La urgente necesidad de los ciudadanos jóvenes

(Publicado en Revista "Reseñas y Debates" Nº63, Marzo de 2011)

Daniel Arroyo


Una de las problemáticas sociales más importantes en la Argentina de hoy es la situación de los 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. La transformación de esta realidad es clave no sólo para cumplir con sus derechos, sino también para definir qué país queremos para los próximos 20 años.
La atención específica y adecuada destinada a los adolescentes y jóvenes es una deuda pendiente en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en los más pobres y con mayores índices de desigualdad. Cómo hacer para que aquellos que están fuera del sistema puedan revertir su realidad actual y construir mejores futuros, representa un gran desafío técnico y político.
Cuando hablamos de jóvenes que no estudian ni trabajan nos referimos a chicos y chicas que, en plena edad de desarrollo no hacen nada, o que entran y salen del trabajo y de la escuela con mucha frecuencia, es decir, que no logran sostenerse en el sistema laboral ni en el sistema educativo.
Si miramos de cerca el problema vinculado a la inclusión en el sistema laboral, advertimos algo complejo de modificar por su raíz cultural: los chicos no tienen problemas para aprender la tarea en sí misma sino con la rutina del mundo del trabajo, es decir, con la continuidad de la tarea en el tiempo. El problema de los jóvenes pobres no es entender cómo hacer un trabajo, sino el hecho de ir a trabajar todos los días 8 horas. Para entenderlo y diseñar las estrategias adecuadas para cambiarlo es necesario ubicar esta problemática en el contexto histórico y recordar que muchos de estos jóvenes no han visto ni a sus padres o madres, ni a su abuelo trabajar.
En el mismo sentido es necesaria una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos.
El hacinamiento y las adicciones son otros dos graves problemas vinculados a esta realidad: el ciclo que suele repetirse en los grandes centros urbanos es el de un chico que comienza estando hacinado en su casa, se va a la esquina porque hay más lugar y mejores condiciones, ahí empieza a consumir porque todos lo hacen y luego comienza a endeudarse. Y en ese momento es cuando muchas veces se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa ilegal para cancelar su deuda. Este ciclo, que ocurre de diversas maneras, suele ser de unos seis meses en el Conurbano Bonaerense y los Grandes Centros Urbanos en nuestro país. Esta es la realidad en la que muchos jóvenes son víctimas y que se completa con la estigmatización por parte de gran parte de la sociedad, muchas veces alimentada por las noticias de los medios de comunicación, marcando a ese joven como el culpable de la inseguridad.
Los jóvenes y el delito
Tenemos que trabajar para romper con la falsa creencia, instalada socialmente, que el problema de la inseguridad tiene que ver con los jóvenes. La Provincia de Buenos Aires tiene quince millones de habitantes, de los cuales sólo hay 600 chicos privados de libertad por cometer delitos graves y mil setecientos por cometer delitos leves. Esto quiere decir que el problema de la inseguridad tiene que ver con otros factores como la desigualdad, principalmente, pero también con las Fuerzas de Seguridad, las redes delictivas y de narcotráfico.
En este sentido, retomando el análisis sobre la realidad de los adolescentes y jóvenes en Argentina, podríamos preguntarnos si con prevención solamente se resuelve el problema; si alcanza con cambiar una ley o exclusivamente dar educación; si los jóvenes que cometen delitos son sólo víctimas de un sistema que los excluye y que nada es posible para cambiarlo. Por supuesto que no. Hay mucho trabajo por hacer con y para los jóvenes infractores. Y la complejidad de este escenario amerita evitar tanto las frases hechas como la reducción de la discusión a la edad de imputabilidad de las personas que cometen delitos.
Para diseñar las políticas necesarias con el objetivo de modificar la realidad de estos adolescentes y jóvenes es preciso tener una mirada integral, que evite todo reduccionismo posible.
Las estadísticas dan cuenta que los jóvenes que cometen delitos no son en absoluto la mayoría en el mundo de la delincuencia. Suponer que los chicos son los que cometen más delitos no se corresponde con ningún dato de la realidad, sino con una sensación construida en gran parte por la infinita reproducción mediática de algunos casos muy dolorosos protagonizados por jóvenes.
El debate y la definición sobre el sistema penal juvenil en el país ya no puede seguir retrasándose. Es imperioso instalar un sistema de justicia especialmente diseñado que reconozca y amplíe las garantías del debido proceso y estipule las medidas y sanciones adecuadas para los jóvenes, promocionando su reintegración social y asumiendo una función constructiva en la sociedad.
Esta justicia especializada debe dejar atrás la idea instalada que los chicos cuando comenten un delito “entran por una puerta y salen por la otra”, sin embargo, será importante respetar las normas constitucionales y toda vez que sea posible, la privación de la libertad debe ser evitada y extendida por el menor tiempo posible. Para un adolescente en plena evolución intelectual, emocional y moral, el encierro debe ser entendido como una medida de último recurso y sólo para delitos muy graves. Y cuando esto sucede y los jóvenes son alojados en instituciones debe ser con el objetivo de lograr una inserción social positiva, que corte con el circuito que los llevó a cometer el delito.
Pero si no avanzamos en la construcción de centros o institutos, con escuelas, capacitación laboral, con máquinas y herramientas que puedan llevarse para trabajar luego, la reinserción seguirá siendo sólo una palabra vacía sin ninguna condición real para efectivizarse. En los grandes centros urbanos del país muchos Institutos se encuentran colapsados, usando las aulas como una celda porque no hay otro lugar. En muchas ocasiones, el hacinamiento que viven los chicos afuera, se reproduce de diversa manera en los institutos.
La justicia penal juvenil en Argentina debe cumplir al menos cuatro funciones: administrar justicia de forma democrática; fomentar que el joven asuma su responsabilidad sobre el delito cometido; promover su integración social favoreciendo la participación de la comunidad en ese proceso; ofrecer una diversidad de medidas socio-educativas para que la sanción penal no se trasforme en un obstáculo, sino más bien en un camino para la construcción de un futuro alejado de la delincuencia.
Más y mejores propuestas para los jóvenes
Los cambios que se produjeron en el país y la mejora en la realidad de los argentinos es algo indiscutible y esta transformación es un piso muy interesante para dar el salto en la reducción de la pobreza, sobre todo porque estamos viviendo un momento histórico único.
En el país existen tres grandes problemas: el primero, vinculado a la pobreza estructural, el segundo a la informalidad económica, en tanto el 40% de la población que trabaja lo hace de manera informal; y el tercero que tiene que ver con los adolescentes y jóvenes que tienen privaciones serias. En este contexto social y teniendo en cuenta el momento de crecimiento que vivimos, creo que sería un grave error desaprovechar la oportunidad histórica para terminar de incluir a aquellos que aún no han logrado salir adelante.
Hoy no podemos hacer programas pilotos, sino aplicar políticas masivas y para todos. Para acompañar a los y las jóvenes estoy convencido que es necesario la generación de un gran acuerdo social y la creación de un plan masivo centrado en la inclusión de los jóvenes que contenga además de aquello que ya existe (programas de becas y apoyo económico para los jóvenes), una red de tutores creíbles para los jóvenes. Esto es muy importante porque se fundamenta en la cultura y el modo de vinculación propio de los jóvenes: ellos y ellas sólo creen en los que ven cotidianamente y respetan no tanto a las instituciones como a algunas personas específicas en las que saben que pueden confiar, por ejemplo, una maestra abierta y accesible, un pibe del barrio, un referente vecinal, un técnico de club de barrio. Se trata de potenciar una red de tutores para los jóvenes que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela. Y en este punto es esencial el rol de las organizaciones sociales, que tienen legitimidad entre los propios chicos por su trabajo en los barrios.
La tarea de la política no parece ser, precisamente, señalar con el dedo a los chicos que han cometido un delito, ni echarles la culpa de la inseguridad, sino brindarles oportunidades reales para que puedan terminar la escuela primaria y secundaria y consigan un trabajo decente. Este es un problema social cuya solución dará cuenta del país que queremos construir para los próximos años.

