ciudadanía hacia nuestros gobernantes? ¿Es posible una democracia con mayor participación ciudadana a la del voto? ¿Cómo fomentar la transparencia de gestión, ya sea pública o privada? Gobierno y Organizaciones No Gubernamentales: ¿Cómo maximizar la potencialidad de este binomio?
¿Cómo es la relación entre Información y Sociedad? ¿Cuál es el rol que ocupan los educadores y formadores de opinión? Esas fueron algunas de las preguntas que estructuraron la charla.
Para escuchar la entrevista, puede hacer click aquí
martes, 14 de febrero de 2012
Los retos de la economía social
* Por Daniel Arroyo
Existen avances que se evidencian en la realidad cotidiana de la economía social solidaria. Si comparamos con la realidad de unos ocho años atrás, observamos que la economía social tiene visibilidad, tiene impacto, tiene financiamiento, ha tenido un proceso en donde algunos instrumentos tributarios la van favoreciendo, tiene mecanismos de comercialización y empieza a formar parte de cadenas productivas. Lejos de donde deberíamos llegar, pero con progresos significativos.
¿Qué falta hacer respecto del rol que desempeña el Estado? Podemos identificar cinco cuestiones sustantivas:
La primera es el costo del financiamiento para la gente que lleva adelante cooperativas, mutuales, pequeños emprendimientos y actividades productivas. En Argentina existen cuatro millones de personas que trabajan (gasistas, carpinteros, plomeros, etc.), que realizan actividades productivas y muchas veces por falta del acceso a un crédito o por distintos mecanismos, suelen tener complicaciones en su crecimiento y desarrollo. Pero también sucede que como necesitan el dinero muchas veces lo toman en lugares informales a tasas de interés del 90 por ciento anual, con los problemas financieros que esto les produce a los pequeños productores y emprendedores. La economía social funciona con financiamiento a tasas bajas y no con financiamiento para vivir pagando lo que se pidió como crédito. Aún estamos lejos de la escala de cuatro millones. Hoy se está llegando a doscientos mil personas con sistemas de créditos, microcréditos y distintas modalidades. Y cuando no se aceleran las políticas públicas en este sentido lo que hacen las personas que lo necesitan es buscar donde hay, o donde le dan, y eso son tasas usurarias brutales.
Entonces, el primer desafío es darle escala al financiamiento de la economía social. Si la Argentina creció durante los últimos diez años, si la economía va a crecer los próximos cinco ó seis años, tenemos que dar un salto de escala y un masivo recurso de financiamiento para avanzar en el desarrollo de toda la economía social. El reto es generar mecanismos de regulación y de control. Un avance que se debe dar entre todos, no sólo a nivel estatal, sino que son el Estado, la banca pública, la banca privada y las organizaciones sociales los tienen que actuar para llegar, con tasas subsidiadas, y fortalecer las capacidades productivas de la economía social. La idea no es endeudar a las personas, sino dar un salto de calidad productiva.
Un segundo desafío importante para todos, y siempre partiendo de la base que estamos un piso más arriba, es empezar a pensar mecanismos tributarios y mecanismos de reconocimiento de las actividades de la economía social y no solo a las personas. El tema del monotributo social es un avance importante, pero cinco personas que formaron una panadería tienen que tener un reconocimiento como tal: como un emprendimiento y no cada uno suelto como monotributista. Creo que ahí tenemos que dar un salto, que debemos avanzar, sobre todo porque teniendo ya el monotributo social como un primer paso, cómo avanzamos para generar mecanismos diferenciados para las actividades de la economía social. El reconocimiento de las empresas recuperadas es un progreso significativo en muchos casos, los saltos que se van dando, la cierta capacidad de generar instancias asociativas también, pero es claro que necesitamos que la economía social en la Argentina tenga un mecanismo tributario diferenciado que lo acompañe en el proceso de inclusión productiva sustantiva. Creo que para que esto suceda en la Argentina -y que es uno de los elementos que empezaría a ayudar a achicar los niveles de desigualdad, para generar mecanismos estructurales de cambio en lo normativo y en lo impositivo-, se requiere de mucho consenso social y mucha participación de todos los que forman parte de la economía social.
El tercer desafío que tenemos todos, y que representa desde mi punto de vista el más importante de la economía social en los próximos años tiene que ver con cómo empezar a generar mecanismos para que todas sus actividades den un salto en la escala del mercado, fortalezcan instancias de comercialización más allá de lo que estamos haciendo y que el Estado ayude, a través del compre local, a dar una escala sostenida a las actividades de la economía social. Deberíamos intentar que el Estado obtenga, al utilizar su capacidad de compra, un importante rol a la hora de empezar a dar un salto y a acompañar. Es complejo, hay municipios que lo hacen, hay experiencias como el tema de los guardapolvos. Es necesario fortalecer escalas de producción de la economía social, que en este esquema de crecimiento económico nadie venda sus cosas de la manera que puede, sino dar un salto de calidad. Y en esa escala de la posibilidad de venta, el Estado tiene un rol importante porque está claro que es el gran comprador de bienes y de servicios hoy en la Argentina.
No se reduce la pobreza en Argentina si no capitalizamos masivamente a estas cuatro millones de personas. Y la capitalización no sólo tiene que ver con los créditos, sino con generar instancias de comercialización masivas.
Recordemos que lo importante en la economía social no es sólo que haya gente que le vaya mejor produciendo y vendiendo, ni es solamente generar redes comunitarias. Masificar instancias de capitalización mejora las condiciones sociales, reduce niveles de pobreza y aumenta los niveles de inclusión en Argentina. Creo que ahí hay un desafío central.
Un cuarto reto para fortalecer la economía social y el rol del Estado en este desarrollo tiene que ver con poder generar instancias de transferencia de recursos rápido y en tiempo real. El problema hoy no es que no haya fuentes de financiamiento, sino que entre que alguien presente un proyecto y efectivamente lo ponga en marcha se tarde mucho tiempo. En las distintas escalas, un cuarto problema grave que tenemos es que habiendo recursos, no los transferimos en tiempo real. Una manera de hacer esto es descentralizar recursos sobre las organizaciones sociales y sobre los municipios. Otro tema decisivo es evaluar rápido. Lo que tenemos que hacer es que el que está cerca, el municipio, la organización social, tenga los recursos para que los pueda implementar. Y se está avanzando en esto. La Comisión de Microcréditos está generando instancias para descentralizar, pero hay que acelerar rápidamente ese proceso porque este contexto –el crecimiento económico- da grandes chances para el desarrollo de la economía social. Y eso se fortalece transfiriendo recursos en tiempo real.
El último desafío tiene que ver con distinguir las actividades productivas en tres niveles distintos de actividades de la economía social, especialmente en los que tienen que ver con emprendimientos pequeños y medianos y empezar a generar políticas específicas. Un municipio apunta al tema turístico, metal mecánico y tal o cual actividad, e inicia actividades productivas. Eso se vincula con lo estratégico del lugar. Cualquier territorio, cualquier municipio apunta claramente a lograr ciertos objetivos. Lo que tiene, entonces, es la capacidad de inducir, de generar y de promover actividades productivas que podemos llamar estratégicas.
Hoy existe una gran oportunidad en la Argentina. Estamos mejor, pero con enormes retos por delante. Una manera de orientarlos es acelerar, dar escala y dar un salto en calidad. Creo que en los próximos cinco años será necesario ahondar profundamente los alcances de la economía social, dar un gran salto en escalas, tener un mejor financiamiento y subsidios de tasa para evitar que la gente la siga tomando al 90 por ciento anual. Tenemos que generar mecanismos rápidos y que no sean ocho meses para transferir 15 mil pesos para alguien que va a montar su pequeño emprendimiento productivo; tenemos que destrabar el esquema impositivo y generar condiciones para fortalecer cadenas de producción.
Existen avances que se evidencian en la realidad cotidiana de la economía social solidaria. Si comparamos con la realidad de unos ocho años atrás, observamos que la economía social tiene visibilidad, tiene impacto, tiene financiamiento, ha tenido un proceso en donde algunos instrumentos tributarios la van favoreciendo, tiene mecanismos de comercialización y empieza a formar parte de cadenas productivas. Lejos de donde deberíamos llegar, pero con progresos significativos.
¿Qué falta hacer respecto del rol que desempeña el Estado? Podemos identificar cinco cuestiones sustantivas:
La primera es el costo del financiamiento para la gente que lleva adelante cooperativas, mutuales, pequeños emprendimientos y actividades productivas. En Argentina existen cuatro millones de personas que trabajan (gasistas, carpinteros, plomeros, etc.), que realizan actividades productivas y muchas veces por falta del acceso a un crédito o por distintos mecanismos, suelen tener complicaciones en su crecimiento y desarrollo. Pero también sucede que como necesitan el dinero muchas veces lo toman en lugares informales a tasas de interés del 90 por ciento anual, con los problemas financieros que esto les produce a los pequeños productores y emprendedores. La economía social funciona con financiamiento a tasas bajas y no con financiamiento para vivir pagando lo que se pidió como crédito. Aún estamos lejos de la escala de cuatro millones. Hoy se está llegando a doscientos mil personas con sistemas de créditos, microcréditos y distintas modalidades. Y cuando no se aceleran las políticas públicas en este sentido lo que hacen las personas que lo necesitan es buscar donde hay, o donde le dan, y eso son tasas usurarias brutales.
Entonces, el primer desafío es darle escala al financiamiento de la economía social. Si la Argentina creció durante los últimos diez años, si la economía va a crecer los próximos cinco ó seis años, tenemos que dar un salto de escala y un masivo recurso de financiamiento para avanzar en el desarrollo de toda la economía social. El reto es generar mecanismos de regulación y de control. Un avance que se debe dar entre todos, no sólo a nivel estatal, sino que son el Estado, la banca pública, la banca privada y las organizaciones sociales los tienen que actuar para llegar, con tasas subsidiadas, y fortalecer las capacidades productivas de la economía social. La idea no es endeudar a las personas, sino dar un salto de calidad productiva.
Un segundo desafío importante para todos, y siempre partiendo de la base que estamos un piso más arriba, es empezar a pensar mecanismos tributarios y mecanismos de reconocimiento de las actividades de la economía social y no solo a las personas. El tema del monotributo social es un avance importante, pero cinco personas que formaron una panadería tienen que tener un reconocimiento como tal: como un emprendimiento y no cada uno suelto como monotributista. Creo que ahí tenemos que dar un salto, que debemos avanzar, sobre todo porque teniendo ya el monotributo social como un primer paso, cómo avanzamos para generar mecanismos diferenciados para las actividades de la economía social. El reconocimiento de las empresas recuperadas es un progreso significativo en muchos casos, los saltos que se van dando, la cierta capacidad de generar instancias asociativas también, pero es claro que necesitamos que la economía social en la Argentina tenga un mecanismo tributario diferenciado que lo acompañe en el proceso de inclusión productiva sustantiva. Creo que para que esto suceda en la Argentina -y que es uno de los elementos que empezaría a ayudar a achicar los niveles de desigualdad, para generar mecanismos estructurales de cambio en lo normativo y en lo impositivo-, se requiere de mucho consenso social y mucha participación de todos los que forman parte de la economía social.
El tercer desafío que tenemos todos, y que representa desde mi punto de vista el más importante de la economía social en los próximos años tiene que ver con cómo empezar a generar mecanismos para que todas sus actividades den un salto en la escala del mercado, fortalezcan instancias de comercialización más allá de lo que estamos haciendo y que el Estado ayude, a través del compre local, a dar una escala sostenida a las actividades de la economía social. Deberíamos intentar que el Estado obtenga, al utilizar su capacidad de compra, un importante rol a la hora de empezar a dar un salto y a acompañar. Es complejo, hay municipios que lo hacen, hay experiencias como el tema de los guardapolvos. Es necesario fortalecer escalas de producción de la economía social, que en este esquema de crecimiento económico nadie venda sus cosas de la manera que puede, sino dar un salto de calidad. Y en esa escala de la posibilidad de venta, el Estado tiene un rol importante porque está claro que es el gran comprador de bienes y de servicios hoy en la Argentina.
