viernes, 30 de agosto de 2013

Daniel Arroyo en la Universidad CAECE

Este Sábado 31 de Agosto Daniel Arroyo estará participando en el Ciclo de Talleres sobre Sustentabilidad de la Universidad CAECE. Dirigido a empresarios, profesionales, referentes de organizaciones de la sociedad civil, programas estatales, estudiantes y docentes interesados en formarse para la planificación y gestión de acciones de responsabilidad social.
En el marco del cuarto taller “Políticas Públicas y Sustentabilidad” se llevará a cabo la disertación de Daniel Arroyo que tiene como título "Juventud y Empleo". 
El evento se realizará en Av de Mayo 866 a las 09:00 hs.




jueves, 29 de agosto de 2013

Entrevista en el "Economista Tv"


El miércoles 28 de Agosto Daniel Arroyo fue entrevistado por Juan Radojnic en su programa "El Economista Tv" y transmitido por Canal Metro.
La situación social del conurbano bonaerense y los desafíos pendientes, fueron los principales temas que se abordaron.



Daniel Arroyo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales


El Lunes 2 de Septiembre a las 19 hs Daniel Arroyo participará en la charla "La Situación Social en Argentina" junto a Cristina Leiva Gutiérrez (Directora de Radio FILE) en el Auditorio UCES, ubicado en Paraguay 1239 1º piso.

Se tratará un diagnóstico del actual contexto social y presentación de propuestas para mejorar este panorama en los próximos años.

La charla será grabada en vivo para luego ser transmitida en www.radiofile.com.ar





miércoles, 28 de agosto de 2013

Esta noche Daniel Arroyo en El Economista Tv, Canal Metro

Hoy a las 23,00 hs será transmitido el programa "El Economista Tv", emitido por Canal Metro, en donde Daniel Arroyo será entrevistado por Juan Radojnic acerca de la realidad social argentina y los desafíos que se presentan.






viernes, 23 de agosto de 2013

Daniel Arroyo el domingo en el programa "Sentido Común"

Este domingo a las 23 hs Daniel Arroyo va a ser entrevistado por Alejandro Cancelare en el programa "Sentido Común" que se emite por el canal Somos Norte.
El reportaje girará en torno a la situación social en Argentina, la inseguridad y las propuestas para la inclusión de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. 

jueves, 22 de agosto de 2013

Daniel Arroyo en Cáritas La Plata

Jornada “Cáritas camina, junto a los voluntarios”

Con la presencia de los Obispos auxiliares de La Plata, Mons. Nicolás Baísi y Alberto Bochatey, tuvo lugar en el Colegio San Vicente de Paul, la jornada “Cáritas camina, junto a los voluntarios”. Asistieron varios sacerdotes de las parroquias más afectadas por las inundaciones, y decenas de voluntarios de toda la Arquidiócesis. Por su parte, el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, licenciado Daniel Arroyo, expuso sobre la situación social.
Según informaron los organizadores, el propósito del encuentro fue realizar una revisión del trabajo realizado, efectuar un diagnóstico de situación, y planificar acciones en cada barrio, atendiendo las particularidades específicas. Dichas tareas se dan con el marco de las diferentes acciones que Cáritas La Plata viene impulsando, luego del temporal del 2 de Abril. En ese sentido, habiendo concluido la Fase I, y a poco tiempo de culminar la Fase II del Plan de Emergencia, se están estableciendo prioridades para llevar a buen término la Fase III.
En el inundado, Jesús crucificado
Monseñor Nicolás Baisi evocó una emotiva reunión, de hace unos años, en el Gran Buenos Aires. “Recuerdo -dijo- un encuentro de Cáritas, en mi antigua Diócesis de San Miguel; un encuentro muy parecido a éste. Un fraile franciscano reflexionó sobre el Vía Crucis, y dijo una frase que a mí me ayudó mucho: ‘La Virgen María al pie de la cruz no pudo solucionarle el problema a su hijo, Jesús murió crucificado igual , pero la Virgen estuvo, no tenemos que pensar que podemos solucionar todos los problemas, esta es nuestra Cruz, no poder solucionar todos los problemas como nos gustaría’…”.
Complejo panorama social
El Lic. Arroyo, a su turno, abordó los principales problemas sociales del país, como la pobreza estructural, la informalidad económica, la desigualdad, la situación de jóvenes que no estudian ni trabajan, la violencia en el hogar, la precariedad en las viviendas, el hacinamiento, las adicciones y la deserción en la escuela secundaria. Ilustró, al respecto, que “contamos en el país con un 22% de pobreza estructural; un 35% de informalidad laboral; 900.000 jóvenes, de 16 a 24 años, que no estudian ni trabajan, y 40% de deserción en la escuela secundaria. Las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos, actualmente, es de 22 a 1. Hay seis millones de personas que reciben planes sociales”.
Agregó que “nuestra tarea es dar vuelta la situación social. Mejorar la situación social, no es fácil, es muy complicado pero tiene que ver con poner en marcha ideas nuevas. Solo pueden lograr esto los que conocen las realidades de los distintos barrios, el primer desafío es trabajar a nivel local. No es un momento para sentarse a ver lo que hacen los demás, es un momento para hacer y para participar”.
Fueron al encuentro referentes y voluntarios de las Parroquias San Benjamín, Nuestra Señora de Loreto, Santa Rita de Casia, Nuestra Señora de la Anunciación, Cristo Rey, San Miguel Arcangel, Nuestra Señora del Valle, Nuestra Señora de Caacupé. San José, Nuestra Señora de La Piedad, Nuestra Señora de la Luz, Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora del Carmen, Santa Cruz, Santa Ana y Nuestra Señora de Lourdes. Y de las capillas Don Bosco, y San José.-

