El Desarrollo Local y las Políticas Sociales

La situación social sumada a la potencialidad que ofrece la macroeconomía en la actualidad, plantean un gran desafío para los municipios en nuestro país y los convierte en un actor de suma relevancia para la solución de problemáticas vinculadas a la recomposición productiva, el empleo y la distribución de los ingresos.

En particular, es de suma importancia desarrollar estrategias de políticas sociales en donde el nivel local tenga un rol relevante. De esta manera, el debate debe orientarse hacia la definición de qué puede hacer el municipio y cómo mejorar la gestión municipal, no sólo a partir de la articulación de las políticas sociales con los otros niveles-provincial y nacional- sino también con otros actores como las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

En los apartados siguientes se desarrollan estos interrogantes con miras a pensar un proyecto nacional que aborde la perspectiva del Desarrollo Local con crecimiento económico e inclusión social.


Acerca del concepto de Desarrollo Local

El Desarrollo Local no dispone de un cuerpo teórico homogéneo. Por el contrario, existen diversas perspectivas que tienen diferentes implicancias en su forma de ver lo local.

En los primeros años de la década del `90, predominó una visión del Desarrollo Local asociada al crecimiento económico, planteándose básicamente cómo hacer crecer la economía. El proyecto insistía en la necesidad en primer término del crecimiento de la economía y después en las mejoras de las instancias locales, en los instrumentos de intervención y en la distribución de los ingresos. Esta noción de desarrollo como crecimiento económico fue predominante en la década del ’90 no sólo en América Latina sino a nivel mundial, siendo la concepción preponderante aún hoy en las Ciencias Sociales. (Arroyo, 2003)

El principio de desarrollo como crecimiento económico exógeno llevó al intento de incrementar la competitividad en las ciudades, incorporando en la agenda local la necesidad de encarar distintas medidas para ser “atractivos” a las inversiones. Dichas medidas, de variadas características que van desde la mejora de la infraestructura, el arreglo integral de la ciudad hasta exenciones impositivas, son entendidas como un aspecto central de la gestión local.

Esta visión funcionó en algunas localidades efectivamente bien ya que pudieron visualizarse parques industriales, inversiones y cambios en la estructura urbana. Sin embargo, esta situación no generó inclusión social ni aumento del empleo significativo. También se observaron municipios que crearon una importante infraestructura pero sin las inversiones planificadas. En los casos de los parques industriales de la década del ’90, y tratándose de inversiones exógenas, el perfil fue de actividades extractivas. No obstante, esta concepción de desarrollo local suponía que en una primera etapa se priorizaba el desarrollo económico y las inversiones, para luego - en una segunda etapa- observar las consecuencias sociales (“derrame”) de ese crecimiento económico a través del aumento del empleo y la mejora de los ingresos de la población.

Empero, las políticas sociales activas eran poco relevantes en este esquema; lo principal era la creación de las condiciones para “el interés” de las inversiones.

A mediados de la década del ’90 la noción de desarrollo local se orienta hacia una visión emparentada con la Ciencia Política, en donde se incorpora la idea del desarrollo local como calidad institucional. (Arroyo, 2003)

Al observarse el poco impacto demostrado en términos de inversiones exógenas que implicaría un desarrollo económico, el epicentro de la atención se centra entonces en las variables de tipo institucionales. Agrega a la necesidad de la llegada de inversiones, la importancia de una aceitada relación entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo local, instancias de concertación democráticas, participación de la sociedad civil y ciudadana en el control y la gestión, transparencia, reglas de juego claras, etc.

De todas formas, este enfoque puso mucho énfasis en el aspecto político institucional y dejó lo económico en un segundo plano. La posibilidad de generar consensos, abrir la participación, generar redes de participación y articulación, sería un primer paso hacia la discusión acerca del perfil productivo local.

Estas certidumbres tuvieron varios problemas, pero en particular, la consecuencia fue la exclusión social. La prioridad dada a las variables de tipo institucionales a través de la necesidad prioritaria de la generación de consenso y transparencia deja en un segundo plano la problemática de la pobreza, la desigualdad y la marginación social. El desarrollo local fue entendido como un acuerdo básico de consensos, centrándose la tensión en la contraposición entre el autoritarismo, el verticalismo y la corrupción opuestos a la gestión consensuada, participativa, eficiente y transparente.

Asimismo, esta teoría se asoció a una noción que cobra fuerza a mediados de los ’90: la democracia local. El diagnóstico proyectaba una idea acerca de que la calidad institucional y a la verdadera participación ciudadana podría, enfrentar la crisis de representación y “la desafección” de la gente con la política.

Avanzada la mitad de la década del ’90, principalmente en los años 1997, 1998 y 1999, aparece una tercera idea que vincula el desarrollo local al planeamiento estratégico. Esta visión intenta pensar integralmente la ciudad en términos políticos, sociales, económico-productivos y culturales. A partir de allí el objetivo es delinear estrategias de mediano y largo plazo.

Lo novedoso aquí es que el plan estratégico se vincula al planeamiento territorial y el desarrollo local tiene como requisito previo el diseño participativo de dicho plan. Ahora bien, en varias ocasiones se liga esta estrategia a la mirada anteriormente descripta a través de la participación de la Democracia Local, promoviendo talleres de participación, juntas vecinales, sociedades de fomento e inclusión de todos los actores de la localidad. El planeamiento estratégico participativo, a diferencia de los otros dos, tuvo un fuerte componente social, no en términos de la distribución del ingreso; sino con relación a la participación y la pluralidad ciudadana.

Este modelo de plan estratégico en Argentina se encontró con 3 problemas básicos a medida que fue avanzando. El primero es de tipo metodológico. Se constituyó como una técnica demasiado compleja para las necesidades de Argentina. Plantear 8 meses de diagnóstico y 4 meses de diseño es bastante razonable en un país que tiene las variables económicas estabilizadas y la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo. Por el contrario, en un país como el nuestro, donde la situación es crítica, es muy difícil pensar “los próximos 20 años.

En consecuencia, si bien se permitió un debate acerca de la apertura del desarrollo local en Argentina, no se obtuvieron resultados concretos y sólo unas pocas ciudades han logrado asociar su plan estratégico a líneas de acción puntuales: Rafaela (Santa Fe) o Maipú (Mendoza), por ejemplo.