No se reduce la pobreza en Argentina si no capitalizamos masivamente a estas cuatro millones de personas. Y la capitalización no sólo tiene que ver con los créditos, sino con generar instancias de comercialización masivas.
Recordemos que lo importante en la economía social no es sólo que haya gente que le vaya mejor produciendo y vendiendo, ni es solamente generar redes comunitarias. Masificar instancias de capitalización mejora las condiciones sociales, reduce niveles de pobreza y aumenta los niveles de inclusión en Argentina. Creo que ahí hay un desafío central.
Un cuarto reto para fortalecer la economía social y el rol del Estado en este desarrollo tiene que ver con poder generar instancias de transferencia de recursos rápido y en tiempo real. El problema hoy no es que no haya fuentes de financiamiento, sino que entre que alguien presente un proyecto y efectivamente lo ponga en marcha se tarde mucho tiempo. En las distintas escalas, un cuarto problema grave que tenemos es que habiendo recursos, no los transferimos en tiempo real. Una manera de hacer esto es descentralizar recursos sobre las organizaciones sociales y sobre los municipios. Otro tema decisivo es evaluar rápido. Lo que tenemos que hacer es que el que está cerca, el municipio, la organización social, tenga los recursos para que los pueda implementar. Y se está avanzando en esto. La Comisión de Microcréditos está generando instancias para descentralizar, pero hay que acelerar rápidamente ese proceso porque este contexto –el crecimiento económico- da grandes chances para el desarrollo de la economía social. Y eso se fortalece transfiriendo recursos en tiempo real.
El último desafío tiene que ver con distinguir las actividades productivas en tres niveles distintos de actividades de la economía social, especialmente en los que tienen que ver con emprendimientos pequeños y medianos y empezar a generar políticas específicas. Un municipio apunta al tema turístico, metal mecánico y tal o cual actividad, e inicia actividades productivas. Eso se vincula con lo estratégico del lugar. Cualquier territorio, cualquier municipio apunta claramente a lograr ciertos objetivos. Lo que tiene, entonces, es la capacidad de inducir, de generar y de promover actividades productivas que podemos llamar estratégicas.
Hoy existe una gran oportunidad en la Argentina. Estamos mejor, pero con enormes retos por delante. Una manera de orientarlos es acelerar, dar escala y dar un salto en calidad. Creo que en los próximos cinco años será necesario ahondar profundamente los alcances de la economía social, dar un gran salto en escalas, tener un mejor financiamiento y subsidios de tasa para evitar que la gente la siga tomando al 90 por ciento anual. Tenemos que generar mecanismos rápidos y que no sean ocho meses para transferir 15 mil pesos para alguien que va a montar su pequeño emprendimiento productivo; tenemos que destrabar el esquema impositivo y generar condiciones para fortalecer cadenas de producción.
viernes, 10 de febrero de 2012
Anticipo del nuevo libro de Daniel Arroyo
Las cuatro Argentinas será publicado próximamente. Aquí, el prólogo del nuevo libro de Daniel Arroyo.
Nuestro país ha tenido una década de crecimiento económico con tasas cercanas al ocho por ciento anual. Esta situación casi no tiene registro en la historia argentina y nos da la posibilidad de ver a este tiempo como una década ganada, una década en donde el crecimiento económico generó mejoras en las condiciones de vida de los argentinos.
Si durante toda la década del ochenta la Argentina no logró generar crecimiento económico y, si la crisis de 2001 nos encontró con 57 por ciento de pobreza, 28 por ciento de desocupación y 60 por ciento de informalidad laboral, es posible decir que los últimos años iniciaron un proceso de mejoras en términos de inclusión social.
Sin embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma manera. Esta mirada general sobre las mejoras sociales debe complementarse con un análisis más fino acerca de qué ha pasado en los últimos años, cómo cambió la sociedad, qué nuevos conflictos y tensiones se presentan y, principalmente, analizar cuánto repercutió este cambio en los diferentes sectores o clases sociales.
En ese punto es dónde va el objetivo principal de este libro, en no quedarse en el análisis general, sino ahondar en cómo estos procesos fueron modificando la situación social y dieron lugar al surgimiento de nuevas clases sociales con características distintas a las de hace una década.
Los diversos capítulos que aquí se presentan surgen de diferentes artículos académicos publicados, conferencias que he desarrollado en los últimos dos años y notas de opinión en medios periodísticos que dan cuenta del debate sobre cómo mejorar la situación social.
Este libro busca darle continuidad a una obra editada por La Crujía en el año 2009 denominada Políticas sociales. Ideas para un debate necesario en la que se ponía como eje central el debate acerca de qué políticas de reducción de pobreza tenía que encarar nuestro país.
Las cuatro Argentinas parte de la idea de que estamos frente a una nueva estructura social, a otras formas de movilización y organización y, principalmente que nuestro país no tiene una sociedad sino, al menos, cuatro realidades diferentes.
Los modos de vida de los sectores de pobreza estructural, sus redes de relación, sus demandas y sus formas de organización y vínculo con el Estado tienen poco que ver con la dinámica cotidiana que tiene la clase media en Argentina, cuya característica principal es que tener trabajo formal, estar representada en la discusión salarial, contar con obra social y tener, en este contexto, un horizonte de futuro que le permite planificar y proyectar sus consumos.
Diferente a ambas realidades es la que viven los cuentapropistas o aquellos que tienen trabajo informal. Han logrado mejorar su situación en los últimos años pero lo que predomina en sus vidas cotidianas es la precariedad, las dificultades para poder planificar a futuro. Se trata de un sector claramente vulnerable, que indudablemente está mejor que hace una década, pero que no logra dar el salto a la formalización laboral.
Se podría decir que, frente al mundo del trabajo, nuestro país es una sociedad de diferentes velocidades, con unos que trabajan con determinadas condiciones (recibo de sueldo, obra social, jubilación, representación sindical, etc.) y otros que se generan sus ingresos sin tener esas condiciones o que directamente se encuentran en situación de extrema necesidad.
También se diferencia de las otras tres, la realidad de la clase alta en nuestro país. No sólo porque tiene mayores niveles de consumo y de ingreso, sino también porque ha desarrollado una gran capacidad para concentrar capital y diversificar sus fuentes de acumulación económica.
El lector podrá ver en Las cuatro Argentinas cómo nuestro país no es uno sólo, cómo los diferentes sectores sociales (pobreza estructural, sectores vulnerables, clase media y clase alta) tienen dinámicas, modos de vida, relacionamientos con el Estado e intereses diferentes y, en algunos casos, contrapuestos.
Esa idea central recorre todo el libro, tanto cuando se plantea en el capítulo inicial la caracterización de estas cuatro realidades sociales, como cuando se avanza en la descripción del sistema de partidos en Argentina, las formas de organización social, las políticas de inclusión económica y los sistemas de protección social en América Latina.
Pero este libro no intenta quedarse sólo en la descripción, no tiene el objetivo de caracterizar cómo se vive en Argentina, intenta dar un paso más. Aquí se plantean, con la intención de abrir el debate, ideas y caminos con el objetivo de lograr terminar esta década con una sociedad sin pobreza ni exclusión.
La década que viene debería ser la que nos permita generar condiciones sociales y productivas para lograr una sociedad integrada.
Este libro tiene esa finalidad: ayudar a generar condiciones para que, en este contexto económico favorable, logremos dar vuelta definitivamente la situación social. Para que no tengamos “cuatro Argentinas” sino una.
Para que generemos las condiciones para dar oportunidades a nuestros hijos y consolidemos un proceso de movilidad social ascendente que nos permita a todos poder construir nuestro propio futuro.
Nuestro país ha tenido una década de crecimiento económico con tasas cercanas al ocho por ciento anual. Esta situación casi no tiene registro en la historia argentina y nos da la posibilidad de ver a este tiempo como una década ganada, una década en donde el crecimiento económico generó mejoras en las condiciones de vida de los argentinos.
Si durante toda la década del ochenta la Argentina no logró generar crecimiento económico y, si la crisis de 2001 nos encontró con 57 por ciento de pobreza, 28 por ciento de desocupación y 60 por ciento de informalidad laboral, es posible decir que los últimos años iniciaron un proceso de mejoras en términos de inclusión social.
Sin embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma manera. Esta mirada general sobre las mejoras sociales debe complementarse con un análisis más fino acerca de qué ha pasado en los últimos años, cómo cambió la sociedad, qué nuevos conflictos y tensiones se presentan y, principalmente, analizar cuánto repercutió este cambio en los diferentes sectores o clases sociales.
En ese punto es dónde va el objetivo principal de este libro, en no quedarse en el análisis general, sino ahondar en cómo estos procesos fueron modificando la situación social y dieron lugar al surgimiento de nuevas clases sociales con características distintas a las de hace una década.
Los diversos capítulos que aquí se presentan surgen de diferentes artículos académicos publicados, conferencias que he desarrollado en los últimos dos años y notas de opinión en medios periodísticos que dan cuenta del debate sobre cómo mejorar la situación social.
Este libro busca darle continuidad a una obra editada por La Crujía en el año 2009 denominada Políticas sociales. Ideas para un debate necesario en la que se ponía como eje central el debate acerca de qué políticas de reducción de pobreza tenía que encarar nuestro país.
Las cuatro Argentinas parte de la idea de que estamos frente a una nueva estructura social, a otras formas de movilización y organización y, principalmente que nuestro país no tiene una sociedad sino, al menos, cuatro realidades diferentes.
Los modos de vida de los sectores de pobreza estructural, sus redes de relación, sus demandas y sus formas de organización y vínculo con el Estado tienen poco que ver con la dinámica cotidiana que tiene la clase media en Argentina, cuya característica principal es que tener trabajo formal, estar representada en la discusión salarial, contar con obra social y tener, en este contexto, un horizonte de futuro que le permite planificar y proyectar sus consumos.
Diferente a ambas realidades es la que viven los cuentapropistas o aquellos que tienen trabajo informal. Han logrado mejorar su situación en los últimos años pero lo que predomina en sus vidas cotidianas es la precariedad, las dificultades para poder planificar a futuro. Se trata de un sector claramente vulnerable, que indudablemente está mejor que hace una década, pero que no logra dar el salto a la formalización laboral.
Se podría decir que, frente al mundo del trabajo, nuestro país es una sociedad de diferentes velocidades, con unos que trabajan con determinadas condiciones (recibo de sueldo, obra social, jubilación, representación sindical, etc.) y otros que se generan sus ingresos sin tener esas condiciones o que directamente se encuentran en situación de extrema necesidad.
También se diferencia de las otras tres, la realidad de la clase alta en nuestro país. No sólo porque tiene mayores niveles de consumo y de ingreso, sino también porque ha desarrollado una gran capacidad para concentrar capital y diversificar sus fuentes de acumulación económica.
El lector podrá ver en Las cuatro Argentinas cómo nuestro país no es uno sólo, cómo los diferentes sectores sociales (pobreza estructural, sectores vulnerables, clase media y clase alta) tienen dinámicas, modos de vida, relacionamientos con el Estado e intereses diferentes y, en algunos casos, contrapuestos.
Esa idea central recorre todo el libro, tanto cuando se plantea en el capítulo inicial la caracterización de estas cuatro realidades sociales, como cuando se avanza en la descripción del sistema de partidos en Argentina, las formas de organización social, las políticas de inclusión económica y los sistemas de protección social en América Latina.
