* Por Daniel Arroyo
Existen avances que se evidencian en la realidad cotidiana de la economía social solidaria. Si comparamos con la realidad de unos ocho años atrás, observamos que la economía social tiene visibilidad, tiene impacto, tiene financiamiento, ha tenido un proceso en donde algunos instrumentos tributarios la van favoreciendo, tiene mecanismos de comercialización y empieza a formar parte de cadenas productivas. Lejos de donde deberíamos llegar, pero con progresos significativos.
¿Qué falta hacer respecto del rol que desempeña el Estado? Podemos identificar cinco cuestiones sustantivas:
La primera es el costo del financiamiento para la gente que lleva adelante cooperativas, mutuales, pequeños emprendimientos y actividades productivas. En Argentina existen cuatro millones de personas que trabajan (gasistas, carpinteros, plomeros, etc.), que realizan actividades productivas y muchas veces por falta del acceso a un crédito o por distintos mecanismos, suelen tener complicaciones en su crecimiento y desarrollo. Pero también sucede que como necesitan el dinero muchas veces lo toman en lugares informales a tasas de interés del 90 por ciento anual, con los problemas financieros que esto les produce a los pequeños productores y emprendedores. La economía social funciona con financiamiento a tasas bajas y no con financiamiento para vivir pagando lo que se pidió como crédito. Aún estamos lejos de la escala de cuatro millones. Hoy se está llegando a doscientos mil personas con sistemas de créditos, microcréditos y distintas modalidades. Y cuando no se aceleran las políticas públicas en este sentido lo que hacen las personas que lo necesitan es buscar donde hay, o donde le dan, y eso son tasas usurarias brutales.
Entonces, el primer desafío es darle escala al financiamiento de la economía social. Si la Argentina creció durante los últimos diez años, si la economía va a crecer los próximos cinco ó seis años, tenemos que dar un salto de escala y un masivo recurso de financiamiento para avanzar en el desarrollo de toda la economía social. El reto es generar mecanismos de regulación y de control. Un avance que se debe dar entre todos, no sólo a nivel estatal, sino que son el Estado, la banca pública, la banca privada y las organizaciones sociales los tienen que actuar para llegar, con tasas subsidiadas, y fortalecer las capacidades productivas de la economía social. La idea no es endeudar a las personas, sino dar un salto de calidad productiva.
Un segundo desafío importante para todos, y siempre partiendo de la base que estamos un piso más arriba, es empezar a pensar mecanismos tributarios y mecanismos de reconocimiento de las actividades de la economía social y no solo a las personas. El tema del monotributo social es un avance importante, pero cinco personas que formaron una panadería tienen que tener un reconocimiento como tal: como un emprendimiento y no cada uno suelto como monotributista. Creo que ahí tenemos que dar un salto, que debemos avanzar, sobre todo porque teniendo ya el monotributo social como un primer paso, cómo avanzamos para generar mecanismos diferenciados para las actividades de la economía social. El reconocimiento de las empresas recuperadas es un progreso significativo en muchos casos, los saltos que se van dando, la cierta capacidad de generar instancias asociativas también, pero es claro que necesitamos que la economía social en la Argentina tenga un mecanismo tributario diferenciado que lo acompañe en el proceso de inclusión productiva sustantiva. Creo que para que esto suceda en la Argentina -y que es uno de los elementos que empezaría a ayudar a achicar los niveles de desigualdad, para generar mecanismos estructurales de cambio en lo normativo y en lo impositivo-, se requiere de mucho consenso social y mucha participación de todos los que forman parte de la economía social.
El tercer desafío que tenemos todos, y que representa desde mi punto de vista el más importante de la economía social en los próximos años tiene que ver con cómo empezar a generar mecanismos para que todas sus actividades den un salto en la escala del mercado, fortalezcan instancias de comercialización más allá de lo que estamos haciendo y que el Estado ayude, a través del compre local, a dar una escala sostenida a las actividades de la economía social. Deberíamos intentar que el Estado obtenga, al utilizar su capacidad de compra, un importante rol a la hora de empezar a dar un salto y a acompañar. Es complejo, hay municipios que lo hacen, hay experiencias como el tema de los guardapolvos. Es necesario fortalecer escalas de producción de la economía social, que en este esquema de crecimiento económico nadie venda sus cosas de la manera que puede, sino dar un salto de calidad. Y en esa escala de la posibilidad de venta, el Estado tiene un rol importante porque está claro que es el gran comprador de bienes y de servicios hoy en la Argentina.
No se reduce la pobreza en Argentina si no capitalizamos masivamente a estas cuatro millones de personas. Y la capitalización no sólo tiene que ver con los créditos, sino con generar instancias de comercialización masivas.
Recordemos que lo importante en la economía social no es sólo que haya gente que le vaya mejor produciendo y vendiendo, ni es solamente generar redes comunitarias. Masificar instancias de capitalización mejora las condiciones sociales, reduce niveles de pobreza y aumenta los niveles de inclusión en Argentina. Creo que ahí hay un desafío central.
Un cuarto reto para fortalecer la economía social y el rol del Estado en este desarrollo tiene que ver con poder generar instancias de transferencia de recursos rápido y en tiempo real. El problema hoy no es que no haya fuentes de financiamiento, sino que entre que alguien presente un proyecto y efectivamente lo ponga en marcha se tarde mucho tiempo. En las distintas escalas, un cuarto problema grave que tenemos es que habiendo recursos, no los transferimos en tiempo real. Una manera de hacer esto es descentralizar recursos sobre las organizaciones sociales y sobre los municipios. Otro tema decisivo es evaluar rápido. Lo que tenemos que hacer es que el que está cerca, el municipio, la organización social, tenga los recursos para que los pueda implementar. Y se está avanzando en esto. La Comisión de Microcréditos está generando instancias para descentralizar, pero hay que acelerar rápidamente ese proceso porque este contexto –el crecimiento económico- da grandes chances para el desarrollo de la economía social. Y eso se fortalece transfiriendo recursos en tiempo real.
El último desafío tiene que ver con distinguir las actividades productivas en tres niveles distintos de actividades de la economía social, especialmente en los que tienen que ver con emprendimientos pequeños y medianos y empezar a generar políticas específicas. Un municipio apunta al tema turístico, metal mecánico y tal o cual actividad, e inicia actividades productivas. Eso se vincula con lo estratégico del lugar. Cualquier territorio, cualquier municipio apunta claramente a lograr ciertos objetivos. Lo que tiene, entonces, es la capacidad de inducir, de generar y de promover actividades productivas que podemos llamar estratégicas.
Hoy existe una gran oportunidad en la Argentina. Estamos mejor, pero con enormes retos por delante. Una manera de orientarlos es acelerar, dar escala y dar un salto en calidad. Creo que en los próximos cinco años será necesario ahondar profundamente los alcances de la economía social, dar un gran salto en escalas, tener un mejor financiamiento y subsidios de tasa para evitar que la gente la siga tomando al 90 por ciento anual. Tenemos que generar mecanismos rápidos y que no sean ocho meses para transferir 15 mil pesos para alguien que va a montar su pequeño emprendimiento productivo; tenemos que destrabar el esquema impositivo y generar condiciones para fortalecer cadenas de producción.
