"La Argentina, país a ciegas: los riesgos de gobernar de espaldas a las estadísticas"
La reciente polémica por las reales cifras de pobreza es sólo la punta del iceberg: en desocupación y trabajo, inflación, actividad económica, planes sociales, adicciones y aborto, entre otros, se desconocen indicadores clave, porque no se miden o porque se ocultan o se alteran deliberadamente. Los resultados son políticas ineficientes, gasto de recursos sin planificación y un impacto económico que se prolonga en la falta de credibilidad.Por Fernanda Sández | Para LA NACION
"En el País de No Me Acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo", cantaba María Elena Walsh. Pero quizá ya vaya siendo hora de cambiar la letra de la canción y comenzar a hablar del otro país. Del País de No Lo Cuento, ese en el que las cifras no importan. Lo que sucede (pobreza, hambre, muertes evitables) sucede sin que las autoridades consideren esa información un bien público que debe estar al alcance de cualquier ciudadano. No se cuenta, entonces, o se cuenta deliberadamente mal, escondiendo bajo la alfombra estadística -para empezar- a los pobres (36,5% de la población para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas; 25% para el Observatorio de la Deuda Social; millones de personas en cualquiera de los casos), a los hambreados (pese a que en marzo de este año los medios oficialistas informaron que la Argentina había logrado el "hambre cero"), y así con todo.
Desconocemos, pues, la cifra real de gente que no tiene asegurada la comida diaria, está desocupada o muere por aborto. Tampoco sabemos cuántos de aquellos chicos cuyas familias acceden a una Asignación Universal por Hijo (la AUH, esa que en los barrios se conoce como "la wacha") efectivamente van a la escuela. "Antes, los cursos explotaban de chicos por el temor a perder el beneficio si faltaban. Pero como después se dieron cuenta de que no pasaba nada porque las planillas se las firman igual, muchos directamente dejaron de venir", explica una docente de matemática de nivel medio en el conurbano bonaerense.
Ese desdén por la cifra y el "dato duro" llegó a su cénit el 25 de abril pasado, cuando -en una versión estadística del "me quiero ir" del ex ministro Hernán Lorenzino- los datos oficiales sobre pobreza, indigencia, empleo y otras cuestiones centrales se hicieron humo. Se arguyó un problema de "empalme de metodologías", como quien entiende la estadística pública como una cañería a ajustar. Y mientras el miércoles pasado el Indec retrasó la difusión del índice de actividad de la construcción, los expertos continúan señalando la falta de estadísticas confiables de delitos. Así -en una peligrosa reescritura de aquella célebre máxima peronista según la cual "mejor que prometer es realizar"-, parecería ser que "mejor que medir es concretar". Lo que cuenta es el hacer, no la medición de los resultados.
Como precisa Daniel Arroyo, experto en políticas sociales, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, "históricamente, la Argentina siempre ha separado la gestión de la evaluación y el seguimiento de lo que se hace, que es justamente donde se hacen las cifras. Se prioriza la gestión sobre la medición, y por eso en la Argentina (a diferencia de lo que pasa en Chile, en Uruguay o en México) a menudo es más intuitivo que razonado. Lo que se hace es tirar al bulto", admite.
Esa despreocupación tanto por el diagnóstico como por la evaluación es lo que -según Eduardo Amadeo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y titular del Observatorio Social- encierra una paradoja: un gobierno que se jacta de su "progresismo" hace gala de un conservadurismo extremo al negarse a ver a los pobres tal -y tantos- como son. "Desde hace diez años, en el mundo académico y de las políticas públicas se ha instalado lo que se llama «evaluación de impacto», una medición muy rigurosa que permite ver cómo esa política le cambió la vida a la gente", explica. "En la mayoría de los países, por ley, no hay ningún proyecto social financiado con fondos fiscales federales que no sea evaluado una vez por año, enviados al Congreso sus resultados y puestos en Internet. Aquí no. Aquí se muestra cuánto se invierte, pero no cómo ni con qué resultados. Yo hice esa ley para la Argentina, pero en el Congreso el kirchnerismo la volteó dos veces. Y las consecuencias de no medir esto son gravísimas, porque la plata se gasta a ciegas. Eso es lo más reaccionario, porque los principales perjudicados por la desinformación son los más pobres. A ellos les «bajan» programas, y si eso tiene alguna clase de efecto positivo en sus vidas al Gobierno no le interesa. La excusa es siempre la misma: «A nosotros el que nos evalúa es el pueblo» y «Con el voto alcanza»."