Pero este libro no intenta quedarse sólo en la descripción, no tiene el objetivo de caracterizar cómo se vive en Argentina, intenta dar un paso más. Aquí se plantean, con la intención de abrir el debate, ideas y caminos con el objetivo de lograr terminar esta década con una sociedad sin pobreza ni exclusión.
La década que viene debería ser la que nos permita generar condiciones sociales y productivas para lograr una sociedad integrada.
Este libro tiene esa finalidad: ayudar a generar condiciones para que, en este contexto económico favorable, logremos dar vuelta definitivamente la situación social. Para que no tengamos “cuatro Argentinas” sino una.
Para que generemos las condiciones para dar oportunidades a nuestros hijos y consolidemos un proceso de movilidad social ascendente que nos permita a todos poder construir nuestro propio futuro.
martes, 7 de febrero de 2012
El rol del microcrédito
* Por Daniel Arroyo
El microcrédito es sustancial para una política social de tipo inclusiva, ya que permite promover iniciativas productivas en favor del empleo y de la mejora de los ingresos de las familias.
Entendemos el microcrédito como un préstamo de pequeño monto que puede otorgarse directamente a personas o a través de grupos, sin constituir una hipoteca o una prenda, ni requerir ningún tipo de garantía real. Además, se destina al desarrollo de microemprendimientos productivos asociativos de autoconsumo, comerciales o de servicios, mientras que su devolución se realiza en plazos cortos y medianos, y la cuota está relacionada con la capacidad de pago. Podemos concluir, entonces, que es un instrumento de suma relevancia para la lucha contra la pobreza.
Ahora bien, debe comprenderse a este tipo de financiamiento como una forma de inclusión social pero también como una estrategia de inserción en el mercado. Para ello, el préstamo debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y materias primas para que la producción pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes (inclusive el del mismo microcrédito).
Por otro lado, es necesario que el mercado sea irrigado por nuevos microcréditos y suscite un aumento de demanda tan amplio que sea probable que todos se beneficien con alguna parte de este proceso. De allí que el crédito tiene que estar insertado en la promoción de la economía local, inclusive si es posible en conexión con otras localidades o regiones. Esto permite identificar el perfil de las comunidades existentes y su relación con sus actividades productivas.
Otro aspecto relevante de la utilización social del microcrédito es que los niveles de incumplimiento del préstamo popular, cómo se mencionó al comienzo de este capítulo, son muy pequeños, lo que exige que: a) los proyectos financiados tengan sustentabilidad, b) la amortización de los préstamos se ajuste al flujo de ingresos generados por los proyectos, y c) existan mecanismos de asistencia técnica y capacitación para reducir los costos, mejorar la gestión y tener penetración en los mercados.
En este sentido, también es importante considerar qué es estratégico para el territorio y que eso sea decidido en forma colectiva, con la participación de todos los actores que lo componen.
De esta manera, la relevancia de políticas de microcrédito con impacto social implica, a la vez, proximidad entre los financiadores y los ejecutores de los proyectos: sean cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de fondos rotativos, consorcios populares de ahorro y cualquier otro tipo de asociaciones. En consecuencia, una de las condiciones de éxito de un sistema de microcrédito es la cogestión del mismo en el nivel local por agencias de bancos públicos especializados y entidades comunitarias de finanzas. Esto debe estar asociado también a diferentes mecanismos de garantía de transparencia y contralor de la asignación del financiamiento.
En suma, una política de microcrédito que promueva la inclusión social requiere una nueva estructura institucional conformada por una red comunitaria de finanzas solidarias, una importante presencia en las comunidades que más lo requieran y se encuentren capacitadas para captar el ahorro. Además, planes de desarrollo, formulados y aprobados por las comunidades que deben ejecutarlos, y bancas solidarias del gobierno federal, provincial y municipal, especializadas en microcrédito para suplir fondos de financiación de inversiones de mayor monto.
En todos los casos, el microcrédito debe disminuir los riesgos de interrupciones en los flujos de dinero y evitar que provengan de una única fuente de recursos. Por otro lado, debe realizar directamente o dar soporte a las actividades de acompañamiento a los servicios financieros propiamente dichos, ya sean de capacitación, facilitación de información y conexión con otros actores del territorio, como el caso de universidades u organizaciones de la sociedad civil.
Entendemos el microcrédito como un préstamo de pequeño monto que puede otorgarse directamente a personas o a través de grupos, sin constituir una hipoteca o una prenda, ni requerir ningún tipo de garantía real. Además, se destina al desarrollo de microemprendimientos productivos asociativos de autoconsumo, comerciales o de servicios, mientras que su devolución se realiza en plazos cortos y medianos, y la cuota está relacionada con la capacidad de pago. Podemos concluir, entonces, que es un instrumento de suma relevancia para la lucha contra la pobreza.
Ahora bien, debe comprenderse a este tipo de financiamiento como una forma de inclusión social pero también como una estrategia de inserción en el mercado. Para ello, el préstamo debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y materias primas para que la producción pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes (inclusive el del mismo microcrédito).
Por otro lado, es necesario que el mercado sea irrigado por nuevos microcréditos y suscite un aumento de demanda tan amplio que sea probable que todos se beneficien con alguna parte de este proceso. De allí que el crédito tiene que estar insertado en la promoción de la economía local, inclusive si es posible en conexión con otras localidades o regiones. Esto permite identificar el perfil de las comunidades existentes y su relación con sus actividades productivas.
Otro aspecto relevante de la utilización social del microcrédito es que los niveles de incumplimiento del préstamo popular, cómo se mencionó al comienzo de este capítulo, son muy pequeños, lo que exige que: a) los proyectos financiados tengan sustentabilidad, b) la amortización de los préstamos se ajuste al flujo de ingresos generados por los proyectos, y c) existan mecanismos de asistencia técnica y capacitación para reducir los costos, mejorar la gestión y tener penetración en los mercados.
En este sentido, también es importante considerar qué es estratégico para el territorio y que eso sea decidido en forma colectiva, con la participación de todos los actores que lo componen.
De esta manera, la relevancia de políticas de microcrédito con impacto social implica, a la vez, proximidad entre los financiadores y los ejecutores de los proyectos: sean cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de fondos rotativos, consorcios populares de ahorro y cualquier otro tipo de asociaciones. En consecuencia, una de las condiciones de éxito de un sistema de microcrédito es la cogestión del mismo en el nivel local por agencias de bancos públicos especializados y entidades comunitarias de finanzas. Esto debe estar asociado también a diferentes mecanismos de garantía de transparencia y contralor de la asignación del financiamiento.
En suma, una política de microcrédito que promueva la inclusión social requiere una nueva estructura institucional conformada por una red comunitaria de finanzas solidarias, una importante presencia en las comunidades que más lo requieran y se encuentren capacitadas para captar el ahorro. Además, planes de desarrollo, formulados y aprobados por las comunidades que deben ejecutarlos, y bancas solidarias del gobierno federal, provincial y municipal, especializadas en microcrédito para suplir fondos de financiación de inversiones de mayor monto.
En todos los casos, el microcrédito debe disminuir los riesgos de interrupciones en los flujos de dinero y evitar que provengan de una única fuente de recursos. Por otro lado, debe realizar directamente o dar soporte a las actividades de acompañamiento a los servicios financieros propiamente dichos, ya sean de capacitación, facilitación de información y conexión con otros actores del territorio, como el caso de universidades u organizaciones de la sociedad civil.
jueves, 2 de febrero de 2012
Hacia una tipología de las organizaciones de la sociedad civil
Por Daniel Arroyo
Si antes la interacción Estado-Sociedad civil se daba con preeminencia del primero por sobre la segunda, aglutinando las demandas homogéneas y generales (como por ejemplo los sindicatos), la nueva vinculación lo hace a partir de organizaciones con demandas muy puntuales (como por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales).
Además de la consideración de las estructuras sindicales, se puede partir de la base de que las “nuevas” formas de organización se establecen a partir de dos dimensiones: en primer lugar, la movilización en torno a reclamos vinculados a la realidad social y en segundo lugar, la organización en función de reclamos o demandas que derivan del ámbito territorial hasta la defensa de temas específicos.
Así, pueden caracterizarse distintos tipos de organizaciones surgidas de la sociedad civil:
• Organización Territorial
• Organización Temática
• Organizaciones de Apoyo u ONG’S
• Movimientos piqueteros
• Movimientos “Flash”
• Movimientos reivindicativos de derechos
• Movimientos de calidad de vida
La constitución de modos de protesta distintos como piqueteros o movimientos de desocupados marca una manera de hacer público el conflicto social y de mostrar la realidad de los sectores postergados. En muchos casos, su forma de protesta es percibida (mediatizada) por gran parte de los sectores urbanos como incompatible con sus propios intereses. Si bien su estrategia se dispone en base a organizaciones de tipo horizontal y con débiles lazos burocráticos, la mayoría de los casos se relacionan con el Estado Nacional o Provincial.
En los últimos años, el movimiento piquetero ha perdido su hegemonía como principal actor de la protesta social. Esto puede entenderse, en parte, porque muchos movimientos se han reconvertido productivamente en su base en cooperativas de vivienda u otros tipos de organizaciones vinculadas a la economía social. Otros se han integrando a los gobiernos, gestionando políticas o agencias públicas como por ejemplo: la Federación de Tierra y Vivienda FTV, Barrios de pie, Libres del Sur, Movimiento Evita, etc.
Las organizaciones de base tienen como objetivo prioritario la resolución de problemas de orden local; pueden visualizarse en espacios territoriales, donde predominan diferentes estratos sociales pero en todos los casos el objetivo es lograr mejoras en cada localidad. Estas organizaciones tienen un entramado de relaciones muy cotidiano con el gobierno municipal y generalmente aparecen bajo la denominación de uniones o juntas vecinales. Muchas de estas instituciones están formadas por ex militantes políticos que no siempre logran marcar diferencias claras entre el espacio de lo gubernamental y el social.
Las organizaciones de apoyo (que generalmente son las consideradas como ONG´s) son instituciones voluntarias formadas principalmente por profesionales que tienen por objetivo prestar apoyo económico, asistencia técnica o capacitación a otras instituciones o a la comunidad. En los últimos años, estas actividades han sido acompañadas por el Estado y se puede hablar en muchos casos de co-gestión.
Esto es así porque las entidades responden más a una lógica institucional general que a un problema territorial. El ejemplo más extendido en la Argentina es el de Cáritas, una institución que tiene una importante presencia territorial en cada parroquia pero el objetivo final es el de reducir los niveles de pobreza e indigencia, a través de la participación activa en las políticas sociales.
Otro tipo de acción colectiva, muy característica de la actualidad son los denominados movimientos flash de corta duración y en muchos casos monotemáticos: falta de pavimento, polución contaminante, falta de espacios verdes o seguridad. En general, estas acciones parten de iniciativas puntuales y específicas. En muchos casos su organización es débil y se desestructura con el paso del tiempo. Por ejemplo, si en una manzana los vecinos se ponen de acuerdo en que se necesita la instalación de un semáforo, posiblemente todos se movilicen para lograrlo, buscando tener presencia de los medios de comunicación. Si finalmente el gobierno atiende la demanda, el movimiento se desarma instantáneamente. Si en un primer momento, estos movimientos pueden surgir como “flash”, en otra instancia pueden “reinventarse” hacia organizaciones de mayor perdurabilidad con objetivos y motivos de subsistencia más elaborados que en un principio, y llegar a conformarse como movimientos reivindicativos. Tal es el caso de los movimientos en contra de la inseguridad o de diferentes personas que luchan contra crímenes impunes, que han creado organizaciones no gubernamentales o fundaciones.
