Presentación del Libro: Las Cuatro Argentinas

Cátedra Abierta en el marco del Foro Ecumenico Social

FORO ECUMENICO SOCIAL
Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadana2012. 10º ciclo - 1ª sesión.

Jueves 26 de abril de 9:30 a 12:30 horas. Salón de actos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA. Av. Córdoba 2122, Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS:
* Educación para el trabajo
* VI Campaña de Inserción Laboral de Jóvenes
* Premio Jean-Yves Calvez a la Responsabilidad Ciudadana
* Concurso RS 2020 - Repensando el rol de las organizaciones en la comunidad

APERTURA:
Enrique Deibe (Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y SeguridadSocial de la Nación)
Hna. Theresa Varela (Presidente de la Fundación Misión Esperanza)
Federico Saravia (Secretario de Bienestar Estudiantil FCE -UBA)
Luis Bameule (Presidente de Agritur San Luis - Miembro del Foro Ecuménico Social)

EXPOSITORES:
Ricardo Moreno (Presidente Ejecutivo de BBVA Francés)
Hervé Pollet (Presidente de Adecco)
Luis Riva (Presidente de Reciduca, de Managers Group y de Great Place to Work)
Julieta Zuázaga Gutiérrez (Directora del Programa de Educación de Microsoft)
Carlos Walter (Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires)
Luis María Ocampo (Presidente del Centro de Estudios y Acción Social)
Daniel Arroyo (Presidente de Poder Ciudadano, Profesor de UBA y FLACSO)
Gabriel Zanek (Coordinador de Responsabilidad Social de Mapfre)
Moderadora: Natalia Hopkins (Gerente de RSE de San Arawa y Glaciar Pesquera).


Más información en la revista Foro E: www.foroecumenico.com

Daniel Arroyo expositor en el Encuentro sobre el Programa Argentina Trabaja

El encuentro, organizado por Poder Ciudadano, está pensado para debatir e intercambiar opiniones sobre el Programa Argentina Trabaja y la situación social en la Argentina.

Expondrán sus ideas y experiencias de trabajo el Intendente de Morón, Lucas Ghi, el dirigente social Héctor “Toty” Flores, el Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Daniel Arroyo, y Nadia Tapia, del Centro ALAC.

Asistirá también la Jefe de Sección Política, Prensa y Cultura, Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de la Embajada de los Países Bajos, Liesje S. Klomp.
Se realizará en el auditorio Poder Ciudadano,Piedras 547 (CABA), a las 18 hs.

Los nuevos desafios de la cuestión social. En portugués

El artículo publicado de Daniel Arroyo por la revista criterio fue traducido al portugués por el sitio web miradaglobal.com.Ir al sitio web 

Daniel Arroyo: Escuela de Gobierno de Chaco

"Situación social en Argentina"

Presentación del libro "Las Cuatro Argentinas"

Los nuevos desafíos de la cuestión social

Artículo publicado en el número de abril de la Revista Criterio

Por Daniel Arroyo

América Latina experimentó un importante crecimiento sostenido en la última década, que provocó una sustancial mejora en los indicadores sociales de cada uno de los países de la región. Pero creemos que esta mirada general sobre las mejoras sociales debe complementarse con un análisis más fino acerca de qué nuevos conflictos y tensiones se presentan. Ese balance nos permitirá diseñar políticas más precisas para luchar contra la pobreza y la desigualdad, que aún afecta a muchos latinoamericanos.

En ese sentido, se observa que la región en el período 2002-2007 tuvo un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno que para el año 2007 se ubicó en el 5,7% en promedio regional, y que ha permitido mostrar en todos los países de la región una mejora en los indicadores sociales de pobreza e indigencia. No obstante, a partir la crisis financiera internacional de 2008, el aumento de los precios de los alimentos, el incremento de la inflación y factores propios de las coyunturas nacionales hicieron que esta tendencia se moderara.

