(publicado en el diario Tiempo Argentino, 11 de octubre de 2011)
El ex viceministro de Desarrollo Social asegura que la Argentina tiene la mayor cobertura de salud, educación y alimentación. Y cree que hay volcar todos los recursos para atacar la problemática social.
Reconocido como uno de los mayores especialistas en políticas de desarrollo social, Daniel Arroyo combina una amplia trayectoria en el mundo académico con una extensa trayectoria en la administración pública, que alcanzó su punto culminante cuando ocupó el cargo de viceministro de Desarrollo Social en los primeros años de la gestión de Alicia Kirchner.
En diálogo con Tiempo Argentino, destacó tanto los avances registrados en materia de protección social desde 2003 como los desafíos que se presentan en el horizonte.
“Hay un problema de acceso a la tierra. Creo que hay que crear en la Argentina un Banco Social de Tierras, ver toda la tierra fiscal que existe, y en función de eso fijar prioridades”, puntualizó al referirse al déficit habitacional de la Argentina.
–¿Qué evaluación hace de las políticas de protección social de los últimos años?
–Desde 2003, el sistema de protección social en la Argentina ha crecido y se ha modificado mucho. Yo marcaría tres rasgos positivos, no sólo en lo conceptual sino también en lo práctico. Uno es que la protección social ha tendido a universalizarse, ya sea por la Asignación Universal por Hijo (AUH), por el sistema jubilatorio –mediante la jubilación anticipada o mecanismos que permitieron jubilarse a quienes no habían contribuido– y por una política de promoción de que los chicos vuelvan a la escuela y permanezcan en el sistema de salud. Claramente la Argentina, a diferencia de otros países de América Latina, ha tendido a un aumento de la cobertura. Después está la cuestión de la infraestructura de vivienda, salud y educación. Aunque hay discusión por la calidad, es claro que la Argentina ha registrado avances. Hoy el país tiene el mayor nivel de cobertura de salud, educación y alimentación de América Latina. Esto significa que la gente tiene un lugar cercano donde dirigirse, no habla de la calidad.
–¿Qué característica tuvo esa ampliación de la cobertura?
–Ha habido una apuesta a la inclusión por el mundo del trabajo. La tendencia en la Argentina ha sido que la gente consiga trabajo o pueda montar su propia actividad productiva a través de créditos, microcréditos, pequeños emprendimientos productivos. Una porción importante del sistema de protección social apunta a la idea de que conseguir trabajo es un trabajo en sí mismo y esto el Estado tiene que regularlo y acompañarlo.
–¿Cuáles son los desafíos?
–Una gran deuda pendiente tiene que ver con integrar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, y un debate futuro es una reducción impositiva para las cadenas productivas que masivamente incluyen jóvenes. Es decir, cómo hacemos para incentivar que las empresas incluyan jóvenes y cómo extender los sistemas de créditos. Hoy tenemos 4 millones de personas que trabajan (gasistas, plomeros, carpinteros, pequeños emprendedores) que no acceden a créditos por falta de garantías, entonces se van trabando y no logran dar el salto de calidad.
–Una de las críticas que plantea la CEPAL es la necesidad de darle mayor institucionalidad a los instrumentos de protección social…
–En general, la institucionalidad plantea cómo articular las áreas y sostener el sistema de protección en el tiempo. Es decir, implica por ejemplo que la AUH se apruebe por ley. El desafío, en parte, es ese, pero me parece que hay uno previo que es la masificación, o sea, extender el sistema de protección social definitivamente a los que faltan.
–¿Cuál debería ser la agenda social del próximo gobierno?
–Tenemos el 10% de la población en la pobreza, un 35% de informalidad, un nivel de desigualdad que ha bajado muchísimo pero que sigue siendo alto, 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan y una escuela secundaria que hay que reconvertir. Tenemos una serie de desafíos que el Estado toma pero que necesitamos masificar: debemos llegar a 900 mil jóvenes, volcar $ 4000 millones en microcréditos y extender la infraestructura básica para cubrir la población que todavía no cubrimos. El desafío es terminar la década sin pobreza y desocupación. El actual contexto económico y la ampliación de la base de cobertura nos da posibilidades. Entonces tenemos que volcar recursos masivamente para darlo vuelta. Los problemas sociales en la Argentina son de mayoría, no de minoría, y requieren recursos masivos. Enfocando en estos nuevos temas tenemos chances reales de terminar la década sin pobreza y sin desocupación. Es muy evidente.
–¿Cómo se puede resolver al déficit habibitacional?
–Hay dos cuestiones. Una es la falta de vivienda, donde está claro que hay un déficit grande. La otra tiene que ver con el problema del hacinamiento, con viviendas pequeñas donde vive mucha gente. El hacinamiento dispara problemas de adicciones y dificultades distintas en los barrios. Hay que crear un Banco Social de Tierras, ver toda la tierra fiscal que existe, y en función de ello fijar prioridades.
