Articulo publicado en la revista Visión Sustentable
por Daniel Arroyo
Pese a los claros avances registrados en los últimos años en la lucha contra la pobreza y a exclusión en la Argentina, la escala de los problemas requiere que el desarrollo social no pueda ser considerado sólo como un instrumento del Estado, sino que necesita del apoyo de todos los actores de la sociedad.
Para ser realmente eficientes y tener verdadera incidencia territorial, las políticas sociales y de desarrollo local deben ser el resultado de la interacción entre el Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Por eso, resulta fundamental contar con el compromiso, la participación y la colaboración de todos los actores, con sus diversos recursos y la diversidad de sus puntos de vista.
La Responsabilidad Social Empresaria ha evidenciado un gran crecimiento en los últimos años, con mayor presencia del actor privado en la perspectiva de la inclusión social. Haciendo un análisis de lo ocurrido en las últimas décadas, se pueden observar tres grandes etapas. La primera etapa se vivió hasta el 2001, cuando no había una experiencia de intervención estructurada, sino compromisos aislados de algunas empresas, acompañando el desarrollo de las comunidades locales. La segunda, luego de la crisis de 2001, permite registrar que muchas empresas adoptan de forma efectiva y eficiente el esquema de la RSE. Es una etapa caracterizada por la asistencia y el apoyo directo para intervenir ante la emergencia y la magnitud de la crisis que vivía la Argentina por esos años.
En la tercera etapa, que comienza hacia 2007 y vivimos en este momento, las empresas comienzan a trabajar sobre la promoción; y, básicamente, se centran en el otorgamiento de becas, microcréditos y capacitación laboral. Es en este momento cuando este enfoque empieza a tener impacto, contribuyendo de manera significativa en trasformar la realidad.
En este esquema, se abren nuevos desafíos para la RSE en la Argentina, que pasan por lograr sustentabilidad en las acciones encaradas; el apoyo a las organizaciones que tienen legitimidad; y la experiencia de trabajo en las comunidades. En la Argentina hay ochenta mil organizaciones sociales, y uno de los desafíos del sector empresario es apoyarlas con financiamiento y capacitación. En ese sentido, es clave el rol de la inversión social privada no sólo en la creación de nuevos empleos sino, fundamentalmente, en el apoyo técnico y financiero a los pequeños y medianos emprendedores.
“El objetivo es eliminar las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada…Si trabajan de forma conjunta, podemos llegar sin pobreza ni indigencia a la Argentina del 2020.”
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca, en primer lugar, el retraso tecnológico. Es decir, personas que realizan actividades productivas o de servicios que tienen, en general, maquinarias obsoletas. En segundo lugar, y como consecuencia de la problemática anterior, existe también una falta de capacitación, ya que dicho retraso tecnológico no le permite utilizar las herramientas y maquinarias actuales. Y en tercer lugar, el sector informal en la Argentina carece de vínculo con el sector privado a través de cadenas de producción reales.
Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual. Hay un núcleo importante de personas del sector informal de la economía vinculadas “al mundo” del trabajo pero a partir de la precariedad. Pueden destacarse en este sentido, oficios varios (pintores, albañiles, plomeros, herreros, etc.) como también pequeños emprendedores que realizan alguna actividad de tipo productiva (textil, alimenticia, etc.). De todos modos, es un sector con dificultades para mantener una continuidad, previsión social, salud y condiciones regulares de trabajo.
En este contexto, debe entenderse el rol de la RSE como un instrumento para mantener enlaces horizontales y transversales entre la economía formal y social, y a su vez, realizar un acertado diagnóstico acerca de las características de la economía de la zona, los potenciales recursos materiales y humanos ociosos de la misma. Así, los mecanismos que pueden incorporarse a la RSE son los siguientes: la conformación de cadenas productivas, la incorporación de proveedores, la asistencia técnica y la capacitación.
Las cadenas productivas que articulan el sector privado y la economía social inciden directamente en la elaboración de un producto final. Muchas actividades serán más efectivas y menos costosas si se realizan en forma asociativa, logrando de esta manera optimizar las estructuras de costos individuales y las capacidades de innovación productiva, para mantener el posicionamiento competitivo en el mercado e impacto socioproductivo. Así, la RSE se hermana con la idea de la densidad productiva, la generación de valor agregado y la inversión genuina.
El segundo elemento a visualizar es la posibilidad de otro tipo de articulación económica a través de las cadenas de proveedores. Estas permiten a los emprendedores vincularse a la economía a través de su inserción como proveedores de bienes y servicios para el sector privado. Esta simbiosis puede “estandarizar” la producción, la calidad, la comercialización y permitirles a los emprendedores la adaptación a nuevas tecnologías, como así también, la diversificación de la oferta y el mejor aprovechamiento de los recursos físicos y humanos disponibles, con miras a aprovechar la demanda que solicita el sector privado.
Un último aspecto relevante es la capacitación y asistencia técnica por parte de las empresas. El objetivo es que el sector privado pueda aportar apoyo técnico que potencie la capacidad de los diferentes emprendedores. Muchos cuentan sólo con su propia capacidad de trabajo, así el resultado se ve reducido por la escasa formación general sobre el sostenimiento y organización de una actividad productiva. Otros, en cambio, cuentan tal vez con bienes o insumos, pero necesitan mejorar su situación, optimizando sus canales de producción y/o comercialización.
También puede formar a los emprendedores acerca de temas generales relacionados con la producción económica y su comercialización, orientando la actividad hacia el conocimiento de la cadena de valores de los productos, al aprovechamiento en forma comunitaria de los recursos e insumos existentes, al mejoramiento de la organización y coordinación de los grupos humanos para la producción en escala, como así también hacia cuestiones legales e impositivas que posibiliten la comercialización en circuitos comerciales formales.
En definitiva, el objetivo es eliminar las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada. Si el Estado, la sociedad civil y el empresariado trabajan de forma conjunta, podemos llegar sin pobreza ni indigencia a la Argentina del 2020.