miércoles, 21 de agosto de 2013

Daniel Arroyo en Radio Continental

Anoche Daniel Arroyo fue entrevistado por Paulino Rodrígues en su programa "Antes que Mañana" que se emite por AM 590 por Radio Continental.
La entrevista giró en torno al análisis de los planes sociales, la generación de empleo estatal en los últimos años en el país y los desafíos que vienen.

Casi la mitad de la población adulta, con ingresos del Estado


Por Silvia Stang 
Publicado en el Diario La Nación el 18 de agosto de 2013 

En la Argentina, más de 45% de la población mayor de 18 años recibe en forma directa y mes tras mes ingresos que provienen del Estado. Se trata de unas 13 millones de personas, si se incluye a los empleados públicos -de Nación, provincias y municipios-, jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas y de planes de empleo y cooperativas, y los hogares a los que llega la Asignación Universal por Hijo, según datos de varias fuentes consultadas por LA NACION y en una estimación conservadora, ya que se tuvo en cuenta que podrían existir superposiciones. La magnitud y el ritmo de crecimiento de las cifras llevan a que el tema sea disparador de análisis que se alinean tras las perspectivas fiscal, política y social (se da el debate, en este último caso, sobre la dinámica ideal de ingreso y egreso de personas a planes de transferencia de recursos).
El número de empleados estatales es superior en 52% al de 2002. Llega a 3,32 millones entre los puestos de planta permanente y las personas contratadas en las administraciones de nivel nacional, provincial y municipal, según un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), con datos a 2012. En la década se sumaron, en promedio, 312 puestos por día. El empleo privado, en el período, avanzó mucho menos: 22 por ciento.
Solamente en la administración nacional hay 570.000 ocupados, un tercio más que una década atrás. Pero los planteles crecieron con mucha más fuerza en el conjunto de provincias (47%) y en los municipios, donde hoy trabajan ocho personas más por cada 10 que lo hacían en 2002.
"Desde 2007 el empleo público crece más que el privado; sólo en 2012, cuando la ocupación en la actividad privada subió apenas un 0,1%, el Estado incorporó 133.000 personas, un 4,3% de las que había", analiza la economista de FIEL Nuria Susmel. ¿A qué responde eso? Las estatizaciones, que llevaron a gestiones empresariales en manos de movimientos militantes, ofrecen parte de la respuesta: en bancos y compañías estatales las dotaciones pasaron de 27.700 a 100.327 entre 2002 y 2012.
"Puede ser también que el empleo público se haya transformado en un plan para evitar más desocupación", agrega Susmel. En las provincias se dan situaciones dispares en cuanto al peso que la ocupación estatal tiene sobre la totalidad de puestos. Al tope del ránking está Tierra del Fuego, con 29,1% de empleo público. Con índices superiores a 20% aparecen Catamarca, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja y Formosa. En los últimos cuatro casos, la desocupación medida por el Indec logra ubicarse por debajo de la tasa promedio, de 7,9% de la población activa en el primer trimestre del año. Con índices por debajo del 10% en la relación entre puestos públicos y empleo total, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la Capital Federal son las jurisdicciones con dependencia más baja.
La transferencia, en las últimas décadas, de responsabilidades de la función pública desde el nivel nacional al provincial, y en algunos casos al municipal, se presenta como uno de los motivos para las contrataciones. Según Soledad Pérez Duhalde, coordinadora de Análisis Macroeconómico de la consultora abeceb.com, ésa es una de las causas del rojo actual en las cuentas públicas locales.