Los movimientos de calidad de vida se vinculan a cuestiones que están fuera de la obtención de “bienes económicos”. Así, por ejemplo, los movimientos ecologistas y de consumidores son un ejemplo de dicho ámbito. En cuanto al primer movimiento, se observa una revalorización de la temática como así también una jerarquización en la agenda pública. Por otra parte, tiene mayor capacidad de articular con otras protestas ambientales de diverso tipo en capacidad de comunicación, y con organizaciones de nivel nacional, provincial y nacional: asambleas de Gualeguaychú, minas de Concordia, Colón, Esquel, Catamarca y protestas rurales ante el avance masivo de la plantación de soja.
La temática ambiental se transforma día a día en una preocupación creciente, fundamentalmente los efectos globales del consumo, sobre todo de las sociedad es desarrolladas, pero que afecta principalmente a los países subdesarrollados (cambio climático, inundaciones, contaminación ambiental).
En cuanto a los movimientos vinculados a los consumidores, después de la fiebre privatista de los ´90 se observa una recuperación del rol activo del Estado, sumado a un nuevo tratamiento en la relación por parte del gobierno y las empresas de servicios públicos. Esto se observa en las protestas de diferentes vecinos y organizaciones ante los cortes de luz (principalmente en verano), de gas y agua.
La identificación de los sectores mencionados manifiestan una tendencia a la fragmentación de las organizaciones de la sociedad civil (ésta es una dificultad histórica) y en el contexto actual se pone de relieve, generalmente, en el tipo de propuestas diferenciadas con distintos métodos y, en muchas casos, con objetivos que no son confluyentes.
Las organizaciones de la sociedad civil han crecido significativamente en número (se calcula que existen 70.000 en nuestro país), como así también con cierta presencia en los medios de comunicación y en la opinión pública. Estos ámbitos podrían considerarse espacios de recuperación de la acción política, aunque se caracterizan por su diversidad y la canalización de demandas por fuera de los canales tradicionales y la emergencia de nuevos temas vinculados a la vida cotidiana y al ámbito local.
El crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país se entiende, en parte, por su acción colectiva agregadora de intereses y también por la conformación de una subjetividad que busca superar la resignación de muchos sectores que “no tienen voz”. Por ello, es de suma importancia buscar la participación como pilar de un desarrollo consensuado y sustentable.
En definitiva, fortalecer los ámbitos de concertación en donde participa la sociedad civil permite la cohesión social y el desarrollo de la producción y, en particular, el desarrollo de actividades económicas con alto impacto socioeconómico como las cadenas productivas. Asimismo, es de suma importancia aprovechar el potencial en términos del capital social de la sociedad civil e incorporarlos a una dinámica que establezca una sinergia con el capital económico. Simplemente, se plantea valorar la actitud proactiva de los beneficiarios en su dimensión económica, sin descartar el valioso componente social intrínseco en las actividades que recuperan una estrategia laboral y asociativa.
Debe modificarse también, las distancias entre la economía informal y la formal, generando las mediaciones y articulaciones para que ella se achique. En este sentido, los ámbitos de concertación pueden integrar también a actores que generan gran cantidad de mano de obra como el sector privado. Por ello, la sociedad civil debe ocupar un lugar importante en las estrategias de concertación entre los actores, donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad.
(Para un desarrollo más extenso de estos temas, ver Políticas sociales. Ideas para un debate necesario, Daniel Arroyo, La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2009)
miércoles, 1 de febrero de 2012
Arroyo entrevistado en Radio LU5AM600 de Neuquén
El Lic. Daniel Arroyo fue entrevistado ayer en el programa Realidad Económica, que conduce el Luciano Fernández, por Radio LU5AM600 de Neuquén, sobre Responsabilidad Social Empresaria.
miércoles, 25 de enero de 2012
El Desarrollo Local y las Políticas Sociales
La situación social sumada a la potencialidad que ofrece la macroeconomía en la actualidad, plantean un gran desafío para los municipios en nuestro país y los convierte en un actor de suma relevancia para la solución de problemáticas vinculadas a la recomposición productiva, el empleo y la distribución de los ingresos.
En particular, es de suma importancia desarrollar estrategias de políticas sociales en donde el nivel local tenga un rol relevante. De esta manera, el debate debe orientarse hacia la definición de qué puede hacer el municipio y cómo mejorar la gestión municipal, no sólo a partir de la articulación de las políticas sociales con los otros niveles-provincial y nacional- sino también con otros actores como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
En los apartados siguientes se desarrollan estos interrogantes con miras a pensar un proyecto nacional que aborde la perspectiva del Desarrollo Local con crecimiento económico e inclusión social.
Acerca del concepto de Desarrollo Local
El Desarrollo Local no dispone de un cuerpo teórico homogéneo. Por el contrario, existen diversas perspectivas que tienen diferentes implicancias en su forma de ver lo local.
En los primeros años de la década del `90, predominó una visión del Desarrollo Local asociada al crecimiento económico, planteándose básicamente cómo hacer crecer la economía. El proyecto insistía en la necesidad en primer término del crecimiento de la economía y después en las mejoras de las instancias locales, en los instrumentos de intervención y en la distribución de los ingresos. Esta noción de desarrollo como crecimiento económico fue predominante en la década del ’90 no sólo en América Latina sino a nivel mundial, siendo la concepción preponderante aún hoy en las Ciencias Sociales. (Arroyo, 2003)
El principio de desarrollo como crecimiento económico exógeno llevó al intento de incrementar la competitividad en las ciudades, incorporando en la agenda local la necesidad de encarar distintas medidas para ser “atractivos” a las inversiones. Dichas medidas, de variadas características que van desde la mejora de la infraestructura, el arreglo integral de la ciudad hasta exenciones impositivas, son entendidas como un aspecto central de la gestión local.
Esta visión funcionó en algunas localidades efectivamente bien ya que pudieron visualizarse parques industriales, inversiones y cambios en la estructura urbana. Sin embargo, esta situación no generó inclusión social ni aumento del empleo significativo. También se observaron municipios que crearon una importante infraestructura pero sin las inversiones planificadas. En los casos de los parques industriales de la década del ’90, y tratándose de inversiones exógenas, el perfil fue de actividades extractivas. No obstante, esta concepción de desarrollo local suponía que en una primera etapa se priorizaba el desarrollo económico y las inversiones, para luego - en una segunda etapa- observar las consecuencias sociales (“derrame”) de ese crecimiento económico a través del aumento del empleo y la mejora de los ingresos de la población.
Empero, las políticas sociales activas eran poco relevantes en este esquema; lo principal era la creación de las condiciones para “el interés” de las inversiones.
A mediados de la década del ’90 la noción de desarrollo local se orienta hacia una visión emparentada con la Ciencia Política, en donde se incorpora la idea del desarrollo local como calidad institucional. (Arroyo, 2003)
Al observarse el poco impacto demostrado en términos de inversiones exógenas que implicaría un desarrollo económico, el epicentro de la atención se centra entonces en las variables de tipo institucionales. Agrega a la necesidad de la llegada de inversiones, la importancia de una aceitada relación entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo local, instancias de concertación democráticas, participación de la sociedad civil y ciudadana en el control y la gestión, transparencia, reglas de juego claras, etc.
De todas formas, este enfoque puso mucho énfasis en el aspecto político institucional y dejó lo económico en un segundo plano. La posibilidad de generar consensos, abrir la participación, generar redes de participación y articulación, sería un primer paso hacia la discusión acerca del perfil productivo local.
Estas certidumbres tuvieron varios problemas, pero en particular, la consecuencia fue la exclusión social. La prioridad dada a las variables de tipo institucionales a través de la necesidad prioritaria de la generación de consenso y transparencia deja en un segundo plano la problemática de la pobreza, la desigualdad y la marginación social. El desarrollo local fue entendido como un acuerdo básico de consensos, centrándose la tensión en la contraposición entre el autoritarismo, el verticalismo y la corrupción opuestos a la gestión consensuada, participativa, eficiente y transparente.
Asimismo, esta teoría se asoció a una noción que cobra fuerza a mediados de los ’90: la democracia local. El diagnóstico proyectaba una idea acerca de que la calidad institucional y a la verdadera participación ciudadana podría, enfrentar la crisis de representación y “la desafección” de la gente con la política.
Avanzada la mitad de la década del ’90, principalmente en los años 1997, 1998 y 1999, aparece una tercera idea que vincula el desarrollo local al planeamiento estratégico. Esta visión intenta pensar integralmente la ciudad en términos políticos, sociales, económico-productivos y culturales. A partir de allí el objetivo es delinear estrategias de mediano y largo plazo.
Lo novedoso aquí es que el plan estratégico se vincula al planeamiento territorial y el desarrollo local tiene como requisito previo el diseño participativo de dicho plan. Ahora bien, en varias ocasiones se liga esta estrategia a la mirada anteriormente descripta a través de la participación de la Democracia Local, promoviendo talleres de participación, juntas vecinales, sociedades de fomento e inclusión de todos los actores de la localidad. El planeamiento estratégico participativo, a diferencia de los otros dos, tuvo un fuerte componente social, no en términos de la distribución del ingreso; sino con relación a la participación y la pluralidad ciudadana.
Este modelo de plan estratégico en Argentina se encontró con 3 problemas básicos a medida que fue avanzando. El primero es de tipo metodológico. Se constituyó como una técnica demasiado compleja para las necesidades de Argentina. Plantear 8 meses de diagnóstico y 4 meses de diseño es bastante razonable en un país que tiene las variables económicas estabilizadas y la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo. Por el contrario, en un país como el nuestro, donde la situación es crítica, es muy difícil pensar “los próximos 20 años.
En consecuencia, si bien se permitió un debate acerca de la apertura del desarrollo local en Argentina, no se obtuvieron resultados concretos y sólo unas pocas ciudades han logrado asociar su plan estratégico a líneas de acción puntuales: Rafaela (Santa Fe) o Maipú (Mendoza), por ejemplo.
El segundo problema surgido en relación al plan estratégico es la falta de recursos para la planificación. La diferencia entre el diagnóstico y las acciones concretas ejecutadas era muy importante y generalmente provocaba frustración. Por lo tanto, se realizaba el plan estratégico con grandes lineamientos pero la realidad compleja no permitía ir más allá de los gastos corrientes.
El tercer inconveniente es el problema del liderazgo: la teoría del plan estratégico español, sostiene la necesidad de la articulación concertada entre todos los actores sociales. Esta situación ideal se contrapone con la realidad argentina, donde la mayoría de los liderazgos se personalizaron y ante el primer cambio o problema se fueron diluyendo. No hubo una verdadera institucionalización del plan estratégico que piense “más allá” de las personas.
Entre los años 2000 y 2001 surge un pensamiento sobre el desarrollo local entendido como una articulación de lo público y lo privado. La idea es poner en marcha la producción y el modelo institucional, articulando el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Este planteo se asocia a instancias de consenso para definir proyectos productivos, apoyar a los productores, a los pequeños emprendedores y a las microempresas. Esta perspectiva permitió un interesante aumento exponencial de las agencias de Desarrollo Local, llegando a un total de 42 hacia el año 2000. Sin embargo, las dificultades de financiamiento impactaron en estas instituciones disminuyendo su cantidad a 16 agencias hacia 2001, muchas de las cuales tuvieron serias dificultades para sostenerse, porque muy pocos actores las identificaban como estratégicas y por lo tanto de difícil financiamiento.
De todas maneras, en términos generales este enfoque no priorizó la problemática de la inclusión social, ya que no significó una mejora en los ingresos de la gente ni tampoco un desarrollo de tipo endógeno.
En suma, todas estas teorías no pudieron constituirse como sobresalientes en el Desarrollo Local. Hoy, en consecuencia, existe una crisis del concepto de desarrollo local ya que no persiste un paradigma hegemónico. Por lo tanto, predominan todas las visiones de manera superpuesta e intercambiada.
