Los jóvenes que el Estado ve, pero no mira
Un estudio de Cippec muestra cómo, a pesar de que abundan recursos y programas, la vulnerabilidad de quienes tienen entre 15 y 29 años no cede en el paísPor Raquel San Martín
El Estado nacional tiene en marcha 42 programas distintos destinados a los jóvenes -de Conectar Igualdad a Yo Mamá, de Orquestas Juveniles a Más y Mejor Trabajo, de Becas Bicentenario a la AUH-, las provincias y muchos municipios tienen los propios, y hay 28 proyectos de ley destinados a la población juvenil en estado de tratarse en el Congreso. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad de quienes tienen entre 15 y 29 años en la Argentina -un cuarto de la población del país- no cede: el 62% no terminó el secundario, son dos y tres veces más veces víctimas del desempleo y el trabajo precario que los adultos, y crece el embarazo adolescente, a contramano de lo que ocurre en la región.
¿Qué separa a las buenas intenciones políticas de las vidas concretas a las que se dirigen? Un trabajo del Programa de Protección Social de Cippec en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de esta población -que utilizó números de la EPH, análisis de políticas públicas de otros países y entrevistas con actores clave-, hace un retrato sociodemográfico y laboral de los jóvenes y ensaya una respuesta: a pesar de los avances de los últimos años, muchas políticas públicas destinadas a ellos desatienden los verdaderos puntos críticos de la experiencia de ser joven y pobre. Por ejemplo, pasan por alto que el 74% de los jóvenes que no estudian ni trabajan en territorio bonaerense son chicas que están en sus casas cuidando a sus hijos o hermanos, sin redes para mantenerse en la escuela o el trabajo; que la capacitación para el empleo que se recibe recién al final de la secundaria llega tarde; que facilitar el acceso a la primera vivienda -hoy una utopía- es clave; que los jóvenes son mucho más vulnerables que los adultos al empleo precario.
Y, en los peores casos, que buena parte de la sociedad mira a los jóvenes condenados a terminar en el delito y el narcotráfico, incluso los potenciales empleadores y hasta algunos funcionarios que tienen que pensar cómo ayudarlos a salir de la pobreza.
"La imagen de los jóvenes que predomina es la de los «ni-ni», y se piensa primordialmente en que no estudian ni trabajan. Pero lo que está en juego en esta población no es sólo estudiar y trabajar, sino la transición a la vida adulta, una experiencia que tiene hitos importantes: terminar la secundaria, ingresar en el mercado laboral con un empleo decente, salir del hogar familiar de origen, formar una pareja y un hogar propio, y tener el primer hijo", apunta Fabián Repetto, director del Programa de Protección Social de Cippec, a cargo del estudio, que se presentará el miércoles próximo.
Son todas, además, experiencias que se viven relacionadas, y como parte de una familia, y no compartimentadas en áreas -educación, salud, vivienda, trabajo-, tal como se organiza el Estado y plantea sus intervenciones. "Hay que tener una mirada más integral de la problemática de las juventudes, en plural, y pensar políticas públicas también integrales. Justamente el punto crítico es que la Argentina no tiene una política integral de juventud", advierte Repetto, y agrega: "Muchos programas no hacen una política".
Limitar la problemática de los jóvenes más pobres a los "ni-ni" parece, en principio, un error. En la provincia de Buenos Aires, los jóvenes que no estudian ni trabajan son el 15% de ese grupo, al que en realidad mayoritariamente lo afectan la informalidad y la precariedad laboral. Más aún, de los 566.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en territorio bonaerense (son 900.000 en todo el país), la mayoría no coincide con el estereotipo de los chicos tomando cerveza en la esquina: por el contrario, el 74% son mujeres, madres (41%) y pobres (62%).
El caso de las chicas que abandonan la escuela y el trabajo, si lo tuvieron, para cuidar a sus hijos, hermanos o familiares mayores va al fondo de lo que los especialistas consideran una necesidad mayor de los jóvenes hoy desatendida: el cuidado, es decir, por ejemplo, una guardería cercana, accesible y confiable, o una escuela con horarios flexibles para las adolescentes mamás. "Es prioritario atender la ausencia de una política pública de cuidado que permita a todas las familias definir si quieren usar el mercado para eso -una guardería privada-, acuerdos intrafamiliares o un servicio público de calidad que no genere asimetrías desde la cuna -dice Repetto-. Esto tiene que estar asociado a intervenciones destinadas a revitalizar el sistema educativo para fomentar retención y terminalidad, y trabajar más articuladamente los vasos comunicantes entre escuela y mundo laboral."
Tener con quién dejar a sus hijos o no estar obligados a hacerse cargo de sus familias, en otras palabras, fomentaría la permanencia en la escuela y en el trabajo.
"La política educativa de los últimos años ha hecho una gran apuesta por la inclusión de los más vulnerables, materializada en inversión (infraestructura, cargos, becas, AUH, Progresar, Conectar Igualdad), planes de mejora con recursos en las escuelas y un fuerte discurso con respaldo en leyes. Pero la cuestión social desborda y la escuela secundaria tradicional no encuentra puentes con las vidas reales de los jóvenes -apunta Axel Rivas, investigador del área de Educación de Cippec-. Nos faltan políticas de replanteo de la organización, el sentido, la pedagogía y la carrera docente en las escuelas secundarias."
