La pobreza afecta al 39% de los chicos y adolescentes
En la Argentina, las carencias materiales marcan la vida de casi cuatro de cada diez chicos y adolescentes. Calculada con datos que se relevaron a fines de 2012, la pobreza afecta al 38,8% de los que tienen menos de 18 años, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Si se proyecta esa tasa a todo el país -según la información del censo nacional de 2010-, es posible estimar que unos 4,8 millones de chicos viven en hogares sin ingresos suficientes para comprar los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana. Y de ellos, 800.000 (el 9,5%) están en la indigencia, porque sus familias no pueden cubrir siquiera la alimentación básica.
El relevamiento, que abarcó a 5700 hogares de los centros urbanos con al menos 50.000 habitantes, detectó un avance de la pobreza respecto de 2011, cuando había sido de 37,2%. El informe señala que las tasas serían aún mayores de no ser por la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El avance de la tasa de pobreza entre los menores ocurrió por efecto de la inflación y de la caída de la actividad económica, que afectó con especial fuerza a sectores de la sociedad que en buena medida dependen de trabajos informales y sin continuidad. La crisis en ese segmento es un hecho del cual da indicios, por ejemplo, la suba de la tasa de subempleo (trabajo de jornada semanal inferior a las 35 horas) que se inició en 2012 y continúa este año.
El informe señala que si el Estado no pagara la AUH ni la pensión prevista para madres de siete o más hijos, la pobreza y la indigencia entre los menores llegarían a 42,9 y a 15,9%, respectivamente. Y si no se hubiera creado la asignación por hijo, pero se hubieran mantenido otros programas previos, las tasas serían de 40,4 y de 14,9 por ciento.
Sin embargo, más allá de ese efecto de la AUH, los analistas en cuestiones sociales advierten que los programas de transferencias de ingresos no son la salida para la problemática social. Son planes necesarios para dar respuestas de corto plazo, pero que no abarcan las cuestiones estructurales que condicionan el desarrollo de las personas, y conllevan el riesgo de que se genere una dependencia transmisible entre generaciones, sobre todo si no son acompañados por otras medidas.
El informe señala que el pago de planes sociales representa, en promedio, el 26,9% de los ingresos en hogares indigentes y el 16,2% en el caso de familias pobres. Y advierte que el hecho de que se den mejoras sociales gracias a esas transferencias refleja la existencia de un déficit grande en materia de autonomía económica de los hogares. "Las mejoras alcanzadas en el nivel de vida y bienestar de los hogares con niños y adolescentes menores de 18 años a través de la asistencia pública, aunque por demás imprescindibles, están lejos de ser una plataforma para la inclusión social", se destaca.
"El problema de la pobreza y la desigualdad estructural no se resuelve con transferencias, sino que debería proveerse a la población de un mejor hábitat urbano, una mejor educación y de doble jornada y trabajos más estables", dijo a LA NACION Agustín Salvia, investigador jefe del observatorio de la UCA. Agregó que para contribuir a ese último objetivo podría haber un plan para la creación de empleos productivos de cercanía, que incluyan la capacitación y que ofrezcan beneficios concretos a la comunidad, como el cuidado de chicos en guarderías.
Según Salvia, la asignación brinda una seguridad alimentaria mínima para las familias, pero de ninguna manera puede ser pensada como una vía para la salida de la pobreza.
Para Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales de la Nación, la AUH ofrece como hechos beneficiosos el incentivo al consumo en comercios cercanos y la equiparación del mercado de trabajo formal con el informal (en cuanto a ese derecho social). "Pero lo que está faltando es un plan de políticas complementarias que incluyan a la gente en el mercado de trabajo", consideró. Según dijo, sería necesario apuntar a tres áreas: el desarrollo de la infraestructura, el empleo y la problemática de los jóvenes, entre quienes hay una alta tasa de inactividad.
La situación de vulnerabilidad social afecta, en términos relativos, mucho más a la población infantil que a la adulta, en gran medida a causa de la composición de los hogares que están en la pobreza.
La medición de la UCA arroja que 26,9% de todos los habitantes de la Argentina son pobres, según se conoció días atrás, en tanto que la indigencia afecta la vida de 5,8% de las personas. Las tasas, claro, distan mucho de las informadas por el Indec, que con una importante subestimación de los precios de los artículos de la canasta básica logra que su matemática arroje un resultado extraño enfrentado a la vida real. Para el Gobierno, la pobreza y la indigencia son realidades que afectan apenas al 5,4 y al 1,4% de los habitantes de la Argentina.
EL EMPLEO EN PROBLEMAS
En sentido contrario al de la tendencia de esos índices oficiales -para los que nada detuvo la caída, por lo menos hasta el segundo semestre de 2012-, los resultados del relevamiento de la UCA reflejan un incremento del número de pobres. Una razón fue el comportamiento que tuvo el mercado laboral: primero se estancó la creación de empleo y luego se destruyeron puestos en la actividad privada, lo que provocó la caída de los ingresos en muchos hogares -en especial, en los que dependen de tareas de la economía informal-. A eso se sumó al deterioro del valor de los ingresos por efecto de la creciente inflación. Esa pérdida de dinámica del empleo tuvo como causas, a su vez, la caída del nivel de inversión y de actividad. Y la baja siguió este año, según marca el informe de situación laboral difundido ayer por el Indec, que da cuenta de una suba del desempleo, de 7,1 a 7,9% en un año (ver página 10).
En la población que está en el núcleo duro de la pobreza, hay muchos que dependen de trabajos cuentapropistas, muchas veces de las llamadas "changas" que aparecen en forma intermitente. "Estos hogares quedan muy vulnerables" frente a contextos de inflación y menor actividad, afirmó Salvia.
En ese contexto, la AUH no logró evitar el crecimiento de la cantidad de niños en situación de pobreza, ni aun cuando en septiembre pasado el monto de la ayuda se elevó de 270 a 340 pesos mensuales. En rigor, mes tras mes se cobra el 80% de esa cifra y el resto se otorga una vez al año contra la certificación de la asistencia a la escuela de los niños y el cumplimiento de requisitos en materia de sanidad.
Un aspecto importante por tener en cuenta es que estos índices que marcan la problemática social sólo se refieren a la insuficiencia de ingresos en el hogar en el que se vive para acceder a determinados bienes y servicios. Queda al margen la observación de las condiciones en que viven las personas o en que crecen los niños, como la calidad y las prestaciones de sus viviendas, la posible contaminación del entorno o el nivel de acceso a servicios de educación y de sanidad que resulten adecuados.
INGRESOS QUE NO SON SUFICIENTES
El índice de pobreza se mide teniendo en cuenta los ingresos de los hogares y el costo de una canasta de bienes y servicios que varía según la edad y el sexo de las personas. En las familias donde el dinero resulta insuficiente, sus integrantes son considerados pobres.
De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el ingreso promedio por niño en los hogares indigentes es de $ 256,7 mensuales; en los hogares pobres es de $ 546.
Los planes sociales con transferencias del Estado mejoran el nivel de ingresos, sin ser una solución de fondo para la problemática social. Para las familias indigentes es un 26,9% del ingreso; para las pobres, representa el 16,2% del dinero obtenido.
(Nota publicada en el diario La Nación, 21 de mayo de 2013)
