Los problemas sociales en la Argentina son diversos pero se concentran en tres: la pobreza estructural que representa al 10% de la población que no cubre las necesidades mínimas de vivienda o nutricionales; la precarización laboral que refiere al 40% del sector informal de la economía (trabajo en negro o cuentapropistas) y la inclusión de los 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.
La evolución de la pobreza se encuentra vinculada a las actividades económicas, especialmente la construcción, la industria textil, el calzado, la metalmecánica, las curtiembres y los frigoríficos, que son las que mejor incorporan a los sectores con baja calificación y que, desde el 2007 en adelante, están en proceso de amesetamiento.
Sobre este diagnóstico parece necesario encarar un conjunto de políticas públicas en los próximos años que, al menos, contengan cinco aspectos: a) un programa progresivo de universalización de las asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 3.300.000 niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan con un costo presupuestario de cerca de 4 mil millones que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho, b) una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos, c) la masificación de los sistemas de microcréditos existentes que logren llegar a los casi 4 millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado, d) un “plan Marshall” con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento. La clave aquí es generar una red de tutores creíbles para los jóvenes, e) una paulatina reforma de las áreas sociales estatales que permita poner en marcha políticas públicas en tiempo real, achicando la distancia entre los diseños y las acciones.
Se trata de ideas para debatir que podrían dar lugar a políticas públicas que se pongan en marcha en el corto plazo, en un contexto social que aparece como crítico para los próximos años.