El segundo problema surgido en relación al plan estratégico es la falta de recursos para la planificación. La diferencia entre el diagnóstico y las acciones concretas ejecutadas era muy importante y generalmente provocaba frustración. Por lo tanto, se realizaba el plan estratégico con grandes lineamientos pero la realidad compleja no permitía ir más allá de los gastos corrientes.

El tercer inconveniente es el problema del liderazgo: la teoría del plan estratégico español, sostiene la necesidad de la articulación concertada entre todos los actores sociales. Esta situación ideal se contrapone con la realidad argentina, donde la mayoría de los liderazgos se personalizaron y ante el primer cambio o problema se fueron diluyendo. No hubo una verdadera institucionalización del plan estratégico que piense “más allá” de las personas.

Entre los años 2000 y 2001 surge un pensamiento sobre el desarrollo local entendido como una articulación de lo público y lo privado. La idea es poner en marcha la producción y el modelo institucional, articulando el sector privado, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Este planteo se asocia a instancias de consenso para definir proyectos productivos, apoyar a los productores, a los pequeños emprendedores y a las microempresas. Esta perspectiva permitió un interesante aumento exponencial de las agencias de Desarrollo Local, llegando a un total de 42 hacia el año 2000. Sin embargo, las dificultades de financiamiento impactaron en estas instituciones disminuyendo su cantidad a 16 agencias hacia 2001, muchas de las cuales tuvieron serias dificultades para sostenerse, porque muy pocos actores las identificaban como estratégicas y por lo tanto de difícil financiamiento.

De todas maneras, en términos generales este enfoque no priorizó la problemática de la inclusión social, ya que no significó una mejora en los ingresos de la gente ni tampoco un desarrollo de tipo endógeno.

En suma, todas estas teorías no pudieron constituirse como sobresalientes en el Desarrollo Local. Hoy, en consecuencia, existe una crisis del concepto de desarrollo local ya que no persiste un paradigma hegemónico. Por lo tanto, predominan todas las visiones de manera superpuesta e intercambiada.

El Desarrollo Local y los efectos de la crisis.

A partir de la crisis (especialmente en el año 2001 y 2002) se evidenció una situación donde muchas de las experiencias que habían sido exitosas por alguna razón (por la existencia de un plan estratégico, por su calidad institucional o porque desarrollaron una buena agencia de desarrollo local), se interrumpieron o entraron en crisis.

Estas experiencias (en cualquiera de los paradigmas anteriores) se disolvieron porque la mayoría de los municipios tuvo que atender la problemática de la emergencia alimentaria, aún con la existencia de un plan de tipo estratégico.

Otros municipios fueron afectados directamente en su perfil de desarrollo que habían realizado en otros tiempos al calor del modelo sustitutivo y el rol interventor del Estado. Las localidades en crisis se dividieron en dos tipos: los territorios que tuvieron un perfil de crisis abrupta y aquellos que sufrieron un perfil de crisis paulatina.

Las de crisis abrupta son aquellas localidades en donde, el motor del desarrollo se paralizó en un momento, por el efecto de las reformas económicas neoliberales: Cutralcó, en Neuquén; Tartagal, en Salta; San Nicolás con Acindar y Palpalá en Jujuy con los Altos de Hornos Zapla. Otros municipios que se habían desarrollado en base al ferrocarril, al cerrar este se quedaron sin ninguna fuente de desarrollo. Aquí se presenta un problema central a resolver que es la (re)definición del perfil del municipio a partir de metodologías simples, concretas y el consenso de los principales actores involucrados. En este sentido es prioritario desarrollar políticas sociales con estrategias socioproductivas.

Los municipios que padecieron crisis paulatinas no retienen en su memoria colectiva el día en que se paralizó la producción porque cerró la fábrica más importante del lugar o dejó de funcionar el ferrocarril o YPF dejó de extraer petróleo, sino que se sigue realizando la misma actividad de siempre, pero ahora con menor producción y empleo.

En gran medida, se puede decir que este es el caso del interior de la provincia de Buenos Aires, cuyo perfil sigue siendo el mismo (agrícola-ganadero), no hay un cambio significativo en el perfil, pero cada vez se observa más exclusión social.

El otro aspecto relevante para la problemática de los municipios es su escala adecuada para el desarrollo Local. En localidades entre 50.000 habitantes y 200.000 habitantes, la propia comunidad puede construir su propio perfil y apuntar hacia potenciar el desarrollo. Por ello en general, cuando se enuncian casos de experiencias de gestión exitosas en Argentina no se encuentran municipios de 1 millón de habitantes ni tampoco de 2.000 habitantes. En este caso, muchas de las variables no dependen del gobierno local sino propiamente de una articulación o la constitución de una microregión.

De igual manera, los municipios grandes (áreas metropolitanas) deben tener varios perfiles, teniendo en cuenta por ejemplo que La Matanza tiene 1 millón y medio de habitantes. Y lo mismo ocurre con localidades Rosario o Córdoba donde lo importante es pensar como articular tres o cuatro perfiles productivos de desarrollo.

En consecuencia, los municipios que no logran definir un “motor de desarrollo” o perfil (más allá de su tipo de crisis y tamaño), difícilmente puedan encarar un programa de desarrollo local. En tal sentido, es vital la intervención del Estado Nacional y su vinculación con sus otros niveles y políticas sociales inclusivas que reconstituyan el tejido productivo a partir del crecimiento económico y la inclusión social.


El Desarrollo Local y las políticas sociales inclusivas

En la actualidad no hay paradigma hegemónico sobre el Desarrollo Local, de todas formas la relación entre el Estado nacional y el Desarrollo Local permite establecer estrategias diferenciadas: las que creen que es posible dejar “la mano invisible” al desarrollo de los municipios y los que piensan que el Estado Nacional debe regular la relación de gestión entre los niveles provinciales y municipales.

Desde esta última perspectiva un Desarrollo Local inclusivo puede entenderse como la capacidad de llevar adelante un proyecto que considera las potencialidades territoriales, (sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales) de manera sustentable. Por ello, significa pensar desde abajo teniendo en cuenta qué recursos se manejan y cuáles no; y así -en función de los actores y potencialidades existentes- promover actividades socioproductivas.

