viernes, 28 de enero de 2011

“Para bajar la pobreza hay que cambiar los impuestos”

(Entrevista publicada en el semanario El Economista, viernes 28 de enero de 2011)

Daniel Arroyo trabaja en el Grupo Banco Provincia y fue viceministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Es uno de los especialistas en políticas sociales que mejor conoce la situación de los segmentos más vulnerables del país. Entiende que el crecimiento económico y las políticas sociales juegan un rol fundamental para resolver la pobreza estructural de la Argentina. Sin embargo cree que ninguno de los temas ayuda a mejorar la distribución del ingreso. Para ello dice que hace falta un cambio en el esquema tributario argentino, que es muy parecido al de hace 25 años. La mayoría de los especialistas sostiene que la distribución del ingreso puede mejorarse a partir de una caída sostenida de la pobreza. Sin embargo hay quienes creen que eso en la Argentina es difícil que ocurra porque la economía no crea suficientes empleos de calidad para que más gente salga de la pobreza. Según Arroyo una modificación del sistema tributario mejoraría la distribución del ingreso porque ayudaría a crear empleo de más calidad.
Hay quienes creen que decisiones desde la política como modificar la carga tributaria sobre ciertos sectores puede impactar en la distribución del ingreso ¿Qué opina?
Los políticos pueden modificar la distribución de la riqueza. Pueden ampliar o achicar la brecha. Me parece que para achicar la brecha no alcanza sólo con generar trabajo y bajar la pobreza. En América Latina en los últimos años la brecha mejoró porque se creó más trabajo y los Estados volcaron más recursos para construir viviendas y financiar políticas sociales. La brecha se cerró, es cierto, pero no de una manera significativa.
Entonces, el sistema impositivo importa para mejorar la distribución del ingreso.
La cuestión central para mí está en el tema tributario. En la Argentina el 40% de las personas que trabajan lo hace en negro. Automáticamente esto hace que quienes paguen sus impuestos sufran una carga mayor. Por ejemplo que todos paguen IVA. Me parece que decisiones sobre estos asuntos cambian el esquema de distribución del ingreso pero se trata de cuestiones más políticas que económicas. En América Latina los gobiernos le encontraron la vuelta al manejo de la política social en un contexto internacional favorable pero no han sabido todavía qué hacer para crear sistemas tributarios más progresivos que vayan a la raíz de la concentración del ingreso.
¿Y en la Argentina?
La cuestión tributaria es estructural para bajar la pobreza y mejorar la distribución en la Argentina. El país hoy tiene el mismo esquema organizativo y impositivo que hace 25 años. Así es muy difícil cambiar algo en serio. En 2001 tuvimos 57% de pobres y eso fue una situación excepcional. También es insostenible que crezcamos a 8% anual. ¿Entonces adónde tenemos que apuntar? La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la década del 70 era de 7 a 1. En 2001 esa diferencia se fue a 44-1 y hoy es de 31-1. En mi opinión esa brecha no se achicará a menos que haya una modificación de la estructura tributaria argentina. Hoy la Argentina y la AFIP tienen las herramientas para aplicar impuestos y gravar rentas que hace 20 años eran impensables. En ese sentido el país se ha modernizado mucho en estas últimas dos décadas. Falta una decisión política.
¿Por qué en la Argentina persiste una fuerte desigualdad?
Por tres motivos. Uno es la cuestión de los recursos fiscales. El 70% es administrado por la Nación, 23% por las provincias y 7% por los municipios. Me parece que esta es una distribución acorde a una época de crisis como la que se vivió en 2001. Pero eso pasó y ahora debe ser modificado. En segundo lugar donde se nota que se manifiesta la desigualdad es en el reparto de los ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre. Y acá aparece el tema de la informalidad y la mala calidad de trabajo en la Argentina. Finalmente aparece la cuestión etárea. Los jóvenes duplican al resto de la población en los indicadores sociales: pobreza, desempleo, exclusión, etcétera. En mi opinión mejorar este último punto, esencialmente, depende de descentralizar más los recursos de las políticas sociales, para que las provincias y municipios trabajen sobre las poblaciones más en riesgo.
