Publicado en La Nación el día domingo 15 de diciembre de 2013
Fueron durante años la principal estrategia de ayuda social del Gobierno, pero hoy parecen no alcanzar para satisfacer las demandas.
Igual que los salarios de los sectores público y privado, los planes sociales sufren de lleno el impacto de la inflación. Pero, a diferencia de éstos, la actualización del beneficio que reciben quienes necesitan la asistencia del Estado para sobrevivir no depende de una discusión paritaria, sino de la decisión discrecional del Gobierno.
El caso paradigmático es el del plan de cooperativas Argentina Trabaja. Cuando se creó, a fines de 2009 tras la derrota del kirchnerismo en las legislativas de aquel año, alcanzaba a unas 120.000 personas que cobraban 1200 pesos mensuales. En agosto de ese año, el salario mínimo vital y móvil era apenas superior: estaba en 1400 pesos.
El año pasado, el Gobierno dispuso un aumento del plan: sumó un plus por productividad, de $ 300, y otro por presentismo, de $ 250. Desde entonces, los cooperativistas cobran 1750 pesos mensuales. El salario mínimo es hoy de $ 3300 y trepará a $ 3600 a partir de enero.
Así, el mismo plan que en su momento sirvió como red de contención quedó desdibujado por la inflación y sumó con su deterioro a la vulnerabilidad de los más pobres.
"Si se ajustara por inflación, el plan debería estar en 2900 pesos. La inflación acumulada entre agosto de 2009 y diciembre de este año es de 148%", calculó la economista de FIEL Nuria Susmel ante LA NACION.
Según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT de Hugo Moyano, que todos los meses publica una serie de indicadores económicos, una familia tipo (dos adultos y dos hijos menores) necesitó en noviembre último $ 6084 para no ser pobre.
La falta de actualización del Argentina Trabaja se siente fuerte en los barrios. "La pérdida de poder adquisitivo es absoluta. El deterioro se nota y explica muchos de los problemas que generan la tensión que se respira en los barrios más pobres", reflexionó ante LA NACION el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, que maneja 3000 cupos del plan en el conurbano.
Además de denunciar "el manejo clientelar" de los planes y "las disputas brutales entre los intendentes" por los cupos en las cooperativas, Menéndez sumó un elemento coyuntural al panorama. "Hay un parate muy fuerte en las changas, que es a lo que recurre la mayoría de los que cobran planes para completar sus ingresos mensuales", dijo.
Con el diagnóstico de Menéndez coincidió Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), otra de las organizaciones que, por no ser kirchnerista, pierde en el reparto de los planes.
"El atraso en [el valor de] los planes es otra muestra de la ceguera del Gobierno, que quiere hacernos creer que estamos en el país de las maravillas. La situación está empeorando. Lo notamos en los comedores, donde cada vez vienen más chicos y más gente grande", detalló a LA NACION.
Según el último informe de gasto social de la Fundación Konrad Adenauer, el gasto anual en el Argentina Trabaja, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, aumentó apenas el 7,8% desde su creación. En 2010 insumió $ 3782,5 millones y este año, $ 4079,1 millones.
Ese mismo reporte da cuenta de la previsión de gasto para el año próximo. Según las partidas del presupuesto (siempre sujetas a modificaciones vía superpoderes del jefe de Gabinete), el Estado destinará 5006,8 millones de pesos al Argentina Trabaja que, también de acuerdo a la previsión, llegará a más del triple de beneficiarios: 350.000.
Daniel Arroyo, secretario de Políticas Sociales de Néstor Kirchner, ex ministro bonaerense de Desarrollo Social y hoy en las filas de Sergio Massa, explicó la situación de quienes dependen de los planes sociales a partir de variables conectadas.
"Están pasando tres cosas juntas: el dinero vale menos, hay muchas menos changas en los barrios, sobre todo en construcción y en el sector textil, y se está extendiendo el sobreendeudamiento a tasas de hasta el 80%, con los créditos para los que sólo basta con presentar el DNI", describió en diálogo con LA NACION.
Arroyo también reflexionó sobre el posible vínculo entre la tensión social de los últimos días (más allá de los levantamientos de las policías) y el atraso en los planes.
"Creo que el fenómeno de los saqueos tiene que ver con la pobreza estructural, pero también con el mal vivir: la suma del hacinamiento habitacional, la falta de trabajo y los planes sociales que cada vez alcanzan para menos. Ese combo termina en violencia, tanto dentro como fuera del hogar", concluyó.
