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En el marco de la aprobación de la ley
que permite a los jóvenes entre 16 y 18 años acceder al voto, el licenciado en
Ciencias Políticas, Daniel Arroyo, mantuvo un diálogo telefónico con Nuevo Diario acerca de esta medida a la que
consideró auspiciosa, porque “aumenta el derecho de los jóvenes”
“Más allá de que esté bien la medida, creo que el núcleo central como problema de los jóvenes de la Argentina no está ahí, sino que está dado en que 900 mil jóvenes de 16 a 24 no estudian ni trabajan, y hay un problema serio de deserción escolar, de casi un 40% en la escuela secundaria, sumado a ello la problemática de las adicciones y el embarazo adolescente”, indicó el profesional, quien se desempeñó como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2003-2007).
“El propio tema electoral no fue una demanda de abajo hacia arriba, y no es que los jóvenes lo reclamaron”, resaltó al hacer alusión al país chileno, donde hubo hace unos años un reclamo por reformas educativas.
Agregó que “en la Argentina, el voto a los 16 no fue un reclamo de los jóvenes, pero sí esta medida es buena en el sentido de ampliar los derechos. Nos está faltando un sistema de tutores que acompañen a los jóvenes para sostenerse en el trabajo y hace falta una ley que priorice crear empleo para todos ellos”.
Arroyo consideró como una necesidad crear un fondo federal de 4 mil millones de pesos para financiar una red de 20 mil tutores, el cual se compondría de un cura, un líder de barrio, maestras o cualquier otra persona autorizada para acompañar a los jóvenes y junto a ello, crear un sistema de escuelas de oficio, de crédito, de derecho a primer empleo. “En nuestro país está faltando el derecho de acceder a una política integral de inclusión a los jóvenes, como está ocurriendo en otros países”, remarcó.
Sobre la educación cívica de los jóvenes y su participación en la política, indicó que “una parte de los jóvenes se politizó y ha tomado a la política como un espacio de participación, pero otra gran parte tiene apatía por lo público. Sobre esta ley en particular mi impresión es que va a votar solamente la mitad de los jóvenes de 16”.
Por otro lado, sostuvo que es necesario “crear un sistema de información para que los jóvenes tengan conocimiento sobre las propuestas de los partidos, una capacitación cívica para que conozcan su accesibilidad al voto y trabajar mucho con la escuela secundaria”.
Un destacado profesional
Daniel Fernando Arroyo se desempeñó como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2003-2007).
Además es licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Ciencia Política. Postgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Es autor de varias publicaciones y participó como expositor en seminarios internacionales realizados en Lima, Perú, y en el seminario organizado por el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, Río de Janeiro
“Más allá de que esté bien la medida, creo que el núcleo central como problema de los jóvenes de la Argentina no está ahí, sino que está dado en que 900 mil jóvenes de 16 a 24 no estudian ni trabajan, y hay un problema serio de deserción escolar, de casi un 40% en la escuela secundaria, sumado a ello la problemática de las adicciones y el embarazo adolescente”, indicó el profesional, quien se desempeñó como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2003-2007).
“El propio tema electoral no fue una demanda de abajo hacia arriba, y no es que los jóvenes lo reclamaron”, resaltó al hacer alusión al país chileno, donde hubo hace unos años un reclamo por reformas educativas.
Agregó que “en la Argentina, el voto a los 16 no fue un reclamo de los jóvenes, pero sí esta medida es buena en el sentido de ampliar los derechos. Nos está faltando un sistema de tutores que acompañen a los jóvenes para sostenerse en el trabajo y hace falta una ley que priorice crear empleo para todos ellos”.
Arroyo consideró como una necesidad crear un fondo federal de 4 mil millones de pesos para financiar una red de 20 mil tutores, el cual se compondría de un cura, un líder de barrio, maestras o cualquier otra persona autorizada para acompañar a los jóvenes y junto a ello, crear un sistema de escuelas de oficio, de crédito, de derecho a primer empleo. “En nuestro país está faltando el derecho de acceder a una política integral de inclusión a los jóvenes, como está ocurriendo en otros países”, remarcó.
Sobre la educación cívica de los jóvenes y su participación en la política, indicó que “una parte de los jóvenes se politizó y ha tomado a la política como un espacio de participación, pero otra gran parte tiene apatía por lo público. Sobre esta ley en particular mi impresión es que va a votar solamente la mitad de los jóvenes de 16”.
Por otro lado, sostuvo que es necesario “crear un sistema de información para que los jóvenes tengan conocimiento sobre las propuestas de los partidos, una capacitación cívica para que conozcan su accesibilidad al voto y trabajar mucho con la escuela secundaria”.
Un destacado profesional
Daniel Fernando Arroyo se desempeñó como secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2003-2007).
Además es licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Ciencia Política. Postgrado en Control y Gestión de Políticas Públicas, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Es autor de varias publicaciones y participó como expositor en seminarios internacionales realizados en Lima, Perú, y en el seminario organizado por el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, Río de Janeiro