Asimismo, el objetivo es concebir una convergencia entre Desarrollo Local y políticas sociales a partir de una dinámica territorial propia, actuando en forma coordinada desde el terreno geográfico, delimitado por una lógica que les resulta inherente. Esto implica también transformar la estructura territorial en favor de actividades que generen valor agregado y procesos económicos que articulen regiones y formen cadenas y corredores productivos sólidos en las localidades. En suma, desarrollar una noción de políticas sociales inclusivas.

En este sentido el eje productivo es de suma importancia, ya que con un circuito económico positivo hay probabilidades de empleo y mejora en los ingresos de la población. Es así que resulta relevante tener en cuenta la macroeconomía del país y el perfil productivo nacional, para entonces determinar cuáles son las actividades productivas que hay que fomentar en el lugar.

Esto se asocia al eje del empleo y la distribución de los ingresos. Es necesario buscar soluciones a la problemática de los desocupados y subocupados, así como a todos los actores que se encuentran en la economía informal y que trabajan con reglas totalmente distintas a las de la economía formal. Esto se relaciona con el concepto de inclusión pensado como una estrategia que involucra a todos los sectores en condiciones de vulnerabilidad social. Por otro lado, se debe articular con el sector privado, ya que no se debe pensar la economía informal y la economía formal como circuitos separados.

La historia argentina en este terreno es la de un país configurado por una economía formal amplia y una economía informal que siempre finalizaba en la formalidad. Hoy la situación es diferente, semejante a la de varios países latinoamericanos en donde se torna importante la dualidad economía formal-informal. Entonces, es clave en el Desarrollo Local trabajar con los dos modelos económicos, generando cadenas de valor dentro de la economía formal, desarrollando circuitos, intercambios y también la articulación con la economía informal. (Cravacuore, 2002)

Es importante poder definir también con claridad lo estratégico. Entender este concepto significa en términos de un plazo aproximado de dos o tres años establecer líneas de acción muy concretas y articuladas. Las líneas estratégicas deben reflejarse en acciones de trabajo muy específicas: fortalecer una actividad económica de la localidad con alto impacto en el empleo o desarrollar un lineamiento que involucre a varios actores tanto públicos y privados, promoviendo valor agregado e impulsando un desarrollo endógeno.

Es impensable abordar las políticas sociales desde lo local sin la existencia de actores que vehiculicen las acciones. En la práctica esto implica definir: qué hace la municipalidad, qué le pedimos a la sociedad de fomento, qué le solicitamos a los colegios profesionales, cuál es la tarea de las cooperativas y las empresas en los próximos dos o tres años. Para realizar esta estrategia, la opción es rescatar, fortalecer y apoyar espacios locales de concertación preexistentes, asegurando de esta manera no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local y al mismo tiempo no interferir en las formas participativas con las que se encuentran familiarizados los actores locales y la sociedad civil.

Efectivamente, se trata de un permanente y masivo proceso de toma de decisiones de los actores locales a través de una matriz decisional que promueve el establecimiento de redes horizontales de coordinación. Estas redes requieren de una articulación que les otorgue sentido y dirección. Así, se trata de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales.

Lo planteado hasta aquí se enmarca en una discusión conceptual en la Argentina, ya que ante la crisis del paradigma de la focalización de las políticas sociales, se plantea lo siguiente: ¿cuál es la que debe regir en la actualidad?, ¿qué metodología debe utilizar y con qué actores se deben proyectar acciones masivas que reduzcan los problemas de exclusión y marginalización social?

El Plan Manos a la Obra: una política social con eje en el Desarrollo Local y la Economía Social

La situación social actual es de alta complejidad, según los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la evolución de la desocupación y subocupación luego de la crisis (en donde llegó al techo de 24,1 % y 18,6 % en el 2° trimestre de 2002) alcanza en la actualidad un 11,1 % y 13 % respectivamente.

Asimismo, en cuanto a los indicadores de la pobreza se puede observar una sustancial mejoría, luego del pico alcanzado en octubre de 2002, llegando hoy a 38,5%. A partir del segundo semestre de 2003 y como consecuencia del crecimiento de la economía, del empleo y de la recomposición salarial, los índices de indigencia disminuyeron un 100 %, desde 2002 hasta un 13,6 %. Sin embargo, estos indicadores continúan siendo altos, hoy 13.200.000 argentinos se encuentran en situación de pobreza .

Por lo tanto la política social debe priorizar los ingresos de las familias a partir de compatibilizar crecimiento con inclusión social, consolidando actividades económicas viables y relacionadas con el contexto de cada localidad.

Lo relevante aquí es crear redes o polos de producción y desarrollar proyectos que articulan la actividad económica de distintos emprendimientos productivos, favoreciendo procesos de dependencia mutua entre los eslabones de integración y cooperación entre productores; sea por ramas afines, con otros sectores productivos, con las instituciones y organizaciones de diferente índole.

En este marco, la economía social que supone expresiones asociativas que no se limitan a sectores populares, debe tener una lógica de integración en lo laboral, lo económico, lo educacional y lo social, desde las dimensiones legales, crediticias, de tributación, de nuevas formas de asociatividad, y desde lo sociocultural para permitir desplegar todas sus potencialidades. (Lineamientos de Políticas Sociales, 2004)

Por ello, el Plan Manos a la Obra tiene por objeto la detección de necesidades y demandas, la formulación de propuestas viables y la implementación de proyectos productivos. En particular el Plan desarrolla tres componentes principales:

• El apoyo económico y financiero, se trata entonces de otorgar financiamiento a proyectos productivos sustentables desde la perspectiva del Desarrollo Local quedando las actividades productivas sujetas a las características de cada localidad. Asimismo, los proyectos productivos que se desarrollen en el marco del Plan, serán seleccionados teniendo en cuenta la potencialidad de cooperación y asociación entre distintos sectores sociales y económicos.

De esta manera, el Estado nacional involucra en su acción a una gran variedad de experiencias asociativas que comprenden a emprendimientos productivos de la economía social unipersonales, familiares, de autoconsumo y los asociativos comerciales. En los últimos años se han constituido todas estas iniciativas se han conformado como respuesta frente a la exclusión del mercado de trabajo de vastos sectores sociales.

La inclusión social a través de financiamiento incluye también a las cadenas productivas como impulso de una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas, con el objetivo de un proyecto de desarrollo endógeno. Por otro lado, varios pequeños productores y unidades económicas necesitan de inversiones para mejorar su capacidad de producción como así también una planificación sistematizada que mejore las posibilidades de sustentabilidad de los emprendimientos.

