El surgimiento de los movimientos sociales desde mediados de la década de los ‘90 le dio visibilidad a un fenómeno que décadas anteriores no existía: la desocupación. Luego, los cartoneros les mostraron a los grandes centros urbanos la dimensión creciente de la pobreza y la exclusión que afectó a un gran número de argentinos e hizo eclosión en diciembre de 2001.
De allí en más, el ciclo de luchas incluyó el modelo del piquete como modo de ocupar el espacio público y llamar la atención de los medios de comunicación. El Plan Jefes de Hogar fue un hito en el 2002 que les permitió a 2,2 millones de personas tener un ingreso básico para paliar la situación y a los movimientos transformarse en referentes frente al Estado.
La asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia en mayo del 2003 provocó una reconfiguración del rol de los movimientos y las organizaciones sociales. El aumento en la inversión social y la llegada de varios de sus principales referentes a la gestión de las políticas públicas generó reacomodamientos y tensiones internas. Por un lado, se abrió desde el Gobierno la posibilidad de administrar recursos públicos y de que pusieran en marcha diversas actividades y empresas sociales. Por otro, esos dirigentes vivieron su nuevo rol de funcionarios en una situación de equilibrio inestable, tironeados entre las obligaciones de la gestión y las demandas de las bases de los movimientos que integran.
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recuperaron el rol del Estado como herramienta de transformación social y económica y como articulador de los conflictos sociales. La década última fue una década ganada en la que hubo mejoras en los indicadores de pobreza, indigencia y desocupación.
También fue una década ganada para la visibilidad de los movimientos sociales y abrió el debate de cómo pasar a la política electoral, si a través del peronismo o a través de nuevas expresiones políticas. Las colectoras del 2007 potenciaron esta última posibilidad.
Lo que viene presenta múltiples desafíos. Por el lado de lo social: la pobreza estructural; los jóvenes que no estudian ni trabajan; las dificultades de acceso al crédito; el trabajo informal; la tensión en los grandes centros urbanos; las brechas de desigualdad. Por el lado de lo político: cómo los movimientos pueden construir nuevos liderazgos aumentando su autonomía respecto del Estado.
Tenemos hoy muchos recursos en el Estado y una sociedad civil débil y con poca autonomía, que tiene que armar proyectos y después buscar quién se los financie. La Nación concentra hoy el 70% de los recursos de las políticas sociales, las provincias el 23% y los 2200 municipios sólo el 7%.
Parte de los desafíos pasan por equilibrar la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios, a través de mecanismos de federalización que permitan desarrollar programas que tengan en cuenta las necesidades locales y articulen el trabajo de las organizaciones.
Los retos van desde el acceso a las fuentes de información y financiamiento, el fortalecimiento en su capacidad de gestión y los modos de articulación entre las propias organizaciones. El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Hay que ir hacia una segunda generación de políticas sociales que tome como eje la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las organizaciones locales a través de la transferencia directa de recursos para que puedan encarar sus propios programas.
(Nota de opinión publicada en el diario Clarín, domingo 31 de octubre de 2010)