El Desarrollo Local y los efectos de la crisis.
A partir de la crisis (especialmente en el año 2001 y 2002) se evidenció una situación donde muchas de las experiencias que habían sido exitosas por alguna razón (por la existencia de un plan estratégico, por su calidad institucional o porque desarrollaron una buena agencia de desarrollo local), se interrumpieron o entraron en crisis.
Estas experiencias (en cualquiera de los paradigmas anteriores) se disolvieron porque la mayoría de los municipios tuvo que atender la problemática de la emergencia alimentaria, aún con la existencia de un plan de tipo estratégico.
Otros municipios fueron afectados directamente en su perfil de desarrollo que habían realizado en otros tiempos al calor del modelo sustitutivo y el rol interventor del Estado. Las localidades en crisis se dividieron en dos tipos: los territorios que tuvieron un perfil de crisis abrupta y aquellos que sufrieron un perfil de crisis paulatina.
Las de crisis abrupta son aquellas localidades en donde, el motor del desarrollo se paralizó en un momento, por el efecto de las reformas económicas neoliberales: Cutralcó, en Neuquén; Tartagal, en Salta; San Nicolás con Acindar y Palpalá en Jujuy con los Altos de Hornos Zapla. Otros municipios que se habían desarrollado en base al ferrocarril, al cerrar este se quedaron sin ninguna fuente de desarrollo. Aquí se presenta un problema central a resolver que es la (re)definición del perfil del municipio a partir de metodologías simples, concretas y el consenso de los principales actores involucrados. En este sentido es prioritario desarrollar políticas sociales con estrategias socioproductivas.
Los municipios que padecieron crisis paulatinas no retienen en su memoria colectiva el día en que se paralizó la producción porque cerró la fábrica más importante del lugar o dejó de funcionar el ferrocarril o YPF dejó de extraer petróleo, sino que se sigue realizando la misma actividad de siempre, pero ahora con menor producción y empleo.
En gran medida, se puede decir que este es el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, cuyo perfil sigue siendo el mismo (agrícola-ganadero), no hay un cambio significativo en el perfil, pero cada vez se observa más exclusión social.
El otro aspecto relevante para la problemática de los municipios es su escala adecuada para el desarrollo Local. En localidades entre 50.000 habitantes y 200.000 habitantes, la propia comunidad puede construir su propio perfil y apuntar hacia potenciar el desarrollo. Por ello en general, cuando se enuncian casos de experiencias de gestión exitosas en Argentina no se encuentran municipios de 1 millón de habitantes ni tampoco de 2.000 habitantes. En este caso, muchas de las variables no dependen del gobierno local sino propiamente de una articulación o la constitución de una microregión.
De igual manera, los municipios grandes (áreas metropolitanas) deben tener varios perfiles, teniendo en cuenta por ejemplo que La Matanza tiene 1 millón y medio de habitantes. Y lo mismo ocurre con localidades Rosario o Córdoba donde lo importante es pensar como articular tres o cuatro perfiles productivos de desarrollo.
En consecuencia, los municipios que no logran definir un “motor de desarrollo” o perfil (más allá de su tipo de crisis y tamaño), difícilmente puedan encarar un programa de desarrollo local. En tal sentido, es vital la intervención del Estado Nacional y su vinculación con sus otros niveles y políticas sociales inclusivas que reconstituyan el tejido productivo a partir del crecimiento económico y la inclusión social.
El Desarrollo Local y las políticas sociales inclusivas
En la actualidad no hay paradigma hegemónico sobre el Desarrollo Local, de todas formas la relación entre el Estado nacional y el Desarrollo Local permite establecer estrategias diferenciadas: las que creen que es posible dejar “la mano invisible” al desarrollo de los municipios y los que piensan que el Estado Nacional debe regular la relación de gestión entre los niveles provinciales y municipales.
Desde esta última perspectiva un Desarrollo Local inclusivo puede entenderse como la capacidad de llevar adelante un proyecto que considera las potencialidades territoriales, (sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales) de manera sustentable. Por ello, significa pensar desde abajo teniendo en cuenta qué recursos se manejan y cuáles no; y así -en función de los actores y potencialidades existentes- promover actividades socioproductivas.
Asimismo, el objetivo es concebir una convergencia entre Desarrollo Local y políticas sociales a partir de una dinámica territorial propia, actuando en forma coordinada desde el terreno geográfico, delimitado por una lógica que les resulta inherente. Esto implica también transformar la estructura territorial en favor de actividades que generen valor agregado y procesos económicos que articulen regiones y formen cadenas y corredores productivos sólidos en las localidades. En suma, desarrollar una noción de políticas sociales inclusivas.
En este sentido el eje productivo es de suma importancia, ya que con un circuito económico positivo hay probabilidades de empleo y mejora en los ingresos de la población. Es así que resulta relevante tener en cuenta la macroeconomía del país y el perfil productivo nacional, para entonces determinar cuáles son las actividades productivas que hay que fomentar en el lugar.
Esto se asocia al eje del empleo y la distribución de los ingresos. Es necesario buscar soluciones a la problemática de los desocupados y subocupados, así como a todos los actores que se encuentran en la economía informal y que trabajan con reglas totalmente distintas a las de la economía formal. Esto se relaciona con el concepto de inclusión pensado como una estrategia que involucra a todos los sectores en condiciones de vulnerabilidad social. Por otro lado, se debe articular con el sector privado, ya que no se debe pensar la economía informal y la economía formal como circuitos separados.
La historia argentina en este terreno es la de un país configurado por una economía formal amplia y una economía informal que siempre finalizaba en la formalidad. Hoy la situación es diferente, semejante a la de varios países latinoamericanos en donde se torna importante la dualidad economía formal-informal. Entonces, es clave en el Desarrollo Local trabajar con los dos modelos económicos, generando cadenas de valor dentro de la economía formal, desarrollando circuitos, intercambios y también la articulación con la economía informal. (Cravacuore, 2002)
Es importante poder definir también con claridad lo estratégico. Entender este concepto significa en términos de un plazo aproximado de dos o tres años establecer líneas de acción muy concretas y articuladas. Las líneas estratégicas deben reflejarse en acciones de trabajo muy específicas: fortalecer una actividad económica de la localidad con alto impacto en el empleo o desarrollar un lineamiento que involucre a varios actores tanto públicos y privados, promoviendo valor agregado e impulsando un desarrollo endógeno.
Es impensable abordar las políticas sociales desde lo local sin la existencia de actores que vehiculicen las acciones. En la práctica esto implica definir: qué hace la municipalidad, qué le pedimos a la sociedad de fomento, qué le solicitamos a los colegios profesionales, cuál es la tarea de las cooperativas y las empresas en los próximos dos o tres años. Para realizar esta estrategia, la opción es rescatar, fortalecer y apoyar espacios locales de concertación preexistentes, asegurando de esta manera no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local y al mismo tiempo no interferir en las formas participativas con las que se encuentran familiarizados los actores locales y la sociedad civil.
Efectivamente, se trata de un permanente y masivo proceso de toma de decisiones de los actores locales a través de una matriz decisional que promueve el establecimiento de redes horizontales de coordinación. Estas redes requieren de una articulación que les otorgue sentido y dirección. Así, se trata de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales.
Lo planteado hasta aquí se enmarca en una discusión conceptual en la Argentina, ya que ante la crisis del paradigma de la focalización de las políticas sociales, se plantea lo siguiente: ¿cuál es la que debe regir en la actualidad?, ¿qué metodología debe utilizar y con qué actores se deben proyectar acciones masivas que reduzcan los problemas de exclusión y marginalización social?
El Plan Manos a la Obra: una política social con eje en el Desarrollo Local y la Economía Social
La situación social actual es de alta complejidad, según los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la evolución de la desocupación y subocupación luego de la crisis (en donde llegó al techo de 24,1 % y 18,6 % en el 2° trimestre de 2002) alcanza en la actualidad un 11,1 % y 13 % respectivamente.
Asimismo, en cuanto a los indicadores de la pobreza se puede observar una sustancial mejoría, luego del pico alcanzado en octubre de 2002, llegando hoy a 38,5%. A partir del segundo semestre de 2003 y como consecuencia del crecimiento de la economía, del empleo y de la recomposición salarial, los índices de indigencia disminuyeron un 100 %, desde 2002 hasta un 13,6 %. Sin embargo, estos indicadores continúan siendo altos, hoy 13.200.000 argentinos se encuentran en situación de pobreza .
Por lo tanto la política social debe priorizar los ingresos de las familias a partir de compatibilizar crecimiento con inclusión social, consolidando actividades económicas viables y relacionadas con el contexto de cada localidad.
Lo relevante aquí es crear redes o polos de producción y desarrollar proyectos que articulan la actividad económica de distintos emprendimientos productivos, favoreciendo procesos de dependencia mutua entre los eslabones de integración y cooperación entre productores; sea por ramas afines, con otros sectores productivos, con las instituciones y organizaciones de diferente índole.
En este marco, la economía social que supone expresiones asociativas que no se limitan a sectores populares, debe tener una lógica de integración en lo laboral, lo económico, lo educacional y lo social, desde las dimensiones legales, crediticias, de tributación, de nuevas formas de asociatividad, y desde lo sociocultural para permitir desplegar todas sus potencialidades. (Lineamientos de Políticas Sociales, 2004)
Por ello, el Plan Manos a la Obra tiene por objeto la detección de necesidades y demandas, la formulación de propuestas viables y la implementación de proyectos productivos. En particular el Plan desarrolla tres componentes principales:
• El apoyo económico y financiero, se trata entonces de otorgar financiamiento a proyectos productivos sustentables desde la perspectiva del Desarrollo Local quedando las actividades productivas sujetas a las características de cada localidad. Asimismo, los proyectos productivos que se desarrollen en el marco del Plan, serán seleccionados teniendo en cuenta la potencialidad de cooperación y asociación entre distintos sectores sociales y económicos.
De esta manera, el Estado nacional involucra en su acción a una gran variedad de experiencias asociativas que comprenden a emprendimientos productivos de la economía social unipersonales, familiares, de autoconsumo y los asociativos comerciales. En los últimos años se han constituido todas estas iniciativas se han conformado como respuesta frente a la exclusión del mercado de trabajo de vastos sectores sociales.
La inclusión social a través de financiamiento incluye también a las cadenas productivas como impulso de una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas, con el objetivo de un proyecto de desarrollo endógeno. Por otro lado, varios pequeños productores y unidades económicas necesitan de inversiones para mejorar su capacidad de producción como así también una planificación sistematizada que mejore las posibilidades de sustentabilidad de los emprendimientos.
Por último, el Plan otorga la asistencia financiera de Fondos Solidarios para asistir con micro y pequeños préstamos a emprendimientos productivos. Así, se generan condiciones favorables para la producción de bienes y servicios revitalizando las unidades económicas asociativas, familiares o unipersonales en las distintas localidades. Los Fondos Solidarios para el Desarrollo establecen prioridades de intervención en situaciones o contextos locales o regionales definidos como críticos a partir del análisis de la evolución de indicadores tales como: tasas de desocupación, niveles de población con necesidades básicas insatisfechas, entre otros.
• El Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo central promover la concertación y la participación de todos los actores sociales y productivos en el territorio. En esta dirección, el Plan Nacional Manos a la Obra plantea un conjunto de acciones particulares destinadas a promover el desarrollo de espacios de encuentro, debate e intercambio. De esta manera busca favorecer la realización de acuerdos intersectoriales que se constituyan en los cimientos de los Planes de Desarrollo Local, así como también en el marco institucional en el cual se implementan las políticas sociales. Por ejemplo, en la actualidad los Consejos Consultivos representan una alternativa válida, debido al consenso que ha generado gestionar políticas sociales de modo eficaz y transparente. Si bien estos ámbitos deben perfeccionarse y consolidarse, permiten democratizar la discusión, la ejecución, el control y el monitoreo de la intervención social.