Por último, el Plan otorga la asistencia financiera de Fondos Solidarios para asistir con micro y pequeños préstamos a emprendimientos productivos. Así, se generan condiciones favorables para la producción de bienes y servicios revitalizando las unidades económicas asociativas, familiares o unipersonales en las distintas localidades. Los Fondos Solidarios para el Desarrollo establecen prioridades de intervención en situaciones o contextos locales o regionales definidos como críticos a partir del análisis de la evolución de indicadores tales como: tasas de desocupación, niveles de población con necesidades básicas insatisfechas, entre otros.

• El Fortalecimiento Institucional tiene como objetivo central promover la concertación y la participación de todos los actores sociales y productivos en el territorio. En esta dirección, el Plan Nacional Manos a la Obra plantea un conjunto de acciones particulares destinadas a promover el desarrollo de espacios de encuentro, debate e intercambio. De esta manera busca favorecer la realización de acuerdos intersectoriales que se constituyan en los cimientos de los Planes de Desarrollo Local, así como también en el marco institucional en el cual se implementan las políticas sociales. Por ejemplo, en la actualidad los Consejos Consultivos representan una alternativa válida, debido al consenso que ha generado gestionar políticas sociales de modo eficaz y transparente. Si bien estos ámbitos deben perfeccionarse y consolidarse, permiten democratizar la discusión, la ejecución, el control y el monitoreo de la intervención social.

• La Asistencia técnica y capacitación están destinadas a los emprendedores beneficiarios que deben superar un gran número de dificultades para que deriven en beneficios económicos, sociales y comunitarios. Por estar marginados del mercado de crédito formal, cuentan con escasas oportunidades para recibir algún tipo de formación que potencie su propia capacidad emprendedora. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio cuentan tal vez con bienes o insumos pero necesitan mejorar su situación optimizando sus canales de producción y/o comercialización. El Plan Manos a la Obra prevé brindar acompañamiento integral y asistencia a todos los sectores mencionados para que puedan generar un impacto positivo sobre el proceso productivo.



El impacto del Plan Manos a la Obra

Hasta el momento el Plan ha tenido una serie resultados que permiten proyectar escenarios inclusivos en el futuro. En primer lugar, el mismo ha experimentado en términos de actividades productivas: masividad. No es un programa “suelto” y pequeño sino que es sostenido y masivo con transferencia de recursos para aquellos que están fuera del sector financiero formal y que tienen capacidades productivas asociativas o no asociativas. Por ello, en los primeros dos años de gestión se han llegado a financiar a 54.274 unidades productivas en el ámbito urbano y rural con un total de 510.975 pequeños productores beneficiados, con una inversión de $ 300.000.000.

En segundo lugar, el impacto territorial, ya que es un Plan aplicado en todo el país y no focalizado, llegando a 949 municipios chicos, intermedios y grandes de distintas características. Esta definición significa superar la centralidad del Estado nacional en el diseño de políticas sociales y pasar a un modelo de intervención que introduzca las especificidades propias de cada provincia y municipio.

En tercer lugar, es significativo haber logrado la participación del sector privado. La incorporación del empresariado al Plan Manos a la Obra significa la puesta en práctica de instancias de gestión pública-privada en el marco de las políticas sociales a partir de la Responsabilidad Social Empresaria. En este marco, se crea el Consejo Empresario, cuyo objetivo principal es que los emprendimientos financiados por el Plan Manos a la Obra sean adoptados por las empresas como proveedores permanentes de bienes o servicios, que se inserten en cadenas productivas o que conformen microregiones.

En cuarto lugar, la preeminencia de proyectos preexistentes (55 %), es decir proyectos que se encontraban en marcha antes de ingresar al Plan. De esta manera se fortalece la posibilidad de sustentabilidad de los empleos y de las actividades productivas, generando a la vez inclusión social.

Cabe destacar también la existencia de un número importante de proyectos estratégicos (10 %), entendidos como una convergencia del Desarrollo Local y la Economía Social, que buscan la inclusión a través de la reconstrucción del tejido social y productivo.

En quinto lugar, el Plan está produciendo un paulatino proceso de descentralización de la intervención. Establecer un modelo de estas características significa básicamente transferir fondos dándole mayor protagonismo a la sociedad civil no sólo en el control sino también en la gestión de las políticas sociales. En este sentido se han constituido 14 unidades de evaluación provinciales en diferentes lugares de nuestro país cuyo objetivo fue favorecer la intervención descentralizada del Plan, dejando gradualmente la lógica de “microproyecto” para pasar a una lógica de “fondos estratégicos”.

Asimismo, se priorizó un mayor protagonismo de la sociedad civil a través del fortalecimiento de los espacios asociativos, de manera de promover modelos de gestión que se familiaricen con los actores locales y la sociedad civil. En este marco se dictaron 300 talleres con un total de 42.000 integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y consejos consultivos.

Sin duda esta situación no implica ahorrar esfuerzos en la lucha contra las causas de la pobreza y la exclusión, por el contrario, expresa que a partir del impacto producido por el Plan se deben priorizar iniciativas que originan mayor valor agregado y empleo genuino.

A modo de conclusión

Teniendo en cuenta los aspectos destacados hasta el momento, las políticas sociales de tipo inclusivas deben entenderse como una conjunción entre el Desarrollo Local y la economía social, a partir de la generación de un proyecto de desarrollo sustentable en el que se aprovechen las diferentes capacidades.

El Estado debe relacionarse con la idea de crecimiento económico con impacto social, es decir que las actividades que impulsan el crecimiento de la localidad sean acompañadas por medidas que posibiliten una distribución del ingreso en términos de equidad.

Es importante profundizar el proceso de relevamiento y detección de los nudos críticos de las formas productivas, a partir del desarrollo de análisis de factibilidad técnica, económica y social y de sus múltiples relaciones de intercambio con la economía formal e informal. Para esta actividad sería muy importante profundizar diferentes estrategias de vinculación con organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, cooperativas, mutuales y las universidades locales, con el objetivo de optimizar la sustentabilidad de las políticas sociales y articular con un proyecto de desarrollo nacional.

En particular, las acciones del Estado deben procurar, además de una eficiente asignación del financiamiento a través de la descentralización de la gestión, profundizar acciones relacionadas con capacitación. Esto implica el desarrollo de diferentes tipos de eventos y la consolidación de una estructura “de formación de formadores” que permitan articular acciones en los componentes sociales, productivos y comerciales.