"Por el impacto fiscal, el empleo dejó de crecer tanto y en algunos casos ya no se renuevan contratos", dice la analista, que destaca que hay una relación directa entre la suba del gasto en personal y el deterioro de las cuentas públicas provinciales. En 2003, la licuación de los salarios llevó a un superávit que siguió hasta 2007. Al año siguiente, con un crecimiento del gasto en personal (por recomposición de ingresos y creación de puestos), el signo se volvió negativo.
La sustentabilidad es también una materia pendiente de debate en el sistema previsional. La Anses paga 5,9 millones de jubilaciones y pensiones, un número al que se agregan las prestaciones a cargo de las provincias que mantienen bajo su jurisdicción las cajas propias para sus empleados públicos (entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).
De acuerdo con un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), algo más de 2,3 millones de beneficios del régimen jubilatorio nacional corresponden a la moratoria, que permitió acceder a un haber mensual a quienes no habían hecho ningún aporte o los habían hecho en forma insuficiente para ganar el derecho a la jubilación. Esos beneficios se otorgaron sin que previamente se hicieran cálculos de cuántos serían, ni del costo que implicarían a futuro.
Más allá de ese aspecto de la falta de previsión (que bien podría plantearse para el régimen jubilatorio en general), el llamado plan de inclusión plantea una distorsión desde el punto de vista de acceso a derechos para los ciudadanos. La moratoria que permite pagar deudas de aportes a valores históricos y en cuotas que se descuentan de los haberes mensuales, es un plan que sólo admite la adhesión por aportes no abonados que hayan vencido en períodos previos a octubre de 1993. ¿Qué significa esto? Que el paso del tiempo elimina progresivamente la vigencia del programa, y se discrimina entonces por razones de edad.
El estudio de la ASAP estima, con datos de los censos nacionales, que en 2001 el 70% de la población mayor de 65 años estaba cubierta por una prestación, y que en 2010 el índice trepó a 90 por ciento. Pero, por lo antes comentado, volverá a caer.
En el segmento de pensiones no contributivas que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, los beneficiarios son 1,28 millones según el último dato oficial, de junio de 2012. En la última década, ese número creció un 275%, ya que a fines de 2002 poco más de 340.000 personas recibían esos pagos. Son prestaciones que insumen el 70% del gasto de $ 35.900 millones presupuestado para este año para la cartera, según un análisis de la Fundación Konrad Adenauer. Más de 90% de las pensiones no contributivas son las llamadas asistenciales, hoy de 1730 pesos mensuales, que se dan por vejez, invalidez y a madres de siete o más hijos. Dato llamativo: los beneficios por invalidez se multiplicaron por 10 en la década y hoy son más de 790.000.
La Asignación Universal por Hijo (AUH), instrumentada a fines de 2009, implicó extender un derecho de trabajadores formales a desocupados y asalariados en negro. Las cifras de la Anses indican que son 1,84 millones las familias a las que llega el beneficio, por más de 3,6 millones de niños. El beneficio, de $ 460, abarca a quienes trabajan en el servicio doméstico y se accede por etapas: $ 368 se cobran mes a mes y el pago se completa, anualmente, contra la presentación de certificados de escolaridad y salud.
"Hay más cobertura y gente que está mejor; hoy la inflación complica pero en las familias saben que tal día del mes contarán con un ingreso", evalúa Daniel Arroyo, que fue secretario de Políticas Sociales al inicio de la década y que hoy está en las filas de Sergio Massa. "Se equiparó un sistema no contributivo al contributivo, pero ahora eso plantea un desafío importante de sustentabilidad", agrega.