Una gestión asociada

(Nota publicada en el suplemento Comunidad del diario La Nación, sábado 13 de noviembre de 2010)
Por Daniel Arroyo

Si bien en la última década se registraron avances claros en los indicadores sociales, la pobreza, la desigualdad y la exclusión siguen afectando a sectores mayoritarios de la población. La escala de estos problemas requiere que las políticas sociales no sean consideradas como un mero instrumento del Estado. Para ser realmente eficientes y tener incidencia territorial deben ser el resultado de la interacción entre el Estado y las OSC.
En un modelo de gestión asociada, el trabajo activo de las organizaciones adquiere un doble valor. Por un lado actúan como instrumentos que permiten hacer escuchar las opiniones de quienes están directamente inmersos en los problemas que se buscan resolver. Por otro representan un mecanismo para garantizar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos destinados a las políticas sociales.
A partir de la crisis de 2001 y ante el aumento de las necesidades sociales, las organizaciones desarrollaron una importante tarea cotidiana mediante la creación de roperos comunitarios, comedores barriales, centros vecinales. Estas acciones permitieron atacar problemas generados por la crisis.
Hoy, sin embargo, la capacidad de incidencia de las OSC está recortada a un ámbito muy focalizado y, generalmente, poco articulado con el conjunto de las políticas sociales implementadas. La participación de la sociedad civil debería priorizar temáticas de mayor alcance, como la discusión sobre el presupuesto de las políticas sociales o proyectos regionales de desarrollo económico-social.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, entre 2008 y 2009 se puso en marcha el Consejo Consultivo Provincial de Políticas Sociales, que articuló la participación de más de treinta organizaciones representantes de los sectores confesional, social, sindical, cooperativo, empresarial y académico. Desde ese espacio multilateral se avanzó en la implementación del presupuesto participativo del ministerio y se logró acordar la puesta en marcha del derecho garantizado para la niñez para todas las familias en situación de vulnerabilidad que tuvieran hijos menores de 6 años.
La nación concentra hoy el 70% de los recursos de las políticas sociales; las provincias, el 23%, y los 2200 municipios sólo el 7%. Tenemos mucho Estado y una sociedad civil débil de recursos y con poca autonomía, que tiene que armar proyectos y después buscar quién se los financie.
Es necesario equilibrar la distribución de recursos entre la nación, las provincias y los municipios, a través de mecanismos de federalización que permitan desarrollar programas que tengan en cuenta las necesidades locales y articulen el trabajo de las organizaciones. Los retos van desde el acceso a las fuentes de información y financiamiento, el fortalecimiento en su capacidad de gestión hasta los modos de articulación entre las propias organizaciones.
El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Hay que ir hacia una segunda generación de políticas sociales que tome como eje la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las OSC a través de la transferencia directa de recursos para que puedan encarar sus propios programas.

Murió un hombre distinto

(publicada en el diario Página/12, miércoles 3 de noviembre de 2010)
Por Daniel Arroyo
Ex secretario de Políticas Sociales de la Nación del gobierno de Néstor Kirchner.

Comencé a viajar con continuidad a Santa Cruz a partir del año ’95, apoyando distintas acciones en materia de política social que encaraba el gobierno provincial de Néstor Kirchner a través del ministerio que conducía Alicia Kirchner. Seguí la consulta popular que encaró el entonces gobernador, que lo dio como amplio ganador y le permitió una reforma constitucional. No quedaba claro si iba a llegar al 50 por ciento de los votos en el medio de la campaña y me sorprendió la tranquilidad con la que planteaba que “si la gente votaba por la reforma iba por un nuevo período y si no, no pasaba nada”. La misma tranquilidad con la que lo vi encarar la campaña presidencial de 2003, sin tensiones y con la convicción de que se aceleraba su tiempo. El creía que iba a ser presidente en 2007 y, crisis de 2001 mediante, llegó antes y empezó a todo vapor un proceso de cambio que vamos a comprender en su totalidad cuando se escriban los libros de historia dentro de 20 años.
Mi contacto con Néstor Kirchner fue realmente escaso. Pero le seguí los pasos desde los muchísimos viajes que hice cuando gobernaba Santa Cruz y, luego, como secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de su gobierno nacional. Un hombre que nació a 3 mil kilómetros de donde pasa todo en Argentina, llegó sin ataduras al gobierno nacional y encaró las acciones que quería encarar. Honró su “mítico” discurso en el Congreso el día de su asunción, cuando planteó que sus convicciones no las iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada. Cumplió y eso de por sí ya lo hace un hombre distinto en nuestro país.
Jugó fuerte por lo que creía: obra pública, derechos humanos, keynesianismo, desendeudamiento, superávit fiscal, políticas sociales amplias, concentración de recursos, fortalecimiento de la política, no reconocimiento de los actores empresarios, eclesiásticos, etc. Incorporó algunas convicciones nuevas en los últimos tiempos, como la Asignación Universal por Hijo, la ley de medios y la reforma política. Siempre jugando fuerte, siempre al límite, siempre con una inteligencia y una sagacidad que sólo tienen los distintos, los muy capaces. Los que creen en lo que hacen y ven algo diferente a lo que los demás ven.
Comenzó con la transversalidad y la idea de recrear el sistema político argentino. No la abandonó nunca (aunque por momentos pareció que sí) y se reencontró con el peronismo. Entiendo que la idea de un peronismo progresista que combine lo popular, lo multitudinario con programas de centroizquierda estuvo siempre en su cabeza. Lentamente fue configurando un sistema de partidos con una derecha y un progresismo. Fue llevando a la Argentina hacia allí, de manera rara, a los tumbos, pero la fue llevando hacia allí.
No fue un presidente más para la Argentina. Fue el mejor presidente que dio la democracia del ’83 para acá. La política, que en los ’90 estuvo presa de las recetas económicas, debe darle las gracias. La sociedad, que tocó fondo en el 2001, también debe darle las gracias por haber reconstruido un sistema de funcionamiento y un crecimiento económico que no es sólo viento de cola. Si hay más jóvenes politizados, si hay más debate en la opinión pública, si hay tensión es porque el país está vivo. En gran parte se lo debemos a este hombre distinto que dejó todo. Que, como siempre dijo, con su “verdad relativa” fue hasta el final. La historia muy cada tanto nos regala un hombre de estas características. Alguien del que hay mucho que aprender.

Segunda generación de políticas sociales

El surgimiento de los movimientos sociales desde mediados de la década de los ‘90 le dio visibilidad a un fenómeno que décadas anteriores no existía: la desocupación. Luego, los cartoneros les mostraron a los grandes centros urbanos la dimensión creciente de la pobreza y la exclusión que afectó a un gran número de argentinos e hizo eclosión en diciembre de 2001.
De allí en más, el ciclo de luchas incluyó el modelo del piquete como modo de ocupar el espacio público y llamar la atención de los medios de comunicación. El Plan Jefes de Hogar fue un hito en el 2002 que les permitió a 2,2 millones de personas tener un ingreso básico para paliar la situación y a los movimientos transformarse en referentes frente al Estado.
La asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia en mayo del 2003 provocó una reconfiguración del rol de los movimientos y las organizaciones sociales. El aumento en la inversión social y la llegada de varios de sus principales referentes a la gestión de las políticas públicas generó reacomodamientos y tensiones internas. Por un lado, se abrió desde el Gobierno la posibilidad de administrar recursos públicos y de que pusieran en marcha diversas actividades y empresas sociales. Por otro, esos dirigentes vivieron su nuevo rol de funcionarios en una situación de equilibrio inestable, tironeados entre las obligaciones de la gestión y las demandas de las bases de los movimientos que integran.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recuperaron el rol del Estado como herramienta de transformación social y económica y como articulador de los conflictos sociales. La década última fue una década ganada en la que hubo mejoras en los indicadores de pobreza, indigencia y desocupación.
También fue una década ganada para la visibilidad de los movimientos sociales y abrió el debate de cómo pasar a la política electoral, si a través del peronismo o a través de nuevas expresiones políticas. Las colectoras del 2007 potenciaron esta última posibilidad.
Lo que viene presenta múltiples desafíos. Por el lado de lo social: la pobreza estructural; los jóvenes que no estudian ni trabajan; las dificultades de acceso al crédito; el trabajo informal; la tensión en los grandes centros urbanos; las brechas de desigualdad. Por el lado de lo político: cómo los movimientos pueden construir nuevos liderazgos aumentando su autonomía respecto del Estado.
Tenemos hoy muchos recursos en el Estado y una sociedad civil débil y con poca autonomía, que tiene que armar proyectos y después buscar quién se los financie. La Nación concentra hoy el 70% de los recursos de las políticas sociales, las provincias el 23% y los 2200 municipios sólo el 7%.
Parte de los desafíos pasan por equilibrar la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios, a través de mecanismos de federalización que permitan desarrollar programas que tengan en cuenta las necesidades locales y articulen el trabajo de las organizaciones.
Los retos van desde el acceso a las fuentes de información y financiamiento, el fortalecimiento en su capacidad de gestión y los modos de articulación entre las propias organizaciones. El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Hay que ir hacia una segunda generación de políticas sociales que tome como eje la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las organizaciones locales a través de la transferencia directa de recursos para que puedan encarar sus propios programas.