En este sentido, el rol del municipio es central como actor articulador y promotor de las políticas sociales, no sólo para la constitución de diagnósticos sino también para la ejecución de políticas públicas que fortalezcan y construyan un determinado perfil local.

Esto se asocia a un elemento central que es dar prioridad al encadenamiento productivo como estrategia de política social, en particular, con la identificación de 6 sectores productivos que parecen tener viabilidad para la producción de la economía social: la cadena turística (cría de ganado, siembra de verduras y frutas, gastronomía, hotelería pequeña, etc.), la producción de madera y muebles, la producción textil (cría y faena del animal, aprovechamiento de la piel ,etc.), la producción de agroalimentos (siembra e industrialización de los alimentos), las cadenas metalmecánicas (especialmente en los grandes centros urbanos) y las producciones no tradicionales que pueden representar una alternativa al perfil de la localidad.

La profundización de estas tendencias permitirá no sólo consolidar las numerosas iniciativas desarrolladas hasta el momento, sino también la generación de gran cantidad de mano de obra que procura una actividad para desarrollar a través de su inserción en el mercado laboral actual.

En consecuencia, la política social se asocia al trabajo, a la producción y al financiamiento de proyectos que surgen del desarrollo local en conjunción con la economía social.

Hasta el momento las políticas sociales y en particular el Plan Nacional Manos a la Obra en Argentina han desarrollado una infraestructura institucional y masiva de apoyo a los emprendimientos productivos de todo el país, llegando a diferentes localidades de la Argentina. A partir de aquí, el desafío es dar un salto en calidad de la producción y fortalecer eslabonamientos productivos, explorando nuevas vías y mecanismos de comercialización, a partir de la consolidación y generación de espacios de legitimidad, de representación y de consenso. Esto es que los diferentes sectores generen espacios asociativos y tengan reconocimiento por la comunidad y continuidad en el tiempo.

De cualquier manera, el debate acerca de la problemática de las políticas sociales no debe abordar sólo la perspectiva socioproductiva (que es de suma importancia para el desarrollo local) sino también es importante abrir una agenda con nuevos temas relacionados con la cuestión social: la importancia del seguro de desempleo, la pertinencia de la universalización de los programas de ingreso, el rol del crédito y del microcrédito para los sectores empobrecidos y su forma de financiamiento.

De esta manera, todos los sectores tomarán como legítimo el espacio y se permitirá avanzar hacia la inclusión social.

Arroyo entrevistado en Radio Rivadavia

Daniel Arroyo fue entrevistado esta mañana por Néstor Sclauzero en Radio Rivadavia (AM630). La entrevista giró sobre temas vinculados con la situación social en Argentina, el debate en torno a la pobreza, los planes sociales y la cultura del trabajo.

Daniel Arroyo entrevistado en Radio Nacional

El Licenciado Daniel Arroyo fue entrevistado esta tarde por Miriam Mariotto en el Programa "La tarde en el país" por Radio Nacional sobre temas de Microcrédito y Pobreza.

Arroyo entrevistado en Radio Del Plata

Esta mañana el Lic. Daniel Arroyo fue entrevistado por "Tuni" Kollmann en el Programa "Mónica y César en Del Plata" de 9 a 13 hs, para hablar sobre temas de pobreza.

La agenda de la RSE para la Argentina que viene

(publicado en la revista EMPRESA, Nº 204, Dic 2011/Enero/ Febrero 2012)

* Por Daniel Arroyo

Tras ocho años de crecimiento sostenido, la economía argentina atraviesa un momento único de sus dos últimos siglos de historia. La creciente demanda internacional de alimentos por parte de los países del BRIC –especialmente, China e India- marca la tendencia de que el país seguirá su marcha ascendente en los próximos años. Si bien la actual crisis internacional marca algunas señales de alerta, que deberán ser tenidas en cuenta, se trata de una oportunidad excepcional, que brinda a los argentinos la posibilidad de dar un salto sustentable en la mejora de la situación social.
Una agenda de desarrollo social para la próxima década debe avanzar sobre diez ejes centrales. El primer punto, sin duda, es la pobreza estructural, que encuentra sus territorios más críticos especialmente en el NOA, el NEA y el conurbano bonaerense. En segundo lugar, se debe avanzar en políticas que combatan la informalidad y la precariedad laboral, que afecta a casi cuatro de cada diez argentinos. Tercero, las brechas de la desigualdad, que son particularmente profundas en los grandes centros urbanos.
Otro de los puntos clave de la agenda pasa por la inserción de los jóvenes de 16 a 24 años que ni estudian ni trabajan; y que, más allá de las cifras, se trata de un sector de la población que sufre no sólo la ausencia de oportunidades laborales y educativas sino también la falta de un horizonte que les permita proyectar sus vidas en el futuro. No sirven los programas aislados para resolver esta situación. Es un problema de mayorías que se resuelve con planes de gran escala, con una política en la estén involucrados todos los sectores de la población, bajo el liderazgo del Estado nacional.
Muchas veces, las situaciones de pobreza tienen que ver con la imposibilidad de acceder al capital. Por eso, en el caso de los pequeños emprendedores y los cuentapropistas, hay que repensar un sistema de crédito flexible y masivo, que permitan la renovación de las maquinarias y las herramientas con las que trabajan. El apoyo al cuentapropismo debe ser considerado un elemento clave, porque son los sectores que más posibilidades tienen de salir de la pobreza rápidamente y generan nuevas fuentes de trabajo en las propias comunidades.
También queda claro que es necesario masificar el acceso al crédito a la vivienda para aquellos sectores que, aún trabajando, tienen ingresos insuficientes para lograr la financiación que requieren. Y, en el mismo sentido, el sexto punto radica en la extensión de los planes de infraestructura social y vivienda, que deben apuntar a la generación de espacios con mejor calidad de vida en los grandes centros urbanos, donde se conjugan problemas como el hacinamiento, la adicción, la violencia y la estigmatización de los jóvenes.
Por otra parte, hace falta avanzar en las estrategias de fortalecimiento de los niveles de atención primaria de la salud que eviten la sobrecarga en los hospitales. También hay que apuntar a la mejora de la calidad educativa, achicando las diferencias crecientes que se están observando entre ciertas escuelas privadas y las escuelas públicas. El noveno eje pasa por la descentralización de recursos a los gobiernos locales. Y, finalmente, por el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, transfiriéndoles recursos para que puedan encarar sus propias acciones.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La escala de los problemas consignados requiere que el desarrollo social no pueda ser considerado sólo como un instrumento del Estado, sino que necesita del apoyo de todos los actores de la sociedad. Para ser realmente eficientes y tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de desarrollo local deben ser el resultado de la interacción entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Resulta fundamental contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos los actores, con sus diversos recursos y la diversidad de sus puntos de vista.
En la Argentina, la responsabilidad social empresaria ha evidenciado un gran crecimiento en los últimos años, con mayor presencia del actor privado en la perspectiva de la inclusión social. Haciendo un análisis de lo ocurrido en las últimas décadas, se pueden observar tres grandes etapas del desarrollo de la RSE en el país. La primera etapa se vivió hasta el 2001, donde no había una experiencia de intervención estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, acompañando el desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego del 2001, permite registrar que muchas empresas adoptan de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Es una etapa caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la emergencia y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina por esos años.
En la tercera etapa, que comienza hacia el 2007 y vivimos en este momento, las empresas comienzan a trabajar sobre la promoción; y, básicamente, se centran en el otorgamiento de becas, microcréditos y capacitación laboral. Es en este momento cuando este enfoque empieza a tener impacto, contribuyendo de manera significativa en trasformar la realidad. En este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE en la Argentina, que pasan por lograr sustentabilidad en las acciones encaradas; el apoyo a las organizaciones que tienen legitimidad; y la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay 80.000 organizaciones sociales, y uno de los desafíos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y capacitación, para empoderar y fortalecer la sociedad civil.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinarias obsoletas. En segundo lugar, y como consecuencia de la problemática anterior, existe también una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no le permite utilizar las herramientas y maquinarias actuales. Y en tercer lugar, el sector informal en la Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de cadenas de producción reales, “creándose” un circuito económico a nivel local y barrial.
Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual. Hay un núcleo importante de personas del sector informal de la economía vinculadas “al mundo” del trabajo pero a partir de la precariedad. Pueden destacarse en este sentido, oficios varios (pintores, albañiles, plomeros, herreros, etc.) como también pequeños emprendedores que realizan alguna actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). De todos modos, es un sector con dificultades para mantener una continuidad, previsión social, salud y condiciones regulares de trabajo. Estos sectores, además de estas problemáticas, tienen otras que hacen al retraso tecnológico y a la vinculación con las cadenas productivas. El sector privado, a través de acciones desarrolladas en el marco de la RSE, tiene un rol muy importante para vincularse con este sector y potenciarlo con estrategias de encadenamiento productivo, de asistencia técnica y capacitación.

