jueves, 29 de mayo de 2014

Daniel Arroyo en Tres Arroyos

Daniel Arroyo visitó Tres Arroyos el pasado 27 de mayo, invitado por la ONG local "Espacio de Participación Social y Organización Comunitaria"

El diario local "La Voz del Pueblo" público la siguiente nota acerca de la charla que dio Daniel Arroyo sobre la situación social en Argentina.

Arroyo: Tenemos un 27 por ciento de pobreza en la Argentina
Publicado el 28/5 en La Voz del Pueblo

"En la Argentina la situación social se ha complicado en los últimos tres o cuatro años", señaló el licenciado Daniel Arroyo, quien forma parte de los equipos técnicos del Frente Renovador, en el marco de la visita que realizó ayer a nuestra ciudad.
Entre otras actividades, el ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires brindó una charla en la Biblioteca Campano, donde abordó el tema "Prioridades y familia: el desafío de repensar las políticas sociales".
Durante una conferencia de prensa realizada en el local del Frente Renovador, expresó que "tenemos un 27 por ciento de pobreza, por lo que más de un cuarto de la población carece de los servicios básicos", acotando que "tenemos un 34 por ciento de trabajo informal, lo que significa que una de cada tres personas que trabajan no tiene obra social, ni aportes jubilatorios ni vacaciones pagas".    
"Además, en el país hay un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan", puntualizó Arroyo, quien fue invitado por la ONG local Espacio de Participación Social y Organización Comunitaria.
Aclaró que "estamos mejor que en 2001 o 2003, pero la situación social se ha complicado en los últimos años", al tiempo que agregó que "debemos impulsar otras políticas".
En este sentido, comentó que "tenemos que crear el derecho al primer empleo en la Argentina" y acotó que "la empresa que contrate a un joven tendría una deducción impositiva".
"También resulta necesario cambiar la escuela secundaria. Nosotros creemos que debemos ir al sistema dual", manifestó Arroyo, añadiendo que "en los dos últimos años de la escuela el chico tendría que hacer pasantías". 
A su vez, consideró que "las personas que no pueden acceder al crédito bancario, porque tienen un trabajo informal, toman créditos al 150 por ciento anual" y explicó que "nosotros planteamos crear un fondo para créditos, destinado a la compra de maquinarias, herramientas, insumos y bienes de capital".
"Estamos muy preocupados por el avance de la droga, que no es sólo un problema de adicción sino de unidad económica, dado que le va mejor al que vende droga que al que trabaja", aseveró el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, quien indicó que "planteamos crear una unidad especial para combatir la venta de droga en los barrios".          
Asimismo, señaló que "otro tema clave es la descentralización. Hoy la política social son 67 mil millones de pesos", acotando que "el 70 por ciento lo tiene la Nación, el 23 por ciento todas las provincias y sólo el 7 por ciento los 2200 municipios". 
"Para reconstruir la cultura del trabajo hay que reconstruir el método. Nosotros proponemos crear una red de 20.000 tutores en Argentina", expresó Arroyo, quien aclaró que "el tutor puede ser un cura, un pastor, un profesor de educación física; la gente que es más creíble".
Al respecto, sostuvo que "la función del tutor es reconstruir el método. Cuando un joven falta al trabajo tres días o no concurre al colegio, ahí debe estar el tutor". 
"En la Argentina la política social está armada por programas. Existen programas para niños, jóvenes, adultos mayores. Nosotros creemos que se debe trabajar con la familia", remarcó.
Arroyo señaló que "la Argentina ha cometido un gran pecado, que es mentir con sus estadísticas; y hubo un segundo pecado, que es creer que esos datos eran ciertos", acotando que "el INDEC marcó, como último dato, un 4,7 por ciento de pobreza, lo cual es absurdo".       
Por otra parte, el diputado provincial Pablo Garate manifestó que "para nosotros es un gran placer que Daniel (Arroyo) visite nuestro distrito", acotando que "es una de las personas más consultadas en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales". 
"Daniel es la cara visible de los equipos técnicos de Sergio Massa en las cuestiones sociales y, además, es una figura representativa del Frente Renovador", completó.

martes, 27 de mayo de 2014

Daniel Arroyo sobre empleo informal en La Nación

El pasado domingo, La Nación publicó un artículo sobre la situación del empleo en Argentina, en el que se tomaron comentarios de Daniel Arroyo.


Zonas riesgosas del empleo: Problemas en la calidad 

El 56,6% de la población activa tiene ocupaciones precarias o no consigue trabajo, y esa situación se agravó en el último año; la nueva ley para incentivarel blanqueo llega en un momento en el que no hay creación de puestos 
Por Silvia Stang - La Nación, 25 de mayo de 2014

Más de la mitad de la población activa de la Argentina no encuentra empleo o trabaja al margen de las normas laborales. Esto afecta a alrededor de 8,4 millones de personas solamente en las áreas urbanas. Por eso, si para muchos el índice oficial de desocupación es un dato dudoso, existe en cambio una certeza: el problema laboral está muy lejos de agotarse en la cantidad de personas que buscan trabajo sin resultado positivo. Hay quienes sí tienen una ocupación, pero no los aportes para que se cumplan sus derechos. Y hay quienes no solamente carecen del acceso a una obra social o a la jubilación futura, sino que además están en la precariedad, trabajan menos de lo que desean y necesitan, y sus ingresos son tan bajos que no cubren necesidades básicas, por lo que no eluden la pobreza ni, en algunos casos, la indigencia. 

