* Por Daniel Arroyo
El microcrédito es sustancial para una política social de tipo inclusiva, ya que permite promover iniciativas productivas en favor del empleo y de la mejora de los ingresos de las familias.
Entendemos el microcrédito como un préstamo de pequeño monto que puede otorgarse directamente a personas o a través de grupos, sin constituir una hipoteca o una prenda, ni requerir ningún tipo de garantía real. Además, se destina al desarrollo de microemprendimientos productivos asociativos de autoconsumo, comerciales o de servicios, mientras que su devolución se realiza en plazos cortos y medianos, y la cuota está relacionada con la capacidad de pago. Podemos concluir, entonces, que es un instrumento de suma relevancia para la lucha contra la pobreza.
Ahora bien, debe comprenderse a este tipo de financiamiento como una forma de inclusión social pero también como una estrategia de inserción en el mercado. Para ello, el préstamo debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y materias primas para que la producción pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes (inclusive el del mismo microcrédito).
Por otro lado, es necesario que el mercado sea irrigado por nuevos microcréditos y suscite un aumento de demanda tan amplio que sea probable que todos se beneficien con alguna parte de este proceso. De allí que el crédito tiene que estar insertado en la promoción de la economía local, inclusive si es posible en conexión con otras localidades o regiones. Esto permite identificar el perfil de las comunidades existentes y su relación con sus actividades productivas.
Otro aspecto relevante de la utilización social del microcrédito es que los niveles de incumplimiento del préstamo popular, cómo se mencionó al comienzo de este capítulo, son muy pequeños, lo que exige que: a) los proyectos financiados tengan sustentabilidad, b) la amortización de los préstamos se ajuste al flujo de ingresos generados por los proyectos, y c) existan mecanismos de asistencia técnica y capacitación para reducir los costos, mejorar la gestión y tener penetración en los mercados.
En este sentido, también es importante considerar qué es estratégico para el territorio y que eso sea decidido en forma colectiva, con la participación de todos los actores que lo componen.
De esta manera, la relevancia de políticas de microcrédito con impacto social implica, a la vez, proximidad entre los financiadores y los ejecutores de los proyectos: sean cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de fondos rotativos, consorcios populares de ahorro y cualquier otro tipo de asociaciones. En consecuencia, una de las condiciones de éxito de un sistema de microcrédito es la cogestión del mismo en el nivel local por agencias de bancos públicos especializados y entidades comunitarias de finanzas. Esto debe estar asociado también a diferentes mecanismos de garantía de transparencia y contralor de la asignación del financiamiento.
En suma, una política de microcrédito que promueva la inclusión social requiere una nueva estructura institucional conformada por una red comunitaria de finanzas solidarias, una importante presencia en las comunidades que más lo requieran y se encuentren capacitadas para captar el ahorro. Además, planes de desarrollo, formulados y aprobados por las comunidades que deben ejecutarlos, y bancas solidarias del gobierno federal, provincial y municipal, especializadas en microcrédito para suplir fondos de financiación de inversiones de mayor monto.
En todos los casos, el microcrédito debe disminuir los riesgos de interrupciones en los flujos de dinero y evitar que provengan de una única fuente de recursos. Por otro lado, debe realizar directamente o dar soporte a las actividades de acompañamiento a los servicios financieros propiamente dichos, ya sean de capacitación, facilitación de información y conexión con otros actores del territorio, como el caso de universidades u organizaciones de la sociedad civil.
Entendemos el microcrédito como un préstamo de pequeño monto que puede otorgarse directamente a personas o a través de grupos, sin constituir una hipoteca o una prenda, ni requerir ningún tipo de garantía real. Además, se destina al desarrollo de microemprendimientos productivos asociativos de autoconsumo, comerciales o de servicios, mientras que su devolución se realiza en plazos cortos y medianos, y la cuota está relacionada con la capacidad de pago. Podemos concluir, entonces, que es un instrumento de suma relevancia para la lucha contra la pobreza.
Ahora bien, debe comprenderse a este tipo de financiamiento como una forma de inclusión social pero también como una estrategia de inserción en el mercado. Para ello, el préstamo debe orientarse a la compra de bienes, insumos, herramientas y materias primas para que la producción pueda ser vendida y los precios cubran todos los costes (inclusive el del mismo microcrédito).
Por otro lado, es necesario que el mercado sea irrigado por nuevos microcréditos y suscite un aumento de demanda tan amplio que sea probable que todos se beneficien con alguna parte de este proceso. De allí que el crédito tiene que estar insertado en la promoción de la economía local, inclusive si es posible en conexión con otras localidades o regiones. Esto permite identificar el perfil de las comunidades existentes y su relación con sus actividades productivas.
Otro aspecto relevante de la utilización social del microcrédito es que los niveles de incumplimiento del préstamo popular, cómo se mencionó al comienzo de este capítulo, son muy pequeños, lo que exige que: a) los proyectos financiados tengan sustentabilidad, b) la amortización de los préstamos se ajuste al flujo de ingresos generados por los proyectos, y c) existan mecanismos de asistencia técnica y capacitación para reducir los costos, mejorar la gestión y tener penetración en los mercados.
En este sentido, también es importante considerar qué es estratégico para el territorio y que eso sea decidido en forma colectiva, con la participación de todos los actores que lo componen.
De esta manera, la relevancia de políticas de microcrédito con impacto social implica, a la vez, proximidad entre los financiadores y los ejecutores de los proyectos: sean cooperativas, mutuales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de fondos rotativos, consorcios populares de ahorro y cualquier otro tipo de asociaciones. En consecuencia, una de las condiciones de éxito de un sistema de microcrédito es la cogestión del mismo en el nivel local por agencias de bancos públicos especializados y entidades comunitarias de finanzas. Esto debe estar asociado también a diferentes mecanismos de garantía de transparencia y contralor de la asignación del financiamiento.
En suma, una política de microcrédito que promueva la inclusión social requiere una nueva estructura institucional conformada por una red comunitaria de finanzas solidarias, una importante presencia en las comunidades que más lo requieran y se encuentren capacitadas para captar el ahorro. Además, planes de desarrollo, formulados y aprobados por las comunidades que deben ejecutarlos, y bancas solidarias del gobierno federal, provincial y municipal, especializadas en microcrédito para suplir fondos de financiación de inversiones de mayor monto.
En todos los casos, el microcrédito debe disminuir los riesgos de interrupciones en los flujos de dinero y evitar que provengan de una única fuente de recursos. Por otro lado, debe realizar directamente o dar soporte a las actividades de acompañamiento a los servicios financieros propiamente dichos, ya sean de capacitación, facilitación de información y conexión con otros actores del territorio, como el caso de universidades u organizaciones de la sociedad civil.