CADENAS PRODUCTIVAS
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como instrumento para mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y social, y a su vez, realizar un acertado diagnóstico acerca de las características de la economía de la zona, los potenciales recursos materiales y humanos ociosos de la misma. Así, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la asistencia técnica y la capacitación.
En cuanto al primer instrumento, es importante destacar que la desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en donde el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
Las cadenas productivas que articulan el sector privado y la economía social inciden directamente en la elaboración de un producto final. La cadena permite así diversos niveles de procesamiento, transporte, comercialización e industria, alcanzando varios productos acabados en el nivel del consumidor, logrando una sinergia de actores promotores del desarrollo económico.
Esto puede permitir una integración vertical, en la cual se articulan distintos eslabones de una cadena productiva; o bien, horizontalmente a través de una asociatividad entre emprendimientos y empresas de un mismo eslabón, procurando mejorar sus canales de comercialización y/o producción. Muchas actividades serán más efectivas y menos costosas si se realizan en forma asociativa, logrando de esta manera optimizar las estructuras de costos individuales y las capacidades de innovación productiva, para mantener el posicionamiento competitivo en el mercado e impacto socioproductivo. La RSE se hermana con la idea de la densidad productiva, la generación de valor agregado y la inversión genuina.
El segundo elemento a visualizar en relación a la RSE, es la posibilidad de otro tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y servicios para el sector privado. Esta simbiosis puede “estandarizar” la producción, la calidad, la comercialización y permitirles a los emprendedores la adaptación a nuevas tecnologías, como así también, la diversificación de la oferta y el mejor aprovechamiento de los recursos físicos y humanos disponibles, con miras a aprovechar la demanda que solicita el sector privado.
Un último aspecto relevante es la capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. Este aspecto tiene una estrecha vinculación con el fortalecimiento de la economía social y las iniciativas que surgen de ella misma. El objetivo es que el sector privado pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes emprendedores. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio, cuentan tal vez con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación, optimizando sus canales de producción y/o comercialización.
También puede formar a los emprendedores acerca de temas generales relacionados con la producción económica y su comercialización, orientando la actividad hacia el conocimiento de la cadena de valores de los productos, al aprovechamiento en forma comunitaria de los recursos e insumos existentes, al mejoramiento de la organización y coordinación de los grupos humanos para la producción en escala, como así también hacia cuestiones legales e impositivas que posibiliten la comercialización en circuitos comerciales formales.
En definitiva, el área de responsabilidad social empresaria debe ocupar un lugar central en las estrategias de concertación entre los actores, en donde se debate el modelo de desarrollo para una región o una localidad. El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada. Si el Estado, la sociedad civil y el empresariado trabajan de forma conjunta, podemos llegar sin pobreza ni indigencia a la Argentina del 2020.