Si se suman las personas que buscan trabajo y no encuentran y las que están en la informalidad y en la precariedad, en ese grupo está nada menos que 56,6% de la población activa de 18 años y más. Dicho de otro modo: sólo 43,4% de los trabajadores está en un empleo con cumplimiento pleno de derechos, según datos del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que abarca 5700 hogares de 18 centros urbanos. Los índices, que son de 2013 y fueron anticipados a LA NACION, revelan que hubo un deterioro de la situación en el último año, con una leve caída del porcentaje de personas en empleos formales -en 2012 había sido de 44%- y una suba más pronunciada del índice de subempleo inestable, que pasó de 11,3 a 14,6% por ciento. Es una categoría que incluye a quienes tienen una ocupación precaria, de pocas horas y con un ingreso mensual que no supera, aproximadamente, los $ 2000. 

En cambio, cayó de 35,3 a 33,3% el porcentaje de personas activas que están en un empleo precario. Se incluye a los que no tienen aportes pero sí cierta estabilidad en sus puestos, que son de jornada completa. O sea, su situación es algo mejor que la de los subocupados inestables.


En esos índices está contemplada la situación del conjunto de trabajadores. Si se mira sólo el segmento de los asalariados, el trabajo en negro resulta de 31,1% (el dato consignado por la UCA es inferior al 33,5% que da el Indec para el cuarto trimestre de 2013). Y entre los cuentapropistas, la informalidad caracteriza a siete de cada diez ocupaciones. 

Los problemas, como ocurre también en otros países, golpean con mucha más fuerza a determinados grupos de la población, como los jóvenes. De acuerdo con un informe elaborado por el Ieral en base a datos de 2013 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre quienes tienen de 18 a 24 años, tres de cada diez se dedican sólo a estudiar, mientras que el 25% está en un puesto laboral de baja calidad y 18%, en un empleo formal. Otro 11% sufre desocupación y 15% no estudia ni trabaja. 

En el último grupo mencionado, hay casi 750.000 personas que llegaron a la vida adulta como inactivos; son los llamados Ni-Ni, que revelan una situación tanto más preocupante cuanto más cerca se está de la pobreza. Es que esa condición frena para muchos el acceso al empleo con derechos y así lo reflejan los números: en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, siete de cada 10 ocupados están en una microactividad informal. Si se mira la población total (más allá de su condición social), en ese tipo de ocupaciones está casi la mitad de los trabajadores del área metropolitana (los índices son de 25,3% en la ciudad y de 55,3% en los partidos bonaerenses), según un informe de la UCA y la Subsecretaría AMBA del gobierno porteño. 

"Hay un núcleo duro de personas que no acceden a un empleo pleno; durante algunos años hubo mejoras que se pararon en 2007, y poscrisis de 2009 volvió a repuntar la situación, pero ahora parece que se encontró un techo en el índice de quienes tienen un empleo pleno de derechos", analiza el sociólogo Agustín Salvia, coordinador de la encuesta de la UCA. Esta muestra, que tuvo su primera edición en 2004, revela que entre ese año y 2008 el porcentaje de activos con empleos plenos de derechos subió de 31 a 45,8%, para caer a menos de 40% en 2009 y repuntar en 2010, pero sin volver a los niveles previos. Ahora, lleva dos años en los que registró leves caídas. 

El análisis a fondo de los números del propio Indec también conducen a leer una situación crítica. Datos elaborados por el Ieral con los resultados de la EPH, revelan que del total de ocupaciones laborales, 45,7% es de baja calidad. Si se considera la tasa de desempleo, el escenario no es muy diferente al planteado por el centro de estudios privado. 

Según Salvia, es posible estimar que al menos entre 7,3 millones de adultos que viven en zonas urbanas (si se toman datos de la EPH) y 8,4 millones (cuando se considera la encuesta de la UCA) "no acceden todavía a aun empleo pleno de derechos, aunque la situación es mucho mejor que la de 2003 y 2004". 

El jueves pasado, el Congreso aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo que se propone reducir la informalidad en el grupo de los asalariados, básicamente con dos herramientas: un endurecimiento de las sanciones y una baja del costo laboral destinada principalmente a pequeñas unidades de producción. "El nuevo enfoque dado a las políticas económicas, sociales y laborales modificó de raíz la dinámica de exclusión y precarización del trabajo instalada en el país desde mediados de la década del 70", reza uno de los fundamentos del proyecto de la presidenta Cristina Kirchner, en referencia a la última década. 

Pero el optimismo de esa frase queda frenado cuando el punto de partida para comparar la situación actual va más allá del momento de la gravísima crisis de inicio de siglo, que es siempre el elegido por el discurso del Gobierno. Según advierte el economista Claudio Lozano, la tasa de asalariados no registrados que hoy da el Indec es más alta que la relevada por el organismo oficial en la década del 90, cuando resultó, en promedio, de 32,6 por ciento. 

