"La pertinaz pobreza"
(Artículo publicado en Le Monde Diplomatique en septiembre de 2012)
La pertinaz pobreza
Por Daniel Arroyo
En la última década se produjeron mejoras importantes y una significativa reducción de la pobreza en casi todos los países de América latina. Con características diversas, en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay o Venezuela el presupuesto destinado a política social aumentó, al tiempo que esta cuestión se transformaba en un tema de agenda pública como no lo había sido en las décadas anteriores.
Esto se explica en parte por los resultados de la década de 1990: en 2001, tras el estallido de la convertibilidad, Argentina registraba un 57% de pobreza, un 28% de desocupación y un 60% de informalidad económica. Fue, más allá de cualquier análisis posible, una década perdida desde el punto de vista social. La última década, en cambio, ha sido una década ganada, tanto en Argentina como en América Latina.
Sin embargo, muchos problemas sociales están lejos de haberse revertido. Para comprenderlo es importante analizar cómo ha ido evolucionando la política social en Argentina y cuál es la agenda de problemas que deben ser resueltos si efectivamente queremos dar vuelta una estructura que sigue siendo muy desigual.Tres etapas
Desde la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003 hasta la actualidad, la política social se puede analizar en tres etapas diferenciadas. La primera etapa, que se extiende del 2003 al 2009, está marcada por el contexto de crisis, y se estructura en tres ejes. Desde el punto de vista alimentario, el objetivo fue fortalecer tanto la asistencia alimentaria como la comensalidad en el hogar. Se apuntaba a salir paulatinamente del esquema de comedores y promover que la gente vuelva a comer en la casa. También buscaba transferir recursos a las provincias y a los municipios para que pudieran definir su política alimentaria. Este objetivo absorbió la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.
En el ámbito productivo, la idea era que muchos ciudadanos no lograban conseguir trabajo por sí mismos y que, por lo tanto, el Estado tenía que incidir de algún modo en la formación laboral y el financiamiento del sector informal. Bajo esta premisa, se lanzaron planes de capacitación laboral y se promovieron la empleabilidad y el emprendedorismo, financiando máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital por medio del plan Manos a la Obra.
Por último, se implementaron transferencias de dinero condicionadas, es decir programas que otorgan dinero a las personas a cambio de determinadas condiciones (trabajar un cierto número de horas o presentar certificados de escolaridad y vacunación de los hijos). El primer plan –Jefas y Jefes de Hogar– lanzado durante el gobierno de Eduardo Duhalde, llegó a cubrir, en mayo de 2002, a 2.200.000 personas, y luego se complementó con el Plan Familias, que diferenció los importes en función del número de hijos. La idea clave acá era que la pobreza tiene un claro componente en la falta de ingresos y que el Estado debe capitalizar a los sectores más pobres.
Esta primera etapa de política social se diseñó con el objetivo de salir de los programas focalizados de la década anterior buscando la masividad. El concepto clave aquí es que la pobreza es un tema de mayorías y que el Estado tiene que asistir en lo más básico: ayudar a ingresar al mercado laboral y generar una base económica para los más pobres. Esto implicó una mejora respecto del período anterior, al incorporar también la ampliación de la cobertura jubilatoria; pero no terminó de definir un cambio estructural.
La segunda etapa está decididamente marcada por la puesta en marcha, en diciembre de 2009, de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la inversión social más grande, en términos relativos, de América Latina, pero también supone un cambio conceptual: es el primer modelo de política social que busca equiparar los derechos de los hijos de los trabajadores formales con los de los informales, apuntando a que el salario familiar se transforme en un derecho que les corresponda a todos los niños más allá de la posición laboral que ocupan sus padres. Hoy están cubiertos 3.600.000 chicos, lo que representa una transferencia anual de casi 12 mil millones de pesos.
Con un efecto redistributivo innegable, la AUH está orientada a la inclusión en términos educativos y de salud. Y también genera un efecto económico en el consumo local, porque una persona que cobra 270 pesos por mes por hijo compra en el almacén de la esquina, en el comercio cercano y con ello ayuda a dinamizar la economía local. Así, se vinculan positivamente dos objetivos: se eleva la línea de ciudadanía (en el sentido de que gran parte de la población arranca en un piso más alto en el nivel de ingresos) y se fomenta el consumo.
