Publicado el día miércoles 8 de enero de 2014 en diario La Nación.
Recientes estudios ponen en evidencia los altos índices de pobreza, hacinamiento y vulnerabilidad en el que viven millones de argentinos; diferentes propuestas para terminar con las exclusión social.
Los números sólo ponen en evidencia una realidad que pide a gritos que todos -Gobierno, empresas, sociedad civil y ciudadanos- nos comprometamos de lleno para aliviarla: según el último informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina elaborado por la Universidad Católica Argentina, más de 10 millones de personas viven en situación de pobreza en la Argentina, sin empleo formal, educación de calidad ni vivienda digna, y con un servicio de salud insuficiente. Además, entre 2004 y 2012 aumentó la brecha social: la diferencia entre la calidad de vida del sector medio y la del más vulnerable.
Para completar este diagnóstico, podemos sumar los datos recabados por el último informe de la ONG Techo, difundido en noviembre pasado, que refleja que en la Argentina, más de 2,5 millones de personas viven en villas de emergencia o asentamientos irregulares.
El estudio, que abarca siete provincias que agrupan a más del 60% de los habitantes del país, relevó 1834 villas y asentamientos del área metropolitana, el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Misiones y Salta, en los que viven 532.800 familias.
Sólo en los tres cordones del conurbano bonaerense se concentran 624 villas, en las que residen más de 1,2 millones de personas. La Matanza, con 89, es el distrito con mayor cantidad de barrios carenciados del país. En la ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 56, en los que viven alrededor de 350.000 personas.
La organización Techo subrayó que los habitantes de estos barrios tienen serios inconvenientes para acceder a los servicios de electricidad, gas y agua potable. Además, viven en zonas más vulnerables y expuestas a las inclemencias naturales, inundaciones o incendios.
¿Por dónde empezar entonces? ¿Cuál es el salto que tenemos que dar para terminar definitivamente con el espiral de pobreza en nuestro país? Para Claudia Paladino, directora ejecutiva de Las Tunas ONG -una entidad que trabaja con la misión de ampliar las libertades de personas que viven en contexto de pobreza brindando experiencias educativas no formales de alta calidad-, lo prioritario es tan básico como combatir la inflación. "El desajuste entre precios e ingresos generado por la inflación afecta más a las personas que menos recursos tienen. Así vemos familias donde los dos jefes de familia trabajan y no logran cubrir la canasta básica de alimentos y, también, cómo aquellos que dependen de un plan asistencial pierden día a día el poder adquisitivo del mismo. La inflación produce pobreza y terminar con ella debería ser prioridad en la agenda de 2014", explica Paladino, quien después de trabajar más de 10 años en un barrio empobrecido del conurbano norte, sabe que las instituciones sociales tienen mucho para aportar complementando el accionar del Estado.
Como segundo desafío, Paladino señala el garantizar el acceso a una educación de calidad, ya que llevando la mejor educación a los barrios más pobres, los niños y jóvenes estarán en condiciones de ser parte activa de una sociedad que los necesita. "Contar con las mejores escuelas, los mejores docentes, el mayor nivel de exigencia de calidad educativa, les permitirá aprender -y no sólo pasar de grado- y adquirir conocimientos para progresar, para acceder a estudios superiores, para alcanzar y sostener un empleo, y para desarrollar un pensamiento crítico que los habilite a ser ciudadanos activos y dueños de su proyecto de vida", argumenta.
En este sentido es preocupante el bajo rendimiento de los alumnos argentinos en las últimas mediciones del ranking del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés). La edición 2013 ubicó a la Argentina otra vez, cerca del extremo de los peores, en el puesto 59, a 225 puntos del primero (Shanghai, 613) y a sólo 20 puntos del último (Perú, 368). Según esa prueba, en los últimos tres años ha cambiado muy poco el proceso de aprendizaje del sistema educativo de nivel medio. En la anterior medición, en 2009, el país rankeó incluso un poco mejor y quedó en el puesto 58.
Por último, Paladino -cuya ONG tiene como materia prima a los 350 niños y jóvenes que participan de sus actividades cada año- rescata la necesidad de seguir cultivando una característica vincular que es base fundamental para cualquier crecimiento del tejido social: esta es recuperar el sentido de alteridad y de comunidad para reforzar el lazo social. "Sabernos parte de una comunidad, diversa, mayor, donde el otro es igual a mí y lo es independientemente de su situación social, económica y cultural. Reconocernos pares. Para ello se debe iniciar el diálogo donde no lo hay, crear puentes entre vecinos, entre barrios vecinos (barrios pobres y ricos que ocupan un mismo territorio) y entre personas que, pensando distinto, podemos y debemos aportar juntos a la construcción de una comunidad con lugar para todos", concluye.
Políticas públicas
En términos de políticas públicas, Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y actual director ejecutivo de Poder Ciudadano, afirma que para reducir la pobreza y la exclusión social en los próximos años hace falta encarar un conjunto de políticas sociales que podríamos llamar de segunda generación, cuyo eje principal tiene que ver con la integración en el ámbito educativo y en el ámbito laboral.