POR DEBAJO DE LA REGIÓN 

Las estadísticas regionales revelan que la mejora del índice de asalariados informales en la Argentina entre 2000 y 2010, fue de las más modestas en la región. Un informe del centro de estudios Cedlas, de la Universidad de La Plata, da cuenta de que hubo mejor evolución en Perú, Ecuador y Paraguay (que de todas formas siguen con una informalidad más elevada que la local) y en Brasil y Uruguay (países con índices más bajos). En la opinión de Lozano, para la alta informalidad hay razones de fondo no atacadas, que están en el esquema mismo del circuito de producción de la economía. 

"La Argentina tiene un espíritu evasor a flor de piel; no habría lugar para el empleo en negro si no existiera la economía en negro", considera Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, quien no cree que haya motivos para pensar que la nueva ley pueda tener buenos resultados en un contexto de crisis en el mercado laboral. 

"Llega bastante tarde la medida -dice Marcelo Capello, director del Ieral-. Se desaprovecharon contextos propicios de expansión económica y buenas relaciones de trabajo para modificar instituciones y leyes laborales." Los resultados de la EPH del primer trimestre de este año que el Indec difundió el lunes último, admiten que no hubo creación de empleos. Si la tasa de desocupación cayó de 7,9 a 7,1% en el término de un año fue porque menos gente buscó trabajo, con lo cual se redujo la población activa, que es la base para la medición del índice. 

 Esa caída de la tasa de actividad podría esconder, advierten en el Ieral, un desempleo oculto de más de dos puntos (adicionales a la tasa actual), si se considera la hipótesis de que se deja de buscar empleo por el desaliento que provoca el no encontrar. 

 Salvia cuenta que el comportamiento del empleo en blanco (hoy estancado y en algunos sectores, en caída) repercute en el sector informal, por ejemplo con un incremento de la tasa de subocupados inestables (algo que ocurrió en 2013). Ello, por una dinámica en la que los expulsados del circuito formal buscan alternativas para procurarse ingresos. A la vez, y sobre todo en un escenario de actividad en baja y alta inflación, los propios informales corren el riesgo de ser desplazados a zonas de mayor vulnerabilidad, dada la caída de ingresos disponibles en manos de quienes son los consumidores de sus bienes o servicios. 

La duración escasa de los empleos que suele afectar a ese segmento se refleja en el índice de "riesgo de desempleo", que en 2013 subió de 24,1 a 26,1% según la encuesta de la Deuda Social. Se trata del porcentaje de ocupados que durante los 12 meses previos a la consulta estuvieron desocupados por algún tiempo. 

PROBLEMAS EN LAS PROVINCIAS 

"Existen provincias donde más de un tercio de los trabajadores son del sector público, ya sea nacional, provincial o municipal, y en algunas, los ocupados privados formales no pasan el 20% del total; hay un modelo que no induce suficiente empleo privado productivo, que debería ser la base del crecimiento", dice Capello. La provincia con mayor incidencia del empleo público es Santa Cruz (47% de los puestos), seguida por Río Negro (45%), La Rioja y Catamarca (37 por ciento). 

Para Lozano, el Estado ha mostrado ser parte de los empleadores que usan modalidades precarias de contratación, al utilizar formas de trabajo a plazo y no relaciones permanentes, algo que incluso abarca -afirma- a inspectores fiscales. 

 Ese tipo de relaciones (alguien que debe facturar cuando en la práctica es un empleado dependiente, por ejemplo) marca un área gris en el mapa de la calidad del empleo. 

 "Se identifican seis realidades -describe Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales, hoy en el Frente Renovador-. Una es la del trabajo formal, donde mejor se sobrelleva la inflación; otro segmento es el trabajo semiformal, donde hay contratos que están en una zona gris o se declara en forma parcial la relación; una tercera realidad es el trabajo en negro y otra, la de los cuentapropistas; están quienes tienen planes sociales vinculados al trabajo, y por último, los desocupados." 

Con la complejidad y la magnitud que tiene el tema, Arroyo opina que la propuesta del Gobierno para una regularización "está fuera de escala" aunque valora que la nueva ley reconozca la realidad diferente que tiene la microempresa. "Para los cuentapropistas, como medida para la formalización hoy existe el monotributo social; habría que hacer algo muy fuerte con créditos subsidiados", afirma el ex funcionario.

"No basta con pequeñas medidas", plantea Salvia. Y señala la necesidad de tomar en cuenta los problemas estructurales que afectan a quienes están en el subempleo inestable. Por un lado, agrega, habría que pensar en políticas que den magnitud a estrategias de enlaces entre la economía informal y la formal. Por el otro, se podrían incentivar los puestos de cercanía para la población con mayores problemas de acceso al empleo productivo; serían empleos de servicios sociales en barrios y requerirían de una vinculación, prevista ya en algunos casos, con los planes sociales. 

UN PROBLEMA FUERTEMENTE LIGADO A LA POBREZA 

Según el Barómetro de la Deuda Social de la UCA, la pobreza afecta a 27,5% de la población en la Argentina. La situación está muy ligada a la informalidad. Según un estudio del Ieral, en el total de hogares de más bajos recursos, de cada $ 10 de ingresos percibidos, $ 3 vienen del empleo formal; $ 3,5 de ocupaciones precarias; $ 2,5 de prestaciones sociales y previsionales y $ 1 de fuentes alternativas. Esa integración le quita al ingreso sostenibilidad en el tiempo. 