(Nota de opinión publicada en el diario Clarín, domingo 31 de octubre de 2010)

Murió un hombre distinto

Por Daniel Arroyo
Secretario de Políticas Sociales de la Nación del Gobierno de Néstor Kirchner

Comencé a viajar con continuidad a Santa Cruz a partir del año ´95 apoyando distintas acciones en materia de política social que encaraba el Gobierno Provincial de Néstor Kirchner a través del Ministerio que conducía Alicia Kirchner. Seguí la consulta popular que encaró el entonces gobernador que lo dio como amplio ganador y le permitió una reforma constitucional. No quedaba claro si iba a llegar al 50% de los votos en el medio de la campaña y me sorprendió la tranquilidad con la que planteaba que “si la gente votaba por la reforma iba por un nuevo período y si no, no pasaba nada”. La misma tranquilidad con la que lo vi encarar la campaña presidencial del año 2003, sin tensiones y con la convicción de que se aceleraba su tiempo. El creía que iba a ser Presidente en el 2007 y, crisis del 2001 mediante, llegó antes y empezó a todo vapor un proceso de cambio que vamos a comprender en su totalidad cuando se escriban los libros de historia dentro de 20 años.
Mi contacto con Néstor Kirchner fue realmente escaso. Pero le seguí los pasos desde los muchísimos viajes que hice cuando gobernaba Santa Cruz y luego como Secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de su gobierno nacional. Un hombre que nació a 3000 kilómetros de donde pasa todo en Argentina, llegó sin ataduras al Gobierno Nacional y encaró las acciones que quería encarar. Honró su “mítico” discurso en el Congreso el día de su asunción cuando planteó que sus convicciones no las iba a dejar en la puerta de la Casa Rosada. Cumplió y eso de por sí ya lo hace un hombre distinto en nuestro país.
Jugó fuerte por lo que creía: obra pública, derechos humanos, keynesianismo, desendeudamiento, superávit fiscal, políticas sociales amplias, concentración de recursos, fortalecimiento de la política, no reconocimiento de los actores empresarios, eclesiásticos, etc. Incorporó algunas convicciones nuevas en los últimos tiempos como la asignación universal por hijo, la ley de medios y la reforma política. Siempre jugando fuerte, siempre al límite, siempre con una inteligencia y una sagacidad que sólo tienen los distintos, los muy capaces. Los que creen en lo que hacen y ven algo diferente a lo que los demás ven.
Comenzó con la transversalidad y la idea de recrear el sistema político argentino. No la abandonó nunca (aunque por momentos pareció que sí) y se reencontró con el peronismo. Entiendo que la idea de un peronismo progresista que combine lo popular, lo multitudinario con programas de centroizquierda estuvo siempre en su cabeza. Lentamente fue configurando un sistema de partidos con una derecha y un progresismo. Fue llevando a la Argentina hacia allí, de manera rara, a los tumbos, pero la fue llevando hacia allí.
No fue un Presidente más para la Argentina. Fue el mejor presidente que dio la democracia del ´83 para acá. La política, que en los ´90 estuvo presa de las recetas económicas, debe darle las gracias. La sociedad, que tocó fondo en el 2001, también debe darle las gracias por haber reconstruido un sistema de funcionamiento y un crecimiento económico que no es sólo viento de cola. Si hay más jóvenes politizados, si hay más debate en la opinión pública, si hay tensión es porque el país está vivo. En gran parte se lo debemos a este hombre distinto que dejó todo. Que, como siempre dijo, con su “verdad relativa” fue hasta el final. La historia muy cada tanto nos regala un hombre de estas características. Alguien del que hay mucho que aprender.

Créditos y políticas de inclusión

(publicada en el diario Página/12, el viernes 1° de octubre de 2010)

La creación por parte del gobierno nacional de una “cuenta gratuita universal” es una oportunidad para avanzar en la incorporación de los sectores más pobres al sistema bancario formal. A partir de hoy se implementarán cajas de ahorro gratuitas a las que se podrá acceder con la única presentación del DNI. Tendrán un saldo máximo de 10.000 pesos, pero sin costos de mantenimiento. Esta decisión se suma al lanzamiento de la Tarjeta de Alimentos en la provincia de Buenos Aires en febrero de 2008 y a la bancarización de más de un millón de familias a través de la extensión de la asignación por hijo.
Estas políticas representan un puntapié inicial para revertir una compleja relación que se está generando en los últimos años entre pobreza y endeudamiento. Especialmente en los grandes centros urbanos, la gente está contrayendo deudas a tasas muy altas por las fuertes dificultades que tiene para acceder al crédito bancario. En muchos casos, la única posibilidad para los sectores pobres parece ser tomar un “crédito ya” o “efectivo fácil”, que tienen como único requisito la presentación de una fotocopia del DNI. Pero son préstamos que, en muchos casos, encubren tasas que superan el 100 por ciento anual. Y cuando el deudor no puede pagar, se les ofrece reprogramar el pago con intereses aún más elevados.
Es necesario avanzar en la revisión de las cláusulas que impiden a las entidades bancarias prestar dinero a quienes no puedan justificar un ingreso fijo formal y, a la vez, se ponga un freno a la expansión de las casas que brindan préstamos personales con prácticas claramente usurarias.
En el país hay cuatro millones de cuentapropistas y emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Se trata de gasistas, carpinteros, mecánicos, costureras que cuentan con tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado.
Las entidades financieras públicas han puesto en marcha en los últimos años diversos programas destinados a capitalizar a los sectores pobres. El aporte estatal permite bajar las tasas y absorber los altos costos de la operatoria del crédito. Los programas se destacan por su bajo nivel de morosidad, que llegan a menos del 3 por ciento sobre el capital vencido.
Este indicador encuentra, al menos, dos explicaciones posibles. Los sectores pobres asumen la palabra empeñada. Y como es su única fuente de financiamiento, pagan en tiempo y forma para volver a tomar otro préstamo. El hecho de que sea un banco –público o privado– el que les brinde el crédito genera un incentivo intangible, aunque muy relevante: las personas sienten que hay una entidad financiera que confía en ellos.
Este tipo de microcréditos vinculados al Estado llegan a doscientas mil personas. Pero hay 3,8 millones que no acceden a esos préstamos y, en ese universo, están los que se endeudan a tasas usurarias. Por eso, es necesario dar un salto de escala y avanzar en la masificación de los sistemas de créditos existentes.
La masificación del crédito bancario y el debate acerca de cuál es el rol del sector financiero parece fundamental para reducir los niveles de vulnerabilidad social. Resulta importante establecer mecanismos para masificar el crédito a los que no tiene garantías y, junto con ellos, encarar una red de seguimiento que acompañe a los pequeños emprendedores.
El problema del trabajo informal y el desempleo no sólo se mejora con el acceso al crédito, sino también con mecanismo de acompañamiento y capacitación laboral, aspectos en los que también ha habido avances importantes.
Son muchos los sectores productivos que mejoran el PBI en Argentina, pero son pocos los que llegan hasta la punta de la cadena, es decir los que incorporan a los jóvenes que no tiene secundaria completa. La construcción, el textil, la metalmecánica, el calzado, las curtiembres generan movimiento y permiten incluir a estos sectores. Es necesario que, junto con la masificación del crédito a los sectores pobres, se generen mecanismo de incentivos para el desarrollo de estas actividades.