El esquema de pagos de la AUH previó el "enlace" con el sistema de asignaciones familiares del empleo formal. Las personas que consiguen un puesto no dejan entonces de percibir el monto por hijo. Pero en la práctica, el esquema puede chocar con el mismo problema que hoy tiene el impuesto a las ganancias: la falta de actualización en un contexto inflacionario. Para los asalariados formales, el monto de $ 460 es el que corresponde a las familias en las que el ingreso total no supera los $ 4800; cuanto mayor es el sueldo, la prestación se reduce, hasta la desaparición del derecho.
Entre los planes con objetivo declarado de promover el empleo, el principal del Ministerio de Trabajo es el llamado seguro de capacitación y empleo, con 350.000 beneficiarios, según el informe de la ASAP. Se paga una prestación que lleva años sin actualizar, de $ 225. Aunque el paso por el plan suele abrir la posibilidad de recibir otras asignaciones.
Gestionado por la cartera de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner, el plan de cooperativas Argentina Trabaja tiene 132.000 beneficiarios. El dato fue consignado en una gacetilla difundida por la página oficial de prensa de Presidencia, con una observación al menos curiosa: se aclara que el ministerio informó el número en respuesta "a un requerimiento de legisladores opositores".
La falta de transparencia y la parcialidad de los informes sobre el manejo de fondos públicos son temas sobre los que advierten los analistas. Un estudio sobre gasto social del centro de investigaciones Libertad y Progreso señala que, al no haber información unificada de los planes, "no existen registros de posibles superposiciones". También se advierte que "en varios programas los beneficiarios sufren la discrecionalidad de los funcionarios que tienen la facultad de otorgarlos".
Para Arroyo, un desafío pendiente es pensar cómo se pasa de un plan social al empleo genuino. "Debería haber un sistema de derecho al primer empleo, con incentivos para empresas y acompañante para el joven principiante. Y un esquema de empalme, para que quienes cobran un plan social y consiguen empleo sigan con la prestación en los primeros meses, y que se reduzca el monto progresivamente hasta no cobrarlo más", dice.
En la opinión del economista y diputado Claudio Lozano, los planes deberían promover la finalización de ciclos educativos o la producción de bienes y servicios que tienen una demanda no atendida, como la autoconstrucción o mejora de viviendas. Muchas veces, observa, las tareas asignadas a los cooperativistas son las que deberían hacer trabajadores municipales. "En realidad no debería haber planes, sino un sistema donde el trabajador sea reconocido como tal, porque pagar a alguien si no aporta algo productivo no le hace bien ni a la sociedad ni a la persona", apunta.
El plan de cooperativas, según el informe de ASAP se subejecutó en el primer trimestre de este año y tuvo sólo 9 provincias incluidas.
El factor discrecionalidad atenta contra la eficacia y desafía al plano político. "Estamos lejos de pretender suscribir una «aritmética electoral» basada sólo en una dependencia del ingreso estatal, porque sería un argumento corto y un insulto a la inteligencia del electorado. Pero es un factor a tener presente", señala Guillermo Galli, economista y asesor del diputado Gustavo Ferrari, que en un cálculo reciente estimó que "más de 14 millones de votantes son impactados por el gasto social y el empleo público".
Casi la mitad de la población adulta cobra ingresos del Estado. Y cuando, en el concepto y en la práctica, los funcionarios confunden ese Estado con sus gobiernos, los desafíos de sustentabilidad, de que se ayude sin trabar el desarrollo personal y de evitar el aprovechamiento para intereses no generales, se hacen más fuertes.
  • 1,1 Millones
    Son los empleos del sector público, en los tres niveles de gestión, que se sumaron en la última década; el crecimiento fue de 52 por ciento