En cuanto a la magnitud de la pobreza, Argentina y Chile se encontrarían en un primer grupo con bajos o moderados niveles de pobreza. Brasil y México se ubicarían en un segundo grupo de nivel medio bajo. De todas formas, se trata de sociedades con importantes desigualdades regionales y entre los diferentes sectores de población. El nivel más alto de pobreza lo tienen Perú, Colombia y Ecuador, cuyos indicadores de pobreza varían entre 40 y 55 por ciento del total poblacional. Por tanto, la situación en estos países es realmente crítica: la mitad de la población no percibe ingresos que le permitan cubrir sus necesidades primarias.

En el caso de Brasil en esta última década ha logrado descender las estimaciones de pobreza, lo que permite ubicarlo dentro de los países con nivel medio bajo de pobreza. Junto con Bolivia es el país que tuvo el mayor descenso de los indicadores de pobreza, a razón de tres puntos porcentuales por año. De todas formas, el problema más grave en Brasil es la desigualdad persistente en el tiempo. Similar comportamiento es el de México, que se destaca por los graves problemas de pobreza rural y de desigualdad.

La desigualdad se encuentra estrechamente vinculada a la pobreza, y muestra los patrones de distribución de ingresos entre los distintos grupos sociales y la brecha entre ambos. La región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población de los países. Si bien en la última década se corrobora cierta tendencia a la mejora de la distribución del ingreso en la mayoría de los países estudiados, se trata de una reducción muy poco significativa que no modifica los patrones de distribución regional, claramente inequitativos. Estas desigualdades operan en el acceso a los servicios básicos como salud y educación y a la inclusión laboral de las personas. Hoy ya no es posible hablar de pobreza sin considerar que cada vez es mayor el sentimiento de privación relativa que tiene la población en general. La brecha entre las expectativas de consumo en relación con los ingresos reales de las personas reconfigura las nociones de inclusión y exclusión.

La informalidad y la precarización de los puestos de trabajo imprimen un sesgo importante en la calidad de la inserción laboral de las personas y afecta particularmente a los sectores pobres. Datos de la CEPAL muestran que la tasa de desempleo abierta resulta mayor para los tramos de edad comprendidos entre los 15 y los 29 años y desciende conforme avanza la edad de la población. Asimismo, las mujeres jóvenes se encuentran en una situación aún mayor de desventaja respecto de los varones con tasas de desempleo del orden del 23 por ciento para el tramo entre 15 y 19 años y del 17 por ciento entre 20 y 24 años.

En relación a los sistemas de políticas sociales, se observa una tendencia general que muestra que las prioridades pasan por la asistencia y la seguridad social y, en segundo término, la educación. En general el 50 por ciento de la inversión en gasto social la tiene el sistema de seguridad y asistencia social, seguido por el 20 por ciento de inversión en educación. En tanto salud alcanza un nivel de gasto similar aunque menor al de educación, alcanzando en ciertos casos al 20 por ciento del total del gasto social.

A partir de la extensión de la Asignación por Hijo, la Argentina ha provocado uno de los cambios conceptuales más significativos en relación a los sistemas de protección social de la región. Ahora debe procurar que la política se convierta en Ley y además terminar de consolidar un sistema integrado de información, monitoreo y evaluación de los nuevos sectores incluidos, como manera de pensar un punto de partida hacia políticas de reentrenamiento laboral, de fortalecimiento del eje productivo, de políticas sanitarias y de juventud.

Brasil, por su parte, ha conformado un sistema muy masivo, con importantes recursos y dispositivos legales y reglamentarios. Pero debe ampliar la cantidad de beneficiarios a su programa principal Bolsa Familia. Aún siendo la política de promoción social más importante de América Latina, todavía quedan excluidos muchos grupos en condición de vulnerabilidad.

      

UNA NUEVA ETAPA

Los sistemas de protección social en los países de la región deben considerarse como política de Estado debido a la situación social caracterizada por altos niveles de exclusión. Así, el objetivo central de una política de esas características debe pretender un sentido de la integralidad, evitando la dispersión de recursos y la duplicación de estructuras. El propósito de priorizar una gestión de mayor impacto en la inclusión social, supone un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas y especializadas por tipo de prestaciones o beneficiarios a atender.  Es importante que cada nivel local, provincia o región, actúe en forma coordinada.

