(Nota publicada en el suplemento Comunidad del diario La Nación, sábado 13 de noviembre de 2010)
Por Daniel Arroyo
Si bien en la última década se registraron avances claros en los indicadores sociales, la pobreza, la desigualdad y la exclusión siguen afectando a sectores mayoritarios de la población. La escala de estos problemas requiere que las políticas sociales no sean consideradas como un mero instrumento del Estado. Para ser realmente eficientes y tener incidencia territorial deben ser el resultado de la interacción entre el Estado y las OSC.
En un modelo de gestión asociada, el trabajo activo de las organizaciones adquiere un doble valor. Por un lado actúan como instrumentos que permiten hacer escuchar las opiniones de quienes están directamente inmersos en los problemas que se buscan resolver. Por otro representan un mecanismo para garantizar una mayor eficiencia en la utilización de los recursos destinados a las políticas sociales.
A partir de la crisis de 2001 y ante el aumento de las necesidades sociales, las organizaciones desarrollaron una importante tarea cotidiana mediante la creación de roperos comunitarios, comedores barriales, centros vecinales. Estas acciones permitieron atacar problemas generados por la crisis.
Hoy, sin embargo, la capacidad de incidencia de las OSC está recortada a un ámbito muy focalizado y, generalmente, poco articulado con el conjunto de las políticas sociales implementadas. La participación de la sociedad civil debería priorizar temáticas de mayor alcance, como la discusión sobre el presupuesto de las políticas sociales o proyectos regionales de desarrollo económico-social.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, entre 2008 y 2009 se puso en marcha el Consejo Consultivo Provincial de Políticas Sociales, que articuló la participación de más de treinta organizaciones representantes de los sectores confesional, social, sindical, cooperativo, empresarial y académico. Desde ese espacio multilateral se avanzó en la implementación del presupuesto participativo del ministerio y se logró acordar la puesta en marcha del derecho garantizado para la niñez para todas las familias en situación de vulnerabilidad que tuvieran hijos menores de 6 años.
La nación concentra hoy el 70% de los recursos de las políticas sociales; las provincias, el 23%, y los 2200 municipios sólo el 7%. Tenemos mucho Estado y una sociedad civil débil de recursos y con poca autonomía, que tiene que armar proyectos y después buscar quién se los financie.
Es necesario equilibrar la distribución de recursos entre la nación, las provincias y los municipios, a través de mecanismos de federalización que permitan desarrollar programas que tengan en cuenta las necesidades locales y articulen el trabajo de las organizaciones. Los retos van desde el acceso a las fuentes de información y financiamiento, el fortalecimiento en su capacidad de gestión hasta los modos de articulación entre las propias organizaciones.
El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Hay que ir hacia una segunda generación de políticas sociales que tome como eje la participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de las OSC a través de la transferencia directa de recursos para que puedan encarar sus propios programas.