El acceso al empleo pleno de derechos muestra fuertes diferencias según la situación social en la cual se vive. Según los datos de la UCA 2012, en el estrato socioeconómico muy bajo, sólo 12,4% de los trabajadores estaba en alguna ocupación formal y de calidad, mientras que en el segmento mejor posicionado de la sociedad, ese índice se elevaba a 71,8 por ciento. Un dato que surge de la encuesta es que en los sectores más desprotegidos ese índice es más inestable. 

Los datos más recientes del mercado laboral difundidos por el Indec muestran una caída de la tasa de empleo (porcentaje de población total que trabaja). Según una estimación del economista Claudio Lozano, en el primer trimestre del año y con respecto al cuarto de 2013, se perdieron 286.463 puestos. Para el Ministerio de Trabajo, hay razones estacionales, como las vacaciones, que explican que el empleo se vea afectado en esos meses, principalmente en el sector informal.

lunes, 26 de mayo de 2014

Daniel Arroyo en Diario Clarín

El domingo 25 de mayo, el Diario Clarín publicó una nota de opinión escrita por Daniel Arroyo, donde se plantean propuestas de políticas sociales destinadas a los jóvenes ni-ni.




lunes, 19 de mayo de 2014

Daniel Arroyo en El Economista TV

El jueves 15 de mayo Daniel Arroyo fue entrevistado por Juan Radonjic en el programa El Economista TV, acerca de la situación social del país, los indicadores sociales y el debate sobre los índices de pobreza.


viernes, 16 de mayo de 2014

Daniel Arroyo en Infobae TV

En la tarde de ayer, Daniel Arroyo fue entrevistado por Luis Novaresio acerca del aumento a la Asignación Universal por Hijo anunciado por el gobierno el día miércoles.


jueves, 15 de mayo de 2014

Daniel Arroyo en "Pablo y a la Bolsa", Radio El Mundo

Daniel Arroyo fue entrevistado por Pablo Wende en el programa "Pablo y a la Bolsa", que transmite Radio El Mundo.
Daniel Arroyo se refirió al aumento del 40 por ciento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará de $460 a $644 mensuales a partir de junio, anunciado ayer por el gobierno nacional.

jueves, 8 de mayo de 2014

Presentación del libro "Prioridad Familia: repensando las políticas sociales"

La Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), la Red de Prioridades Argentinas (Red PAR) y la Red Argentina de Laicos (RELAI) tenemos el agrado de invitar a Usted a la presentación de la publicación "Prioridad Familia: repensando las políticas sociales" que se realizará el Lunes 12 de Mayo a las 18:30 horas en el Hotel Castelar (Avda. de Mayo 1152. Primer piso. Ciudad de Buenos Aires).
En esta oportunidad, Mons. Jorge Casaretto (Obispo Emérito de San Isidro y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina) y el Lic. Daniel Arroyo (Ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y Presidente de la Red de Prioridades Argentinas), brindarán una conferencia sobre una segunda generación de politicas sociales con eje en el desarrollo familiar.

  • Solicitamos confirmar presencia al mail: info@redprioridades.com.ar
  • A los participantes inscriptos se entregará un ejemplar de la publicación.

Red Prioridades Argentinas (Red PAR)



Comentarios de Daniel Arroyo en Página 12

Página 12 publicó un artículo sobre la propuesta de reimplementar el servicio militar obligatorio, en el que se toman comentarios de Daniel Arroyo.

La polémica por las propuestas de reimplementación del servicio militar obligatorio
"Un debate que remite a la década del ’90"
Primero lo planteó Cariglino y después Ishii. Ayer Granados propuso hacer una consulta popular. El Gobierno lo rechaza.
Por Werner Pertot, publicado en Página 12 el 30 de abril de 2014.

A veinte años del asesinato del soldado Omar Carrasco, el senador provincial Mario Ishii y el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, propusieron reabrir el debate sobre el Servicio Militar Obligatorio. “Para quien no trabaja ni estudia y duerme hasta las dos de la tarde, servicio militar”, fue la consigna del ex intendente de José C. Paz. En tanto, el ministro se mostró a favor de una consulta popular sobre el tema. En contra salieron desde el Gobierno el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi. “No estoy de acuerdo con volver al Servicio Militar Obligatorio”, aclaró Parrilli. En el Frente Renovador, Jesús Cariglino había propuesto ya el retorno al servicio militar, mientras que en el Frente Amplio Unen Julio Cobos plantea un “servicio social” en los cuarteles. En el PRO se oponen.

Todo comenzó con una propuesta del intendente massista Jesús Cariglino, quien consideró que se debía reinstaurar el servicio militar para que “los jóvenes se alineen en sus estudios”. Le siguió el acto en el Luna Park donde Ishii presentó su bloque. Allí el ex intendente llamó a una “consulta popular para que los ciudadanos expongan si quieren o no que se retome el Servicio Militar Obligatorio para los jóvenes que no estudian ni trabajan, los chicos llamados ni-ni”. En entrevistas posteriores, fue más específico: “Para quien no trabaja ni estudia y duerme hasta las 2 de la tarde, servicio militar. El 90 por ciento de la gente acepta esta idea porque no puede contener a sus hijos”. Ishii dijo que busca que “se formen en oficios” y contribuyan en “tareas contra la inseguridad”, aunque éstas son dos cosas que no ocurren en el servicio militar.