La evolución de la situación social de los próximos años presenta una serie de desafíos clave. En primer lugar, a mediano y largo plazo, las políticas sociales van a estar hegemonizada por lo referido a la inclusión de los jóvenes y a la problemática en torno a su inserción y a los ejes de seguridad, trabajo y educación. Hacen falta planes masivos destinados a la capacitación y el ingreso de los jóvenes al mundo laboral, con una red extendida de tutorías.

En segundo término, los grandes centros urbanos son un mundo absolutamente diferente al resto como problema para la política social y es en dónde se concentran la gran mayoría de los pobres en estos países de América Latina. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.

En tercer lugar, el núcleo del problema está en la desigualdad en la medida en que estos procesos han achicado la pobreza pero no redujeron de manera significativa la brecha entre los más ricos y los más pobres. Es fuente de tensión y de violencia en la medida en que genera privación relativa (brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales). Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.

El cuarto eje marca la necesidad de una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales que otorguen velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o Argentina.

En quinto lugar, el microcrédito aparece claramente como una política de reducción de la pobreza para estos países en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico podría impactar sobre estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.

Finalmente, se observa que en los últimos años se han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.

América Latina es una región con territorios vastos, muchos recursos naturales con talento y más de dos décadas de ejercicio de la democracia, Es una región con porvenir. Depende de nosotros, de lo que hagamos en el corto y mediano plazo, la posibilidad de tener sociedades más inclusivas, más integradas, en 2020. El contexto internacional, más allá de los vaivenes actuales, parece darnos una nueva oportunidad. No la podemos desaprovechar.

Capacitación sobre economía social en Chaco

En la ciudad de Resistencia, Daniel Arroyo dará inicio hoy al módulo II del curso “La planificación y la gestión de las políticas sociales en la Argentina de hoy”, que se desarrollará en la órbita de la Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco. El módulo II se titula: "La economía social, el microcrédito y la responsabilidad social empresaria."
En este segundo módulo, Arroyo abordará los temas de  Desarrollo Local y Economía Social: los casos de las cooperativas, mutuales y emprendimientos productivos de la economía informal.También trabajará sobre el rol de los pequeños productores locales y del microcrédito en Argentina. Asimismo, estudiará las etapas de la RSE en nuestro país .
La Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco fue creada en mayo de 2008, como Programa de Formación en Políticas Públicas y Ciudadanía. Se propone la generación de conocimiento científico y la formación integral, continua y de excelencia en el área de formación de liderazgo de procesos de democratización, transformación y modernización económica y social, en los ámbitos público y privado.  

Proponen tutores para jóvenes que no estudian ni trabajan

Artículo publicado en Actualidadypolitica.com

Al frente de la ONG Poder Ciudadano, el ex ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires Daniel Arroyo propuso implementar una red de tutores para jóvenes argentinos que no estudian ni trabajan. La iniciativa apunta a que estos chicos, de entre 16 y 24 años, que suman un millón en el país, puedan mantenerse en los ámbitos educativos y laborales. 