MEDIR O MENTIR
Detrás de ese trágico Gran Bonete en donde los números no están por ningún lado campea un secreto a voces: los datos oficiales ya se han vuelto un chiste. Sólo que uno sin gracia porque, como bien explica el economista Francisco Mondolfo, egresado de la Universidad de Columbia y docente de la UBA, "tocar una estadística es volverla inservible. Por algo en Venezuela, con un fenómeno inflacionario aun más grave y conflictos políticos mucho más intensos, nunca se intentó manipular las cifras. Aquí sí hubo manipulación, y por dos motivos: uno económico (dieron con una manera legal de incumplir con las condiciones de emisión de los títulos de la reestructuración de la deuda externa) y otro político, como es el ocultamiento, con fines propagandísticos, del aumento generalizado de precios".
Pero, por aquello de las mentiras y de las patas, la "piolada estadística" sopleteada por Guillermo Moreno terminó exterminando la ya de por sí endeble confianza de los inversores en la Argentina. "A partir de la intervención de hecho al Indec en enero de 2007 denuncié la manipulación de las estadísticas a través de los distintos medios", apunta a su turno el economista Víctor Beker, director de Estadísticas Económicas del Indec durante el gobierno alfonsinista. "La ignorancia en materia económica llevó al Gobierno a subestimar la trascendencia que la manipulación del índice del precios al consumidor (IPC) podía tener. Y cuando advirtieron los efectos ya no había marcha atrás. Pensaron que, como aconsejaba Goebbels, se trataba de mentir y mentir, que algo quedaría. Pero se olvidaron de que hasta el propio Goebbels aconsejaba no mentir sobre aquello que la población pudiera verificar en forma inmediata", agrega.
Tal vez por eso Beker hace un análisis descorazonador de lo que implicó para el país haber renunciado nada menos que a su soberanía estadística. Porque, y que quede claro, eso que suele denominarse "intervención del Indec" implica mucho más que no saber ya cuánto vale cada cosa; es haber desatado el efecto dominó (propio de toda mentira) a escala nacional y haber perdido por completo la brújula, y el mapa.
¿Qué se falseó? Todo, como se consigna en No somos cómplices de la mentira, libro editado por la junta interna de ATE. Allí, en 150 páginas demoledoras, se repasa el día a día de un proceso en el que no faltaron ni las amenazas a los empleados, ni los "retoques" a las planillas cuando los precios obtenidos en la calle no se ajustaban al deseo de los funcionarios a cargo, ni los aprietes a los informantes (lo que nunca: bajo presión, comercios y supermercados tuvieron que comenzar a "dibujar" sus precios a gusto del organismo), ni episodios tan rocambolescos como la invasión de las oficinas por parte de representantes de La Cámpora ("todos los últimos contratos son de gente de ahí", confirma en estricto off un empleado con más de quince años en el Indec), ni el hackeo "de la base de datos del IPC Mendoza, último dato testigo que permitía evaluar el tamaño de la mentira", ni la elaboración de estadísticas diseñadas ad hoc por "un «equipo fantasma» integrado por personas que más adelante ocuparon oficialmente la responsabilidad sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)", según se lee en la página 47.