Además de la AUH, en esta etapa, que se desarrolla luego de la crisis económica 2008-2009, se puso en marcha el programa Argentina Trabaja, que busca conformar cooperativas para personas desocupadas y que amplió su cobertura hasta llegar a casi 200.000 personas.
A diferencia de la etapa anterior, aquí sí se produjo un giro conceptual en la política social en la medida en que se universalizó una base de ingreso a través de la AUH. Aunque quedan varias cuestiones pendientes, como la extensión de la AUH a los sectores excluidos y la sanción de una ley que la consolide, sin dudas se ha creado un nuevo derecho para las familias pobres con hijos menores.
La tercera etapa, aún difusa, se desarrolló a partir de un conjunto de acciones que se consolidaron en los últimos años: la construcción de una gran red de atención social por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la ampliación de las pensiones no contributivas, el crecimiento de los programas para inserción de jóvenes en el Ministerio de Trabajo (lo más novedoso de todo) y la inclusión digital de los estudiantes secundarios a través del Ministerio de Educación. En esta etapa, en consonancia con acciones en otras áreas de gobierno, el foco se pone en la gestión de programas relacionados con la inclusión de los jóvenes.
En primer lugar, el sector de pobreza estructural. Concentrado en los grandes centros urbanos –y, especialmente, en el Noroeste y Noreste y en el conurbano bonaerense–, se trata de un sector que no cubre las necesidades mínimas, que transmite inter-generacionalmente la pobreza y que no está incorporado al mundo del trabajo, aunque es sujeto de gran parte de las políticas sociales antes descriptas y de las mejoras parciales en la infraestructura básica logradas en los últimos años. En comparación con los años 90, el tamaño de este sector se ha reducido. Sin embargo, arrastra las mismas dificultades: el trabajo y la educación no funcionan como vías para generar una movilidad social ascendente que garantice la inclusión en el mundo del trabajo.
El segundo ámbito es el de los sectores vulnerables vinculados al trabajo informal, sea por trabajo no registrado o –como sucede en la mayoría de los casos– por desarrollar actividades cuentrapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, etc.). Se trata de un sector vulnerable que se auto-sostiene económicamente, sin asistencia estatal directa aunque, en ocasiones, pueda ser beneficiario de la AUH. Lo que marca su modo de vida es la precariedad y la falta de previsibilidad. Un docente, por ejemplo, conoce su ingreso mensual y puede proyectar sus vacaciones o sus ahorros. Es decir, tiene un horizonte de futuro bastante claro. Los sectores vulnerables, en cambio, carecen de esta posibilidad. Pueden ganar más o menos, pero sufren esta falta de previsibilidad, principal motivo de sus preocupaciones cotidianas. Suelen pagar más impuestos y muchas veces tienden a percibir al Estado como generador de políticas destinadas al sector de pobreza estructural, de las cuales se sienten excluidos. A diferencia de los grupos más pobres, este sector no atraviesa un proceso de movilidad ascendente.
El tercer grupo, la clase media, se ha reconstruido en los últimos años, vinculada al Estado y al mercado interno. Los docentes, los trabajadores estatales, los empleados del sector privado recuperan ciertos niveles de integración y alcanzan una menor precariedad.
Por último, la clase alta continúa con sus intereses productivos diversificados en un marco en el que la concentración económica continúa siendo determinante.Cuestiones a resolver
En definitiva, se puede decir que Argentina se encuentra frente a una nueva estructura social. Ha resuelto problemas importantes originados o consolidados en la década de 1990 y ya no registra una movilidad social descendente generalizada. Sin embargo, aún no ha logrado rehacer la idea del camino ascendente por medio de la educación. Se trata de un problema serio en la medida en que se consolida un contexto de mejora económica en el que, sin embargo, no se logra visualizar cuál es el trayecto que se debe seguir para que a los hijos les vaya mejor que a los padres.
En este marco general, los aspectos pendientes en materia de política social son importantes.
La política alimentaria, por ejemplo, enfrenta el desafío de mejorar la calidad nutricional. Argentina cuenta con un alto nivel de cobertura pero tiene un problema de calidad.