Solidaridad Atemporal: La Argentina no desampara a las víctimas del "corralito' de 2001

(publicado en el portal de noticias http://actualidad.rt.com, el 7 de enero de 2012)

Saqueos de supermercados, niños desnutridos y miles de personas que acabaron en la calle. El impacto en la población de la gravísima crisis económica argentina de hace diez años tuvo un inesperado efecto secundario. Muchos de los que evitaron los golpes del destino sintieron el impulso de echar una mano a aquellos cuyas vidas quedaron en la ruina a causa de la vorágine financiera.
"Había visto la necesidad que existía en nuestro país. Era consciente de que a 15 minutos de mi casa también existía y dije: 'Bueno, es hora de comenzar a hacer algo más concreto'", nos cuenta Mercedes Gregorini, voluntaria de 'Un techo para mi país'.
Así fue como Mercedes, al igual que numerosas personas, decidió pasar de las palabras a la acción. Se sumó a 'Un techo para mi país', una ONG que construye viviendas en barrios marginales. Junto a sus padres y cinco hermanos la joven se trasladó a uno de estos barrios para armar una casa prefabricada para los menos afortunados.
"...Poder comparar mi familia y esa familia, y ver que éramos igual en un montón de cosas y lo único que cambiaba eran las oportunidades. Al momento de hablar con la familia, la única diferencia en sus vidas era que no estaban las oportunidades: yo había podido terminar el secundario, y el chico de mi edad de esa familia no había podido porque tenía que trabajar. Esa sensación de 'yo te vengo a dar' se corre, y es más un 'vengo porque me siento comprometida'", agregó Mercedes.
Pero esta sensación no es la única razón por la cual los argentinos se unen a las acciones solidarias. Algunos especialistas atribuyen esta fuerte participación ciudadana a la desilusión respecto a la clase política experimentada durante la crisis argentina de 2001.
"El concepto de militancia social en la Argentina viene de gente que ha intentado participar en la actividad política. No ha sentido que ese era su espacio y ha pasado. Segundo que mucha gente ve transparencia, ve una acción muy concreta. Colabora en la construcción de una vivienda (...) en la política esto está más disperso", asegura Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.
Como resultado, la tarea filantrópica, que normalmente estaba concentrada en las instituciones religiosas o políticas, se extendió a todos los ámbitos. Según afirman algunos especialistas, la cuarta parte de toda la labor social en el país es realizada por ONG de voluntarios. El resto corresponde al Estado u organizaciones internacionales oficiales.
La ola de solidaridad forzó incluso la generosidad de las empresas a tomar parte en las iniciativas benéficas. Una de las multinacionales financieras, por ejemplo, lanzó, un programa por el cual respalda económicamente las ideas filantrópicas de los miembros de la empresa.
"Se trata de acciones realizadas desde el banco para apoyar a los empleados que se involucran, a través de su propio trabajo, en tareas voluntarias hacia la comunidad, puede ser desde un comedor gratuito para los más necesitados hasta campañas escolares o de salud", comenta Gonzalo Verdomar, gerente de Relaciones Institucionales del BBVA Banco Francés.
Todos estos factores en su totalidad hacen que Argentina ocupe el primer lugar en Latinoamérica y el cuarto en el mundo por cantidad de dinero en donaciones privadas caritativas, en relación con los PBI correspondientes. Los datos surgen de un estudio de la Universidad John Hopkins que ubica a la nación por detrás de Estados Unidos, Israel y Canadá.
Uno de cada cinco argentinos participa en iniciativas solidarias. No cesa el debate si no supone ello un síntoma de que las autoridades no están asumiendo todas sus responsabilidades, pero la dedicación de millones de personas a obras de caridad también puede significar que muchos asumen la posibilidad de que en cualquier momento la suerte puede dejar de llamar a sus puertas.

Arroyo entrevistado en Radio América

Daniel Arroyo será entrevistado este sábado 7 de enero a las 18 hs. en el programa "Ahora o nunca: el espacio de la educación" que conduce Horacio Finoli por AM1190 - Radio América.

Quilmes suscribió un convenio para entregar microcréditos

(publicada en Perspectiva Sur de Quilmes, jueves 5 de enero de 2012)

El intendente Francisco Gutiérrez encabezó en la mañana de ayer la firma de un convenio para el otorgamiento de créditos a través del Programa Fuerza Solidaria para personas que no pueden acceder a créditos bancarios.

El titular del Programa Provincial Fuerza Solidaria, Daniel Arroyo, destacó que se trata de un fondo que trasferimos al municipio, con una tasa subsidiada del 8 por ciento anual, para dar crédito a personas que no pueden acceder a prestamos bancarios. Son créditos de 5 mil pesos que se pueden extender hasta un tope de 15 mil y tiene tres finalidades; una es gente que quiera mejorar su vivienda, otra es para la adquisición de herramientas y la tercera es para las personas que quieran montar un emprendimiento, porque hay mucha gente que tienen las ideas, pero no sabe como hacerlo y quiere arrancar.
Y agregó que el municipio, con estos fondos, da créditos a estas personas que naturalmente no obtienen créditos bancarios, porque no tienen casa o ninguna garantía, más que el propio proyecto, que puede ser, extender el techo de la casa propia, construir una pieza más o adquirir una cierra circular para montar una carpintería. No hay requisitos bancarios, solo deben demostrar que quieren encarar algo y que pueden devolver el dinero.
A su vez, el Director General de Empresas Recuperadas o en Crisis, Francisco Provenza, sostuvo que este convenio es muy importante para todos los compañeros que están insertados en el mundo del trabajo y para quienes no están insertos aun porque con estos prestamos subsidiados, con costos muy bajos, tienen la posibilidad de insertarse a través de la adquisición de maquinas para poder comenzar con sus emprendimientos. El Municipio de Quilmes conformará un equipo de evaluación que asesorará a los emprendedores en la utilización de este dinero y en las inversiones que estos realicen.
El programa brindará al Municipio un total de $600 mil de un fondo total de $30 millones, el cual ya ha alcanzando a 50 mil personas en toda la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años, con una devolución de un 98%. Para más información, acercarse a la Dirección de Empresas Recuperadas o en Crisis, ubicada en el Primer Piso de la Sede Municipal o por teléfono al 4253-7001, interno 1101.

Firmaron un convenio para la entrega de microcréditos en Quilmes

(publicado en el diario El Sol de Quilmes, miércoles 4 de Enero de 2012)

En un acto realizado en el salón Perón del Municipio, el titular de Fuerza Solidaria del Banco Provincia, Daniel Arroyo, se reunió con el intendente municipal Francisco Gutiérrez para firmar un convenio en el que la entidad le cede dinero a la Comuna para que pueda financiar pequeños microemprendimientos o refacciones para viviendas.
El objetivo del mismo es brindarles posibilidades a aquellas personas que no pueden acceder a créditos bancarios, para que puedan incorporar equipamiento para sus emprendimientos o mejorar sus viviendas. En este sentido, Fuerza Solidaria brinda los recursos al Municipio, que será el encargado de otorgar el dinero a los beneficiarios, luego de analizar cada pedido.
Sobre el convenio Francisco Provenza, director de Empresas Recuperadas y Emprendimientos Sociales de la Comuna, destacó que "es algo similar a lo que hicimos con las fábricas recuperadas. Es un préstamo subsidiado y muy bajo que da la posibilidad de acceder a todos aquellos que tienen pequeños emprendimientos puedan avanzar y seguir creciendo. Es algo que venimos trabajando hace tiempo", destacó.