Todo esto define lo que los trabajadores históricos del instituto califican, más que como una nueva metodología, como un "modus operandi" cuyas verdaderas víctimas somos "todos, porque (la alteración del IPC) incide directamente en la negociación paritaria de nuestros salarios, ya que el piso del aumento salarial que fija el Gobierno para esa negociación es, precisamente, el IPC del año anterior".
Según Beker, además, "uno de los efectos colaterales de la subvaloración de la evolución del IPC ha sido la grosera subestimación del número de pobres e indigentes, dato fundamental para diseñar las políticas públicas para reducirlos. Otro tanto pasa con el salario real: como el IPC se usa para medir el poder de compra y hacer comparaciones entre sueldos en distintos momentos, algún historiador despistado señalará en el futuro que a partir de 2007 se produjo en la Argentina un inédito aumento en el salario real, nunca visto en la historia económica mundial. Y eso por no mencionar los «tratamientos ad hoc» que pasaron a aplicarse toda vez que un dato no concordaba con lo que se esperaba. Ejemplo: en el caso de la industria automotriz, donde la única fuente de información estadística es la cámara que agrupa a los fabricantes -Adefa-, entre noviembre de 2008 y diciembre de 2012 se produjeron 2.892.198 unidades, según esa fuente. En cambio, para el Indec se habrían producido 3.166.776 unidades. ¡El Indec fabricó casi 300.000 vehículos!", señala.
NO SABE, NO CONTESTA
Supuestamente, y aun cuando la Argentina no cuente todavía con la tan reclamada ley de acceso a la información pública, existe una serie de normas que buscan garantizar la publicidad de los actos de gobierno y asegurar la transparencia en el ejercicio del poder. Sin embargo, en la práctica, "falta información básica en muchas áreas", como reconoce Ramiro Ugarte, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). "No hay un análisis sistemático por áreas gubernamentales, y entonces cuando se busca información se encuentra que no existe. Por ejemplo, en el marco de una investigación sobre penalización del aborto en la Argentina, nos encontramos con que el Estado no tiene estadísticas sobre el asunto. Vale preguntarse entonces cómo es posible que el Estado desarrolle políticas de salud en la materia sin contar con información tan básica como el número de personas que recurren a la interrupción del embarazo. Eso lo documentamos y lo presentamos ante la CIDH en 2012. Otras organizaciones -como Cippec, por ejemplo- encontraron que informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía que se subían periódicamente a Internet fueron súbitamente quitados. Son, todos, ejemplos que señalan problemas estructurales", precisa.
Lo demás puede verse en Un derecho débil, una investigación impulsada por ADC que permite verificar hasta dónde llega esta ceguera estadística, pero también hasta qué punto información esencial es a menudo manejada como si fuera secreto de familia. Así, el estudio consigna que no sólo falta información sobre los resultados obtenidos por distintos programas de lucha contra las adicciones, sino que intentar averiguar, por ejemplo, cómo se distribuye entre producción propia e independiente la programación del canal estatal será desde el vamos una misión imposible.
Algo similar sucedió, de hecho, cuando Cippec quiso indagar sobre la base de qué criterios se asignaban los planes sociales y conocer los padrones de beneficiarios de esos planes. Ante la negativa estatal, arguyendo que se trataba de "información sensible", el caso terminó en la Corte Suprema de Justicia. El 26 de marzo pasado hubo un fallo, y fue contundente. Allí se lee que "el acceso a estos datos posee un claro interés público" y -en la fundamentación de su voto- los jueces Argibay y Petracchi marcaron algo central: "No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas. La transparencia -no la opacidad- beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso; la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio, sino de la sociedad toda".
Puede que todo, en última instancia, se reduzca a esto. A haber pasado, tras once años de relato y más relato, del "secreto de Estado" al estado de secreto. A apoderarse de lo público (incluida la información) hasta volverlo algo propio e inconfesable y rodearlo de un silencio demasiado parecido a ese que en la mafia se denomina ommertá.