Es el momento de reducir la desigualdad

(Columna publicada en el diario BAE, 3 de agosto de 2010)
Por Daniel Arroyo
Ex viceministro de Desarrollo Social

Durante los primeros gobiernos peronistas se llegó a una distribución de la riqueza en la que la mitad correspondía al capital y el otro cincuenta por ciento quedaba en manos de los trabajadores. De allí en más, el país penduló entre gobiernos militares en los que aumentaba la participación del capital y períodos democráticos en los que ascendían los recursos en manos de los trabajadores.
A partir de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner se propuso como meta volver a una distribución 50 y 50. Las políticas de aumentos salariales, la reapertura de las paritarias y el fortalecimiento del sindicalismo permitieron establecer un piso cada más alto en el ingreso de los asalariados. Y efectivamente ésta ha sido una década ganada: hoy el 57% de la riqueza va para el mundo del capital y el 43% para el mundo del trabajo.
La brecha de desigualdad, en cambio –y si bien registra una tendencia a la mejora–, parece reducirse a ritmo más lento. En la primera mitad de los años ’70, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 7 a 1. Luego de un brutal proceso de concentración de la riqueza, en 2002 llegó a ser de 44 a 1. Hoy esa brecha se acortó a 28 a 1. Sin dudas estamos mejor que diez años atrás, pero el nivel de concentración sigue siendo muy alto.
Las mejoras conquistadas en la última década marcan un piso importante para los argentinos. Ahora es el tiempo de encarar la lucha contra la desigualdad en la verdadera escala que requiere el problema.
Es el momento de ir por más, poniendo en marcha una reforma tributaria importante donde los que más ganan, paguen más. Los avances en la AFIP y las nuevas tecnologías nos permitirían tener el control necesario para encarar estos cambios. También hay que implementar políticas que luchen contra la informalidad laboral (que hoy afecta al 40% de los trabajadores) y consolidar a través de una ley la universalización de las AUH. Hay que fomentar las cadenas estratégicas que generen empleo. Si logramos dar cuenta de estos desafíos, podremos tener al final de esta década la distribución equitativa de la riqueza a la que los argentinos aspiramos.

ver nota central aquí.

A propósito de los jóvenes y el delito

Hace pocos días fui al Centro Cultural de la Cooperación a ver el documental "El Almafuerte" que cuenta cómo se desarrolla un taller de cine en ese Instituto de máxima seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Algunos jóvenes que están en situación de encierro se enganchan con el taller y, a partir de allí, uno puede conocer sus historias, sus expectativas y lo negro que ven la cosa en general.
Fui con la expectativa de ver cómo se había compaginado un documental para el que yo había sido entrevistado. Fui con mi mujer y mis dos hijos (17 y 13 años) para que vieran una realidad con la que se topan poco en la vida cotidiana.
El documental me impactó mucho, sobre todo porque sigue la historia de los pibes, con alguno que termina bien y con muchos a los que se les complica enormemente la reinserción en una sociedad que no les da cabida y que los marca como los "pibes chorros".
Difícil el análisis de estas situaciones cuando se cruzan estas cuestiones con la inseguridad y la cosa se torna en negro o blanco. La tensión entre mano dura o prevención da cuenta sólo de títulos; la situación de los jóvenes, sus barrios, el conurbano, las fuerzas de seguridad, los institutos de menores, la justicia y los medios de comunicación es bastante más compleja de lo que parece.
Se pueden tener opiniones muy diversas sobre los jóvenes que cometen delitos. No es mi intención aquí proponer una receta (que sí creo tenerla), sólo una recomendación: bien vale ver el documental para entender un poco más de qué se trata.

Daniel Arroyo: “El plan de asignación universal por hijo es un derecho”

(publicado por el diario El Ancasti de Catamarca, miércoles 30 de junio de 2010)

Desde estudios de Radio Ancasti, el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner, el licenciado Daniel Arroyo, sostuvo que el Plan de Asignación Universal por Hijo es “un derecho” y que bajo ningún punto de vista puede ser considerado como “clientelismo”.
“El Plan de Asignación Universal de Cristina Kirchner marca una bisagra y establece un nuevo derecho en la Argentina, teniendo en cuenta que hay un 40 por ciento de trabajo informal en el país. Es un punto de arranque porque establece un piso de ciudadanía”, expresó Arroyo, quien visita la provincia de Catamarca para disertar en un curso de posgrado sobre “La planificación en las políticas sociales”, en el marco de los 20 años de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Catamarca.
Al mismo tiempo que descartó que está medida roce al “clientelismo” ya que “no hay una intermediación” entre el Estado nacional y los beneficiarios, sino que se otorga de manera automática y es “universal”.
Por último, el licenciado en Ciencia Política fue más allá y consideró que “habría que establecer el plan de universalización de las asignaciones por hijo por ley y garantizar que sea un derecho por los próximos 20 años, de modo que tenga continuidad en el tiempo e indistintamente del color del gobierno de turno”.
El próximo viernes 2 de julio Arroyo presentará, en una conferencia de prensa, su libro “Políticas sociales: ideas para un debate necesario”.

Advertencias de la grave situación de los jóvenes en Argentina

(Columna publicada en el suplemento Las 12, del diario Página/12, el viernes 25 de junio de 2010)

Por Daniel Arroyo
Los asesinatos de tres jóvenes en Bariloche y los suicidios adolescentes en Rosario de la Frontera son advertencias claras de la grave situación social que sufren los jóvenes en la Argentina, tanto que hay miles jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. Este problema también se cruza con el de las adicciones y el hacinamiento. En los grandes centros urbanos, un joven se siente hacinado en la casa y se va a la esquina porque hay más aire libre. En la esquina empieza a consumir porque es lo que todos hacen. Así empieza a endeudarse y aparece algún vivo que le ofrece un trabajo no muy santo. A este ciclo debería agregarse el alto porcentaje de embarazo adolescente que reproduce el esquema de hacinamiento y vuelve a complicar las cosas.
Es necesario un plan masivo que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes y que, además de programas de becas y apoyo económico que ya se están llevando adelante en la Argentina, incorpore también una red de tutores creíbles para los jóvenes.
En relación con el sistema laboral, el problema de los jóvenes no es entender qué tarea deben realizar, sino mantener una rutina laboral de ocho horas, cuando muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar. Los jóvenes sólo creen en aquellos a quienes ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como sí a algunas personas específicas: la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio. Hay que potenciar una red de tutores para los jóvenes a los que sientan que no tienen que fallarles y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
La tarea de la política no parece ser, precisamente, señalarlos con el dedo y echarles la culpa de la inseguridad sino, en todo caso, brindarles oportunidades para que puedan terminar la escuela secundaria y consigan un trabajo decente. La solución de este problema es central para saber qué país queremos para los próximos años.

ver nota completa "Tiro al pichón" de Luciana Peker aquí

Es necesario capitalizar a los sectores pobres

(publicado en el diario El Cronista, martes 22 de junio de 2010)

El contexto internacional ofrecerá una situación favorable para la economía argentina durante los próximos cinco años. Los mercados de China, India y Brasil seguirán demandando bienes que nuestro país produce. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de producir cambios estructurales sobre la realidad social del país.
La pobreza en la Argentina es un problema de mayorías y está directamente vinculado a la falta de ingresos. En los últimos años, se está generando una compleja relación entre pobreza y endeudamiento. Especialmente en los grandes centros urbanos, la gente se está endeudando a tasas muy altas por las fuertes dificultades que tiene para acceder al crédito bancario. La única posibilidad para los sectores pobres es tomar un “crédito fácil” o “crédito ya”, que exige como único requisito presentar la fotocopia del documento. Pero son préstamos que, en muchos casos, encubren tasas que superan el 100% anual. Y cuando el deudor no puede pagar, se les ofrece reprogramar el pago con intereses aún más elevados
En el país hay cuatro millones de personas que se encuentran en esa situación. Se trata de cuentapropistas y pequeños emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Cuentan con tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado.
Las entidades financieras públicas han puesto en marcha en los últimos años diversos programas destinados a capitalizar a los sectores pobres. El aporte estatal permite bajar las tasas a porcentajes razonables y absorber los altos costos de la operatoria del microcrédito, que requiere de oficiales de cuenta que no sólo cobren las cuotas en el territorio, sino que también acompañen y asesoren a los emprendedores.
Los programas se destacan por su bajo nivel de morosidad, que llegan a menos del 3% sobre el capital vencido. Estos indicadores encuentran, al menos, dos explicaciones posibles. Por un lado, los sectores pobres asumen la palabra empeñada. Por otro, como es su única fuente de financiamiento, pagan en tiempo y forma para volver a tomar otro préstamo. El hecho de que sea un banco -público o privado- el que les brinde el crédito genera un incentivo intangible aunque muy relevante: las personas sienten que hay una entidad financiera que confía en ellos.
Se estima que este tipo de microcréditos vinculados al Estado llegan a doscientas mil personas. Pero hay 3,8 millones que no acceden a crédito “oficial” y en ese universo están los que se endeudan a tasas usurarias. Es necesario dar un salto de escala y avanzar en la masificación de los sistemas de microcréditos existentes, para que logren llegar a esos casi 4 millones de cuentapropistas .
La masificación de los sistemas de microcréditos y el debate acerca de cuál es el rol del sector financiero parece fundamental para reducir los niveles de vulnerabilidad social. Los avances en los últimos años han sido realmente importantes tanto del sector financiero como de las áreas sociales pero resulta importante establecer mecanismos para masificar el crédito a los que no tiene garantías y, junto con ellos, encarar una red de seguimiento que acompañe a los pequeños emprendedores.
El problema del desempleo no sólo se mejora con microcrédito, sino también con mecanismo de acompañamiento y capacitación laboral. En este aspecto también ha habido avances importantes. Lo que viene es el debate acerca de cuáles son los sectores estratégicos en los que habría que generar mecanismos de incentivos para que los sectores de baja calificación consigan trabajo.
Son muchos los sectores productivos que mejoran el PBI en Argentina pero son pocos los que llegan hasta la punta de la cadena, es decir los que incorporan a los jóvenes que no tiene secundaria completa. La construcción, el textil, la metalmecánica, el calzado, las curtiembres generan movimiento y permiten incluir a estos sectores. De allí, la necesidad de que con la masificación del microcrédito se generen mecanismo de incentivos para el desarrollo de estas actividades.