• La Asistencia técnica y capacitación están destinadas a los emprendedores beneficiarios que deben superar un gran número de dificultades para que deriven en beneficios económicos, sociales y comunitarios. Por estar marginados del mercado de crédito formal, cuentan con escasas oportunidades para recibir algún tipo de formación que potencie su propia capacidad emprendedora. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio cuentan tal vez con bienes o insumos pero necesitan mejorar su situación optimizando sus canales de producción y/o comercialización. El Plan Manos a la Obra prevé brindar acompañamiento integral y asistencia a todos los sectores mencionados para que puedan generar un impacto positivo sobre el proceso productivo.
El impacto del Plan Manos a la Obra
Hasta el momento el Plan ha tenido una serie resultados que permiten proyectar escenarios inclusivos en el futuro. En primer lugar, el mismo ha experimentado en términos de actividades productivas: masividad. No es un programa “suelto” y pequeño sino que es sostenido y masivo con transferencia de recursos para aquellos que están fuera del sector financiero formal y que tienen capacidades productivas asociativas o no asociativas. Por ello, en los primeros dos años de gestión se han llegado a financiar a 54.274 unidades productivas en el ámbito urbano y rural con un total de 510.975 pequeños productores beneficiados, con una inversión de $ 300.000.000.
En segundo lugar, el impacto territorial, ya que es un Plan aplicado en todo el país y no focalizado, llegando a 949 municipios chicos, intermedios y grandes de distintas características. Esta definición significa superar la centralidad del Estado nacional en el diseño de políticas sociales y pasar a un modelo de intervención que introduzca las especificidades propias de cada provincia y municipio.
En tercer lugar, es significativo haber logrado la participación del sector privado. La incorporación del empresariado al Plan Manos a la Obra significa la puesta en práctica de instancias de gestión pública-privada en el marco de las políticas sociales a partir de la Responsabilidad Social Empresaria. En este marco, se crea el Consejo Empresario, cuyo objetivo principal es que los emprendimientos financiados por el Plan Manos a la Obra sean adoptados por las empresas como proveedores permanentes de bienes o servicios, que se inserten en cadenas productivas o que conformen microregiones.
En cuarto lugar, la preeminencia de proyectos preexistentes (55 %), es decir proyectos que se encontraban en marcha antes de ingresar al Plan. De esta manera se fortalece la posibilidad de sustentabilidad de los empleos y de las actividades productivas, generando a la vez inclusión social.
Cabe destacar también la existencia de un número importante de proyectos estratégicos (10 %), entendidos como una convergencia del Desarrollo Local y la Economía Social, que buscan la inclusión a través de la reconstrucción del tejido social y productivo.
En quinto lugar, el Plan está produciendo un paulatino proceso de descentralización de la intervención. Establecer un modelo de estas características significa básicamente transferir fondos dándole mayor protagonismo a la sociedad civil no sólo en el control sino también en la gestión de las políticas sociales. En este sentido se han constituido 14 unidades de evaluación provinciales en diferentes lugares de nuestro país cuyo objetivo fue favorecer la intervención descentralizada del Plan, dejando gradualmente la lógica de “microproyecto” para pasar a una lógica de “fondos estratégicos”.
Asimismo, se priorizó un mayor protagonismo de la sociedad civil a través del fortalecimiento de los espacios asociativos, de manera de promover modelos de gestión que se familiaricen con los actores locales y la sociedad civil. En este marco se dictaron 300 talleres con un total de 42.000 integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos.
Sin duda esta situación no implica ahorrar esfuerzos en la lucha contra las causas de la pobreza y la exclusión, por el contrario, expresa que a partir del impacto producido por el Plan se deben priorizar iniciativas que originan mayor valor agregado y empleo genuino.
A modo de conclusión
Teniendo en cuenta los aspectos destacados hasta el momento, las políticas sociales de tipo inclusivas deben entenderse como una conjunción entre el Desarrollo Local y la economía social, a partir de la generación de un proyecto de desarrollo sustentable en el que se aprovechen las diferentes capacidades.
El Estado debe relacionarse con la idea de crecimiento económico con impacto social, es decir que las actividades que impulsan el crecimiento de la localidad sean acompañadas por medidas que posibiliten una distribución del ingreso en términos de equidad.
Es importante profundizar el proceso de relevamiento y detección de los nudos críticos de las formas productivas, a partir del desarrollo de análisis de factibilidad técnica, económica y social y de sus múltiples relaciones de intercambio con la economía formal e informal. Para esta actividad sería muy importante profundizar diferentes estrategias de vinculación con organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, cooperativas, mutuales y las universidades locales, con el objetivo de optimizar la sustentabilidad de las políticas sociales y articular con un proyecto de desarrollo nacional.
En particular, las acciones del Estado deben procurar, además de una eficiente asignación del financiamiento a través de la descentralización de la gestión, profundizar acciones relacionadas con capacitación. Esto implica el desarrollo de diferentes tipos de eventos y la consolidación de una estructura “de formación de formadores” que permitan articular acciones en los componentes sociales, productivos y comerciales.
En este sentido, el rol del municipio es central como actor articulador y promotor de las políticas sociales, no sólo para la constitución de diagnósticos sino también para la ejecución de políticas públicas que fortalezcan y construyan un determinado perfil local.
Esto se asocia a un elemento central que es dar prioridad al encadenamiento productivo como estrategia de política social, en particular, con la identificación de 6 sectores productivos que parecen tener viabilidad para la producción de la economía social: la cadena turística (cría de ganado, siembra de verduras y frutas, gastronomía, hotelería pequeña, etc.), la producción de madera y muebles, la producción textil (cría y faena del animal, aprovechamiento de la piel ,etc.), la producción de agroalimentos (siembra e industrialización de los alimentos), las cadenas metalmecánicas (especialmente en los grandes centros urbanos) y las producciones no tradicionales que pueden representar una alternativa al perfil de la localidad.
La profundización de estas tendencias permitirá no sólo consolidar las numerosas iniciativas desarrolladas hasta el momento, sino también la generación de gran cantidad de mano de obra que procura una actividad para desarrollar a través de su inserción en el mercado laboral actual.
En consecuencia, la política social se asocia al trabajo, a la producción y al financiamiento de proyectos que surgen del desarrollo local en conjunción con la economía social.
Hasta el momento las políticas sociales y en particular el Plan Nacional Manos a la Obra en Argentina han desarrollado una infraestructura institucional y masiva de apoyo a los emprendimientos productivos de todo el país, llegando a diferentes localidades de la Argentina. A partir de aquí, el desafío es dar un salto en calidad de la producción y fortalecer eslabonamientos productivos, explorando nuevas vías y mecanismos de comercialización, a partir de la consolidación y generación de espacios de legitimidad, de representación y de consenso. Esto es que los diferentes sectores generen espacios asociativos y tengan reconocimiento por la comunidad y continuidad en el tiempo.
De cualquier manera, el debate acerca de la problemática de las políticas sociales no debe abordar sólo la perspectiva socioproductiva (que es de suma importancia para el desarrollo local) sino también es importante abrir una agenda con nuevos temas relacionados con la cuestión social: la importancia del seguro de desempleo, la pertinencia de la universalización de los programas de ingreso, el rol del crédito y del microcrédito para los sectores empobrecidos y su forma de financiamiento.
De esta manera, todos los sectores tomarán como legítimo el espacio y se permitirá avanzar hacia la inclusión social.
En particular, es de suma importancia desarrollar estrategias de políticas sociales en donde el nivel local tenga un rol relevante. De esta manera, el debate debe orientarse hacia la definición de qué puede hacer el municipio y cómo mejorar la gestión municipal, no sólo a partir de la articulación de las políticas sociales con los otros niveles-provincial y nacional- sino también con otros actores como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.
En los apartados siguientes se desarrollan estos interrogantes con miras a pensar un proyecto nacional que aborde la perspectiva del Desarrollo Local con crecimiento económico e inclusión social.
Acerca del concepto de Desarrollo Local
El Desarrollo Local no dispone de un cuerpo teórico homogéneo. Por el contrario, existen diversas perspectivas que tienen diferentes implicancias en su forma de ver lo local.
En los primeros años de la década del `90, predominó una visión del Desarrollo Local asociada al crecimiento económico, planteándose básicamente cómo hacer crecer la economía. El proyecto insistía en la necesidad en primer término del crecimiento de la economía y después en las mejoras de las instancias locales, en los instrumentos de intervención y en la distribución de los ingresos. Esta noción de desarrollo como crecimiento económico fue predominante en la década del ’90 no sólo en América Latina sino a nivel mundial, siendo la concepción preponderante aún hoy en las Ciencias Sociales. (Arroyo, 2003)
El principio de desarrollo como crecimiento económico exógeno llevó al intento de incrementar la competitividad en las ciudades, incorporando en la agenda local la necesidad de encarar distintas medidas para ser “atractivos” a las inversiones. Dichas medidas, de variadas características que van desde la mejora de la infraestructura, el arreglo integral de la ciudad hasta exenciones impositivas, son entendidas como un aspecto central de la gestión local.
Esta visión funcionó en algunas localidades efectivamente bien ya que pudieron visualizarse parques industriales, inversiones y cambios en la estructura urbana. Sin embargo, esta situación no generó inclusión social ni aumento del empleo significativo. También se observaron municipios que crearon una importante infraestructura pero sin las inversiones planificadas. En los casos de los parques industriales de la década del ’90, y tratándose de inversiones exógenas, el perfil fue de actividades extractivas. No obstante, esta concepción de desarrollo local suponía que en una primera etapa se priorizaba el desarrollo económico y las inversiones, para luego - en una segunda etapa- observar las consecuencias sociales (“derrame”) de ese crecimiento económico a través del aumento del empleo y la mejora de los ingresos de la población.
Empero, las políticas sociales activas eran poco relevantes en este esquema; lo principal era la creación de las condiciones para “el interés” de las inversiones.
A mediados de la década del ’90 la noción de desarrollo local se orienta hacia una visión emparentada con la Ciencia Política, en donde se incorpora la idea del desarrollo local como calidad institucional. (Arroyo, 2003)
Al observarse el poco impacto demostrado en términos de inversiones exógenas que implicaría un desarrollo económico, el epicentro de la atención se centra entonces en las variables de tipo institucionales. Agrega a la necesidad de la llegada de inversiones, la importancia de una aceitada relación entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo local, instancias de concertación democráticas, participación de la sociedad civil y ciudadana en el control y la gestión, transparencia, reglas de juego claras, etc.
De todas formas, este enfoque puso mucho énfasis en el aspecto político institucional y dejó lo económico en un segundo plano. La posibilidad de generar consensos, abrir la participación, generar redes de participación y articulación, sería un primer paso hacia la discusión acerca del perfil productivo local.
Estas certidumbres tuvieron varios problemas, pero en particular, la consecuencia fue la exclusión social. La prioridad dada a las variables de tipo institucionales a través de la necesidad prioritaria de la generación de consenso y transparencia deja en un segundo plano la problemática de la pobreza, la desigualdad y la marginación social. El desarrollo local fue entendido como un acuerdo básico de consensos, centrándose la tensión en la contraposición entre el autoritarismo, el verticalismo y la corrupción opuestos a la gestión consensuada, participativa, eficiente y transparente.
Asimismo, esta teoría se asoció a una noción que cobra fuerza a mediados de los ’90: la democracia local. El diagnóstico proyectaba una idea acerca de que la calidad institucional y a la verdadera participación ciudadana podría, enfrentar la crisis de representación y “la desafección” de la gente con la política.
