(publicado en el diario La Nación, domingo 4 de septiembre de 2011)
Por Néstor Scibona
Para el gobierno de Cristina Kirchner, todos son logros en materia socioeconómica. Para la dispersa oposición, casi todas son pálidas. La divergencia no sólo se explica por el cristal político con que se mire, sino también con respecto al punto de partida: la mayoría de los indicadores sociales muestra una innegable mejora frente a la crisis de 2001/2002; pero la recuperación no alcanza a revertir la decadencia de las últimas décadas, especialmente en el segmento de ingresos más bajos. En otras palabras, todo lo que se hizo es poco frente a lo que falta hacer. Y la vuelta de la inflación complica el panorama, al ensanchar la brecha entre ricos y pobres.
No sólo eso. El camuflaje oficial de las estadísticas inflacionarias dificulta los diagnósticos cuantitativos al subestimar el universo de personas con problemas. Para el Indec, 9,9% (o sea 1 de cada 10) vive por debajo de la línea de pobreza y 2,5% son indigentes; pero estos niveles surgen de los cuestionados costos de las canastas básicas de consumo que elabora el organismo. Si se las midiera según los valores de las consultoras privadas, multadas por Guillermo Moreno, el número de pobres e indigentes más que se duplica: la diferencia involucra a no menos de 4,5 millones de habitantes.
La politización del Indec volvió a quedar en evidencia días atrás cuando su directora, Ana María Edwin, presentó los resultados del Censo Nacional de 2010. Aunque en teoría se trata de un organismo del Estado y no del Gobierno, la funcionaria atribuyó a la política oficial, por ejemplo, que el número de viviendas haya crecido más (14,7%) que la población total (10,6%) en los últimos 10 años. Esto representa una leve mejora de un punto porcentual (de 33 a 34%) en la relación entre ambas, pero no tiene en cuenta las condiciones de hábitat.
Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el 8,1% del total de hogares hay situaciones de hacinamiento, proporción que se eleva a 19% en el segmento de ingresos más bajos y a 22% en villas o asentamientos precarios. El ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo considera que en esta realidad reside el principal problema social de la pobreza extrema y le otorga máxima prioridad para resolverlo. "El hacinamiento lleva a chicos y jóvenes a la calle, a tomar contacto con el paco como factor de pertenencia, a endeudarse para conseguirlo y a delinquir para pagarlo", diagnostica.
Precisamente, los datos del Barómetro de la Deuda Social (de la Argentina y de la Infancia), difundidos en el último mes por la UCA, permiten trazar un panorama cualitativo de la brecha de desigualdad existente en la sociedad argentina. Y que puede sintetizarse en que distintos derechos (a la vivienda, a condiciones de vida adecuadas, a un trabajo decente, a la alimentación y la salud, a la educación de calidad, a la seguridad y protección a la niñez) no son "para todos". Ahora que se ingresa en el tramo final de la campaña electoral bien vale consignarlos, porque implica el "desendeudamiento" más costoso de resolver y requiere de políticas de Estado articuladas antes que medidas sueltas:
Las viviendas precarias o inapropiadas (techos, pisos y paredes) equivalen al 12,2% del total; al 27,4% en el estrato social más bajo, y al 50,6% en villas o asentamientos.
A pesar de los avances de los últimos años, el 18,7% de los hogares del conurbano bonaerense tiene déficit en el acceso a agua corriente por red y el 26,1% no tiene suministro. Para redes cloacales esas proporciones se elevan a 55,3 y 66,5 por ciento.
El déficit de acceso a gas natural por redes alcanza a 32,4% en el conurbano bonaerense, a 56% en el segmento de ingresos más bajos, y a 90,4% en villas.
En 11,8% de los hogares urbanos (13,7% de la población total) la tenencia de la vivienda es irregular, frente a 70,8% de propietarios y 17,4% de inquilinos. En villas o asentamientos, esas proporciones se ubican en 51,8%, 42,1% y 6,1%, respectivamente.
La mitad de los hogares (50,1%) registra déficit de vigilancia y patrullaje policial. En los sectores más pobres se eleva a 65% y en villas a 76,7 por ciento.
En casi un tercio (30,5%), al menos un miembro de la familia sufrió un hecho de delincuencia en el último año, con mayor proporción en sectores medios (34%) o altos (36 por ciento).
En 16,7% de los hogares existen basurales cerca de las viviendas (46% en villas), e industrias contaminantes en 11,7 por ciento.
Un 43% de los trabajadores mayores de 18 años tiene empleo decente (con cobertura previsional y de salud), mientras que otro 35,5% lo tiene en negro. En el segmento de ingresos más bajos esas proporciones son de 13 y 44%, y la tasa de desempleo trepa a 22 por ciento.
El 40% de la población mayor de 18 años y el 52,5% del estrato muy bajo (que se eleva a 64% en las villas) se atiende en el sistema público de salud. En el sector medio bajo se reduce a 25,2% y en el medio alto a 8,8 por ciento.
Un 33% de la población declara no contar con gente que le ayude a resolver problemas; 60% no dispone de tiempo de ocio (sin trabajar, estudiar o realizar tareas domésticas) y 47% no realiza ejercicios físicos.
NIÑEZ Y TRABAJO INFANTIL
Los niños y adolescentes urbanos bajo la línea de pobreza alcanzaban en 2010 al 23,4% del total (según la canasta básica oficial) y al 42% (según una CBT alternativa).
Una proporción de 14,4% de los niños hasta 17 años (que se eleva a 29% en el estrato más bajo) con frecuencia no tiene lo suficiente para comer. En 2010, un 23,8% accedió a algún tipo de alimentación gratuita en comedores escolares o sociales.
Casi la mitad (43,5%) no dispone de cobertura de salud (obra social, mutual, prepaga) y 16,5% no cuenta con un hospital o centro público de salud a menos de 10 cuadras de distancia.
Dos de cada diez (22,2%) tienen necesidades básicas insatisfechas, pero en las villas esa proporción se eleva a 87,2 por ciento.
En 15% de los casos tienen déficit de ropa de abrigo y calzado adecuado y provienen de hogares con problemas para afrontar gastos fijos (34%) o corrientes (44 por ciento).
En 2010, el 80% de niños y adolescentes urbanos contaba con cobertura de salario familiar (36,8%), Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones no contributivas (28,3 por ciento).
La cobertura de la AUH alcanza al 51% de los que viven en urbanizaciones informales, al 56,5% del estrato más bajo y al 69% de la población indigente. Pero el 20% de este segmento (250.000 casos) no tiene cobertura alguna (debido a la falta de DNI o problemas de tenencia).
Un 42% de los niños de 3 a 4 años no asisten a jardines de infantes; no les suelen contar cuentos, y en un 16% de los casos no festejaron su último cumpleaños. En 14,6% comparten cama o colchón para dormir.
En los chicos de 5 a 13 años subió a 6,7% la propensión al trabajo no doméstico (era de 3,4% en 2007) como medio de supervivencia familiar y en el segmento de 14 a 17 años bajó a 19,8% (frente a 23,5% hace cuatro años).
En los adolescentes que trabajan y estudian, la propensión a repetir de año supera 40% en los estratos más bajos.
Si bien la AUH tiene un efecto de contención, no resuelve los problemas de pobreza estructural ni de exclusión social.