El planteo de Ishii no tuvo una recepción muy cálida en Balcarce 50. “Yo lo aprecio a Mario Ishii. Es un buen compañero, pero no estoy de acuerdo con volver al servicio militar. No suma nada para la sociedad ni para los chicos”, destacó Oscar Parrilli. “Hay muchos ni-ni en los sectores altos del poder adquisitivo y nadie los estigmatiza”, advirtió Parrilli.

Luego de que el gobierno nacional lo descartara, el ministro de Seguridad de Daniel Scioli reflotó el tema para darle su apoyo a una consulta popular para reinstalar el Servicio Militar Obligatorio. “Yo creo que sería importante. Una consulta popular siempre es buena para saber lo que piensa la mayoría de la gente”, dijo Granados. “Habría que pensarlo mucho, ver qué función cumpliría. Si las funciones que cumplirían las Fuerzas Armadas en un futuro no muy lejano son colaborar con la seguridad interior, sería bárbaro”, manifestó, pese a que la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior prohíben específicamente que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. “Esto es una cosa que ha lanzado Ishii en forma personal y lo importante es saber qué piensa la población. Pero lo importante sería para qué. Que los soldados estén en los cuarteles como estaban antes, eso no sirve”, consideró Granados. Detrás de sus declaraciones, vino la polémica.
Servicio light

El Servicio Militar Obligatorio fue derogado durante el gobierno de Carlos Menem, luego del asesinato de Carrasco en un regimiento de Neuquén. Desde entonces, ha habido algunos tibios intentos de reintroducirlo, pero ninguno tan frontal como el que suscribieron Ishii, Cariglino y Granados.

El ex vicepresidente Julio Cobos implementó un “Servicio Cívico Voluntario” en los cuarteles de Mendoza cuando era gobernador y propuso extenderlo a todo el país. “La experiencia nos demostró que pudimos trabajar juntos gobierno nacional y provincial, Fuerzas Armadas, universidades, profesionales independientes y empresarios en la inserción laboral”, dijo. Sostuvo que estaba pensado para la reinserción laboral de “miles de jóvenes que han abandonado los estudios y no trabajan, expuestos a los peligros del alcohol, las drogas, el delito y la marginalidad”.

Al igual que Ishii, Cobos habló de “capacitación en oficios y educación en valores. Fomenta la cultura del esfuerzo y el trabajo” y sostuvo que el sistema utilizaría las instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas, pero no sería un programa estrictamente militar. Ya en 2010, se trataron proyectos de un servicio cívico voluntario que fueron presentados por el ex ministro de Defensa José Pampuro, el peronista opositor Adolfo Rodríguez Saá, el radical Ernesto Sanz y la ex ministra de Cobos Laura Montero. Fue aprobado en el Senado, pero en Diputados se frenó luego de una consulta a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. En un escrito firmado por el general Luis Alberto Pozzi les recordaba a los legisladores que la tarea de las Fuerzas Armadas “no incluye la enseñanza formal de adolescentes y jóvenes ni la capacitación en oficios”.

En ese momento, desde el Ejército señalaron la mermante eficacia del programa de Cobos en Mendoza: en 2005 ingresaron 254 alumnos y egresaron 111; en 2006 entraron 187 y salieron 103; en 2007, ingresaron 262 y egresaron 137 y en 2008 entraron 113 y solamente lo completaron 58. Pozzi consideró que fue a causa de “la falta de adaptación a las normas de convivencia, al grado de inasistencias, a la no adecuación a los horarios a cumplir y a la disonancia con las expectativas generadas”.

“Es un retroceso hacia el pasado. Hoy tenemos un problema social con los jóvenes diferente que no lo resolvería el servicio militar”, consideró Gerardo Milman, que integra el FA-Unen. El radical Miguel Bazze también se opuso a la iniciativa: “No es ninguna solución”, consideró.

Por estos días, el ex viceministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo –que forma parte del Frente Renovador– viene proponiendo un servicio social, que se diferencia del de Cobos por no utilizar los cuarteles, aunque está pensado para la misma población. “Hay que pensar otras políticas para los que no estudian ni trabajan. Ahí está el problema central”, señaló Arroyo. “El servicio militar tiene una función vinculada con la defensa. Es prepararlos para la guerra. Y no es eso lo que hay que generalizar en la Argentina”, explicó a Página/12. “Si uno quiere incluir a los jóvenes, no es ése el mecanismo. Lo que planteo es crear un servicio social: utilizar el plan Progresar y crear una contrapartida con capacitación en oficios”, dijo Arroyo. Pero para Cariglino, el plan Progresar sólo sirve para que “se vayan de gira. Se quedan solos en la casa, empiezan en la esquina a tomar birra y después, quizás a robar un teléfono”. Según el intendente massista, el Servicio Militar Obligatorio debe volver para “contener a los jóvenes como hicieron nuestros padres”.