¿Qué opina del sistema de protección social en la Argentina?
Hay una masa de subsidios aplicada en parte a los sectores pobres y el sistema de protección social fue transformado en los últimos años. Pero no se midieron consecuencias. Por un lado el sistema es contributivo, ¿qué quiere decir esto? Una persona trabajó como gerente ganando $100, se jubila y luego la ANSES le paga $100. Trabajaba como cadete ganando $10, se jubila y gana $10. Este sistema se rompió en la Argentina. Al extender la Asignación Universal por Hijo, la jubilación anticipada y un montón más de derechos, el sistema dejó de ser contributivo. Hoy todos los que tienen más de 65 años se jubilan y todos los que tienen hijos menores de 18 años cobran salario familiar. Me parece que este sistema entró en un límite y hay que modificarlo porque es difícil solventarlo. No todos los beneficiarios aportan al sistema.
Y ¿con qué recursos podría financiarse?
Es la pregunta clave. Para mí de la única manera que se puede hacer es cambiando el sistema tributario.
¿El sistema de protección social debe basarse únicamente en mejorar el ingreso de las personas o también atender otras cuestiones?
El sistema protección social tiene que tener cuatro patas. Una parte tiene que ver con los ingresos. La mayor parte de los pobres en la Argentina lo son porque no les alcanza el dinero, ya sea porque tienen trabajos de mala calidad o empleos informales. Lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas y ayudas como la AUH concentran la mayor parte de la ayuda que estos sectores reciben. La segunda pata de la protección social debería cubrir las condiciones mínimas de vida. Hay un 10% de la población que vive en casas que tienen pisos de tierra, algo más parecido al Siglo XIX que al XXI. La tercera es el tema de salud y educación. En la Argentina hay buena cobertura pero de mala calidad. Efectivamente proporcionalmente van más chicos a la escuela en la Argentina que en Brasil o Chile, la cobertura de salud es más amplia en la Argentina que en aquellos países, pero la calidad se deterioró demasiado. Finalmente, el último punto es la registración. Ningún sistema de protección social puede funcionar bien si el 40% de los trabajadores son informales. Es un problema económico pero también social. El sistema de protección social fue diseñado cuando el 97% de los trabajadores era formal. El plus de vacaciones, obra social, etcétera, son resabios de aquella época y que hoy el 40% de los que trabajan informal no lo perciben.
¿Qué es el Conurbano bonaerense?
Dos corredores. El conurbano ya no se ve en términos de cordones sino en términos de Norte-Sur. Por un lado está el corredor norte que se desenganchó para arriba porque hay mucha inversión privada. Y por el otro el corredor sur que se cayó, se desenganchó para abajo. Hay que invertir mucho dinero para revertir esa tendencia.
¿Cuánto dinero?
Empezaría con $2.500 millones por año en un programa de becas a jóvenes para capacitarlos en trabajos específicos, pagarle a un tutor para que los acompañe y darle un un incentivo fiscal a la empresa que toma ese chico. Es cierto que esto, en algún momento se quiso hacer pero no funcionó. Pero el Estado hoy tiene mayor poder de control sobre la población y puede detectar mejor las irregularidades. El problema es de oferta y demanda. Jóvenes que se capaciten, empresas que los tomen y un tutor que los acompañe.
¿Cómo ve el debate sobre los temas sociales de cara a la campaña?
No lo veo. El gran tema de la Argentina a futuro es el 82% móvil. Pero de eso no se hablará. En mi opinión el país en los últimos años incorporó una gran cantidad de personas a la red de subsidios pero no los incluyó de manera formal en la red de protección social porque se trata de gente que no contribuye. Es evidente que hay un segmento de la población que debe ingresar allí y discutir cómo se financia mantenerlos allí.