"Estas políticas podrían estar orientadas a Crear el Derecho al Primer Empleo. Nuestro país tiene 900.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan; el objetivo es establecer una exención impositiva a las empresas que tomen jóvenes como primer empleo. Los jóvenes son el futuro si tienen presente y por eso hay que crear un mecanismo para que logren entrar al mundo laboral", sostiene el especialista. A la vez que agrega: "Como complemento a este esquema, el desafío es crear una red de 20.000 tutores. Los jóvenes excluidos no tienen problema para realizar la tarea, lo que les cuesta es sostener el ritmo, ir todos los día a trabajar 8 horas o mantenerse en la escuela. Los tutores son las personas que tienen legitimidad (una maestra, un cura, un pastor, el técnico de club de barrio, etcétera) con la función de acompañarlos en sus actividades y vincularlos con la escuela y el trabajo".
Otra medida que Arroyo promueve es la de crear una unidad especial de combate a la venta de droga, ya que señala que nadie puede negar el aumento de la venta de droga en los barrios y "que el pibe que engancha una changuita gana menos que el que vende droga, y muchas familias se preguntan si no les es más conveniente poner una cocina de paco". Las cifras del Reporte mundial de drogas 2012, elaborado por la ONU, parecen respaldar esta afirmación. El mismo revela que la Argentina continúa teniendo alto el índice de consumo de anfetaminas, cocaína, ketamina y éxtasis, con una prevalencia mayor entre los jóvenes.
Además sigue preocupando el uso indebido de productos farmacéuticos y los preparados que contienen opiáceos, estimulantes ilegales y los estimulantes de prescripción.
En este sentido, la propuesta de Arroyo pasa por "tratar de generar un esquema institucional especial (por fuera del esquema de seguridad actual), con una única función que es detectar los puntos de venta y eliminarlos".
En relación con la posibilidad de las personas de bajos recursos de acceder al mercado de crédito, Arroyo pone el foco en precisamente masificar el crédito y descentralizar los recursos disponibles para repartir. "Nuestro país tiene 32% de informalidad laboral y una gran red de cuentapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, etcétera) que no son sujetos de crédito bancario y acceden a crédito al 80 o 90% anual contra fotocopia de DNI. Es la población que hoy está sobreendeudada y para la cual hay que masificar crédito con subsidio de tasa para que acceda a máquinas, herramientas y mejore su producción. Hoy, el 70% de los recursos en política social los tiene la Nación, el 23% todas las provincias juntas y el 7% los 2200 municipios. Se trata de dejar a nivel central lo que es igual para todos (como la AUH) y descentralizar recursos a municipios y organizaciones sociales en las políticas que se vinculan con trabajo e inclusión social."
Vivienda digna para todos
Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el déficit habitacional involucra a tres millones de hogares en todo el país, cifra que equivale al 25% del total de familias. A su vez, la brecha entre el ingreso de los hogares y el valor del metro cuadrado va en ascenso.
Es un hecho que en la actualidad, el acceso a la vivienda no es una dificultad sólo de los sectores más humildes; hoy una familia de clase media o un joven profesional encuentra en el mercado escasas oportunidades para accedan a su primera vivienda.
Esta situación de contexto trasladada a los sectores más pobres, con características por lo general de mayor informalidad laboral, hace que el sueño de acceder a su casa propia sea para muchos una utopía.
Justamente a este público están dirigidos los esfuerzos de numerosas organizaciones sociales que buscan mejorar las condiciones habitacionales de los grupos más excluidos.
Este es el caso de la Fundación Sagrada Familia, que trabaja desde 1979 contribuyendo a la promoción de las personas y a la consolidación de las familias, utilizando como medio programas para facilitar el acceso a una vivienda digna. Alejandro Besuschio, su director ejecutivo, plantea como principal meta para 2014 en términos de habitabilidad, el seguir aumentando la oferta de oportunidades para el acceso a una vivienda digna para los que menos tienen. "El desafío de mostrar a los sectores más humildes que acceder a una vivienda digna no es una utopía, sino que hay caminos y oportunidades para alcanzar ese sueño. Existen hoy excelentes prácticas de asociatividad con inmenso potencial y efecto multiplicador de recursos para la resolución del déficit habitacional; el desafío es poder replicarlas. Son numerosos los testimonios que nos permiten afirmar que ante la oferta de oportunidades, las familias vuelcan no sólo los ahorros, sino su creatividad y esfuerzo sostenido en el tiempo para la construcción o mejora gradual de sus viviendas", confirma Besuschio.
Otro camino de acción que según Besuschio habría que afianzar es "lograr un abordaje integral de los problemas habitaciones, generando experiencias exitosas de articulación entre gobierno, sociedad civil y sector privado en la búsqueda de más, nuevas y deseadas oportunidades". Sólo este año, gracias al trabajo conjunto entre gobierno, privados y ONG, la Fundación Sagrada Familia logró que 206 familias accedieran a una vivienda propia, que 463 familias mejoraran su casa a través de microcréditos y que 4000 familias consiguieran sus materiales para mejorar o construir sus viviendas en Sume Materiales.
"Ese es el desafío, adecuadas políticas públicas, acceso al suelo, acceso a los servicios básicos, al crédito, entre otros. Hay muchas familias que con pequeñas oportunidades alcanzan logros enormes en este camino hacia el acceso a una vivienda digna; somos fieles testigos de esto", concluye Besuschio.