Tasa subsidiada
Según Arroyo, se trata de "un fondo que transferimos al Municipio, con una tasa subsidiada del 8 por ciento anual para los que no acceden a los créditos bancarios. Mayormente se trata de préstamos de 5 mil pesos, con límites hasta 15 mil".
"Es para gente que quiere mejorar viviendas, comprar máquinas o herramientas y quienes quieren montar emprendimientos. En los tres casos se genera el fondo con el que el Municipio puede dar créditos a aquellos que quedan fuera del sistema", explicó el funcionario, quien planteó que el único requisito es que "la persona tenga un proyecto tanto en construcción como en adquisición de maquinaria. El Municipio elabora un equipo de evaluación para dialogar con la persona para guiarlo y apoyarlo técnicamente, para dar el crédito social".
Y agregó: "ya llegó a 50 mil personas con un fondo total de 30 millones de pesos. La devolución es del 98 por ciento, ya que se respeta la palabra y se utiliza como cuenta corriente. Muchos devuelven para sacar otro crédito, como fondo rotatorio", explicó.

"Muy interesante"
A su turno, el intendente Gutiérrez destacó que "es algo muy interesante. Sabemos que hay mucha gente que quiere mejorar o generar emprendimientos y no puede cumplir los requisitos del crédito bancario y esto les permite encarar un proyecto productivo y el respaldo para comprar máquinas, por ejemplo".
"Hoy hay mucha actividad laboral en el sector y por eso analizamos esta posibilidad, así como el caso de las viviendas, ya sea para edificar o comprar materiales para aquellos que quieren construir con sus propias manos", dijo Gutiérrez, quien aseguró que "los créditos de personas de bajos recursos son los que más cumplen, los problemas financieros los generan los que sacan grandes créditos. Los trabajadores lo más probable es que lo paguen y puedan tomar otro para seguir creciendo. Para marzo estaríamos otorgando los primeros créditos".
"La idea es generar un fondo rotativo permanente para apoyar a quienes necesiten el crédito. En Quilmes hay miles de emprendimientos muy buenos que necesitan un aporte pequeño para despegar. Hay mucha capacidad, muchas ganas y creatividad y con este apoyo económico podrán arrancar y avanzar", cerró el Jefe Comunal.

La pobreza descendió en 2011 pero siguen los problemas estructurales

(publicado en el diario Tiempo Argentino, el martes 3 de enero de 2012)
Por Ignacio Chausis

Por la consolidación de programas sociales y la dinámica del mercado de trabajo, cerca de 500 mil personas dejaron de ser pobres. La inclusión de 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, uno de los desafíos para 2012.

A un ritmo menor en relación a los años anteriores, los indicadores sociales continuaron durante 2011 evidenciado mejoras que extienden de este modo el ciclo iniciado en 2003. Según datos del Indec, durante el primer semestre de 2011 la pobreza afectaba al 8,3% de la población –unos 455 mil hogares–, segmento dentro del cual existía un 2,4% de indigentes. Las cifras representan un avance en relación al cierre de 2011, cuando la pobreza y la indigencia alcanzaban al 9,9% de la población (542.710 hogares) y la indigencia se encontraba en el 2,5 por ciento.
Si bien todavía restan dos meses para que se conozcan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre de 2011 como para realizar la comparación interanual, algunos de los análisis privados dan cuenta de una baja de dos puntos en la pobreza durante 2011, algo más que plausible si se tienen en que cuenta que solamente durante el primer semestre la mejora fue de 1,6 por ciento. De confirmarse ese pronóstico, cerca de 502.651 personas habrían dejado la pobreza, lo que representa 109.638 hogares. No obstante, la indigencia se redujo pero a un ritmo más lento, como consecuencia, en parte, del alza constante en el precio de los alimentos.
“El 2011 fue un año positivo en lo que hace a la reducción de la pobreza y esto por dos razones. En primer lugar porque se consolidaron ciertos programas sociales como la AUH o Argentina Trabaja, que establecen una base de ingreso para personas que no tenían trabajo”, explicó a Tiempo Argentino Daniel Arroyo, ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, y uno de los mayores especialistas en la materia. “La segunda cuestión tiene que ver con el contexto social y económico, donde el aumento del consumo genera mayor actividad y empleo, tanto formal como informal, es decir, se mantienen problemas que son estructurales, pero se cierra un año positivo en materia de pobreza”, concluyó.
Según Arroyo, existen cinco desafíos que debe afrontar el Estado en materia de políticas públicas para combatir la pobreza, y que exigen una mirada amplia por parte de las autoridades. Estos son: el problema de la vivienda, la informalidad económica (según datos oficiales el 34,3% de los trabajadores no recibe aportes ni tiene cobertura de salud), 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en todo el país; la calidad de la escuela secundaria y por último la violencia dentro de los hogares. En medio de ese escenario y por las consecuencias sociales adquieren relevancia la cantidad de jóvenes de entre 18 y 24 años que se encuentran fuera del mercado laboral y de los circuitos educativos. “El tema de los jóvenes requiere varios tratamientos: extender una red de tutores que los acompañen (una maestra, un cura, un club de fútbol), alguien que les diga que se ‘rescaten’, se trata de jóvenes que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar, no tienen la cultura del trabajo”, indicó Arroyo, para quien otorgar incentivos fiscales a las empresas para que incorporen jóvenes y profundizar un sistemas de becas también forma parte de la solución. Según Arroyo, uno de los obstáculos que agrava y reproduce el ciclo de la pobreza extrema tiene que ver con el hacinamiento. “No sólo se trata de falta de vivienda, sino también de mucha gente viviendo en el mismo lugar, para lo cual es necesario ampliar el crédito y el apoyo a la ampliación de viviendas”, indicó.
Para el sociólogo Artemio López, titular de la consultora Equis, durante 2012 se debe poner en la mira a los jóvenes que no estudian ni trabajan. “Es donde más está costando que ceda. Hay que reformular los planes de estudio para hacerlos más atractivos y crear incentivos en el mercado de trabajo”, indicó.