Pero es quizás el mundo del trabajo, y la consecuente posibilidad de independencia económica de sus familias, la asignatura más complicada para estos jóvenes. En la provincia de Buenos Aires, el desempleo juvenil duplica al de los adultos, el 52% de los jóvenes tiene un trabajo informal, un cuarto de los que trabajan recibe un salario menor al mínimo y un porcentaje similar está buscando otro trabajo. Con trayectorias laborales más erráticas, como dice el informe de Cippec, "en épocas de crisis, los jóvenes son los primeros en salir del empleo y los últimos en regresar".
"En estos años ha habido avances importantes, sobre todo porque estas políticas hoy se piensan desde los derechos y no desde la asistencia corta. En los 90 los jóvenes hacían cursos de tres meses en organizaciones chicas; hoy se tiende a que finalicen la escuela secundaria -apunta Ana Miranda, investigadora del Programa de Juventud de Flacso y del Conicet-. Pero hay falencias, como un sistema de cuidados para que pueda haber continuidad en el trabajo cuando los jóvenes tienen hijos a edades tempranas."
Para Miranda, las vinculaciones entre la escuela y el mundo laboral facilitan ese paso, pero si no se piensan sólo como prácticas profesionales. "La mayoría de los jóvenes consigue trabajo a partir de vínculos sociales y familiares. En un sector que se mueve en la informalidad, la necesidad de puentes con el mundo formal es más importante. Y hay un tema que se discute poco: quién enseña a los chicos a trabajar, a los humildes y a la clase media. Más allá de un oficio, trabajar implica convivir con edades distintas, conocer derechos y obligaciones. Los dispositivos de relación educación-trabajo pueden permitir que esto sea de otra manera."
DIRECCIÓN POLÍTICA
¿Cómo enfrentar la inflación y superposición de programas nacionales, provinciales y municipales, de distinta calidad, que abordan sólo el aspecto de los jóvenes que les interesa, con resultados que no se miden, basados en diagnósticos no siempre fieles y que muchas veces no alcanzan a su población-objetivo?
"Hace falta un actor con capacidad de organizar y ejercer la rectoría de una política de juventud. Cuando todos son responsables de un pedacito del conjunto de intervenciones, nadie es responsable de un mal resultado general", dice Repetto, y en el informe final su equipo recomienda, en ese sentido, la creación de un "Consejo Nacional de los Jóvenes", alto en la jerarquía estatal -dependiente de la Jefatura de Gabinete-, que trace una única política de juventud y articule los trabajos de los distintos ministerios involucrados. "Esto no significa crear superestructuras gigantescas, sino que una instancia sea capaz de obligar a los ministerios a orientar sus políticas de juventud según la decisión del Estado nacional", aclara.
Hoy existe una Subsecretaría de Juventud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Facundo Tignanelli, ex secretario de Organización de La Cámpora, que llegó al cargo en febrero pasado (a pesar de las llamadas y mails, Tignanelli no respondió a las consultas de la nacion). Pero muchos otros ministerios y organismos estatales (Educación, Salud, Industria, Planificación, Agricultura, Trabajo, la Anses y la Sedronar) tienen programas para esta población, sin más articulación que la buena voluntad de algunos ministros. Existe también un Consejo Federal de Juventud, con representantes de todas las provincias, que desde su creación en 2007 se reunió sólo tres veces (a la reunión del año pasado sólo asistieron 9 provincias). La articulación y gobernabilidad del sistema no parecen aseguradas.
Si se mira la provincia de Buenos Aires, puede haber además otras falencias. "Hay dificultades para llegar a los jóvenes realmente excluidos -advierte Daniel Arroyo, experto en políticas sociales y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires-. La forma de intervención y convocatoria de los programas está en crisis. Hay que buscar a los jóvenes en sus casas, en las esquinas, en las plazas."
Arroyo agrega las cuestiones presupuestarias: "En la provincia, hay una brutal falta de recursos para poner en funcionamiento la nueva ley de protección de los derechos del niño y el adolescente, que es mucho mejor que la anterior. Y hay un problema presupuestario para la transferencia de dinero en los tiempos comprometidos, lo que afecta a espacios como centros de atención de adicciones o comedores. Lo peor para el Estado es no cumplir con esas transferencias, porque eso le quita credibilidad. Finalmente, hay poca articulación con las redes de organizaciones y gobiernos locales".
Contar con información sobre la implementación y los resultados de los programas, pero también las percepciones de los jóvenes sobre ellos, es otra de las propuestas de Cippec, junto con adelantar la edad en la que el Estado entrena las capacidades laborales de los jóvenes, promover políticas de acceso a la vivienda y fortalecer las políticas de salud sexual y reproductiva. A contrapelo de las tendencias internacionales, en el país crece la tasa de maternidad adolescente (es de 35,3 por cada mil mujeres de entre 10 y 19 años en 2011). En 2012, el 12,3% de las mujeres de entre 15 y 19 años tenían un hijo o estaban embarazadas.
Hay recursos, parece haber decisión, pero los jóvenes siguen desamparados. Quizá porque, en el fondo, la Argentina tenga una grave distorsión cuando mira a sus jóvenes, los más vulnerables y a veces también los otros: el verlos como un problema, y no como pura posibilidad