Lo primero es la inclusión social

(Nota de opinión publicada en el diario Clarín el martes 14 de junio de 2010)
Por Daniel Arroyo

La agenda social en la Argentina tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
En este contexto, hay tres factores determinantes en la lucha por la inclusión social. Por un lado, la extensión de las asignaciones familiares y la posibilidad de incrementar o no los 180 pesos por hijo.
Por el otro, la inflación, que complica este esquema porque el aumento de precios en los alimentos podría llegar a ser de entre 25% y 30% este año. Finalmente, la dinámica que tengan los sectores productivos que logran incluir a los sectores pobres (textil, calzado, curtiembres, frigoríficos, metalmecánico y construcción).
Es muy positiva la extensión de la Asignación por Hijo, porque rompe con un esquema muy desigual, en el que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Ahora hay que avanzar en un programa progresivo de universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios.
El siguiente paso debería sancionar una ley que permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina. Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina.
Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003.
La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico .
En definitiva, hoy la sociedad está desenganchada de la política. A diferencia de lo que ocurría en los años 90, la clase política tiene más peso en la toma de decisiones, pero está faltando un vínculo cotidiano con la sociedad. A la política le falta generar un proyecto con horizonte de futuro.
La Argentina es un país que tiene todo: recursos naturales, personas capacitadas, territorio, una sociedad relativamente integrada y mucho porvenir.
En función de lo que hagamos en los años que siguen vamos a poder construirla de cara al Bicentenario. El contexto internacional parece darnos una nueva oportunidad.

(ilustración: http://www.horaciocardo.com/cardo.asp)

La Asignación Universal por Hijo acelera el ingreso de los más pobres al sistema bancario

(publicada en el diario Buenos Aires Económico, lunes 31 de mayo de 2010)

Luego de la bancarización de más de 750.000 familias a través de la Asignación por Hijo, diversos economistas piden acelerar el ingreso de los sectores más vulnerables al mercado bancario argentino y posibilitar que las entidades bancarias financien con créditos personales, a quienes no se han podido incorporar a la economía formal.
Actualmente, la Asignación que lanzó el Gobierno Nacional para mejorar las condiciones de vida de más de tres millones de chicos cuyos padres trabajan en negro, son desempleados o monotributistas, se percibe a través de las entidades bancarias del país, por medio de una tarjeta de débito. La Anses deposita todos los meses 144 pesos por hijo menor de 18 años y 720 pesos por hijo discapacitado, en cuentas particulares abiertas tanto en bancos públicos como privados.
Los 36 pesos restantes, que conforman el total de los 180 pesos por hijo, se acumulan mes a mes y se liquidarán a fin de año, cuando las familias presenten la Libreta Sanitaria con el plan de vacunación al día, junto con el certificado escolar del chico.
Cinco economistas coincidieron con la visión de que el Banco Central debería anular las cláusulas que impiden a las entidades bancarias prestar dinero a quienes no puedan justificar un ingreso fijo formal, para incentivar las compras de productos manufacturados y, a la vez, evitar el abuso de las casas de préstamos personales.
"Es muy difícil que los Bancos comiencen a dar créditos
a quienes cobran una asignación por hijo, si no hay una medida del Banco Central orientada en esa línea, con tasas de interés acotadas", señaló Alfredo García, economista jefe del Banco Credicoop.
Paradójicamente, los sectores informales tienen vedada la posibilidad de acceder a los créditos que otorgan los Bancos, pero deben pagar intereses elevadísimos de las tarjetas que obtienen con mínimos requisitos o de las casas de préstamos que, la mayoría de las veces, son parte de las mismos Bancos. Al respecto, Abraham Gak, profesor honorario de la UBA e integrante del Grupo Fénix remarcó que "muchos Bancos otorgan, a través de casas de electrodomésticos, tarjetas a sus clientes y los someten a tasas elevadas y cláusulas implícitas".
Hacia un sistema más inclusivo. Desde su implementación, la Asignación por Hijo permitió que miles de familias de bajos recursos o con trabajos en negro pudiesen incrementar sus ingresos con montos de entre $180 y $720 mensuales. A su vez, las ventas de productos de primera necesidad subieron alrededor de un 15 por ciento y las inscripciones en instituciones públicas de enseñanza media se incrementaron en un 20 por ciento, mientras que en primaria la suba fue del orden del 25 por ciento, según indicaron los docentes encuestados de 135 establecimientos bonaerenses.
En Capital Federal, también se experimentó una mayor demanda de vacantes que originó la falta de disponibilidad de lugares en varios colegios. "La matrícula aumentó un 20 por ciento en relación al año pasado y muchos chicos que habían abandonado sus estudios, se reincorporaron", dijo Pablo Rivelli, director de un colegio secundario en el barrio de Mataderos.
Sabrina Caro ve la posibilidad de obtener un crédito tan solo como un anhelo. Con una beba de cinco meses, la asignación le sirve para comprar pañales. "Por suerte le doy el pecho. Muchas veces necesito comprar cosas a crédito, pero como no tengo empleo no sé como haría para pagar después" disparó Sabrina.
Para Benjamín Hopenhayn, integrante del grupo Fénix y profesor de Economía y Finanzas de la Universidad de Buenos Aires, la indigencia y la pobreza bajaron considerablemente, pero el ingreso que se obtiene sirve para cubrir necesidades básicas. "No creo que éstos sectores gasten mucho en electrodomésticos - indicó Hopenhayn y agregó - los Bancos están siguiendo una política muy prudente. Evalúan los riesgos y prestan a tasas altas. Probablemente prefieren dar crédito a través de tarjetas".
Acercar el crédito a los sectores más pauperizados del país no es una tarea sencilla, habida cuenta de que aplicar tasas bajas supone que la inflación no se comerá el interés asignado, ni la plata prestada.
El economista Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, manifiesta que es muy difícil modificar el marco regulatorio y que la política más efectiva es controlar a los fideicomisos financieros, para evitar las inversiones especulativas y proteger a la gente.
"Las entidades bancarias corren el riesgo de prestar dinero a quienes no pueden justificar ingresos fijos formales. Este riesgo se extiende a todos los trabajadores precarizados", recalcó García.
Sin embargo, el economista Bernardo Kliksberg, reconocido por sus trabajos sobre la pobreza y por sus estudios de la ética en la gestión pública y privada, afirmó a Bae que:" Las organizaciones que trabajan en microcréditos y prestan dinero a los pobres, deberían contar con licencias para operar como bancos".