En el PRO, en cambio, rechazaron el proyecto. La diputada Laura Alonso tuiteó: “Los jóvenes no necesitan ‘cuarteles’ sino escuelas de calidad que potencien sus talentos y habilidades. En cualquier momento, vuelven a la esclavitud. Atrasan”. El electorado del PRO quizá no la acompañe: en la página Legislemos.org, de Diego Santilli y Gabriela Michetti, un proyecto de Servicio Militar Obligatorio está al tope del área “Educación”. Sus organizadores aclararon que lo propone un ciudadano y los senadores PRO no lo comparten.

martes, 6 de mayo de 2014

Daniel Arroyo en New Orleans

Daniel Arroyo viajó a New Orleans para participar en el Simposio RAP: "El Desafío de la Inclusión Social”, que se realiza del 5 al 9 de mayo en Tulane University. Dicho seminario es organizado por la Fundación RAP -Red de Acción Política- en colaboración con el Center for Inter-American Policy and Research (CIPR) y el Stone Center for Latin American Studies de Tulane University, con el objetivo de analizar los temas claves para lograr la inclusión social en el país.   

El evento cuenta con la participación de 14 Políticos RAP quienes, en el marco del Proyecto Acuerdos Básicos RAP para el Tricentenario, integran el Grupo de Trabajo de Inclusión Social (GTIS). Esta actividad tiene como objetivo generar un proceso de análisis, reflexión y diálogo sobre los desafíos a superar para lograr una plena inclusión social en el país. 

El Simposio está compuesto de 11 sesiones a lo largo de 5 días y cuenta con exposiciones de académicos y especialistas que actuarán como disparadores de procesos de análisis e intercambio de ideas. 

Algunos de los temas que se desarrollan en el seminario son: La situación social de Argentina; mapa de políticas y planes sociales existentes; Las políticas sociales en el mundo: experiencias y buenas prácticas; políticas focalizadas vs. políticas universales; Inclusión social y desarrollo económico; Políticas sociales: finalidad social vs. finalidad política; Medición y evaluación de políticas sociales y Sustentabilidad macroeconómica de las políticas sociales. 


Daniel Arroyo en "Tarde pero no tanto"

El pasado 4 de mayo, Daniel Arroyo fue entrevistado en "Tarde pero no tanto" acerca del servicio militar y de la situación de los jóvenes en el país.

