(nota publicada en el suplemento Comunidad del diario La Nación, sábado 17 de julio de 2010)
Compuesta por un matrimonio con 10 hijos, es una de las tantas familias de bajos recursos que sobreviven gracias al apoyo del Estado y numerosas ONG
En la casa de Elsa Santillán, en el barrio La Cava, partido de San Isidro, en el conurbano bonaerense, al correr una cortina floreada que hace de puerta uno entra en el cuarto en el que ella, su marido y diez hijos todas las noches se amontonan para dormir en seis camas. Esto obliga a que cada chico comparta el colchón con uno de sus hermanos en un espacio oscuro -con ventanas pequeñas a causa de la inseguridad-, en una situación de vulnerabilidad que afecta su calidad de vida.
El hacinamiento, que afectó al 32% de la población de villas o asentamientos precarios en 2009 -un 10% más que en el año anterior-, según datos del Barómetro de la Deuda Social del Observatorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), es uno de los tantos problemas que enfrentan las familias pobres de la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Elsa Santillán, desocupada y reciente madre de mellizos de cinco meses, abrió las puertas de su casa a La Nacion para contar cuáles son sus necesidades más urgentes en materia de trabajo, salud, educación, vivienda y alimentación.
Su historia representa la situación de miles de familia en condiciones similares que sólo consiguen sobrevivir gracias al apoyo de diferentes ONG y el cobro de planes sociales. A pesar de esto, todavía hay pendientes algunos derechos básicos como una vivienda digna y un trabajo estable.
Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, destaca: "Hubo avances de obra pública en materia de servicios, aunque el problema del hacinamiento sigue siendo una constante en villas y asentamientos".
Según un estudio de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNSG), 2 millones de personas viven en los aproximadamente 1000 asentamientos precarios que existen en la provincia de Buenos Aires. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires, hay 23 villas de emergencia instaladas.
Maximiliano Santillán, que tiene un buzo con cierre y la capucha tapándole la mitad de la cara, con sólo 14 años, hamaca a su hermanito de 5 meses como si fuera un adulto para que deje de llorar. Mientras tanto, la madre mece con manos gruesas y de color mate al otro bebe, que es su mellizo. Al rato se cansa y se lo pasa a su hija de 13 años, que acaba de llegar de la escuela, y a causa del frío dentro de la casa no se ha quitado la campera negra inflada. Esta imagen se repite todas las mañanas cuando los más grandes se encargan de prepararles el desayuno a los más chicos, vestirlos y llevarlos al colegio. Son diez hermanos -entre cinco meses y 14 años- e integran la tercera generación que vive en La Cava.
"Lo que necesito con mayor urgencia es una heladera, pero no nos alcanza para comprarla", cuenta Elsa mientras los diez pares de ojos grandes expectantes, de color marrón acentuado por el contorno blanco escuchan esta sentencia en silencio. Las sillas tampoco alcanzan para todos en el otro ambiente que hace de cocina, comedor, lavadero y ropero. Tomi, de 5 años, al parecer el más inquieto, le saca el pellejo a una mandarina y se mueve mucho para el pequeño espacio, mientras tose a causa de su bronquitis. A la familia le hacen falta cosas básicas, como ducha con agua caliente y colchones.
Unos pesos en negro
Por no haber terminado la primaria, a Juan, padre de la familia, se le cierran todas las puertas y no consigue trabajo desde hace 3 años. De todos modos, gana unos pesos en negro colaborando con un sodero.
Daniel Arroyo celebra el trabajo de ONG y del Estado, pero alerta que "están desfasados de escala ya que son acciones muy pequeñas en comparación a la magnitud del problema". Además, considera que entre los problemas recurrentes se encuentran el trabajo informal, la indocumentación, la estigmatización por el lugar donde viven, la falta de espacios recreativos y un acceso dificultoso al sistema de salud. La Nación quiso hablar con algún responsable del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación para preguntarle sobre la ayuda social que brindan a las familias de bajos recursos pero no obtuvo respuesta.
Elsa Santillán cobra una pensión de 800 pesos por mes por ser madres de 7 hijos. Además, recibe una tarjeta de alimentos por el Plan Vida de 80 pesos por mes. "Casi toda la plata se me va en pañales y leche para los dos bebes", dice Elsa. Los hijos que están en edad escolar desayunan y almuerzan en el colegio, y luego toman la merienda en el lugar donde reciben apoyo escolar. A la noche, se las arregla como puede.