lunes, 19 de agosto de 2013

Daniel Arroyo en Cáritas La Plata

Hoy Daniel Arroyo dio una conferencia en el encuentro que organizaron las autoridades de Cáritas La Plata con el conjunto de organizaciones sociales que participaron activamente en el apoyo a las personas inundadas.
La charla giró en torno a los principales problemas sociales del país y a los desafíos que tenemos por delante con el objetivo de colaborar en la planificación que cada organización lleva adelante en su barrio.

jueves, 15 de agosto de 2013

Es necesario capitalizar a los sectores pobres


Por Daniel Arroyo

El contexto internacional no ofrecerá una situación tan favorable para la economía argentina durante los próximos años, pero el posicionamiento de nuestro país sigue teniendo buenas perspectivas. Los mercados de China, India y Brasil continuarán, aunque con menor ritmo, demandando bienes que nuestro país produce. Este contexto nos brinda la posibilidad de producir cambios estructurales sobre la realidad social del país. 

La pobreza en la Argentina es un problema de mayorías y está directamente vinculado a la falta de ingresos. En los últimos años, se está generando una compleja relación entre pobreza y endeudamiento. Especialmente en los grandes centros urbanos, la gente se está endeudando a tasas muy altas por las fuertes dificultades que tiene para acceder al crédito bancario. La única posibilidad para los sectores pobres es tomar un “crédito fácil” o “crédito ya”, que exige como único requisito presentar la fotocopia del documento. Pero son préstamos que, en muchos casos, encubren tasas que superan el 100% anual. Y cuando el deudor no puede pagar, se les ofrece reprogramar el pago con intereses aún más elevados. 

En el país hay cuatro millones de personas que se encuentran en esa situación. Se trata de cuentapropistas y pequeños emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Cuentan con tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. 

Las entidades financieras públicas han puesto en marcha en los últimos años diversos programas destinados a capitalizar a los sectores pobres. El aporte estatal permite bajar las tasas a porcentajes razonables y absorber los altos costos de la operatoria del microcrédito, que requiere de oficiales de cuenta que no sólo cobren las cuotas en el territorio, sino que también acompañen y asesoren a los emprendedores. 

Los programas se destacan por su bajo nivel de morosidad, que llegan a menos del 3% sobre el capital vencido. Estos indicadores encuentran, al menos, dos explicaciones posibles. Por un lado, los sectores pobres asumen la palabra empeñada. Por otro, como es su única fuente de financiamiento, pagan en tiempo y forma para volver a tomar otro préstamo. El hecho de que sea un banco -público o privado- el que les brinde el crédito genera un incentivo intangible aunque muy relevante: las personas sienten que hay una entidad financiera que confía en ellos. 

Se estima que este tipo de microcréditos vinculados al Estado llegan a doscientas mil personas. Pero hay 3,8 millones que no acceden a crédito “oficial” y en ese universo están los que se endeudan a tasas usurarias. Es necesario dar un salto de escala y avanzar en la masificación de los sistemas de microcréditos existentes, para que logren llegar a esos casi 4 millones de cuentapropistas. 

La masificación de los sistemas de microcréditos y el debate acerca de cuál es el rol del sector financiero parece fundamental para reducir los niveles de vulnerabilidad social. Los avances en los últimos años han sido realmente importantes tanto del sector financiero como de las áreas sociales pero resulta importante establecer mecanismos para masificar el crédito a los que no tiene garantías y, junto con ellos, encarar una red de seguimiento que acompañe a los pequeños emprendedores. 

El problema del desempleo no sólo se mejora con microcrédito, sino también con mecanismo de acompañamiento y capacitación laboral. En este aspecto también ha habido avances importantes. Lo que viene es el debate acerca de cuáles son los sectores estratégicos en los que habría que generar mecanismos de incentivos para que los sectores de baja calificación consigan trabajo. 

Son muchos los sectores productivos que mejoran el PBI en Argentina pero son pocos los que llegan hasta la punta de la cadena, es decir los que incorporan a los jóvenes que no tiene secundaria completa. La construcción, el textil, la metalmecánica, el calzado, las curtiembres generan movimiento y permiten incluir a estos sectores. De allí, la necesidad de que con la masificación del microcrédito se generen mecanismo de incentivos para el desarrollo de estas actividades.

viernes, 9 de agosto de 2013

"Hacia una década de empleo formal"

Por Lic. Daniel Arroyo. Presidente de la Red de Prioridades Argentinas (Red PAR)

Las elecciones legislativas son una oportunidad para debatir las mejores propuestas para pasar del crecimiento económico al desarrollo integral y de la inclusión social a la justicia social. Estamos convencidos que la que viene debe ser la década del empleo formal con todos los beneficios de la seguridad social, de la protección sindical y del derecho laboral.