lunes, 5 de mayo de 2014

El modelo de “pacificación” de Río de Janeiro y los desafíos de la Argentina

Publicado el 5 de mayo de 2014 en la página web de Fundación Concordia
La participación del Secretario de Seguridad de Río de Janeiro, José Mariano Benincá Beltrame, en el seminario de gestión pública en seguridad organizado por Fundación Concordia deja varias enseñanzas y análisis acerca de cómo avanzar en la resolución de los problemas de inseguridad en Argentina, y de cómo salir de la falsa dicotomía entre prevención o seguridad.
Beltrame describió con mucha claridad los ejes sobre los que se asentó el trabajo de pacificación, urbanización e inclusión en las favelas de Río de Janeiro. En el encuentro organizado por el Intendente de San Miguel y Presidente de la Fundación Concordia Joaquín de la Torre, el Secretario de Seguridad planteó 6 ejes que marcan las características de lo que podríamos denominar el “modelo de intervención de Río de Janeiro”:
1- El concepto de pacificación supone la entrada de la policía municipal en las favelas, con el objetivo de resolver el enfrentamiento entre bandas narcos que ocupan y se disputan el territorio. En otras palabras, supone que el Estado vuelva a tener el control, y que deje de haber una parte del territorio que es dominado por actores extraestatales como los líderes narcos.
2- El segundo eje tiene que ver con la importancia de lo local y el desarrollo de las policías municipales. En el modelo de Río de Janeiro el actor central es el gobierno local, y las policías descentralizadas actúan de manera integrada tanto con el gobierno municipal como con el resto de las organizaciones de la comunidad. El Secretario de Seguridad Beltrame fue claro en la idea de que la policía pacificadora sólo puede desarrollar su rol si trabaja en conjunto con las diversas instancias del gobierno local.
3- El tercer eje del modelo de Río de Janeiro estuvo dado en la modificación de la estructura policial y en los cambios en torno de los controles internos y a los sistemas de premios y castigos para los integrantes de la fuerza policial. Aquí aparece un punto significativo en el debate sobre qué deberíamos hacer en Argentina, en la medida en que un modelo de este tipo, para ser exitoso, requiere de una policía mejorada y con aceptación por parte de la sociedad.
4- El cuarto eje refiere a la generación de condiciones para la inclusión social. Las UPP (Unidades de Policía Pacificadora) no sólo cumplen un rol de restablecer el control en el territorio, sino que también articulan la prestación de servicios sociales vinculados tanto al apoyo a los jóvenes como al mejoramiento de los servicios de salud y educación. Aquí se ve la integración entre seguridad e inclusión: la recuperación del territorio por parte del Estado sólo puede ser sostenida en el tiempo si el mismo Estado genera condiciones para que los jóvenes tengan oportunidades laborales, y para que aquellos que formaban parte de la cadena de distribución de droga puedan tener otras opciones de ingreso.
5- Otro punto crítico tiene que ver con la extensión del acceso a armas de guerra por parte de la población. Un objetivo central del modelo de pacificación de Río de Janeiro se vincula con el desarme, que implica no sólo combatir al narcotráfico sino también reducir los niveles de violencia cotidiana.
6- Finalmente, otro eje importante fue el estímulo a la participación y al compromiso de la ciudadanía. Se crearon herramientas a través de las cuales los residentes de las favelas pueden denunciar en forma anónima los actos delictivos y la posesión de armas por parte de criminales. Adicionalmente, se planea establecer oficinas de la defensoría del pueblo dentro de las favelas para que los residentes puedan denunciar abusos por parte de la fuerza policial.
Es claro que este modelo ha mostrado resultados, ya que redujo a la mitad la tasa de homicidios, y le posibilitó al Estado ocupar nuevamente un rol que había cedido frente a las bandas de narcotraficantes.
La lectura y las lecciones que se pueden hacer desde Argentina son múltiples. Por un lado, quedan claras algunas diferencias, tales como el rol de las fuerzas armadas en Brasil (diferente a la historia argentina) o la escala de la policía en Río de Janeiro, que en cantidad se parece más a la Policía Bonaerense que a cualquier experiencia local en nuestro país.
Por otro lado, también se dan algunas particularidades en los grandes centros urbanos, ya que en la Argentina se ha consolidado el “mal vivir”. Mucha gente se mantiene como puede, con changas, trabajo precario, sin un horizonte claro de cómo le irá en los próximos meses. Estar hacinado, tener trabajo precario o viajar mal le “queman” la cabeza a una persona. En el Conurbano se dan las tres situaciones juntas, y eso genera malestar y un aumento de la violencia (sobre todo dentro en el hogar). Rosario y Córdoba son casos similares. 
Otra particularidad la constituye el fenómeno de un chico que, como está hacinado en la casa, se va a la esquina porque hay más lugar y mejores condiciones. En la esquina empieza a consumir porque todos lo hacen y es la forma de integrarse a la red del barrio, y a partir de ahí empieza con problemas de adicción, que no sólo generan un problema de salud sino también de endeudamiento. Y ahí es cuando se le acerca algún vivo a ofrecerle cualquier alternativa para cancelar esa deuda. Esta es una realidad de la que muchos son víctimas, y se completa con una creciente estigmatización que los identifica como culpables de la inseguridad, perpetuando de esta forma la exclusión.
En definitiva, la experiencia de Río de Janeiro resulta muy útil para “pacificar” territorios que están en situación muy crítica, y plantea algunas ideas generales a tener en cuenta al momento de pensar las políticas sociales. Cabe destacar que la recuperación del territorio por parte del Estado debe acompañarse necesariamente de estrategias de fortalecimiento de las comunidades y de los gobiernos locales para ser sostenible. Dentro de este esquema, y contemplando la situación particular de nuestro país, el Frente Renovador viene analizando la incorporación de otras políticas sociales, tales como: 
  • Creación del Derecho al Primer Empleo. Nuestro país tiene 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los jóvenes son el futuro si tienen presente, y para eso hay que crear un mecanismo para que logren ingresar al mundo laboral. El objetivo es establecer una exención impositiva a las empresas que tomen jóvenes sin experiencia laboral previa. Como complemento a este esquema, el desafío es crear una Red de 20.000 tutores: adultos que tienen legitimidad (una maestra, un cura, un pastor, el técnico de club de barrio, etc.) con la función de acompañarlos en sus actividades, ayudarlos a mantener el ritmo y compromiso, y vincularlos con la escuela y el trabajo.
  • Masificación del crédito y descentralización de recursos. Nuestro país tiene 34% de informalidad laboral y una gran red de cuentapropistas (gasistas, plomeros, carpinteros, etc.) que no son sujetos de crédito bancario, y por lo tanto no tienen alternativa más que acceder a crédito al 80 o 90% anual contra fotocopia de DNI. Es la población que hoy está sobreendeudada y para la cual hay que masificar el crédito con subsidio de tasa para que acceda a máquinas, herramientas y mejore su producción. Hoy el 70% de los recursos en política social los tiene la Nación, el 23% todas las provincias juntas y el 7% los 2200 municipios. Ese esquema hace que muchos proyectos a nivel local no se concreten porque los recursos están en otro lado. Se trata de dejar a nivel central lo que es igual para todos (como la Asignación Universal por Hijo) y descentralizar recursos a municipios y organizaciones sociales en las políticas que se vinculan con trabajo e inclusión social.
  • Creación de una Unidad Especial de Combate a la Venta de Droga.  Es claro que aumentó la venta de droga en los barrios y que el pibe que engancha una “changuita” gana menos que el que vende droga y muchas familias se preguntan si no les es más conveniente poner una cocina de paco. Se trata de generar un esquema institucional especial (por fuera del esquema de seguridad actual) con una única función que es detectar los puntos de venta y eliminarlos.

Daniel Arroyo en "Aquí y Ahora"

El 25 de abril, Daniel Arroyo fue entrevistado por Jorge Chio para el programa "Aquí y Ahora", acerca de la situación social en Argentina.

Daniel Arroyo en el Suplemento Enfoques del diario La Nación

La nota, publicada el domingo 4 de mayo en el Suplemento Enfoques del diario La Nación, toma comentarios de Daniel Arroyo. 

