El gasto social, bajo la lupa de la eficiencia
En la última década se vivió un fuerte aumento de estas erogaciones, enfocadas sobre todo en paliar la extrema pobreza. Quedan pendientes temas de inclusión laboral, educación, salud, movilidad ascendente, y descentralización de los recursos.
El gasto social del sector púbico pasó de 1.500 millones en 2003 a 22.000 millones en 2011. La mayor parte está focalizado en paliar los efectos negativos de la crisis sobre la pobreza extrema pero se destina mucho menos a cuestiones que fomenten el desarrollo económico de toda la sociedad.
Esta es una de las conclusiones que planteó Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación (presidencia de Néstor Kirchner), en el panel “Gasto público social, eficiencia y equidad”, que se desarrolló el miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UNC.
El actual profesor de Flacso, la UBA y la Universidad de La Plata, disertó con el economista de Idesa, Jorge Colina, y la profesora de la FCE de la UNC, Mariana De Santis en el marco de las 5ª Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas.
Una nueva Argentina. Arroyo advirtió que en el país la estructura social cambió y surgieron nuevos problemas en los últimos 15 años.
Aunque las políticas lograron frenar la movilidad social descendente en forma masiva (la aparición de los nuevos pobres en los ‘90 y la crisis de 2001), la movilidad ascendente (que caracterizó décadas anteriores) se estancó.
La sociedad argentina está formada por cuatro grupos totalmente diferentes, explicó. En la base, se ubican los pobres estructurales hacia los cuales va destinada la mayor parte del gasto social, que no está incorporado al mundo laboral y que transmite en la pobreza de una generación a otra.
En segundo término, los sectores vulnerables ligados al trabajo informal (asalariado o cuentapropista) que se auto sostiene, con poca o nula asistencia social estatal y que tiene como característica la precariedad y la inestabilidad. “Es un sector sin acceso al crédito formal, sólo recurre al usurario, por eso es el más endeudado del país”, remarcó.
Los otros dos grupos están conformados por la clase media, ligada al trabajo formal y profesional, y la alta, cada vez está más concentrada.
Arroyo subrayó que el Estado nacional basa hoy gran parte de su gasto social en la transferencia a personas (sobre todo la Asignación Universal por Hijo). Esto lo evalúa positivamente porque mueve la economía local, otorga un piso de arranque social y extiende los derechos. Sin embargo, advirtió que este sistema de sólo transferir “está llegando a su límite” porque impide una inclusión laboral de estos sectores y se manifestó a implementar un sistema de empalme.
“Hay que aplicar un cambio de paradigma. Si no, vamos a estar mejor con 2001, pero nos vamos a quedar con gusto a poco”, dijo. Subrayó que las políticas sociales necesitan ser masivas (por ejemplo, llegar a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan o financiar al sector informal) capacitar y fomentar el desarrollo productivo. “La política social se ha orientado a reducir la pobreza, pero está faltando disminuir la desigualdad, articular con la educación y con la salud y descentralizar los recursos para ir cerca de los problemas”, concluyó.
$ 22.000 millones destinó la Nación al gasto social en 2011. De ese total, 19.000 millones fueron transferencias condicionadas (AUH y otras).
900.000 jóvenes entre 16 y 24 años del país no estudian ni trabajan. La política social asiste sólo a 200.000 con becas educativas.
200.000 personas en Argentina son beneficiarias del sistema de microcrédito. El universo que necesita acceder a este financiamiento es de 4 millones.
Dispar distribución de recursos y responsabilidades
Las provincias son las que deben afrontar la mayor porción del gasto en salud y educación.
Jorge Colina, enfatizó la necesidad de realizar una nueva ley de coparticipación y establecer reglas claras de gestión entre la Nación y las provincias en salud y educación. “Los argentinos nunca pagamos tantos impuestos como hoy, pero el 80 por ciento del incremento de la presión fiscal en la última década (del 21,5 al 33,7 por ciento) se lo llevó la Nación. Quienes realizan la mayor parte del gasto en salud y educación no reciben recursos suficientes”, dijo.
Esto trae como consecuencia la dilución de responsabilidades y la ineficiencia. Esto último, lo ejemplificó con la duplicación del gasto (público y privado) para recibir las mismas prestaciones en educación y salud.
Por su parte, Mariana de Santis, recalcó que en América Latina, en los últimos 20 años el gasto total pasó del 44 al 65 por ciento, pero la porción destinada a educación y salud casi no varió. “El aumento del gasto social ha ido a financiar políticas para paliar el riesgo social”, advirtió. En salud el desafío es aumentar la eficiencia del gasto público.
“Según la OCDE, la reducción de la ineficiencia en el gasto permitiría elevar en un año la esperanza de vida al nacer, mientras que aumentar 10 por ciento el gasto sólo la sube cuatro meses. Y 40 por ciento de ese gasto sería innecesario”, subrayó.
