(publicado en el diario La Capital de Rosario, domingo 15 de agosto de 2010)
Por Susana Cicaré
“La economía social es un elemento central para reducir la pobreza en la Argentina porque la mayoría de los pobres trabajan en el país”. En esos términos, el investigador de Flacso y ex funcionario especializado en el área, Daniel Arroyo, trazó el presente y el futuro de un sector que a su juicio debe dar el salto del ciclo artesanal a otro de escala que permita al sector convertirse en un engranaje más del sistema productivo y actor en la definición de políticas públicas que superen la inclusión social o el asistencialismo.
En el marco de las Jornadas “Economía solidaria en el marco del Bicentenario”, organizadas por la Municipalidad de Rosario, Arroyo hizo un diagnóstico sobre la situación social en la Argentina —en el que incluyó los logros y las cuentas pendientes— y tiró ideas para debatir soluciones en el corto plazo.
“El desafío es articular lo social con lo económico”, dijo Arroyo y señaló que es clave aprovechar el ciclo de crecimiento que está experimentado la Argentina. “Partimos de una base auspiciosa y es un momento ideal para abordar problemas porque hay más chances, aunque también es cierto que si no aceleramos los procesos, en cinco o seis años vamos a perder la oportunidad”, dijo.
El especialista recordó que en el país hay alrededor de cuatro millones de personas que son pobres y trabajan, con lo cual la pobreza “está ligada a la descapitalización” y a la imposibilidad de los trabajadores de acceder a financiamiento y nuevas tecnologías que les permitan dar un salto de escala. “La costurera a la que se le rompe su máquina de coser la ata con alambre y por eso hace pocas remeras y gana poca plata y compra poca tela y así reproduce la pobreza”, ejemplificó.
Por eso, consideró que este es el lugar que debe ocupar la economía social en la definición de una nueva forma de producción, que también esté incluida en las definiciones de políticas públicas. Recordó que la meta es ambiciosa ya que actualmente 200 mil personas acceden a apoyo del Estado y microcréditos y hay que llegar a cuatro millones de personas.
Para Arroyo esto demanda también una reformulación de las políticas. “Los recursos están muy concentrados en el Estado nacional y en muchas oportunidades los emprendedores deben adaptarse a programas enlatados”, dijo, y llamó a trabajar en la descentralización. “Hoy el 70% de los fondos los concentra la Nación, el 23% el conjunto de las provincias y el 7% los 2.200 municipios”, graficó Arroyo.
Los pasos a seguir
El especialista rescató el rol de Rosario en la generación de iniciativas en el marco de la economía social, pero advirtió que a pesar de los avances hay que cerrar el ciclo artesanal y para dar el salto de escala.
En ese punto habló de cuatro caminos: 1) generar una impronta de escala y masividad; 2) como política pública articular organizaciones sociales con el sector privado y el Estado. “El rol de los privados no sólo pasa por la responsabilidad social empresaria sino en comprometerse con las cadenas de valor y el Estado no sólo debe capacitar sino transferir recursos y fortalecer y descentralizar para que se encaren acciones en las propias regiones”, dijo Arroyo; 3) generar mecanismos de crédito a tasas bajas que acompañen emprendimientos productivos y 4) generar asociatividad.
Por otra parte, Arroyo consideró que todo esto demanda un “marco normativo y un sistema tributario diferente” y aclaró que en este sentido la iniciativa de monotributo social “es un avance pero no es la solución”. A su criterio, hay que reconocer a la actividad dentro del sistema productivo.
El mapa social
Arroyo disparó una batería de propuestas en base a un diagnóstico muy duro de la realidad social argentina. Y aunque reconoció que los indicadores sociales mejoraron respecto de 2001 —quizás la crisis más aguda que atravesó el país— todavía no alcanzan a empardar los de hace 20 años atrás.
Según explicó, hay seis cuestiones no resueltas en el país que explican y dan sentido al nuevo rol de la economía solidaria:
•El 10% de la población vive en la pobreza extrema.
•La informalidad económica: el 40% de los trabajadores está en negro o son cuentapropistas, es decir hay cuatro millones de personas que trabajan y por falta de crédito no pueden dar el salto en la tecnología. También en la Argentina es pobre el que no tiene la oportunidad en el mercado. Es decir, “en la Argentina hay pobreza con trabajo”, dijo.
•Desigualdad: la diferencia de ingresos entre el sector más rico y el más pobre en los años 70 era de 7 a 1; en 2001 se abrió la brecha de 44 a 1 y en 2010 se achicó un poco pero es muy grande todavía, de 28 a 1. Es decir, por 28 pesos que gana el 10% más rico, gana 1 peso el más pobre. “La Argentina sigue siendo un país muy desigual y esto es fuente de conflicto”, agregó.
•El grupo más vulnerable en el país es el de los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan. “Oficialmente dicen que hay 500 mil adolescentes en esta situación aunque creo que son 900 mil. Esos jóvenes no tienen horizonte”, apuntó Arroyo.
•Los grandes centros urbanos: la pobreza se concentra allí, donde hay hacinamiento, informalidad económica, situación de pobreza en jóvenes y se necesitan más recursos para atenderlos. “En seis meses se completa el ciclo de hacinamiento, adicción, endeudamiento para consumir y problemas sociales”, graficó Arroyo.
•Debilidades de muchas organizaciones sociales: hay mucha concentración de recursos por parte del gobierno nacional y poca descentralización y “esto se debe revertir para atender las demandas territoriales”, concluyó.
