* Por Daniel Arroyo
Durante los primeros gobiernos peronistas se llegó a una distribución de la riqueza en la que la mitad correspondía al capital y el otro cincuenta por ciento quedaba en manos de los trabajadores. De allí en más, el país penduló entre gobiernos militares en los que aumentaba la participación del capital y períodos democráticos en los que ascendían los recursos en manos de los trabajadores.
A partir de 2003, el gobierno se propuso como meta volver a una distribución 50 y 50. Las políticas de aumentos salariales, la reapertura de las paritarias y el fortalecimiento del sindicalismo permitieron establecer un piso cada más alto en el ingreso de los asalariados. Y efectivamente ésta ha sido una década ganada: hoy el 57% de la riqueza va para el mundo del capital y el 43% para el mundo del trabajo.
La brecha de desigualdad, en cambio –y si bien registra una tendencia a la mejora–, parece reducirse a ritmo más lento. En la primera mitad de los años ’70, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 7 a 1. Luego de un brutal proceso de concentración de la riqueza, en 2002 llegó a ser de 44 a 1. Hoy esa brecha se acortó a 28 a 1. Sin dudas estamos mejor que diez años atrás, pero el nivel de concentración sigue siendo muy alto.
Las mejoras conquistadas en la última década marcan un piso importante para los argentinos. Ahora es el tiempo de encarar la lucha contra la desigualdad en la verdadera escala que requiere el problema.
Es el momento de ir por más, poniendo en marcha una reforma tributaria importante donde los que más ganan, paguen más. Los avances en la AFIP y las nuevas tecnologías nos permitirían tener el control necesario para encarar estos cambios. También hay que implementar políticas que luchen contra la informalidad laboral (que hoy afecta al 40% de los trabajadores) y consolidar a través de una ley la universalización de las AUH. Hay que fomentar las cadenas estratégicas que generen empleo. Si logramos dar cuenta de estos desafíos, podremos tener al final de esta década la distribución equitativa de la riqueza a la que los argentinos aspiramos.