El segundo gran tema tiene que ver con el mundo de la empleabilidad y el emprendedorismo, es decir, el trabajo y la producción. Como señalamos, se han producido avances con programas como “Más y mejor trabajo”, con la capacitación de desempleados y con el rol del Estado en la discusión con sindicatos y empresarios en temas como el salario mínimo. Sin embargo, el Estado debe mejorar el acompañamiento a los ciudadanos que buscan trabajo; es decir, operar como agencia de empleo. Aunque se mejoró la capacitación laboral y se crearon incentivos a las empresas, no se ha avanzado tanto en la intermediación activa, en la búsqueda de vínculos entre los que buscan y los que ofrecen empleo. Parte de esta tarea la realiza el propio sector privado, las consultoras y agencias de colocación de personal.
El otro desafío en el mundo del trabajo es el los microcréditos y los emprendimientos de aquellas personas que buscan generar su propia actividad productiva. Un avance claro fue la Ley de Microcréditos. Sin embargo, es importante masificar el crédito a tasa baja para los sectores más pobres, generar mecanismos rápidos y lograr sistemas de entrada más simples para transferir dinero a quienes, por ejemplo, necesitan comprar máquinas o herramientas.
El tercer eje es el previsional. Se ha avanzado en la equiparación de derechos entre el sistema de trabajo formal y el informal. Hubo grandes cambios con las pensiones no contributivas, los mayores de 70 años, los niños con discapacidad; también con las pensiones anticipadas. Las transformaciones achataron la pirámide (hoy hay más personas que cobran la mínima) y se ha incorporado a millones de jubilados. De esta manera, se constituye un sistema que se acerca a la universalidad, equiparando derechos en el corto y mediano plazo. Sin embargo, queda pendiente el desafío de dotar de sustentabilidad a este esquema.
Por último, el desafío de mayor relevancia está vinculado con los adolescentes y los jóvenes, comenzando por la situación de las 900.000 personas de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. La transformación de esta realidad es clave no sólo para cumplir con sus derechos sino también para definir el país de los próximos 20 años. Si miramos de cerca el problema de la inclusión en el sistema laboral, advertimos una situación compleja de modificar por su raíz cultural: muchas veces los jóvenes no tienen problemas para aprender la tarea en sí misma sino para aceptar la rutina del mundo del trabajo, es decir, la continuidad de la tarea en el tiempo. No se trata de aprender cómo hacer un trabajo sino de ir a trabajar todos los días. Para entender esta realidad es necesario recordar que muchos de estos jóvenes no han visto a sus padres o madres –y en algunos casos tampoco a sus abuelos– trabajar todos los días, dado el proceso de aumento del desempleo, precarización y exclusión generado desde los años 70. En el mismo sentido es necesaria una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos.
Luego de la crisis de 2001, Argentina ha atravesado una década de crecimiento económico con tasas cercanas al 8% anual. Sin embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma manera y continuamos con una estructura social muy desigual: la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es hoy de 22 a 1.
Sin embargo, muchos problemas sociales están lejos de haberse revertido. Para comprenderlo es importante analizar cómo ha ido evolucionando la política social en Argentina y cuál es la agenda de problemas que deben ser resueltos si efectivamente queremos dar vuelta una estructura que sigue siendo muy desigual.Tres etapas
Desde la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003 hasta la actualidad, la política social se puede analizar en tres etapas diferenciadas. La primera etapa, que se extiende del 2003 al 2009, está marcada por el contexto de crisis, y se estructura en tres ejes. Desde el punto de vista alimentario, el objetivo fue fortalecer tanto la asistencia alimentaria como la comensalidad en el hogar. Se apuntaba a salir paulatinamente del esquema de comedores y promover que la gente vuelva a comer en la casa. También buscaba transferir recursos a las provincias y a los municipios para que pudieran definir su política alimentaria. Este objetivo absorbió la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.
En el ámbito productivo, la idea era que muchos ciudadanos no lograban conseguir trabajo por sí mismos y que, por lo tanto, el Estado tenía que incidir de algún modo en la formación laboral y el financiamiento del sector informal. Bajo esta premisa, se lanzaron planes de capacitación laboral y se promovieron la empleabilidad y el emprendedorismo, financiando máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital por medio del plan Manos a la Obra.
