Por Daniel Arroyo
Luego de la crisis de 2001, la Argentina ha tenido una década de crecimiento económico con tasas cercanas al 8% anual. Sin embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos de la misma manera y continuamos con una estructura social muy desigual: la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es hoy de 22 a 1.
En los últimos tiempos el Estado puso en marcha políticas sociales con una orientación más amplia, como la Asignación Universal por Hijo. También se produjo una mejora en la infraestructura básica. Sin duda, los más pobres se encuentran mejor que durante los años noventa, aunque conceptualmente tienen las mismas dificultades. La educación aún no es la vía para generar una movilidad social ascendente que permita entrar en el mundo del trabajo. De allí que uno de los grandes desafíos para el Estado sea lograr remplazar la asistencia por mecanismos que permitan generar empleo y auto-ingreso.
El primer desafío pasa por resolver el problema de pobreza estructural. Lograr que todos los habitantes del país tengan piso de material y servicios básicos. Para ello, es necesario establecer una fuerte política de inversión en infraestructura, con recursos permanentes para las áreas sociales y generar políticas focalizadas en las zonas del NOA, NEA y el conurbano bonaerense. Eliminar los bolsones de pobreza extrema, que actualmente alcanzan cerca del 12%, no parece un reto tan complejo si tenemos en cuenta el sostenido crecimiento económico y los recursos con que cuenta el Estado.
El segundo eje radica en la distribución territorial del país. Tenemos dos tipos de desequilibrio. Uno vinculado a la concentración de ciudadanos en un espacio territorial reducido: el conurbano bonaerense. En el área metropolitana, que representa el 1% del territorio nacional, vive casi 1/3 de la población argentina. Esto implica un importante problema económico para lograr crecimiento y también para generar políticas sociales buscando mejorar el sector. El segundo tipo de desequilibrio, tiene que ver con la necesidad de pautar metas para cada región: poblar la Patagonia; generar un fondo especial para favorecer el NOA y el NEA; acompañar determinadas actividades productivas y reequilibrar la relación de Buenos Aires con el interior.
El tercer punto requiere el establecimiento de un plan estratégico de desarrollo. Es decir, definir si será un país agroindustrial; más industrial que de producción primaria o un país de servicios. Es claro que necesitamos un plan de desarrollo que establezca con claridad el rol que va a tener la minería, la soja, los recursos naturales, las cadenas productivas, entre otros temas y actividades que requieren definiciones inmediatas. Esta definición debe conjugarse no sólo con un esquema de financiamiento sino también, con un sistema de educación que acompañe y vincule esas actividades. También con el apoyo a aquellas cadenas productivas que generan empleo para los sectores con menos oportunidades de acceso al mercado laboral.
El cuarto desafío determina la necesidad de atender el trabajo informal y apuntar a generar un mercado de trabajo en el que lo formal sea un punto clave, la regulación estatal sea un elemento significativo y la masificación del crédito alcance al mundo del cuentapropismo y la economía social. Si continuamos con un mercado de trabajo de dos velocidades (formal e informal) va a ser difícil achicar las brechas sociales.
Los contenidos en la escuela secundaria y la calidad educativa en general requieren una especial atención. Ése debe ser el quinto reto social del país de cara al final de esta década. Los logros de haber destinado más del 6% del PBI a la educación, la entrega de netbooks y el aumento de alumnos en las escuelas secundarias por la Asignación Universal por Hijo marcan los nuevos desafíos. Hacen falta más escuelas secundarias e inversión, como también equilibrar los niveles de conocimiento, de tecnología e infraestructura entre la escuela pública y la privada. Los chicos que cursan en una escuela privada, muchas veces, aprenden contenidos diferentes a los de la escuela pública. Las desigualdades se manifiestan en la infraestructura, la cantidad de horas de clase y las herramientas a las que acceden para estudiar.
El sexto reto se refiere a la reestructuración del sistema de salud. La atención primaria atraviesa una fuerte dificultad y es que, toda la red de hospitales –que, sin duda, ha mejorado debido a que se invirtió en infraestructura- está siendo utilizada por la población como atención primaria y secundaria. Esto implica que una persona, ante cualquier eventualidad, no va a la salita de su barrio, sino que se dirige Hospital. Ello provoca una sobrecarga, una saturación y colapso en la atención de pacientes.
Finalmente, el séptimo eje apunta al mejoramiento de las condiciones de vida en los ejes menos visibles: comunidades aborígenes, personas con discapacidad, violencia de género y trata de personas. Es decir, junto con los programas universales, debemos avanzar en acciones focalizadas en los grupos que tienen sus derechos vulnerados.
Argentina es un país con talento, capacitación, casi treinta años de democracia, un territorio vasto y recursos naturales. Es un país con porvenir. Depende de nosotros lograr una sociedad más inclusiva, más integrada en esta década. El contexto internacional, más allá de los vaivenes actuales, parece darnos una nueva oportunidad. No la podemos desaprovechar.