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), Arroyo dio detalles sobre su propuesta, basada en un proyecto brasileño que, según destacó, es exitoso. “Hay jóvenes que no estudian ni trabajan y se quedan en la esquina, no logran sostenerse en la escuela ni tampoco en un trabajo. Les cuesta sostener el ritmo, les falta método. Nunca vieron a su padre trabajar”, explicó.
En ese sentido, consideró oportuno “crear una red de tutores, de acompañamiento a estos chicos”. De acuerdo a lo que precisó, tendrían que ser personas que tengan lazos de confianza con los jóvenes. “Se deberían elaborar listas de aquellos actores representativos para ellos, que puede ser una maestra, un cura, un maestro. Deberían ser rentados para que se comprometan a brindar un seguimiento permanente, a constituirse en un nexo entre los jóvenes y las escuelas o los lugares de trabajo”.
La idea de Arroyo es que los tutores intervengan en la vida estudiantil o laboral de estos jóvenes y los ayuden a permanecer en estos ámbitos. Por otra parte, cree necesario que se acompañe esta iniciativa con incentivos fiscales a las empresas: “Es para que tomen jóvenes con estas características. Así se empezaría a cambiar el panorama en el país tal cual sucede en Brasil”, advirtió.
El ex funcionario de la Nación observó que esta población suele tener una paternidad o maternidad temprana y señaló que, en la mayoría de los casos sufre de hacinamiento: “Son pibes que viven en casas donde no tienen espacio. Se van a la esquina donde para integrarse comienzan a consumir. Esto les genera un problema de salud pero también de endeudamiento económico. Es un ciclo que suele extenderse unos 6 meses”, detalló y concluyó: “Los tutores tendrían el rol de buscar alternativas a esto”.

Daniel Arroyo entrevistado por Marcelo Capurro

Daniel Arroyo fue entrevistado por Marcelo Capurro en Canal Metro. Conversaron sobre la inclusión de los jóvenes, Arroyo consideró que este tema "es el  desafío más importante que tenemos  en materia social y es  la prioridad en donde debemos volcar todos los esfuerzos". También tocaron el tema de la red de tutores, que para el presidente de Poder Ciudadano, resulta fundamental para que los jóvenes se sientan más acompañados tanto en su tarea laboral como escolar.

El desafío de la creación de empleo en los grandes centros urbanos

Columna publicada en el Informe Digital de Fundación Metropolitana

La última década mostró claros avances en los indicadores de empleo, pobreza e indigencia en la Argentina. Después del colapso sufrido en 2001 y 2002, la recuperación de la actividad económica y la puesta en marcha de políticas sociales de alcance masivo permitieron dejar atrás la aguda crisis que vivió nuestro país en aquellos años. Sin embargo, aún queda una serie de asignaturas pendientes, que requieren de políticas públicas de gran escala y la participación mancomunada de los distintos niveles estatales, las organizaciones sociales y el sector privado. 

Un análisis global y de mirada rápida, permite identificar cinco ejes centrales en la problemática social de la Argentina actual. En primer lugar, se encuentran los bolsones que aún quedan de extrema pobreza. Es decir, ese diez por ciento de la población que todavía no logra cubrir las necesidades mínimas nutricionales, de servicios básicos o de vivienda. En segundo lugar, se identifica alrededor del cuarenta por ciento de los trabajadores que se encuentran en el sector informal de la economía. Otro reto claro está representado por los altos niveles de desigualdad, que si bien han retrocedido en esta última década, aún están por debajo de los índices que tenía el país antes de la última dictadura militar. En cuarto lugar, exige doblar esfuerzos y afinar la mirada el alto número de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y, en quinto lugar, la vida en los grandes centros urbanos, en los que está radicado el setenta por ciento de la población y en los que el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana. 

Lanzado en agosto de 2009, el Plan Argentina Trabaja tiene como objetivo prioritario promover el desarrollo económico y la inclusión social, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario. Está dirigido a trabajadores desocupados y sin acceso a otro plan social, a los cuales apunta a capacitar en distintos oficios para impulsar la creación de fuentes de trabajo que puedan sustentarse en el tiempo y generen sentido de pertenencia al lugar y al puesto de trabajo. 

La característica distintiva de este programa radica en la conformación de cooperativas de trabajo vinculadas con actividades económicas planificadas por los Poderes Ejecutivos Nacional, provinciales o municipales. Estas cooperativas deberían crearse a través de “asociaciones autónomas de personas que se unen voluntariamente para formar una organización democrática, cuya administración y gestión se lleva a cabo de la forma que acuerden los socios”, con la intención de hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa. 