Por último, se implementaron transferencias de dinero condicionadas, es decir programas que otorgan dinero a las personas a cambio de determinadas condiciones (trabajar un cierto número de horas o presentar certificados de escolaridad y vacunación de los hijos). El primer plan –Jefas y Jefes de Hogar– lanzado durante el gobierno de Eduardo Duhalde, llegó a cubrir, en mayo de 2002, a 2.200.000 personas, y luego se complementó con el Plan Familias, que diferenció los importes en función del número de hijos. La idea clave acá era que la pobreza tiene un claro componente en la falta de ingresos y que el Estado debe capitalizar a los sectores más pobres.
Esta primera etapa de política social se diseñó con el objetivo de salir de los programas focalizados de la década anterior buscando la masividad. El concepto clave aquí es que la pobreza es un tema de mayorías y que el Estado tiene que asistir en lo más básico: ayudar a ingresar al mercado laboral y generar una base económica para los más pobres. Esto implicó una mejora respecto del período anterior, al incorporar también la ampliación de la cobertura jubilatoria; pero no terminó de definir un cambio estructural.
La segunda etapa está decididamente marcada por la puesta en marcha, en diciembre de 2009, de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la inversión social más grande, en términos relativos, de América Latina, pero también supone un cambio conceptual: es el primer modelo de política social que busca equiparar los derechos de los hijos de los trabajadores formales con los de los informales, apuntando a que el salario familiar se transforme en un derecho que les corresponda a todos los niños más allá de la posición laboral que ocupan sus padres. Hoy están cubiertos 3.600.000 chicos, lo que representa una transferencia anual de casi 12 mil millones de pesos.
Con un efecto redistributivo innegable, la AUH está orientada a la inclusión en términos educativos y de salud. Y también genera un efecto económico en el consumo local, porque una persona que cobra 270 pesos por mes por hijo compra en el almacén de la esquina, en el comercio cercano y con ello ayuda a dinamizar la economía local. Así, se vinculan positivamente dos objetivos: se eleva la línea de ciudadanía (en el sentido de que gran parte de la población arranca en un piso más alto en el nivel de ingresos) y se fomenta el consumo.
Además de la AUH, en esta etapa, que se desarrolla luego de la crisis económica 2008-2009, se puso en marcha el programa Argentina Trabaja, que busca conformar cooperativas para personas desocupadas y que amplió su cobertura hasta llegar a casi 200.000 personas.
A diferencia de la etapa anterior, aquí sí se produjo un giro conceptual en la política social en la medida en que se universalizó una base de ingreso a través de la AUH. Aunque quedan varias cuestiones pendientes, como la extensión de la AUH a los sectores excluidos y la sanción de una ley que la consolide, sin dudas se ha creado un nuevo derecho para las familias pobres con hijos menores.
La tercera etapa, aún difusa, se desarrolló a partir de un conjunto de acciones que se consolidaron en los últimos años: la construcción de una gran red de atención social por parte del Ministerio de Desarrollo Social, la ampliación de las pensiones no contributivas, el crecimiento de los programas para inserción de jóvenes en el Ministerio de Trabajo (lo más novedoso de todo) y la inclusión digital de los estudiantes secundarios a través del Ministerio de Educación. En esta etapa, en consonancia con acciones en otras áreas de gobierno, el foco se pone en la gestión de programas relacionados con la inclusión de los jóvenes.
La nueva estructura social
Pese a los avances de los últimos años, aún quedan muchas cuestiones pendientes. Antes de analizarlas, sin embargo, es necesario revisar la nueva estructura social que se ha ido conformando en Argentina, sobre la cual deben actuar las políticas sociales.
A diferencia de la sociedad de la década de 1970 (integrada y con movilidad social ascendente) y de 1990 (marcada por el surgimiento de los “nuevos pobres” y la movilidad descendente), la estructura social hoy resulta difícil de caracterizar. Dentro de ella conviven al menos cuatro realidades diferentes.
