(Nota de opinión publicada en el diario La Nación, martes 11 de enero de 2011)
América latina tuvo un importante crecimiento sostenido en la última década, que posibilitó una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia en la mayoría de sus países. Pero si bien hubo un avance relativo de la distribución del ingreso, la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población.
Uno de los ejes fundamentales de la actual problemática social radica en los grandes centros urbanos, un mundo absolutamente diferente al resto y donde se concentra la gran mayoría de los pobres en los países de América latina. Establecer consideraciones específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y Poder Judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social. A mediano y largo plazo, el desafío central pasa por la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que hoy no parecen tener un horizonte de futuro cierto.
También resulta necesaria una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales, que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o la Argentina.
El microcrédito es, claramente, una política de reducción de la pobreza para estos países, en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico que se augura para estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, también reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
Los niveles de desigualdad vigentes son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica, vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
Estamos ante una oportunidad histórica. Sin duda, la recuperación de las economías latinoamericanas luego de la crisis financiera internacional reciente abre la posibilidad para poner en marcha políticas que mejoren de forma masiva la situación social en los países de la región.
