(Publicado en la Revista del Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales Distrito de San Isidro)
Entrevista al Lic. Daniel Arroyo
A modo de introducción
El crecimiento exponencial registrado en el consumo interno a partir del segundo lustro de la década anterior constituye materia central en el análisis macro económico sobre la secuencia contemporánea. Si las utilidades obtenidas por los grupos de alta concentración de riqueza en el período apuntado parecen haber superado los valores históricos, también es dable señalar que los sectores medios han experimentado una sensible recuperación de niveles de liquidez monetaria, básicamente asociados a la reactivación económica. En este plano resultaría válido considerar como integrados al proceso de acceso a capacidades adquisitivas superiores, según el análisis comparativo con valores registrados en el ciclo 1998-2002, a los segmentos configurados en las categorías de pobreza e indigencia, tanto desde su integración en el mercado de trabajo – considerar datos oficiales de la creación de cinco millones de puestos en el sector formal– como mediante la percepción de transferencias de recursos desde la órbita estatal a volúmenes históricos desde la consolidación del estado de derecho en nuestro país.
No podemos dejar de advertir que el ejercicio cotidiano del trabajo social, generalmente sesgado por la intervención en circuitos de pobreza estructural, puede operar como factor obstructor en una perspectiva analítica general sobre el cuadro de evolución de la realidad socioeconómica consignada en el párrafo anterior. Pero tampoco es posible soslayar que la elaboración diagnóstica devengada de la práctica profesional diaria, permite identificar la persistencia de núcleos duros de pobreza crítica y que estos núcleos tienen una proyección a escala en el corto y mediano plazo, basada en el crecimiento demográfico esperable en esas franjas poblacionales. Desde esta perspectiva resulta oportuno interpelar, desde el prisma de nuestra disciplina, los lineamientos aplicados en política económica y social, principalmente sobre los sectores que, con posterioridad a la crisis del 2001, se encontraban inscriptos en procesos de desafiliación social.
La entrevista
Propuesta la jerarquización del debate sobre esta realidad, convocamos al Lic. Daniel Arroyo para trazar pinceladas diagnósticas y propositivas desde la perspectiva del pensamiento académico, pero también refrendado por la gestión ministerial del entrevistado en las áreas nacionales y provinciales de las políticas sociales.
Los primeros tiempos fueron de apagar incendios, de bajar con la mayor cantidad de asistencia posible a la enorme masa que se había caído del sistema y reducir los altísimos niveles de pobreza e indigencia -nos plantea en referencia a su gestión como Viceministro de Desarrollo Social de la Nación desde 2003.
El contexto actual, sin embargo, nos permite trazar otras proyecciones. Durante los últimos años se redujo el descenso social. Los “nuevos pobres” de fines de la década del 90 han recuperado su nivel de vida y ya no temen caer en la indigencia. Las capas medias y las medias altas aumentan su nivel adquisitivo y tienen acceso a créditos y otros bienes. Lo que no se ha recuperado es el ascenso social, la movilidad. Los que pertenecen al núcleo duro no tienen otras perspectivas.
Hay que forzar la inclusión desde el Estado, fijando prioridades. No tenemos, como en años anteriores, restricción de recursos. Hay disponibilidad pero falta una transferencia mayor y más y mejor orientada.
Su descripción de la realidad territorial en el conurbano dice que.. es en los grandes centros urbanos donde se concentra la pobreza en la Argentina. Esta es una problemática que excede las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que catorce millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas.
Durante su gestión provincial trazó como un factor implosivo la existencia de 500.000 jóvenes sin actividad laboral y /o educativa. Al respecto describe…el hacinamiento es un condicionante central en la vida cotidiana de las personas, trae aparejado multiplicidad de conflictos desde todo ángulo de análisis, con el factor violencia como eje en la interacción social. Hoy, a nivel nacional, podríamos hablar de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años en esa condición, que no logran sostener proyectos educativos o laborales, lo que constituye un drama de proporciones. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo donde un chico del conurbano bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, no tiene espacio propio, no tiene lugar), se va a la esquina, porque en la esquina se está mejor que en la casa, hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quien no consume y especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción, comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente, Y cuando se endeuda se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía que hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, dura unos seis meses. Se completa luego con una parte de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “estos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es poner contra las cuerdas a estos pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque cuando consiguen una changa por 650 pesos ven que en el barrio a los que se vinculan con otras cosas les va mejor que a los que trabajan.