Avanzada la mitad de la década del ’90, principalmente en los años 1997, 1998 y 1999, aparece una tercera idea que vincula el desarrollo local al planeamiento estratégico. Esta visión intenta pensar integralmente la ciudad en términos políticos, sociales, económico-productivos y culturales. A partir de allí el objetivo es delinear estrategias de mediano y largo plazo.
Lo novedoso aquí es que el plan estratégico se vincula al planeamiento territorial y el desarrollo local tiene como requisito previo el diseño participativo de dicho plan. Ahora bien, en varias ocasiones se liga esta estrategia a la mirada anteriormente descripta a través de la participación de la Democracia Local, promoviendo talleres de participación, juntas vecinales, sociedades de fomento e inclusión de todos los actores de la localidad. El planeamiento estratégico participativo, a diferencia de los otros dos, tuvo un fuerte componente social, no en términos de la distribución del ingreso; sino con relación a la participación y la pluralidad ciudadana.
Este modelo de plan estratégico en Argentina se encontró con 3 problemas básicos a medida que fue avanzando. El primero es de tipo metodológico. Se constituyó como una técnica demasiado compleja para las necesidades de Argentina. Plantear 8 meses de diagnóstico y 4 meses de diseño es bastante razonable en un país que tiene las variables económicas estabilizadas y la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo. Por el contrario, en un país como el nuestro, donde la situación es crítica, es muy difícil pensar “los próximos 20 años.
En consecuencia, si bien se permitió un debate acerca de la apertura del desarrollo local en Argentina, no se obtuvieron resultados concretos y sólo unas pocas ciudades han logrado asociar su plan estratégico a líneas de acción puntuales: Rafaela (Santa Fe) o Maipú (Mendoza), por ejemplo.
El segundo problema surgido en relación al plan estratégico es la falta de recursos para la planificación. La diferencia entre el diagnóstico y las acciones concretas ejecutadas era muy importante y generalmente provocaba frustración. Por lo tanto, se realizaba el plan estratégico con grandes lineamientos pero la realidad compleja no permitía ir más allá de los gastos corrientes.
El tercer inconveniente es el problema del liderazgo: la teoría del plan estratégico español, sostiene la necesidad de la articulación concertada entre todos los actores sociales. Esta situación ideal se contrapone con la realidad argentina, donde la mayoría de los liderazgos se personalizaron y ante el primer cambio o problema se fueron diluyendo. No hubo una verdadera institucionalización del plan estratégico que piense “más allá” de las personas.
Entre los años 2000 y 2001 surge un pensamiento sobre el desarrollo local entendido como una articulación de lo público y lo privado. La idea es poner en marcha la producción y el modelo institucional, articulando el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Este planteo se asocia a instancias de consenso para definir proyectos productivos, apoyar a los productores, a los pequeños emprendedores y a las microempresas. Esta perspectiva permitió un interesante aumento exponencial de las agencias de Desarrollo Local, llegando a un total de 42 hacia el año 2000. Sin embargo, las dificultades de financiamiento impactaron en estas instituciones disminuyendo su cantidad a 16 agencias hacia 2001, muchas de las cuales tuvieron serias dificultades para sostenerse, porque muy pocos actores las identificaban como estratégicas y por lo tanto de difícil financiamiento.
De todas maneras, en términos generales este enfoque no priorizó la problemática de la inclusión social, ya que no significó una mejora en los ingresos de la gente ni tampoco un desarrollo de tipo endógeno.
En suma, todas estas teorías no pudieron constituirse como sobresalientes en el Desarrollo Local. Hoy, en consecuencia, existe una crisis del concepto de desarrollo local ya que no persiste un paradigma hegemónico. Por lo tanto, predominan todas las visiones de manera superpuesta e intercambiada.
El Desarrollo Local y los efectos de la crisis.
A partir de la crisis (especialmente en el año 2001 y 2002) se evidenció una situación donde muchas de las experiencias que habían sido exitosas por alguna razón (por la existencia de un plan estratégico, por su calidad institucional o porque desarrollaron una buena agencia de desarrollo local), se interrumpieron o entraron en crisis.
Estas experiencias (en cualquiera de los paradigmas anteriores) se disolvieron porque la mayoría de los municipios tuvo que atender la problemática de la emergencia alimentaria, aún con la existencia de un plan de tipo estratégico.
Otros municipios fueron afectados directamente en su perfil de desarrollo que habían realizado en otros tiempos al calor del modelo sustitutivo y el rol interventor del Estado. Las localidades en crisis se dividieron en dos tipos: los territorios que tuvieron un perfil de crisis abrupta y aquellos que sufrieron un perfil de crisis paulatina.
Las de crisis abrupta son aquellas localidades en donde, el motor del desarrollo se paralizó en un momento, por el efecto de las reformas económicas neoliberales: Cutralcó, en Neuquén; Tartagal, en Salta; San Nicolás con Acindar y Palpalá en Jujuy con los Altos de Hornos Zapla. Otros municipios que se habían desarrollado en base al ferrocarril, al cerrar este se quedaron sin ninguna fuente de desarrollo. Aquí se presenta un problema central a resolver que es la (re)definición del perfil del municipio a partir de metodologías simples, concretas y el consenso de los principales actores involucrados. En este sentido es prioritario desarrollar políticas sociales con estrategias socioproductivas.
Los municipios que padecieron crisis paulatinas no retienen en su memoria colectiva el día en que se paralizó la producción porque cerró la fábrica más importante del lugar o dejó de funcionar el ferrocarril o YPF dejó de extraer petróleo, sino que se sigue realizando la misma actividad de siempre, pero ahora con menor producción y empleo.
En gran medida, se puede decir que este es el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, cuyo perfil sigue siendo el mismo (agrícola-ganadero), no hay un cambio significativo en el perfil, pero cada vez se observa más exclusión social.
El otro aspecto relevante para la problemática de los municipios es su escala adecuada para el desarrollo Local. En localidades entre 50.000 habitantes y 200.000 habitantes, la propia comunidad puede construir su propio perfil y apuntar hacia potenciar el desarrollo. Por ello en general, cuando se enuncian casos de experiencias de gestión exitosas en Argentina no se encuentran municipios de 1 millón de habitantes ni tampoco de 2.000 habitantes. En este caso, muchas de las variables no dependen del gobierno local sino propiamente de una articulación o la constitución de una microregión.
De igual manera, los municipios grandes (áreas metropolitanas) deben tener varios perfiles, teniendo en cuenta por ejemplo que La Matanza tiene 1 millón y medio de habitantes. Y lo mismo ocurre con localidades Rosario o Córdoba donde lo importante es pensar como articular tres o cuatro perfiles productivos de desarrollo.
En consecuencia, los municipios que no logran definir un “motor de desarrollo” o perfil (más allá de su tipo de crisis y tamaño), difícilmente puedan encarar un programa de desarrollo local. En tal sentido, es vital la intervención del Estado Nacional y su vinculación con sus otros niveles y políticas sociales inclusivas que reconstituyan el tejido productivo a partir del crecimiento económico y la inclusión social.
El Desarrollo Local y las políticas sociales inclusivas
En la actualidad no hay paradigma hegemónico sobre el Desarrollo Local, de todas formas la relación entre el Estado nacional y el Desarrollo Local permite establecer estrategias diferenciadas: las que creen que es posible dejar “la mano invisible” al desarrollo de los municipios y los que piensan que el Estado Nacional debe regular la relación de gestión entre los niveles provinciales y municipales.
Desde esta última perspectiva un Desarrollo Local inclusivo puede entenderse como la capacidad de llevar adelante un proyecto que considera las potencialidades territoriales, (sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales) de manera sustentable. Por ello, significa pensar desde abajo teniendo en cuenta qué recursos se manejan y cuáles no; y así -en función de los actores y potencialidades existentes- promover actividades socioproductivas.
Asimismo, el objetivo es concebir una convergencia entre Desarrollo Local y políticas sociales a partir de una dinámica territorial propia, actuando en forma coordinada desde el terreno geográfico, delimitado por una lógica que les resulta inherente. Esto implica también transformar la estructura territorial en favor de actividades que generen valor agregado y procesos económicos que articulen regiones y formen cadenas y corredores productivos sólidos en las localidades. En suma, desarrollar una noción de políticas sociales inclusivas.
En este sentido el eje productivo es de suma importancia, ya que con un circuito económico positivo hay probabilidades de empleo y mejora en los ingresos de la población. Es así que resulta relevante tener en cuenta la macroeconomía del país y el perfil productivo nacional, para entonces determinar cuáles son las actividades productivas que hay que fomentar en el lugar.
Esto se asocia al eje del empleo y la distribución de los ingresos. Es necesario buscar soluciones a la problemática de los desocupados y subocupados, así como a todos los actores que se encuentran en la economía informal y que trabajan con reglas totalmente distintas a las de la economía formal. Esto se relaciona con el concepto de inclusión pensado como una estrategia que involucra a todos los sectores en condiciones de vulnerabilidad social. Por otro lado, se debe articular con el sector privado, ya que no se debe pensar la economía informal y la economía formal como circuitos separados.
La historia argentina en este terreno es la de un país configurado por una economía formal amplia y una economía informal que siempre finalizaba en la formalidad. Hoy la situación es diferente, semejante a la de varios países latinoamericanos en donde se torna importante la dualidad economía formal-informal. Entonces, es clave en el Desarrollo Local trabajar con los dos modelos económicos, generando cadenas de valor dentro de la economía formal, desarrollando circuitos, intercambios y también la articulación con la economía informal. (Cravacuore, 2002)
Es importante poder definir también con claridad lo estratégico. Entender este concepto significa en términos de un plazo aproximado de dos o tres años establecer líneas de acción muy concretas y articuladas. Las líneas estratégicas deben reflejarse en acciones de trabajo muy específicas: fortalecer una actividad económica de la localidad con alto impacto en el empleo o desarrollar un lineamiento que involucre a varios actores tanto públicos y privados, promoviendo valor agregado e impulsando un desarrollo endógeno.
Es impensable abordar las políticas sociales desde lo local sin la existencia de actores que vehiculicen las acciones. En la práctica esto implica definir: qué hace la municipalidad, qué le pedimos a la sociedad de fomento, qué le solicitamos a los colegios profesionales, cuál es la tarea de las cooperativas y las empresas en los próximos dos o tres años. Para realizar esta estrategia, la opción es rescatar, fortalecer y apoyar espacios locales de concertación preexistentes, asegurando de esta manera no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local y al mismo tiempo no interferir en las formas participativas con las que se encuentran familiarizados los actores locales y la sociedad civil.
Efectivamente, se trata de un permanente y masivo proceso de toma de decisiones de los actores locales a través de una matriz decisional que promueve el establecimiento de redes horizontales de coordinación. Estas redes requieren de una articulación que les otorgue sentido y dirección. Así, se trata de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales.
Lo planteado hasta aquí se enmarca en una discusión conceptual en la Argentina, ya que ante la crisis del paradigma de la focalización de las políticas sociales, se plantea lo siguiente: ¿cuál es la que debe regir en la actualidad?, ¿qué metodología debe utilizar y con qué actores se deben proyectar acciones masivas que reduzcan los problemas de exclusión y marginalización social?
El Plan Manos a la Obra: una política social con eje en el Desarrollo Local y la Economía Social
La situación social actual es de alta complejidad, según los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la evolución de la desocupación y subocupación luego de la crisis (en donde llegó al techo de 24,1 % y 18,6 % en el 2° trimestre de 2002) alcanza en la actualidad un 11,1 % y 13 % respectivamente.
