(publicado en la revista Debate, sábado 1° de enero de 2011)
"Tenemos un problema básico: no está bien que en el uno por ciento del territorio de la Argentina se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones”, reflexiona Daniel Arroyo acerca de los recientes conflictos generados por las tomas de tierras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Según el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y secretario de Políticas Sociales durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, el “elemento clave” para solucionar la tensión provocada por la falta de acceso a la vivienda pasa por “la creación de un banco social que identifique las tierras fiscales en todo el país”. También propone la intervención del Estado en la regulación del precio de los alquileres en villas y barrios de emergencia, ya que “hoy se está pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media”.
¿Por qué hubo una explosión de las tomas de tierras en Capital Federal y el conurbano en estos últimos meses?
Hay algunos problemas estructurales y otras cuestiones específicas ligadas a la coyuntura. Los estructurales tienen que ver con la falta de vivienda y con la permanente migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Desde los años cuarenta y cincuenta en adelante, la migración ha sido constante en el país. Hoy vive más de un tercio de la población en el uno por ciento del territorio nacional. Quienes migran buscan tener cerca una escuela, un comedor comunitario, un centro de atención primario de la salud. El hecho de moverse hacia lugares tan altamente poblados, permite hacer changas y generarse algún tipo de ingresos. En el interior, en cambio, hay pocas oportunidades.
¿Y en el caso de los países limítrofes?
Tiene el mismo componente racional, pero se agrega el tema de las remesas. Es decir, alguien viene hacia la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano con el objetivo de mandar parte del dinero a sus familiares. Es lo mismo que han hecho los argentinos cuando hubo época de crisis y enviaban dinero desde el exterior al núcleo familiar que quedaba en el país. En este contexto actual, donde hay niveles de consumo tan altos y tantas oportunidades de hacer changas, es claro que hay un buen nivel de remesas para mandar. El hecho estructural es que hay más gente, pero el ritmo de construcción de viviendas, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy desproporcionado con respecto a las necesidades reales.
¿Cómo califica la política habitacional de la gestión de Mauricio Macri?
Está claro que el gobierno de Macri no le ha dado una prioridad importante a la política habitacional. Seguramente, no se pueden hacer cincuenta mil viviendas por año, y se podrá discutir cómo y de qué manera habría que construirlas, pero haber hecho tan pocas, haber construido sólo ochenta viviendas por año, marca una distancia demasiado grande con la demanda actual.
¿Qué aspectos coyunturales contribuyeron también para que hubiera tomas?
Se agrega un fenómeno que se dio con fuerza, especialmente en los últimos meses, vinculado con el costo de los alquileres. Las personas están pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media. Además, el hogar no es sólo una vivienda sino que también representa su unidad productiva, su lugar de trabajo. Así que se les ha hecho muy difícil la vida cotidiana.
¿Qué genera esta situación de hacinamiento?
El hecho de no tener un lugar es lo peor que le puede pasar a una persona. En el caso de los jóvenes, el ciclo es que un pibe está hacinado en la casa, entonces se va a la esquina, porque ahí hay más lugar, más aire, más luz. Pero en la esquina empieza a consumir, porque el que no consume es el pibe que está raleado, que está dejado de lado. El que empieza a consumir, especialmente paco, tiene un problema de salud, de adicción y de endeudamiento. Cuando tiene una deuda, aparece un vivo que se le acerca y le propone cualquier idea para cancelarla. Ese ciclo, en los grandes centros urbanos, es de seis meses. En general, el hacinamiento genera tensiones muy fuertes en la familia, porque viven todos dentro de un cuarto, y eso provoca la desesperación por hacerse de un lugar. Por eso, aparecen las fantasías alentadas por distintos líderes.
¿Qué intervención han tenido ciertos líderes barriales en este proceso?
Si bien se percibe en otros niveles dirigenciales de la Argentina, hay una clara fragmentación de los liderazgos en las villas y los asentamientos. A diferencia de las favelas y de otros modelos latinoamericanos donde hay un Estado dentro del Estado y alguien que maneja todo lo que sucede en ese territorio -desde el narcotráfico hasta la salud y la educación-, en el caso argentino hay mucha fragmentación. Hay punteros de distintos partidos, referentes de diferentes movimientos sociales, líderes eclesiásticos, un tipo que enseña a jugar al fútbol… Es decir, hay mucha gente interviniendo que no domina el territorio y que está vinculada con diferentes áreas del Estado para que les provea servicios. Esa fragmentación genera un fenómeno de sobreactuación.
¿Qué provoca esa sobreactuación a la que se refiere?