Sobre la Ley de Protección y Promoción de Derechos para Niños y Adolescentes, y la Asignación Universal por Hijo: La ley es muy buena, pero le falta asignación de recursos genuinos. No es posible implementarla con un celular y una persona a cargo de un servicio zonal, ni tampoco puede funcionar un servicio local sin personal adecuado ni infraestructura ni recursos para intervenir en las situaciones de vulneración de derechos. Los trabajadores sociales lo saben muy bien, porque intentan intervenir desde esa perspectiva y se encuentran con falencias y ausencias estatales serias. El peligro es que, si esto no funciona, y dado el reclamo de gran parte de la opinión pública con respecto a los niños y adolescentes “peligrosos” se retroceda a la ley del patronato y a la institucionalización indiscriminada. En cuanto a la Asignación Universal podemos considerarla como una política de afiliación social clara. La AUH recupera la noción de mensualización, ordena cabezas, sin dudas la mejor que se ha implementado desde el regreso de la democracia.
No cabe en esta coyuntura el concepto de Estado ausente, máxime ante la multiplicidad de programas de transferencia de recursos y el volumen destinado en algunos de ellos. Cabe preguntarse sin embargo, si se establecen mediciones certeras sobre el impacto de los programas, si obran sistemas de monitoreo sobre su eficacia...La evaluación de las políticas públicas debe ser hecha en lo local y monitoreada desde el poder central. Sin esa evaluación, que no se hace cualitativamente en la actualidad y en lo cuantitativo no siempre es confiable, no es posible avanzar. Se puede reconocer extrema fragmentación de planes y programas que impiden atacar las problemáticas estructurales con una mirada más integral, aunque sigo considerando necesario masificar y unificar la transferencia de recursos. Habría que pensar en un modelo similar al del Programa “Bolsa Familia ” implementado en Brasil, que tuvo la virtud de consolidar los distintos programas de asistencia en uno solo, aumentando la cobertura sobre la población más vulnerable – ver Bolsa Familia…
¿Qué ocurre con el núcleo duro de la pobreza, al que la AUH le ha impedido seguir cayendo, pero que no resuelve los problemas estructurales: hacinamiento, falta de infraestructura sanitaria básica, falta de empleo decente?
La Agenda Social en la Argentina tiene cinco problemas a resolver en los próximos años
• la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población
• la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan
• la desigualdad que marca diferencias de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre
• los jóvenes que no sostienen proyectos educativos y/o laborales
• la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Previéndose un crecimiento sostenido al 4 ó 5 % por los próximos 6 años tenemos chances reales de terminar la década sin pobreza y sin desocupación. Es el gran desafío que debe tomar el Estado: masificar recursos, llegar a los 900.000 jóvenes, volcar 4000 millones en microcréditos, extender la infraestructura básica para cubrir la población en situación deficitaria. Los problemas sociales en Argentina requieren recursos masivos.
¿Qué grandes lineamientos hay que seguir en los próximos años a nivel de desarrollo socio económico?
Es necesaria la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, que apunte a los desarrollos locales por regiones. Las empresas privadas tienen que ser incentivadas desde lo fiscal (con muy buenos controles) para que incorporen trabajadores con baja calificación, especialmente jóvenes, que son los que están afuera de la reactivación económica.
Hay que apuntar a desarrollos locales en el NOA y en el NEA, y también tener una mirada sobre la Patagonia, para reducir la migración interna. La concentración de población en territorio bonaerense y particularmente en el AMBA, tiene que tener alguna alternativa viable y en el mediano plazo
Imposible no consultar sobre qué rol deberían tener los trabajadores sociales en las políticas sociales…
Si bien tradicionalmente los trabajadores sociales tuvieron un déficit en su formación académica, eso se ha ido superando en los últimos años. Sin dudas deberían estar más involucrados en el diseño y programación de las políticas públicas y no tanto en el “enamoramiento del caso”, como a veces ocurre.
A modo de cierre, más preguntas hacia el interior de nuestro colectivo
¿Podemos convenir en que la intervención cotidiana en escenarios sesgados por manifestaciones de pobreza crítica contiene una carga alienante para el profesional del trabajo social?
¿Podemos considerar que la falta de jerarquización salarial de la profesión y los insuficientes dispositivos de política pública disponibles para la intervención operan en ese mismo sentido?
¿Podemos creer que la sistematización de prácticas, la conceptualización de problemáticas sociales, la propensión al análisis socio-político y el diseño de propuestas devengadas de la experiencia cotidiana son un camino plausible en pos de la jerarquización de nuestra disciplina?
El debate, entendemos, no ha hecho más que empezar.
