(artículo publicado en el libro “Ilusión monetaria: La crisis financiera mundial, la transformación de los capitalismos nacionales y la cuestión social”,
coordinada por el sociólogo Guillermo Pérez Sosto y auspiciada por la Fundación UOCRA, por la UNESCO, por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y por la Organización de Estados Iberoamericanos)
Por Daniel Arroyo
Hasta el año 2008, la región de América Latina en general –y, en particular, la Argentina- experimentó un importante crecimiento sostenido, lo que significó una substancial mejora en los indicadores sociales. La crisis global reciente, por su profundidad y significación económica, política y comercial, impactó negativamente sobre el contexto económico-social en América Latina. A partir de mediados de 2009, el mundo y la región, fueron alcanzados por una crisis con pocos registros en las últimas décadas. La crisis financiera inicialmente generada en Estados Unidos, se transfirió a la economía real cuestionando todas las visiones y teorías sobre los mercados internacionales. Y si bien hay algunos indicadores que muestran que la crisis obtuvo un piso y que la antesala de un crecimiento mundial parece relativamente cercana, los indicadores todavía son complejos y las secuelas igualmente profundas, principalmente en la situación social.
Esto genera un desafío para todos los Sistemas de Protección Social (SPS) en la región, ya que se debe enfrentar una crisis que no sólo significa incremento en los indicadores de desempleo y subempleo, sino también en los niveles de pobreza.
El crecimiento económico de los últimos años
Durante la última década en América Latina se pudo observar un crecimiento económico sostenido tal, que según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la tasa media de crecimiento anual, del Producto Interior Bruto (PIB) real (a precios constantes) por habitante, pasó del 1.5% (período 1990-2000) al 3.2% (en el periodo 2002-2008). Para el Banco Mundial, durante el período 2000-2007, se dio un incremento importante del PBI real por habitante en toda la región.
Este crecimiento económico, puede atribuirse a cuatro factores básicos en la región. En primer lugar, el aumento del precio de los bienes agroindustriales como la soja, los aceites, los combustibles, los petroquímicos, el trigo, el maíz, el acero y algunos productos industriales derivados de la actividad metalmecánica. Además, se puede observar un incremento de la demanda de bienes por parte de las “nuevas potencias” asiáticas (China e India) como grandes demandantes de los productos que exportan los países de la región.
En segundo lugar, el éxito de este crecimiento económico se vinculó también a un nuevo manejo macroeconómico que impulsó el consumo y la demanda agregada, abandonando políticas ortodoxas vinculadas al ajuste o a limitaciones en la expansión del producto. En este sentido, se promovieron tipos de cambio reales competitivos que permitieron mejorar la balanza de pagos, como así también políticas monetarias expansivas, acompañando la oferta del incremento de bienes.
En tercer lugar, una política de desendeudamiento hasta la crisis, que permitió abandonar paulatinamente el problema del default en la región, marcando una recomposición en cuentas fiscales y por lo tanto, solidez en el mediano plazo. En el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, esta situación significó el desendeudamiento con algunos organismos multilaterales, en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todos estos factores económicos, sumado al incremento en los recursos de los planes y programas sociales, permitieron importantes mejoras (por lo menos hasta 2008) en los indicadores de los países seleccionados en esta investigación.
Tal vez, como aspecto negativo, se puede observar que a la par de una etapa de crecimiento económico sostenido se produjo un incremento de los precios internos (inflación) en gran parte de los países de la región. Probablemente el aumento de la demanda de bienes y servicios, no acompañado por un aumento de la oferta, sea un factor relevante a la hora de evaluar el incremento de los índices de inflación. Esto es muy importante para los sistemas de protección social porque impacta de manera notable en los indicadores de pobreza e indigencia, lo que significa problemas de escala e inclusión social de importantes sectores de la sociedad.
El impacto sobre los indicadores sociales
Claramente, en la Argentina, desde el 2002 hasta mediados del 2008, hubo una reducción importante de la pobreza, producto del mejoramiento de las condiciones económicas y de un cambio de paradigma estatal, más orientado a lo productivo y con mayor masificación de las políticas sociales.
Está claro que en la Argentina, desde el 2002, después de la crisis del 2001 hasta el 2007, hay un descenso significativo de la pobreza. Es discutible hoy hablar de cifras o porcentajes precisas, pero es evidente que hubo una reducción.
Desde mediados del 2007 en adelante, hay un cambio de tendencia y cambian las condiciones sociales. Por un lado, por el aumento del costo de vida y que se registra, especialmente, en los precios de los alimentos. Esta situación impacta directamente sobre los sectores pobres. Por otro lado, por cierto amesetamiento en el nivel de actividad de aquellos sectores productivos que incluyen a la población con baja calificación. Me refiero, en particular, a sectores como la construcción, el textil, el calzado, el metalmecánico, los frigoríficos y las curtiembres. Es decir, a aquellas actividades económicas que llegan hasta la punta de la cadena, e incluyen a la población con baja calificación laboral. En este punto, se estaría observando cierta recuperación a partir del último semestre de 2010.
En este sentido, es necesario destacar que la universalización de las asignaciones familiares no sólo representa un cambio de concepto en la política social sino que implica también una transferencia de recursos hacia los sectores de menores ingresos. Es una forma de cumplir con un derecho y, también, promover la economía local en la medida en que las personas gastan sus ingresos en los comercios cercanos a su zona y generan un movimiento económico positivo para el barrio. La idea de que lo social y lo económico van de la mano se plasma en este sistema de extensión de las asignaciones familiares: se extiende un derecho vinculado con la niñez y se fomenta el consumo.
La experiencia llevada adelante por el Gobierno Nacional va en la dirección correcta en la medida que apunta a establecer un nuevo piso de ciudadanía. El siguiente objetivo debería ser que se establezca el plan de universalización de las asignaciones por hijo por ley y garantizar que sea un derecho por los próximos 20 años, de modo que tenga continuidad en el tiempo e indistintamente del color del gobierno de turno
Los desafíos a corto y mediano plazo
Por tanto, la agenda social en la Argentina tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
La desigualdad se encuentra estrechamente vinculada a la pobreza, y muestra los patrones de distribución de ingresos entre los distintos grupos sociales y la brecha entre ambos. La región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población de los países. Si bien en la última década se corrobora cierta tendencia a la mejora de la distribución del ingreso, se trata de una reducción muy poco significativa que no modifica los patrones de distribución regional, claramente inequitativos. Estas desigualdades operan en el acceso a los servicios básicos como salud y educación y a la inclusión laboral de las personas.
Hoy ya no es posible hablar de pobreza sin considerar que cada vez es mayor el sentimiento de privación relativa que tiene la población en general. La brecha entre las expectativas de consumo en relación con los ingresos reales de las personas reconfigura las nociones de inclusión y exclusión. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras. Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003. Esta problemática excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico. Los grandes centros urbanos son un mundo absolutamente diferente al resto como problema para la política social y es en dónde se concentran la gran mayoría de los pobres en estos países de América Latina. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
Con un contexto prolongado de crecimiento económico y un cambio en la última década de las orientaciones políticas en toda la región, el gran desafío de la Argentina es buscar soluciones efectivas a estas situaciones que aún siguen siendo críticas. Sin dudas, hemos mejorado mucho en los últimos años. Ahora, el objetivo de los diez próximos años es poder atender estos problemas y lograr llegar al 2020 con una mayor inclusión social.