Proyectos en danza.
Bajo esta realidad, el Banco Ciudad acompaña el "Programa Integrador" del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, destinado a las personas que carecen de una vivienda, pero tienen empleo. A través del Programa se les asigna un espacio en el Hogar Renacer y se los bancariza, previas visitas de agentes del banco que solicitan conocer sus historias y realidades. Posteriormente, se les explica todo lo referente al funcionamiento de las cajas de ahorro y el manejo de las tarjetas.
Los beneficiarios en su mayoría son trabajadores empleados en seguridad, otros son artesanos (no inscriptos, no hacen aporte fiscal), empleados en gastronomía y serenos.
"El Banco les ha abierto Cajas de Ahorro sin ningún costo, así cada beneficiario tiene una Tarjeta Moderban para operar en Cajeros Automáticos, con la que pueden depositar y retirar dinero, hacer consultas de saldos y transferencias a otras cuentas", comentó Patricia García, quien lleva la iniciativa en el Banco Ciudad.
A través del Banco Ciudad se pagan alrededor de 150.000 planes sociales, por lo cual toda esa gente debe saber usar una tarjeta de débito y conocer sus ventajas.
Las tarjetas les permite hacer compras con la devolución del 5% del IVA y acceden a las distintas promociones del Banco, por ejemplo: 10% de descuento en indumentaria, 10% al 20% en supermercados, 75% en cines y espectáculos y 25% en locales de gastronomía, entre otros. Además la bancarización les permite tener un mayor resguardo y control de sus fondos, a diferencia del riesgo que implica manejarse permanentemente con efectivo, sobre todo cuando la persona tiene un problema de vivienda.
El seguimiento del programa arroja resultados alentadores, muchos beneficiarios han comenzado a hacer compras en comercios con descuentos y extracciones por cajero automático.
Por su parte, el banco Provincia cuenta con más de un millón de personas bancarizadas por los planes sociales. Todos los que poseen tarjetas para alimentos pertenecen a los dos últimos decíles. Actualmente, se estudia la posibilidad de otorgar cajas de ahorro o cuentas corrientes, sin ningún tipo de costo y con una tasa de interés que permita un rendimiento, a los sectores pobres. El titular podría cargar la tarjeta con efectivo en cualquier Pago Fácil o punto de recarga y retirar el importe en cualquier momento que lo necesite.
Daniel Arroyo, presidente del programa Fuerza Solidaria del Banco Provincia, afirmó que quienes están recibiendo microcréditos para máquinas, herramientas, bienes de capital e insumos son los pequeños comerciantes, personas que tienen un oficio, que proveen un servicio y que no califican para obtener un crédito en el mercado. "Las personas devuelven el préstamo cada 15 o 20 días, porque quieren volver a sacar otro crédito y la tasa de mora es muy baja, del dos por ciento", comentó Arroyo.
Actualmente, Fuerza Solidaria llega a 50.000 personas, ha desembolsado 37 millones de pesos y tiene previsto llegar ésta año, a los 100 millones de pesos. El promedio de los créditos es de 3.000 pesos.
Con relación a los créditos para el consumo, Arroyo aseguró que si el sistema de microcréditos se transforma en microahorro y da crédito al consumo con una tasa de referencia baja, todos los demás créditos bajarían sus réditos. "Como el microcrédito implica una gran operatoria, se necesitaría que el Estado subsidie tasas, de modo que el acreedor se vea beneficiado y no lo hunda el interés", concluyó Arroyo.
Acercar el crédito a los sectores más vulnerables a través de las redes sociales, promovería el desarrollo local y mejoraría la calidad de producción. Un derrame de abajo hacia arriba, ni más ni menos.

Los desafíos para el país en los próximos años

En una entrevista realizada por Marcelo Zlotogwiazda en el programa "La otra pata" que emite Radio Mitre, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, sostuvo que en este Bicentenario hay cuatro puntos para los que se deben delinear políticas de Estado: pobreza extrema, precariedad laboral, desigualdad social y 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.

link para escuchar la entrevista completa: ArroyoenLaotrapata

“La asignación universal es una bisagra en materia de política social"

(entrevista realizada por el Informe Digital Metropolitano, de la Fundación Metropolitana)

Arroyo es un destacado académico, investigador y docente de FLACSO que en los últimos seis años se desempeñó en la función pública, como viceministro nacional de Desarrollo y luego en el homónimo ministerio provincial. Analiza el impacto de la asignación, la relación entre pobreza y endeudamiento, y propone un cambio cualitativo en las acciones estatales.
Id Metropolitano ¿Qué evaluación hacés de la Asignación Universal por Hijo pensada en clave de una historia de las políticas sociales en el país?
Daniel Arroyo: La asignación universal es una bisagra, un cambio sustantivo, en materia de política social. En primer lugar, porque agrega un nuevo derecho que no existía en la Argentina y, en segundo lugar, porque es un primer intento de política universal no focalizada. El derecho tiene que ver con que hasta acá la asignación la estaba cobrando el que tenía un salario o lo descontaba de ganancias. Eso tenía lógica cuando se creó en los años cuarenta y cincuenta cuando el 97% de los trabajadores estaba en blanco. Toda la protección social argentina se hizo pasar por el salario: la asignación, las obras sociales, la jubilación, el beneficio sindical, todo pasaba por el salario. La asignación establece un nuevo piso importante de ciudadanía. Habría que revisar algunas cosas: el tema que sólo los monotributistas sociales entren, que los que ganan más de 1500 pesos o los que van a colegios privados no entren.
IdM: ¿Qué impacto tiene sobre los sectores sociales más vulnerables?
DA: La asignación va camino a ser una transferencia de 7 mil millones de pesos. Con ese ingreso, la gente va a comprar al mercado de la esquina. Un efecto secundario tiene que ver con alentar la economía local. Nosotros implementamos en la provincia de Buenos Aires la tarjeta Alimentos e implementamos una asignación para chicos de 0 a 6 años (,) y, tenemos estudiado que la gente consume cerca de su casa. Sobre qué impacto tiene sobre la pobreza, creo que hay tres factores para pensar qué va a pasar con la pobreza en la Argentina en los próximos años. En primer lugar, cuánto se extiende la asignación. La segunda cuestión es la inflación, tenemos un 25, 30% de inflación en alimentos, que es lo que más consumen los pobres. En tercer lugar, la reducción de la pobreza va a estar vinculada en la Argentina con la cantidad de empleo que genere la construcción, el sector textil, el calzado, el metalmecánico, las curtiembres y los frigoríficos. Esos seis sectores incluyen a los jóvenes con menor calificación, a los pibes sin el secundario completo.
IdM: También la asignación impacta positivamente sobre educación y salud. ¿Creés que la asignación viene a complementar otras intervenciones que se han hecho desde el Estado tendientes a mejorar la situación de los sectores más vulnerables?
DA: El problema de la pobreza tiene varios componentes. Si debo describir el perfil de la pobreza en la Argentina, tenemos un 10 o 12% de pobreza extrema en la Argentina, los que no tienen las condiciones mínimas. Después está la informalidad económica, el principal problema ahí es la falta de capital, de dinero. Tercero, la desigualdad, que es el origen de la violencia en la Argentina. Cuarto, los 900 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. En el Conurbano, hay alrededor de 400 mil. Quinto, los grandes centros urbanos. El Gran Buenos Aires requiere una dinámica de tratamiento específica, hay 11 millones de personas en menos del 1% del territorio nacional. Por último, la red de organizaciones sociales que está muy quebrada, hoy tenemos más Estado que sociedad civil. Claramente, la Argentina tiene pobreza por falta de capital. Hay un fenómeno muy complicado que está pasando en el Conurbano que tiene que ver con que la gente se está endeudando, pasa por Crédito Fácil o Crédito Ya y con la fotocopia del documento saca un crédito al 170% anual. Cuando no puede pagar se vuelve a endeudar. Hay una relación compleja entre pobreza y endeudamiento. De allí la importancia del crédito, de los microcréditos para emprendimientos.
IdM: Y si pensamos la pobreza acotándola al Gran Buenos Aires, ¿Qué panorama tenemos?
DA: El primer problema básico es el hacinamiento que es la primera causa de la violencia y la tensión. El pibe se va de la casa y va a la esquina. En la esquina consume, y para consumir se endeuda. Cuando se endeuda algún vivo le plantea alguna idea, que salga a robar, por ejemplo. Cuando eso ocurre toda la clase política y los medios lo señalan como responsable de la inseguridad. Para mi el foco del problema es el hacinamiento. El segundo es el tema de la pobreza con endeudamiento que recién comentábamos. El tercero, es la carencia en los servicios públicos, aunque se ha avanzado mucho en esta década. Por último, definir qué polos hay productivos hay que apoyar para que se incluya por el mundo del trabajo.
IdM: Me detengo en esa relación entre pobreza y endeudamiento. ¿Tenés alguna cifra sobre el fenómeno?
DA: No tengo las cifras de cuánta gente se está endeudando. Sí tenemos en claro que hay 4 millones de personas en la Argentina, una buena parte vive en Conurbano, que trabajan y no acceden a crédito bancario. Los microcréditos vinculados al Estado llegan a doscientas mil personas. Hay 3,8 millones que no acceden a crédito “oficial” y en ese universo están los que se endeudan de otra forma.
IdM: ¿Cuánto ha repercutido en mejorar la calidad de vida de los habitantes del Conurbano las diferentes acciones del Estado, pienso en la ampliación de cloacas, agua y viviendas?
DA: En el conurbano, la vida diaria de las personas tiene dos dimensiones. Por un lado, está la vivienda y los servicios básicos. Al ritmo que vamos, que es mayor al de otras épocas, necesitamos una década para que el 60% tenga agua y cloacas. Está claro que hay un problema de escala. El conurbano tiene un tema de superpoblación, se incrementan los servicios pero también la cantidad de habitantes. Por el otro lado, están los transportes, las personas no sólo viven en una casa de material o no, sino también que viaja en trenes, colectivos, subte y eso genera malhumor. Noto mucho malestar en la vida cotidiana que genera mucha tensión. Está mejor que en 2003 pero en la vida cotidiana convive con servicios muy poco amigables.
IdM: Vuelvo a la asignación, muchas veces se la señaló como contradictoria con la construcción de una cultura del trabajo, ¿cuál es tu impresión?
DA: No hay ninguna contradicción. Es un derecho de los chicos. En la práctica estaban cobrando la asignación los que ya trabajaban, era un derecho al revés. Puede ser más discutible con los programas de empleo. Con la asignación no. No se está creando un derecho para un sector, sino que ese sector estaba excluido de ese derecho. No hay ninguna tensión.
IdM: El Estado, la ANSES, han resuelto bastante bien la implementación de la asignación, contra lo que se suele decir sobre una supuesta ineficacia estatal…
DA: Tenemos poco Estado para la complejidad de problemas que hay en la Argentina. Faltan instrumentos y procedimientos. La ANSES es la gran base de datos de la Argentina. Lo que viene de acá en más, es buscar a los pobres extremos, y eso no es una tarea del ANSES. Está claro que ANSES funciona muy bien.
IdM: Se ha destacado la asignación en relación a otros grandes programas latinoamericanos…
DA: Una intervención muy grande es el Plan Oportunidades en México. Se buscó que los chicos vuelvan a las escuelas, se hizo en las zonas rurales. No fue un programa universal, fue exitoso. En Brasil, el Programa Familia es parecido, es más ambiciosa porque incluye microcréditos, capacitación, etc. El argentino es el que avanza hacia la universalización. Tenemos muchos programas y políticas sociales que van por diferentes lugares, falta mayor articulación. Es lo que viene. En términos relativos es el más grande de América Latina.
IdM: Decías que la asignación daba cuenta de un cambio cualitativo de las intervenciones públicas, que da cuenta de una nueva Argentina, de nuevos problemas. ¿Qué otras acciones estatales están haciendo falta?
DA: Lo que se ha hecho hasta al momento yo lo reconozco como un piso. Hasta ahora se ha trabajado de manera artesanal, pos crisis. Lo que viene son nuevas intervenciones. Una de ellas, deberá apuntar a los 900 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. Eso requiere dos mil millones de pesos anuales. También hay que modificar el sistema secundario. Hoy un chico abandona a los 11, vuelve a estudiar a los 15 y vuelve con los pibes de 11. Eso no puede ser. Hay un tema, entonces, que se llama jóvenes. Otro gran tema, es grandes centros urbanos. El Conurbano, ni hablar. Se necesitan fuertes inversiones, la Argentina es inviable si no hay en el GBA una fuerte inversión. Lo mismo para Rosario y Córdoba. Lo tercero que es importante es la definición de sectores productivos estratégicos que incluyan a miles de personas.
IdM: ¿Cuál es tu visión sobre el programa Envión que se desarrolla en la provincia?DA: Va en la dirección correcta, incluye becas, es valioso, tiene un problema de escala. Todo va en la dirección correcta pero falta una inversión gigantesca. Mi hipótesis es que la Argentina va a crecer durante cinco o seis años, todas las variables macroeconómicas son positivas para Argentina, Brasil, Chile. Entonces, lo que no hagamos en los próximos años, con una Argentina en crecimiento, no se va a hacer más. Hay que acelerar, no es tiempo de pruebas pilotos. Es necesario un salto de escala muy fuerte. Intento promover eso.
IdM: ¿Qué evaluación hacés sobre lo que fue tu paso por la administración pública, viniendo desde la academia?DA: Fue un paso importante, estuve cuatro años como viceministro de Desarrollo nacional y dos en provincia de Buenos Aires. Quería ir a la provincia. Se hicieron transformaciones grandes, como el programa Alimentos. Haber instalado el tema productivo, de microcréditos, como parte de las políticas sociales, también es importante, al igual que haber empezado a universalizar las políticas sociales. Fue un paso positivo.

