(publicado en revista Voz Ciudadana, de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Año 1, Número 4)
Por Daniel Arroyo
Si bien la situación social mejoró en la última década en la Argentina, aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento, especialmente en los grandes centros urbanos. La extensión de la asignación por hijo significó un paso muy importante en la consolidación de los derechos sociales, pero ahora es tiempo de poner en marcha políticas públicas de segunda generación.
La Asignación Universal por Hijo rompió con un esquema muy desigual que se vivía en la Argentina, en la que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Hay que avanzar en un programa progresivo de universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios. Y el siguiente paso debería sancionar una ley que permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina y que permita la incorporación directa de nuevas familias al plan.
En la actualidad, la agenda social tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
El contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región. Los grandes mercados emergentes seguirán demandando bienes que nuestros países producen. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica. El desafío requiere del compromiso de todos.