Tomi está con su abuela en el Centro de Salud de Atención Primaria que depende de la Municipalidad de San Isidro, para solucionar su problema de la tos. La accesibilidad y la cercanía del centro con el barrio de La Cava alienta a la comunidad, ya que las largas colas del hospital público o incluso el boleto de transporte, muchas veces se convierte en un obstáculo de la salud. "Realizamos alrededor de 10.000 prestaciones al mes de forma gratuita, entre pediatría, odontología, ginecología, radiología, vacunación y obstetricia", dice orgullosa Susana Jakli, directora del centro.
Maximiliano, el hijo mayor de Elsa, se sienta a una mesa redonda para hacer los deberes en el apoyo escolar de Casa de Galilea. Afuera, en el patio, algunos niños juegan al fútbol, otros saltan y juegan aprovechando el patio amplio.
"No se trata de que vengan solamente a hacer los deberes, sino de inculcarle valores. Además, a los chicos de barrios más pobres les cuesta pensar de acá a 5 años y es por eso que trabajamos con ellos para armar un proyecto de vida a futuro", dice la encargada de Casa de Galilea, Edith Irahola, que conoce bien el barrio La Cava, ya que ella creció allí.
A pesar de las necesidades de la familia Santillán, todos sus hijos en edad escolar concurren a la escuela. Amalia García, encargada de Proyecto Horizontes, otra ONG que brinda apoyo escolar a los niños del barrio, reflexiona que "estamos viendo que los padres, que son muchas veces obreros o empleadas domésticas incentivan a los chicos a seguir estudiando, cosa que hace una década no pasaba. Esto puede darse quizás porque quieren que sus hijos los superen".
A pesar de sus esfuerzos por darles un mejor futuro a sus hijos, Elsa sigue sin trabajo y con una vivienda en condiciones precarias. Para que Juan, su marido, pueda conseguir trabajo, podría acercarse a Cáritas Diocesana, que, a través de su bolsa de empleo denominada Dignidad, asiste a desempleados como Juan. "Muchas veces las personas no conocen la cantidad de oportunidades que existen, es ahí cuando nosotros nos encargamos de la articulación entre las personas desempleadas y las ofertas que hay en el entorno", dice Pablo Muttini, coordinador general de Cáritas Diocesana.
Además, el servicio Dignidad ayuda a las personas a armarse un perfil de empleado, como un currículum, para potenciarles la posibilidad de conseguir trabajo. "Al servicio se acercan las personas de barrios más pobres y con más necesidades", agrega Muttini. En caso de que la persona no tenga capacitación, se deriva al servicio de Formación Profesional que coordina talleres de formación laboral gratuitos.
Las flores artificiales pegadas en la pared y las fotos familiares en marcos artesanales son un grito de ilusión en la casa demasiado pequeña de Elsa, donde el olor del baño -causa del déficit de conexión a cloacas- se expande por todos los rincones.
La casa de cemento y techo de chapa tiene goteras y se inunda con facilidad los días de lluvia. No tienen acceso a gas por red, sino que compran gas natural envasado, que es más costoso. Caminando por los pasadizos de cemento de La Cava, se puede ver que los tubos que llevan agua y electricidad de manera informal, por momentos se juntan; la basura se acumula en los descampados y se arman arroyos a causa de la falta de desagües pluviales.
Fundación Sagrada Familia, a través de sus programas, brinda soluciones para los problemas habitacionales de la personas mediante el asesoramiento de su equipo de arquitectos voluntarios. La fundación cuenta con un programa de microcréditos para realizar mejoramientos puntuales, como agregar dormitorios en caso de hacinamiento o la construcción total de la vivienda. Además llevan adelante el programa Sume Materiales, que actúa como nexo entre quienes tienen materiales de construcción y mobiliario, y quienes los necesitan.
"Conseguir financiamiento para los programas no es fácil. Nuestros programas, como el de microcréditos y el de Suma Materiales, están dirigidos a familias que cuentan con algún tipo de ingreso, pero necesitan una mano extra", dice Alejandro Besuschio, director de la ONG.
-Mamá, me compras unas nuevas zapatillas -dice Tomi, el hijo de 5 años.
Elsa no responde y mira el techo. Le duele no poder darles a sus hijos todo lo que necesitan. Aunque tiene algo en claro: quiere que sus hijos terminen el colegio para que puedan llegar a ser lo que ellos realmente desean.
Por Teodelina Basavilbaso