(ver la entrevista en www.metropolitana.org.ar)

Ciencia, tecnología y desarrollo inclusivo en la Argentina que viene

Nuestro país tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 31 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población; d) los 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que vive el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven cotidianamente.
Para avanzar en un cambio estructural y tomar estas dimensiones hacen falta varias condiciones. Voluntad política para comenzar, recursos económicos en escala, una sociedad dispuesta a poner a la cuestión social en el centro y consenso entre las clases dirigentes. Sin embargo, con todo eso no alcanza si no se construye un método, un conjunto de instrumentos técnicos, un modelo de planificación que defina los criterios principales y marque el camino. Se necesita del imperioso apoyo de la ciencia y la tecnología para que la cosa funcione.
Actualmente en nuestro país existen disparidades abismales en relación con la capacidad de generación, apropiación y utilización de los conocimientos científicos y tecnológicos, los cuales se han transformado en una fuente de agudización de la brecha económica y social entre las personas, las empresas y las regiones internas (es evidente que las zonas del NEA y el NOA son las más complicadas en este aspecto).
No se puede avanzar hacia la equidad social y, mucho menos, lograr un desarrollo humano sostenible, sin un respaldo productivo básico, sólidamente tecnificado, que determine las cadenas productivas centrales de nuestro país, el modelo para los próximos años y, en ese contexto, el rol del Estado, la sociedad civil y el mercado. Tenemos que dar un salto hacia la conformación de instituciones que contengan investigación y desarrollo, servicios científico-técnicos, biotecnología, ingeniería y modelos de desarrollo organizacional, entre otras, imprescindibles tanto para la generación tecnológica propia, como para la asimilación de los recursos que ofrece el mundo global.
También se deben ampliar los interlocutores y buscar en los movimientos sociales, en las organizaciones, en las empresas de base social y en las pymes los ámbitos en los que el conocimiento sea de ida y vuelta.
La existencia de un esquema de innovación tecnológica puede establecerse a partir de la valoración de cinco aspectos fundamentales: a) la capacidad de las universidades para formar trabajadores calificados vinculados con el medio o crear nuevas tecnologías insertadas en los procesos productivos nacionales estratégicos; b) la presencia de empresas que proporcionen conocimientos especializados y estabilidad económica, que tengan un compromiso efectivo con su cadena de valor y contribuyan al desarrollo local; c) la existencia de un Estado que, regulando, evite la excesiva concentración económica sin dejar de incentivar la creatividad, la inversión y, especialmente, el crédito para los sectores que no logran dar el salto por falta de capital; d) el dinamismo empresarial de la población para poner en marcha nuevas empresas e ideas innovadoras y e) la disponibilidad de la sociedad para definir a la equidad como uno de los pilares constitutivos del modelo de desarrollo.
El contexto macroeconómico internacional que viene para adelante en Argentina parece realmente favorable. Para lograr un verdadero desarrollo (crecimiento con inclusión social) no habrá que imaginar un nuevo derrame de la economía ni soñar con una apertura ingenua y letal para nuestro aparato productivo.
Esta vez debemos apostar por nuestras capacidades, por mejores universidades, empresas con apego al conocimiento y la investigación, un aparato estatal moderno y una apuesta decidida a la equidad y a la igualación de oportunidades empezando por el sistema educativo y el mercado laboral. Depende de nosotros, el contexto nos juega a favor. Se trata de que nos salga bien para dejarles un legado mejor a nuestros hijos.