Pese a los avances de los últimos años, aún quedan muchas cuestiones pendientes. Antes de analizarlas, sin embargo, es necesario revisar la nueva estructura social que se ha ido conformando en Argentina, sobre la cual deben actuar las políticas sociales.
A diferencia de la sociedad de la década de 1970 (integrada y con movilidad social ascendente) y de 1990 (marcada por el surgimiento de los “nuevos pobres” y la movilidad descendente), la estructura social hoy resulta difícil de caracterizar. Dentro de ella conviven al menos cuatro realidades diferentes.
En primer lugar, el sector de pobreza estructural. Concentrado en los grandes centros urbanos –y, especialmente, en el Noroeste y Noreste y en el conurbano bonaerense–, se trata de un sector que no cubre las necesidades mínimas, que transmite inter-generacionalmente la pobreza y que no está incorporado al mundo del trabajo, aunque es sujeto de gran parte de las políticas sociales antes descriptas y de las mejoras parciales en la infraestructura básica logradas en los últimos años. En comparación con los años 90, el tamaño de este sector se ha reducido. Sin embargo, arrastra las mismas dificultades: el trabajo y la educación no funcionan como vías para generar una movilidad social ascendente que garantice la inclusión en el mundo del trabajo.
El segundo ámbito es el de los sectores vulnerables vinculados al trabajo informal, sea por trabajo no registrado o –como sucede en la mayoría de los casos– por desarrollar actividades cuentrapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, etc.). Se trata de un sector vulnerable que se auto-sostiene económicamente, sin asistencia estatal directa aunque, en ocasiones, pueda ser beneficiario de la AUH. Lo que marca su modo de vida es la precariedad y la falta de previsibilidad. Un docente, por ejemplo, conoce su ingreso mensual y puede proyectar sus vacaciones o sus ahorros. Es decir, tiene un horizonte de futuro bastante claro. Los sectores vulnerables, en cambio, carecen de esta posibilidad. Pueden ganar más o menos, pero sufren esta falta de previsibilidad, principal motivo de sus preocupaciones cotidianas. Suelen pagar más impuestos y muchas veces tienden a percibir al Estado como generador de políticas destinadas al sector de pobreza estructural, de las cuales se sienten excluidos. A diferencia de los grupos más pobres, este sector no atraviesa un proceso de movilidad ascendente.
El tercer grupo, la clase media, se ha reconstruido en los últimos años, vinculada al Estado y al mercado interno. Los docentes, los trabajadores estatales, los empleados del sector privado recuperan ciertos niveles de integración y alcanzan una menor precariedad.
Por último, la clase alta continúa con sus intereses productivos diversificados en un marco en el que la concentración económica continúa siendo determinante.Cuestiones a resolver
En definitiva, se puede decir que Argentina se encuentra frente a una nueva estructura social. Ha resuelto problemas importantes originados o consolidados en la década de 1990 y ya no registra una movilidad social descendente generalizada. Sin embargo, aún no ha logrado rehacer la idea del camino ascendente por medio de la educación. Se trata de un problema serio en la medida en que se consolida un contexto de mejora económica en el que, sin embargo, no se logra visualizar cuál es el trayecto que se debe seguir para que a los hijos les vaya mejor que a los padres.
En este marco general, los aspectos pendientes en materia de política social son importantes.
La política alimentaria, por ejemplo, enfrenta el desafío de mejorar la calidad nutricional. Argentina cuenta con un alto nivel de cobertura pero tiene un problema de calidad.
El segundo gran tema tiene que ver con el mundo de la empleabilidad y el emprendedorismo, es decir, el trabajo y la producción. Como señalamos, se han producido avances con programas como “Más y mejor trabajo”, con la capacitación de desempleados y con el rol del Estado en la discusión con sindicatos y empresarios en temas como el salario mínimo. Sin embargo, el Estado debe mejorar el acompañamiento a los ciudadanos que buscan trabajo; es decir, operar como agencia de empleo. Aunque se mejoró la capacitación laboral y se crearon incentivos a las empresas, no se ha avanzado tanto en la intermediación activa, en la búsqueda de vínculos entre los que buscan y los que ofrecen empleo. Parte de esta tarea la realiza el propio sector privado, las consultoras y agencias de colocación de personal.