Asimismo, en cuanto a los indicadores de la pobreza se puede observar una sustancial mejoría, luego del pico alcanzado en octubre de 2002, llegando hoy a 38,5%. A partir del segundo semestre de 2003 y como consecuencia del crecimiento de la economía, del empleo y de la recomposición salarial, los índices de indigencia disminuyeron un 100 %, desde 2002 hasta un 13,6 %. Sin embargo, estos indicadores continúan siendo altos, hoy 13.200.000 argentinos se encuentran en situación de pobreza .
Por lo tanto la política social debe priorizar los ingresos de las familias a partir de compatibilizar crecimiento con inclusión social, consolidando actividades económicas viables y relacionadas con el contexto de cada localidad.
Lo relevante aquí es crear redes o polos de producción y desarrollar proyectos que articulan la actividad económica de distintos emprendimientos productivos, favoreciendo procesos de dependencia mutua entre los eslabones de integración y cooperación entre productores; sea por ramas afines, con otros sectores productivos, con las instituciones y organizaciones de diferente índole.
En este marco, la economía social que supone expresiones asociativas que no se limitan a sectores populares, debe tener una lógica de integración en lo laboral, lo económico, lo educacional y lo social, desde las dimensiones legales, crediticias, de tributación, de nuevas formas de asociatividad, y desde lo sociocultural para permitir desplegar todas sus potencialidades. (Lineamientos de Políticas Sociales, 2004)
Por ello, el Plan Manos a la Obra tiene por objeto la detección de necesidades y demandas, la formulación de propuestas viables y la implementación de proyectos productivos. En particular el Plan desarrolla tres componentes principales:
• El apoyo económico y financiero, se trata entonces de otorgar financiamiento a proyectos productivos sustentables desde la perspectiva del Desarrollo Local quedando las actividades productivas sujetas a las características de cada localidad. Asimismo, los proyectos productivos que se desarrollen en el marco del Plan, serán seleccionados teniendo en cuenta la potencialidad de cooperación y asociación entre distintos sectores sociales y económicos.
De esta manera, el Estado nacional involucra en su acción a una gran variedad de experiencias asociativas que comprenden a emprendimientos productivos de la economía social unipersonales, familiares, de autoconsumo y los asociativos comerciales. En los últimos años se han constituido todas estas iniciativas se han conformado como respuesta frente a la exclusión del mercado de trabajo de vastos sectores sociales.
La inclusión social a través de financiamiento incluye también a las cadenas productivas como impulso de una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas, con el objetivo de un proyecto de desarrollo endógeno. Por otro lado, varios pequeños productores y unidades económicas necesitan de inversiones para mejorar su capacidad de producción como así también una planificación sistematizada que mejore las posibilidades de sustentabilidad de los emprendimientos.
Por último, el Plan otorga la asistencia financiera de Fondos Solidarios para asistir con micro y pequeños préstamos a emprendimientos productivos. Así, se generan condiciones favorables para la producción de bienes y servicios revitalizando las unidades económicas asociativas, familiares o unipersonales en las distintas localidades. Los Fondos Solidarios para el Desarrollo establecen prioridades de intervención en situaciones o contextos locales o regionales definidos como críticos a partir del análisis de la evolución de indicadores tales como: tasas de desocupación, niveles de población con necesidades básicas insatisfechas, entre otros.
• El Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo central promover la concertación y la participación de todos los actores sociales y productivos en el territorio. En esta dirección, el Plan Nacional Manos a la Obra plantea un conjunto de acciones particulares destinadas a promover el desarrollo de espacios de encuentro, debate e intercambio. De esta manera busca favorecer la realización de acuerdos intersectoriales que se constituyan en los cimientos de los Planes de Desarrollo Local, así como también en el marco institucional en el cual se implementan las políticas sociales. Por ejemplo, en la actualidad los Consejos Consultivos representan una alternativa válida, debido al consenso que ha generado gestionar políticas sociales de modo eficaz y transparente. Si bien estos ámbitos deben perfeccionarse y consolidarse, permiten democratizar la discusión, la ejecución, el control y el monitoreo de la intervención social.
• La Asistencia técnica y capacitación están destinadas a los emprendedores beneficiarios que deben superar un gran número de dificultades para que deriven en beneficios económicos, sociales y comunitarios. Por estar marginados del mercado de crédito formal, cuentan con escasas oportunidades para recibir algún tipo de formación que potencie su propia capacidad emprendedora. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio cuentan tal vez con bienes o insumos pero necesitan mejorar su situación optimizando sus canales de producción y/o comercialización. El Plan Manos a la Obra prevé brindar acompañamiento integral y asistencia a todos los sectores mencionados para que puedan generar un impacto positivo sobre el proceso productivo.
El impacto del Plan Manos a la Obra
Hasta el momento el Plan ha tenido una serie resultados que permiten proyectar escenarios inclusivos en el futuro. En primer lugar, el mismo ha experimentado en términos de actividades productivas: masividad. No es un programa “suelto” y pequeño sino que es sostenido y masivo con transferencia de recursos para aquellos que están fuera del sector financiero formal y que tienen capacidades productivas asociativas o no asociativas. Por ello, en los primeros dos años de gestión se han llegado a financiar a 54.274 unidades productivas en el ámbito urbano y rural con un total de 510.975 pequeños productores beneficiados, con una inversión de $ 300.000.000.
En segundo lugar, el impacto territorial, ya que es un Plan aplicado en todo el país y no focalizado, llegando a 949 municipios chicos, intermedios y grandes de distintas características. Esta definición significa superar la centralidad del Estado nacional en el diseño de políticas sociales y pasar a un modelo de intervención que introduzca las especificidades propias de cada provincia y municipio.
En tercer lugar, es significativo haber logrado la participación del sector privado. La incorporación del empresariado al Plan Manos a la Obra significa la puesta en práctica de instancias de gestión pública-privada en el marco de las políticas sociales a partir de la Responsabilidad Social Empresaria. En este marco, se crea el Consejo Empresario, cuyo objetivo principal es que los emprendimientos financiados por el Plan Manos a la Obra sean adoptados por las empresas como proveedores permanentes de bienes o servicios, que se inserten en cadenas productivas o que conformen microregiones.
En cuarto lugar, la preeminencia de proyectos preexistentes (55 %), es decir proyectos que se encontraban en marcha antes de ingresar al Plan. De esta manera se fortalece la posibilidad de sustentabilidad de los empleos y de las actividades productivas, generando a la vez inclusión social.
Cabe destacar también la existencia de un número importante de proyectos estratégicos (10 %), entendidos como una convergencia del Desarrollo Local y la Economía Social, que buscan la inclusión a través de la reconstrucción del tejido social y productivo.
En quinto lugar, el Plan está produciendo un paulatino proceso de descentralización de la intervención. Establecer un modelo de estas características significa básicamente transferir fondos dándole mayor protagonismo a la sociedad civil no sólo en el control sino también en la gestión de las políticas sociales. En este sentido se han constituido 14 unidades de evaluación provinciales en diferentes lugares de nuestro país cuyo objetivo fue favorecer la intervención descentralizada del Plan, dejando gradualmente la lógica de “microproyecto” para pasar a una lógica de “fondos estratégicos”.
Asimismo, se priorizó un mayor protagonismo de la sociedad civil a través del fortalecimiento de los espacios asociativos, de manera de promover modelos de gestión que se familiaricen con los actores locales y la sociedad civil. En este marco se dictaron 300 talleres con un total de 42.000 integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos.
Sin duda esta situación no implica ahorrar esfuerzos en la lucha contra las causas de la pobreza y la exclusión, por el contrario, expresa que a partir del impacto producido por el Plan se deben priorizar iniciativas que originan mayor valor agregado y empleo genuino.
A modo de conclusión
Teniendo en cuenta los aspectos destacados hasta el momento, las políticas sociales de tipo inclusivas deben entenderse como una conjunción entre el Desarrollo Local y la economía social, a partir de la generación de un proyecto de desarrollo sustentable en el que se aprovechen las diferentes capacidades.
El Estado debe relacionarse con la idea de crecimiento económico con impacto social, es decir que las actividades que impulsan el crecimiento de la localidad sean acompañadas por medidas que posibiliten una distribución del ingreso en términos de equidad.
Es importante profundizar el proceso de relevamiento y detección de los nudos críticos de las formas productivas, a partir del desarrollo de análisis de factibilidad técnica, económica y social y de sus múltiples relaciones de intercambio con la economía formal e informal. Para esta actividad sería muy importante profundizar diferentes estrategias de vinculación con organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, cooperativas, mutuales y las universidades locales, con el objetivo de optimizar la sustentabilidad de las políticas sociales y articular con un proyecto de desarrollo nacional.
En particular, las acciones del Estado deben procurar, además de una eficiente asignación del financiamiento a través de la descentralización de la gestión, profundizar acciones relacionadas con capacitación. Esto implica el desarrollo de diferentes tipos de eventos y la consolidación de una estructura “de formación de formadores” que permitan articular acciones en los componentes sociales, productivos y comerciales.
En este sentido, el rol del municipio es central como actor articulador y promotor de las políticas sociales, no sólo para la constitución de diagnósticos sino también para la ejecución de políticas públicas que fortalezcan y construyan un determinado perfil local.
Esto se asocia a un elemento central que es dar prioridad al encadenamiento productivo como estrategia de política social, en particular, con la identificación de 6 sectores productivos que parecen tener viabilidad para la producción de la economía social: la cadena turística (cría de ganado, siembra de verduras y frutas, gastronomía, hotelería pequeña, etc.), la producción de madera y muebles, la producción textil (cría y faena del animal, aprovechamiento de la piel ,etc.), la producción de agroalimentos (siembra e industrialización de los alimentos), las cadenas metalmecánicas (especialmente en los grandes centros urbanos) y las producciones no tradicionales que pueden representar una alternativa al perfil de la localidad.
La profundización de estas tendencias permitirá no sólo consolidar las numerosas iniciativas desarrolladas hasta el momento, sino también la generación de gran cantidad de mano de obra que procura una actividad para desarrollar a través de su inserción en el mercado laboral actual.
En consecuencia, la política social se asocia al trabajo, a la producción y al financiamiento de proyectos que surgen del desarrollo local en conjunción con la economía social.
Hasta el momento las políticas sociales y en particular el Plan Nacional Manos a la Obra en Argentina han desarrollado una infraestructura institucional y masiva de apoyo a los emprendimientos productivos de todo el país, llegando a diferentes localidades de la Argentina. A partir de aquí, el desafío es dar un salto en calidad de la producción y fortalecer eslabonamientos productivos, explorando nuevas vías y mecanismos de comercialización, a partir de la consolidación y generación de espacios de legitimidad, de representación y de consenso. Esto es que los diferentes sectores generen espacios asociativos y tengan reconocimiento por la comunidad y continuidad en el tiempo.
De cualquier manera, el debate acerca de la problemática de las políticas sociales no debe abordar sólo la perspectiva socioproductiva (que es de suma importancia para el desarrollo local) sino también es importante abrir una agenda con nuevos temas relacionados con la cuestión social: la importancia del seguro de desempleo, la pertinencia de la universalización de los programas de ingreso, el rol del crédito y del microcrédito para los sectores empobrecidos y su forma de financiamiento.
De esta manera, todos los sectores tomarán como legítimo el espacio y se permitirá avanzar hacia la inclusión social.
martes, 24 de enero de 2012
Arroyo entrevistado en Radio Rivadavia
Daniel Arroyo fue entrevistado esta mañana por Néstor Sclauzero en Radio Rivadavia (AM630). La entrevista giró sobre temas vinculados con la situación social en Argentina, el debate en torno a la pobreza, los planes sociales y la cultura del trabajo.
lunes, 23 de enero de 2012
Daniel Arroyo entrevistado en Radio Nacional
El Licenciado Daniel Arroyo fue entrevistado esta tarde por Miriam Mariotto en el Programa "La tarde en el país" por Radio Nacional sobre temas de Microcrédito y Pobreza.
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