En la primera etapa, el Plan Argentina Trabaja se implementó en 36 de los 135 municipios del conurbano bonaerense, donde habita aproximadamente un tercio de la población total de la Argentina. En la actualidad, se extendió a 11 de las 24 provincias argentinas. Con respecto a su distribución poblacional, la cobertura del programa corresponde a los distritos con mayor número de habitantes del país, a excepción de Córdoba y Santa Fe, que no disponen de montos significativos para la ejecución del programa. 

El cruce entre los objetivos del Plan y sus niveles de cobertura actuales, permiten observar que apunta a contribuir a la resolución de algunos de los ejes centrales de la problemática social descriptos al comienzo de este artículo. En particular, las necesidades de empleo de aquellas personas que aún sufren niveles de pobreza extrema y la crítica situación que se viven en los principales centros urbanos de la Argentina, principalmente en el conurbano bonaerense. 

De acuerdo al Decreto 1.067/2009, la permanencia de cada beneficiario en el programa tiene como exigencia la asistencia diaria en los horarios de trabajo y capacitación. Esa asistencia debe ser debidamente controlada por los niveles locales de implementación y las reiteradas observancias dan lugar a la baja del beneficiario y a la apertura de su puesto de trabajo para ser ocupado por otro candidato. Sin embargo, de acuerdo a varias investigaciones, como la realizada por María Victoria Boix, Vanesa Marazzi y Melina Nacke para la Fundación CIPPEC en abril de 2011, “la baja de beneficiarios por este motivo nunca se implementó en los municipios, ya que no se reglamentó la existencia de esta figura en el parte de presentismo de los asociados que los entes ejecutores debían enviar periódicamente al Ministerio”. 

A principios de este año, la presidenta Cristina Kirchner anunció la implementación de incentivos por “dedicación al trabajo” a los cooperativistas que integran el Plan, que suman trescientos pesos extra sobre los 1.285,78 que perciben actualmente. Además, también se adicionan otros 250 pesos por presentismo, en turnos de cuatro horas. Para ello, se tendrá en cuenta la antigüedad de las cooperativas en el programa de Ingreso Social con Trabajo, los oficios adquiridos y las aptitudes y actitudes relevadas por los equipos técnicos del Ministerio. En esa línea, el Presupuesto 2012 prevé un incremento del 43,6 por ciento en el Plan Argentina Trabaja, lo que representa una inversión de 5.020 millones de pesos, frente a los 3.496 millones contemplados en el año anterior. También se estima como meta alcanzar una cobertura de 170 mil personas. 

Estos anuncios van en buena dirección, ya que significan un salto de escala en la cantidad de personas incorporadas y contribuyen a un cambio de paradigma, avanzando de la asistencia social hacia la capacitación laboral y la creación de empleo genuino. En momentos como los actuales, en los que si bien a largo plazo queda claro que la demanda a los productos generados por la economía argentina va a seguir en alza, debido a la expansión de compradores como China e India, pero en los que se observan los coletazos de la crisis financiera occidental, se hace necesario el fortalecimiento de programas de este tipo, que contemplen la creación e empleos y apuntalen el desarrollo autónomo. 

Uno de los desafíos más importantes para el futuro del Programa radica, probablemente, en la incorporación de aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años que no estudian ni trabajan, y sufren el hacinamiento y la falta de oportunidades, especialmente en los grandes centros urbanos. En estos casos, es necesario combinar la generación de oportunidades que brinda el Programa con la creación de una red vasta de tutorías que permitan que los jóvenes se “reenganchen” cuando sienten que no pueden sostener el ritmo laboral. 

Por otra parte, el desarrollo de programas como el Argentina Trabaja necesita ser complementado con una masificación de líneas de créditos blandos para aquellos cuentapropistas y pequeños emprendedores que trabajan en condiciones precarias y no pueden a acceder a créditos dentro del sistema bancario porque no cuentan con garantías. Es decir, con aquellas personas que se ven obligadas a trabajar con tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. En ese sentido, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central representa una posibilidad para avanzar con un sistema crediticio más inclusivo.