El otro desafío en el mundo del trabajo es el los microcréditos y los emprendimientos de aquellas personas que buscan generar su propia actividad productiva. Un avance claro fue la Ley de Microcréditos. Sin embargo, es importante masificar el crédito a tasa baja para los sectores más pobres, generar mecanismos rápidos y lograr sistemas de entrada más simples para transferir dinero a quienes, por ejemplo, necesitan comprar máquinas o herramientas.
El tercer eje es el previsional. Se ha avanzado en la equiparación de derechos entre el sistema de trabajo formal y el informal. Hubo grandes cambios con las pensiones no contributivas, los mayores de 70 años, los niños con discapacidad; también con las pensiones anticipadas. Las transformaciones achataron la pirámide (hoy hay más personas que cobran la mínima) y se ha incorporado a millones de jubilados. De esta manera, se constituye un sistema que se acerca a la universalidad, equiparando derechos en el corto y mediano plazo. Sin embargo, queda pendiente el desafío de dotar de sustentabilidad a este esquema.
Por último, el desafío de mayor relevancia está vinculado con los adolescentes y los jóvenes, comenzando por la situación de las 900.000 personas de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. La transformación de esta realidad es clave no sólo para cumplir con sus derechos sino también para definir el país de los próximos 20 años. Si miramos de cerca el problema de la inclusión en el sistema laboral, advertimos una situación compleja de modificar por su raíz cultural: muchas veces los jóvenes no tienen problemas para aprender la tarea en sí misma sino para aceptar la rutina del mundo del trabajo, es decir, la continuidad de la tarea en el tiempo. No se trata de aprender cómo hacer un trabajo sino de ir a trabajar todos los días. Para entender esta realidad es necesario recordar que muchos de estos jóvenes no han visto a sus padres o madres –y en algunos casos tampoco a sus abuelos– trabajar todos los días, dado el proceso de aumento del desempleo, precarización y exclusión generado desde los años 70. En el mismo sentido es necesaria una reforma del sistema educativo que revise los objetivos de la escuela secundaria y el nivel terciario y los ponga en línea con los sectores productivos estratégicos.
Luego de la crisis de 2001, Argentina ha atravesado una década de crecimiento económico con tasas cercanas al 8% anual. Sin embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma manera y continuamos con una estructura social muy desigual: la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es hoy de 22 a 1.
Los desafíos
Como hemos señalado, en los últimos tiempos el Estado puso en marcha políticas sociales con una orientación más amplia. Sin embargo, quedan pendientes una serie de desafíos: resolver el problema de la pobreza estructural, logrando que todos los habitantes alcancen un piso material y de servicios básicos; mejorar la distribución territorial del país atacando los desequilibrios entre regiones con objetivos específicos para cada una (los problemas de la Patagonia no son los mismos que los del Noreste o el conurbano); atender el trabajo informal (ya que, si continuamos con un mercado de trabajo de dos velocidades, formal e informal, va a ser difícil achicar las brechas sociales); mejorar la escuela secundaria y la calidad educativa en general, cerrando la brecha entre los establecimientos públicos y los privados; reestructurar el sistema de salud, y, finalmente, desplegar acciones focalizadas en los ejes menos visibles y más vulnerables (comunidades aborígenes, personas con discapacidad, violencia de género y trata de personas)".
Como hemos señalado, en los últimos tiempos el Estado puso en marcha políticas sociales con una orientación más amplia. Sin embargo, quedan pendientes una serie de desafíos: resolver el problema de la pobreza estructural, logrando que todos los habitantes alcancen un piso material y de servicios básicos; mejorar la distribución territorial del país atacando los desequilibrios entre regiones con objetivos específicos para cada una (los problemas de la Patagonia no son los mismos que los del Noreste o el conurbano); atender el trabajo informal (ya que, si continuamos con un mercado de trabajo de dos velocidades, formal e informal, va a ser difícil achicar las brechas sociales); mejorar la escuela secundaria y la calidad educativa en general, cerrando la brecha entre los establecimientos públicos y los privados; reestructurar el sistema de salud, y, finalmente, desplegar acciones focalizadas en los ejes menos visibles y más vulnerables (comunidades aborígenes, personas con discapacidad, violencia de género y trata de personas)".