Hay alguien que promueve una toma en un lugar con el objetivo de establecer un nuevo piso en los reclamos, la idea es “tomamos este predio y empezamos a discutir de otra manera”. Como un puntero determinado lo hace, los otros también se suman y sobreactúan para no perder espacio en la consideración de los vecinos.
¿Cuál es su mirada sobre aquellos análisis que sostienen que hay una creciente “favelización” de los grandes centros urbanos de la Argentina?
Si se entiende por favelización el aumento de la cantidad de gente que vive en villas y asentamientos, la tendencia, sin duda, ha sido creciente en las últimas décadas. Entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, hoy, casi dos millones y medio de personas viven en condiciones precarias. Pero si se entiende la favelización como un Estado dentro del Estado, con líderes que prestan servicios por fuera del Estado, claramente no ocurre esto en la Argentina. El Estado es el gran prestador de educación, salud y otros tipos de apoyos y servicios.
¿Qué medidas habría que impulsar para encarar la falta de acceso a la vivienda?
Aquí hay un problema básico: como dije, no está bien que en el uno por ciento del territorio nacional se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones. Las economías regionales han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por eso, habría que acelerar la construcción de redes de salud y educación, porque si no la gente va a seguir migrando. También creo que llegó el momento de pensar algún tipo de incentivo fiscal para ciertas actividades productivas que se instalen en determinadas regiones del país. Pero el elemento clave es armar un banco social de tierras.
¿Cómo funcionaría ese banco de tierras?
En primer lugar, habría que identificar todas las tierras fiscales que hay en la Argentina, que tienen que ver con los ferrocarriles o con empresas abandonadas que quedaron en manos del Estado. Después, habría que implementar programas de urbanización y de construcción de viviendas. Además de las dificultades de acceso a la vivienda, hay un problema de falta de horizonte, porque no hay un mecanismo claro de cómo uno accede a la vivienda. En cambio, sí queda claro que hay un banco social de tierras y se establecen los mecanismos de construcción de viviendas, la gente va a ir empezando a migrar hacia esas ciudades del interior.
¿Qué rol debería tener el Estado en relación con los altos precios de los alquileres?
En la Argentina hay un problema de informalidad económica, hay mucha gente que trabaja y que no tiene boleta de salario ni aportes jubilatorios ni garantías para alquilar o acceder a un crédito. Hay que pensar un rol para el Estado en la regulación de los alquileres en los barrios de emergencia, las villas y los asentamientos. No me refiero a una regulación general, porque es una cuestión muy compleja, pero no es posible que se estén pagando montos de ochocientos o mil pesos por dormitorios tan pequeños. El Estado debería tener algún rol a través de apoyos o subsidios. Más allá de que se encare o no una política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, habría que tener una política intermedia, y creo que va por ese lado.
¿Qué mecanismos tendría que tener esa regulación?
Habría que establecer cómo es el actual sistema de alquileres en barrios de emergencia, villas y asentamientos, a quién se está alquilando y cómo se está alquilando. Habría que establecer que parte de los subsidios y apoyos que brinda el Estado se redireccionen a solucionar este fenómeno. También habría que trabajar con quienes alquilan, y establecer algún tipo de pautas y protocolos, porque hoy no hay ningún tipo de lógica. Está claro que si hubiera un descenso del monto de los alquileres, bajaría parte de la tensión social y habría menos tomas de terrenos en los grandes centros urbanos.
¿Por qué también propone la intervención del Mercosur?
El Mercosur debería tener un peso fuerte en políticas de inclusión en los próximos años. No hay que pensar el Mercosur sólo en términos aduaneros, arancelarios o de control de los niveles de producción en un país o en otro, sino que hay que generar un gran fondo para la construcción de infraestructura básica de salud y educación en los países de la región con menor nivel de desarrollo, en el que los que deberían aportar más, sin duda, serían Brasil y la Argentina.
¿Qué obstáculos y oportunidades observa para la implementación de estas propuestas?
Tenemos una oportunidad increíble, la economía argentina creció de forma consecutiva durante una década y vamos por varios años más de crecimiento. Es muy distinto lo que se puede hacer en políticas sociales en un contexto de expansión de la economía que en otro de recesión. Desde 2003, venimos de una década ganada en el área social y tenemos una gran oportunidad para encarar programas masivos, para crear un gran banco social de tierras y extender la construcción de viviendas, para bajar los niveles de informalidad económica y la problemática del acceso al crédito. Deberíamos acelerar y crear planes muy masivos que vuelquen recursos en estas problemáticas sociales. En los próximos cinco o seis años podemos dar vuelta la situación social del país.
