(publicado en el diario Tiempo Argentino, el martes 3 de enero de 2012)
Por Ignacio Chausis
Por la consolidación de programas sociales y la dinámica del mercado de trabajo, cerca de 500 mil personas dejaron de ser pobres. La inclusión de 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, uno de los desafíos para 2012.
A un ritmo menor en relación a los años anteriores, los indicadores sociales continuaron durante 2011 evidenciado mejoras que extienden de este modo el ciclo iniciado en 2003. Según datos del Indec, durante el primer semestre de 2011 la pobreza afectaba al 8,3% de la población –unos 455 mil hogares–, segmento dentro del cual existía un 2,4% de indigentes. Las cifras representan un avance en relación al cierre de 2011, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaban al 9,9% de la población (542.710 hogares) y la indigencia se encontraba en el 2,5 por ciento.
Si bien todavía restan dos meses para que se conozcan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2011 como para realizar la comparación interanual, algunos de los análisis privados dan cuenta de una baja de dos puntos en la pobreza durante 2011, algo más que plausible si se tienen en que cuenta que solamente durante el primer semestre la mejora fue de 1,6 por ciento. De confirmarse ese pronóstico, cerca de 502.651 personas habrían dejado la pobreza, lo que representa 109.638 hogares. No obstante, la indigencia se redujo pero a un ritmo más lento, como consecuencia, en parte, del alza constante en el precio de los alimentos.
“El 2011 fue un año positivo en lo que hace a la reducción de la pobreza y esto por dos razones. En primer lugar porque se consolidaron ciertos programas sociales como la AUH o Argentina Trabaja, que establecen una base de ingreso para personas que no tenían trabajo”, explicó a Tiempo Argentino Daniel Arroyo, ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, y uno de los mayores especialistas en la materia. “La segunda cuestión tiene que ver con el contexto social y económico, donde el aumento del consumo genera mayor actividad y empleo, tanto formal como informal, es decir, se mantienen problemas que son estructurales, pero se cierra un año positivo en materia de pobreza”, concluyó.
Según Arroyo, existen cinco desafíos que debe afrontar el Estado en materia de políticas públicas para combatir la pobreza, y que exigen una mirada amplia por parte de las autoridades. Estos son: el problema de la vivienda, la informalidad económica (según datos oficiales el 34,3% de los trabajadores no recibe aportes ni tiene cobertura de salud), 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en todo el país; la calidad de la escuela secundaria y por último la violencia dentro de los hogares. En medio de ese escenario y por las consecuencias sociales adquieren relevancia la cantidad de jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran fuera del mercado laboral y de los circuitos educativos. “El tema de los jóvenes requiere varios tratamientos: extender una red de tutores que los acompañen (una maestra, un cura, un club de fútbol), alguien que les diga que se ‘rescaten’, se trata de jóvenes que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar, no tienen la cultura del trabajo”, indicó Arroyo, para quien otorgar incentivos fiscales a las empresas para que incorporen jóvenes y profundizar un sistemas de becas también forma parte de la solución. Según Arroyo, uno de los obstáculos que agrava y reproduce el ciclo de la pobreza extrema tiene que ver con el hacinamiento. “No sólo se trata de falta de vivienda, sino también de mucha gente viviendo en el mismo lugar, para lo cual es necesario ampliar el crédito y el apoyo a la ampliación de viviendas”, indicó.
Para el sociólogo Artemio López, titular de la consultora Equis, durante 2012 se debe poner en la mira a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Es donde más está costando que ceda. Hay que reformular los planes de estudio para hacerlos más atractivos y crear incentivos en el mercado de trabajo”, indicó.