Hagamos bien lo que tenemos que hacer

(columna publicada el 28 de marzo de 2008 en el diario Página 12)

De chico era un entusiasta jugador de fútbol del club Luz y Fuerza de Castelar. Corría todas las pelotas y trataba de participar de todas las jugadas. El técnico permanentemente me decía: “Concentrate en lo tuyo, marcá la punta, hacé bien lo que tenés que hacer”.
Buen consejo para un momento complicado del mundo y de nuestro país. Todos parecemos tener más capacidad para mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Nos tiramos misiles unos a otros acerca de quién tiene la culpa de la inseguridad, a quién le faltan más recursos y dónde está el responsable de que las cosas no funcionen.
Tenemos también ideas fantasiosas: suponemos que los institutos de menores son como talleres mecánicos donde uno lleva un auto que está roto y sale arreglado, sin tener en cuenta que el contexto en el que vive el chico no se altera antes ni después. Esperamos que la escuela les pongan las reglas y los límites a nuestros hijos que nosotros no sabemos cómo poner.
Buscamos identificar con un rótulo a aquello que nos genera insatisfacción en la vida cotidiana. El problema son los políticos o los sindicatos, la policía, los jueces, los pibes chorros o el que a cada uno le venga bien para no reflexionar sobre qué hace para que esto ande un poco mejor. No se trata de no cuestionar lo que evidentemente anda mal, se trata de ponerle pilas a lo que cada uno hace para que funcione mejor.
Ejemplos tenemos para todos lados: policías buenos y también policías que cometen ilícitos; maestras que se quedan sin voz para enseñar a jóvenes que están absolutamente dispersos y otras que tratan de zafar como pueden. Jueces que se comprometen con las víctimas y las acompañan por pura humanidad, y otros a los que hay que llamarlos 500 veces al teléfono para encontrarlos en su despacho. Funcionarios que hacen su trabajo con liviandad y otros que le ponen el cuerpo silenciosamente a la tarea de mover un Estado muy difícil de mover. Lo mismo se podría decir de médicos, albañiles, carpinteros y de todos nosotros.
El asunto no parece ir por ver qué ejemplos nos quitan más las culpas (ya que los hay de todas las formas y colores) sino en concentrarnos cada uno en hacer bien lo que tenemos que hacer.
En lo social, esto significa trabajar fundamentalmente sobre la pobreza estructural, la precarización laboral y la creación de oportunidades reales para los jóvenes. Generar políticas masivas orientadas a fortalecer y dar mayores derechos a las familias, que les garanticen un piso mínimo de ciudadanía. Un ejemplo de esto es el Derecho Garantizado para la Niñez que pusimos en marcha en el gobierno de Scioli y que tiende a la extensión de las asignaciones familiares a todo hogar donde hay niños menores de 6 años, para que los chicos empiecen un escalón más arriba con el primer derecho del siglo XXI real y concreto.
Otros ejemplos son los programas de microcréditos, las agencias de orientación socioproductivas, las becas para que los jóvenes encaren sus proyectos, etcétera. Tenemos que lograr que todas las cosas funcionen. Que lleguen a cambiar situaciones de desigualdad, que pase algo en serio.
Parece momento para que, cada uno en su ámbito, sigamos los consejos del director técnico de Castelar: “Concentrate en lo tuyo, marcá la punta, hacé bien lo que tenés que hacer”.

El clientelismo se supera con información

(Nota publicada en el diario Crítica, el domingo 7 de marzo de 2010)

La problemática social en la Argentina hoy pasa por cuatro ejes centrales: el 10% de personas que no cubren las necesidades mínimas nutricionales, de servicios básicos o de vivienda; el 40% del sector informal de la economía; los altos niveles de desigualdad; y los 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.

La conformación de cooperativas a través del Plan Argentina Trabaja apunta a crear fuentes de empleo donde no las hay. Las prácticas clientelares surgen cuando las personas desean anotarse en el plan y no quedan claros cuáles son los instrumentos de ingreso. El clientelismo se supera con información clara y la generación de políticas universales, como la asignación por hijo.

Es necesario encarar un conjunto de políticas públicas que, al menos, contengan cuatro aspectos: a) Un programa progresivo de universalización de las asignaciones familiares (que ya ha comenzado a ponerse en marcha en diciembre de 2009) que extienda el salario familiar a los 5 millones de niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal; b) Una reforma que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos; c) La masificación de los sistemas de microcréditos, para que lleguen a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada e interactúan mal con el mercado; d) Un “plan Marshall” con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que no estudian ni trabajan y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento. La clave aquí es generar una red de tutores creíbles para los jóvenes.

La problemática del Conurbano bonaerense excede las capacidades de los Municipios y del Estado Provincial. Se trata de un problema de índole nacional: once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones de las más diversas. Sin duda, es un territorio que requiere una escala muy amplia de recursos, que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico para este territorio.

La inflación, otro golpe al mundo de la changa

Por Silvia Naishtat

La Pileta es un barrio de Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. De a poco y durante muchos años, Sebastián Gutiérrez, plomero, carpintero y arregla tuti, como se define, construyó su casa en la zona cada vez más poblada. La vivienda le quedó chica con sus dos hijos y los hijos de sus hijos que también viven con él. A veces, se sienten ahogados. A tal punto, que la esquina de la cuadra se convirtió en el living, aunque haya otros vecinos, sobre todo jóvenes, que también se apropiaron del lugar.
Gutiérrez, 41 años y abuelo de dos nietos, pertenece al mundo de la changa. Trabaja dentro de los límites de Florencio Varela, siempre en negro. Y no es que haya menos actividad, pero no puede subir su tarifa, mientras a él las cosas le cuestan cada día más. "Siempre le digo al del maxikiosco que deje de aumentar los precios, que se de cuenta de nuestra realidad. La vida se está haciendo dura", dice.
"La inflación y la inseguridad son hoy el principal problema de los pobres", apunta Daniel Arroyo, ex vice ministro de Desarrollo Social. En la Argentina, el 40% de los trabajadores está en negro y hay un 10% de la población, unas 4 millones de personas, en situación crítica y a los que el alza de los precios los vuelve mucho más vulnerables.
Arroyo, que trajina el conurbano, describe el hacinamiento, con mucha gente amontonada bajo un mismo techo y la violencia que genera vivir así.
Para este experto, el principal desafío son los 900.000 pibes que no estudian ni tienen empleo y que se ventilan en las esquinas de los barrios carenciados. "Muchos caen en el paco e ingresan en un círculo perverso de destrucción de su salud, creciente adicción y endeudamiento para seguir comprando la droga".
Otro problema es el embarazo prematuro. El 30% de las madres de la provincia de Buenos Aires tiene menos de 24 años. Arroyo menciona el caso de los mayores de 70 sin plata ni acceso a la salud. Son 300.000 personas. ¿Hay salida? El ahora titular de Fuerza Solidaria, que distribuye microcréditos, cree que hay políticas sociales exitosas y confía en los más pobres. "Como nadie les da nada, son verdaderos emprendedores".

(publicado en el diario Clarín, domingo 21 de febrero de 2010)

Propuestas para mejorar la situación social

Los problemas sociales en la Argentina son diversos pero se concentran en tres: la pobreza estructural que representa al 10% de la población que no cubre las necesidades mínimas de vivienda o nutricionales; la precarización laboral que refiere al 40% del sector informal de la economía (trabajo en negro o cuentapropistas) y la inclusión de los 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.
La evolución de la pobreza se encuentra vinculada a las actividades económicas, especialmente la construcción, la industria textil, el calzado, la metalmecánica, las curtiembres y los frigoríficos, que son las que mejor incorporan a los sectores con baja calificación y que, desde el 2007 en adelante, están en proceso de amesetamiento.
Sobre este diagnóstico parece necesario encarar un conjunto de políticas públicas en los próximos años que, al menos, contengan cinco aspectos: a) un programa progresivo de universalización de las asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 3.300.000 niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan con un costo presupuestario de cerca de 4 mil millones que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho, b) una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos, c) la masificación de los sistemas de microcréditos existentes que logren llegar a los casi 4 millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado, d) un “plan Marshall” con apoyo económico para rescatar a los jóvenes que están fuera del mercado y tienen dificultades de adicciones y hacinamiento. La clave aquí es generar una red de tutores creíbles para los jóvenes, e) una paulatina reforma de las áreas sociales estatales que permita poner en marcha políticas públicas en tiempo real, achicando la distancia entre los diseños y las acciones.
Se trata de ideas para debatir que podrían dar lugar a políticas públicas que se pongan en marcha en el corto plazo, en un contexto social que aparece como crítico para los próximos años.