Tenemos, entre otros, cuatro desafíos complementarios e inseparables que debemos encarar para promover una década de progreso social. Primero, debemos ser promotores ciudadanos de la transparencia, la calidad institucional y el cumplimiento de la Constitución Nacional como la mejor garantía para lograr la movilidad social ascendente que todos los argentinos merecemos. Una forma concreta de erradicar la corrupción, es participar y hacer que la gente honesta participe. Cuando los buenos se retiran quedan los vivos y los inescrupulosos.

Segundo, debemos ejercer un nuevo estilo de liderazgo con capacidad de innovación, diálogo y concertación para generar inversiones públicas y  privadas éticas, estratégicas e inteligentes y para articular de forma creativa entre el Estado, la sociedad civil y una economía social de mercado.

Tercero, debemos ser promotores de un Plan Estratégico de Desarrollo Federal. La actual Constitución nos brinda un programa de acción, porque es atribución del mismo “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores (…)” (Articulo 75, inc. 22)

Cuarto, debemos transformar las políticas sociales empalmando las mismas con las políticas de educación, juventud, empleo formal y desarrollo local. Promover la formalidad laboral es el mejor camino para lograr al acceso a la vivienda propia, que es una prioridad central para pasar de una generación de inquilinos a una generación de propietarios.

Cinco propuestas para promover el empleo formal deberían ser un buen punto de partida para trasformar las políticas públicas en la década que viene. En primer lugar, debemos reducir la burocracia en la gestión de la política social. Para ello se puede crear una clave única de gestión, como nueva herramienta ordenadora para transparentar y optimizar recursos, concentrar programas, evitar burocracias, evaluar resultados y generar cadenas de efectos de desarrollo humano, familiar y social.  

Es prioritario además generar empleo formal en forma masiva, mediante un programa dual de inversiones públicas y privadas para desarrollar empresas tradicionales, pymes y nuevas unidades productivas, con deducciones impositivas para el fomento de las mismas.

El tercer aspecto central debe ser avanzar hacia un sistema dual educación – trabajo destinado a que todos los chicos de 16 a 18 años terminen la secundaria y se formen para el trabajo. Sería interesante incorporar educación para el trabajo, el emprendimiento y la innovación como nueva materia de la escuela secundaria. Y crear el Programa “Conectar Trabajo” que utilice las netbooks del Programa “Conectar Igualdad” para una creativa formación sociolaboral.  

Un cuarto eje para salir de la situación actual es crear un Fondo Federal de Desarrollo Joven, que descentralice recursos en las provincias y los municipios con el objetivo de destinar el 1% del presupuesto nacional de cada año para promover el desarrollo de los jóvenes.

Y una quinta medida pasa por fortalecer a los municipios como protagonistas de las políticas públicas. Debiera ser una prioridad de la década que viene crear espacios articuladores entre el Estado, la sociedad civil, la comunidad educativa  y las fuerzas de la producción y el trabajo para el desarrollo local, la promoción de la escuela dual, la formación laboral y el acceso al empleo formal.  

El Congreso Nacional que viene tiene el desafío de asumir una clara opción por el desarrollo integral y federal de la Argentina, creemos que es el momento justo para emprender este nuevo camino.

miércoles, 7 de agosto de 2013

El voto joven


Daniel Arroyo escribió uno de los artículos del libro EL VOTO JOVEN publicado por ACEP y la Fundación Konrad Adenauer.  El libro sale en un momento propicio tanto por la incorporación de nuevos votantes a partir  de los 16 años como por la creciente demanda de instrumentar el sistema 
de voto electrónico en todo el país.






jueves, 1 de agosto de 2013

Daniel Arroyo en Canal Luz

Daniel Arroyo fue entrevistado por Juan Pablo Bongarrá en Canal Luz acerca de la realidad social argentina, la situación de los jóvenes y las propuestas para generar inclusión social en los próximos años.