Arroyo: “Hay que ir a una segunda generación de políticas sociales”
En diálogo con el estadista, Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales de la Nación y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y actual presidente de Poder Ciudadano, ofreció su visión sobre los efectos y la reacción de las fuerzas públicas ante las recientes inundaciones y señaló cuáles son los desafíos de la política social nacional.
¿Qué lectura hace del impacto que causaron las lluvias en las ciudades de La Plata y de Buenos Aires?
Fue una catástrofe y una situación realmente fuera de escala. En el caso particular de La Plata, la reorganización insumirá más que seis meses. También habrá efectos irreversibles porque quedarán muchas vidas quebradas y una población muy temerosa. En la ciudad de Buenos Aires la situación es distinta porque los efectos de la catástrofe fueron más cortos.
¿Cuáles fueron las carencias más notorias en la reacción del Estado?
Hay que dividirla en dos momentos. La respuesta inmediata fue inexistente porque no estaba previsto un temporal de esas características y porque, aun habiendo fallado en preverlo, quedó demostrado que el Estado no estaba preparado para responder. Mostró la necesidad de tener un área estatal de emergencia más profesionalizada y de mayor escala. En la segunda etapa, luego de uno o dos días, sí hubo una reacción del Estado con instrumentos concretos, sobre todo económicos, pero sin lograr remover la sensación de que no estuvo en el momento más crítico.
¿Y la respuesta de la sociedad civil y las organizaciones sociales?
Pasó exactamente al revés. Reaccionó rápidamente, se conmovió y se organizó. Esa respuesta de la organizaciones sociales irá mermando con el correr de los días, pero en lo inmediato reaccionó más y mejor que el Estado. La televisión jugó un papel importante en esa movilización.
Además de las críticas, más coyunturales, al uso y la reacción de la dirigencia política a los hechos, sale a la luz una carencia, más estructural, que es la falta de coordinación metropolitana, toda vez que la prevención y la reacción a estos hechos requiere, por varios motivos, una abordaje de esa escala. Usted tiene experiencia de gestión, ¿por qué se avanza tan poco en este abordaje?
Es cierto, no hubo avances prácticos ni hay organismos articulados y con recursos para tales fines. Luego de esta tragedia, queda claro que es necesario un ente metropolitano no sólo para la programación estructural en temas como transporte sino para la respuesta a las emergencias. Sí hay, de todos modos, una mayor conciencia, especialmente en las segundas y terceras líneas de las administraciones estatales, de que se necesita una coordinación acorde. Sin embargo, las diferencias políticas han obstaculizado avances en esa dirección. Hay dinero para hacerlo y conciencia, pero falta voluntad de las más altas esferas.
Usted sigue muy de cerca las problemáticas de los jóvenes, un sector social vulnerable pero no típicamente atendido por las políticas públicas. ¿Cree que su problemática es debidamente mensurada por los dirigentes y por las políticas públicas o están desfasadas?
En las políticas públicas, las acciones con respecto a los jóvenes han venido creciendo en el mundo y también en la Argentina. El problema es la escala. Hay 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan, pero hay programas efectivos para sólo 100.000. Paralelamente, aumentó la participación política de los jóvenes y, tal como quedó demostrado en la respuesta a las inundaciones, en las acciones solidarias. De todas maneras, la mayoría de los jóvenes aún está desenganchada de todo.
Desde el lanzamiento de la AUH hace casi tres años parece haber un estancamiento cualitativo y cuantitativo en lo referido a políticas sociales o de ingresos para los sectores más desprotegidos, algo que se percibe en el estancamiento de los indicadores sociales. ¿Es un problema de recursos o de falta de creatividad de la política social?
La política social hacia los sectores pobres hoy representa $ 43.000 millones. De ese total, $ 38.000 millones representan transferencias de dinero de manera directa a los sectores vulnerables vía la AUH, las pensiones u otros programas. Esto ha logrado una base de arranque de ingresos que le ha dado cierto nivel de estabilidad y una certeza a aquellos sectores. Saben que el día 10, por ejemplo, cobran determinada cantidad de dinero. En ese sentido, hemos avanzado varios casilleros. En el último tiempo, sin embargo, no se ha complementado eso con la entrada al mundo del trabajo ni con la mejora cualitativa de la salud y la educación pública. Hay un estancamiento en estas áreas.
Hay muchas visiones y discrepancias sobre las estadísticas. ¿Usted qué números maneja y cuáles son los más relevantes a la hora de analizar el panorama social?
Hay alrededor de 22% de pobreza estructural, 35% de informalidad económica y aproximadamente 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Estos números están en esos niveles hace 3 o 4 años, aun con la mayor transferencia de ingresos. Esto contribuye a aumentar, o al menos mantener, la fragmentación y la tensión social. Ahora hay cuatro Argentinas distintas: la de los pobres; la vulnerable, la de los que hacen changas o trabajan informalmente; la de la clase media y la de la clase alta.
Pese al crecimiento económico de los últimos años y del gasto social, parecería que la tasa de pobreza en 22% estaría indicando que ese piso, comúnmente denominado el núcleo duro, ha crecido mucho. ¿Es así?
Si medimos la pobreza contra el 2001, cuando superaba el 50%, es obvio que estamos mejor. Pero si lo medimos contra la tendencia histórica del país, queda claro que el piso de pobreza estructural ha subido. La solución no es la cantidad de recursos de la política social, pues han aumentado de manera importante. Ahora hay que ir a una segunda generación de políticas sociales. El nuevo foco debe ser el ingreso al mercado laboral, especialmente de los jóvenes, y la mejora de las prestaciones públicas claves como la salud y la educación.