"La Argentina, país a ciegas: los riesgos de gobernar de espaldas a las estadísticas" 

La reciente polémica por las reales cifras de pobreza es sólo la punta del iceberg: en desocupación y trabajo, inflación, actividad económica, planes sociales, adicciones y aborto, entre otros, se desconocen indicadores clave, porque no se miden o porque se ocultan o se alteran deliberadamente. Los resultados son políticas ineficientes, gasto de recursos sin planificación y un impacto económico que se prolonga en la falta de credibilidad. 
Por Fernanda Sández | Para LA NACION 

"En el País de No Me Acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo", cantaba María Elena Walsh. Pero quizá ya vaya siendo hora de cambiar la letra de la canción y comenzar a hablar del otro país. Del País de No Lo Cuento, ese en el que las cifras no importan. Lo que sucede (pobreza, hambre, muertes evitables) sucede sin que las autoridades consideren esa información un bien público que debe estar al alcance de cualquier ciudadano. No se cuenta, entonces, o se cuenta deliberadamente mal, escondiendo bajo la alfombra estadística -para empezar- a los pobres (36,5% de la población para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas; 25% para el Observatorio de la Deuda Social; millones de personas en cualquiera de los casos), a los hambreados (pese a que en marzo de este año los medios oficialistas informaron que la Argentina había logrado el "hambre cero"), y así con todo. 


Desconocemos, pues, la cifra real de gente que no tiene asegurada la comida diaria, está desocupada o muere por aborto. Tampoco sabemos cuántos de aquellos chicos cuyas familias acceden a una Asignación Universal por Hijo (la AUH, esa que en los barrios se conoce como "la wacha") efectivamente van a la escuela. "Antes, los cursos explotaban de chicos por el temor a perder el beneficio si faltaban. Pero como después se dieron cuenta de que no pasaba nada porque las planillas se las firman igual, muchos directamente dejaron de venir", explica una docente de matemática de nivel medio en el conurbano bonaerense. 


Ese desdén por la cifra y el "dato duro" llegó a su cénit el 25 de abril pasado, cuando -en una versión estadística del "me quiero ir" del ex ministro Hernán Lorenzino- los datos oficiales sobre pobreza, indigencia, empleo y otras cuestiones centrales se hicieron humo. Se arguyó un problema de "empalme de metodologías", como quien entiende la estadística pública como una cañería a ajustar. Y mientras el miércoles pasado el Indec retrasó la difusión del índice de actividad de la construcción, los expertos continúan señalando la falta de estadísticas confiables de delitos. Así -en una peligrosa reescritura de aquella célebre máxima peronista según la cual "mejor que prometer es realizar"-, parecería ser que "mejor que medir es concretar". Lo que cuenta es el hacer, no la medición de los resultados. 

Como precisa Daniel Arroyo, experto en políticas sociales, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, "históricamente, la Argentina siempre ha separado la gestión de la evaluación y el seguimiento de lo que se hace, que es justamente donde se hacen las cifras. Se prioriza la gestión sobre la medición, y por eso en la Argentina (a diferencia de lo que pasa en Chile, en Uruguay o en México) a menudo es más intuitivo que razonado. Lo que se hace es tirar al bulto", admite. 


Esa despreocupación tanto por el diagnóstico como por la evaluación es lo que -según Eduardo Amadeo, ex ministro de Desarrollo Social de la Nación y titular del Observatorio Social- encierra una paradoja: un gobierno que se jacta de su "progresismo" hace gala de un conservadurismo extremo al negarse a ver a los pobres tal -y tantos- como son. "Desde hace diez años, en el mundo académico y de las políticas públicas se ha instalado lo que se llama «evaluación de impacto», una medición muy rigurosa que permite ver cómo esa política le cambió la vida a la gente", explica. "En la mayoría de los países, por ley, no hay ningún proyecto social financiado con fondos fiscales federales que no sea evaluado una vez por año, enviados al Congreso sus resultados y puestos en Internet. Aquí no. Aquí se muestra cuánto se invierte, pero no cómo ni con qué resultados. Yo hice esa ley para la Argentina, pero en el Congreso el kirchnerismo la volteó dos veces. Y las consecuencias de no medir esto son gravísimas, porque la plata se gasta a ciegas. Eso es lo más reaccionario, porque los principales perjudicados por la desinformación son los más pobres. A ellos les «bajan» programas, y si eso tiene alguna clase de efecto positivo en sus vidas al Gobierno no le interesa. La excusa es siempre la misma: «A nosotros el que nos evalúa es el pueblo» y «Con el voto alcanza»." 


MEDIR O MENTIR 

Detrás de ese trágico Gran Bonete en donde los números no están por ningún lado campea un secreto a voces: los datos oficiales ya se han vuelto un chiste. Sólo que uno sin gracia porque, como bien explica el economista Francisco Mondolfo, egresado de la Universidad de Columbia y docente de la UBA, "tocar una estadística es volverla inservible. Por algo en Venezuela, con un fenómeno inflacionario aun más grave y conflictos políticos mucho más intensos, nunca se intentó manipular las cifras. Aquí sí hubo manipulación, y por dos motivos: uno económico (dieron con una manera legal de incumplir con las condiciones de emisión de los títulos de la reestructuración de la deuda externa) y otro político, como es el ocultamiento, con fines propagandísticos, del aumento generalizado de precios". 

Pero, por aquello de las mentiras y de las patas, la "piolada estadística" sopleteada por Guillermo Moreno terminó exterminando la ya de por sí endeble confianza de los inversores en la Argentina. "A partir de la intervención de hecho al Indec en enero de 2007 denuncié la manipulación de las estadísticas a través de los distintos medios", apunta a su turno el economista Víctor Beker, director de Estadísticas Económicas del Indec durante el gobierno alfonsinista. "La ignorancia en materia económica llevó al Gobierno a subestimar la trascendencia que la manipulación del índice del precios al consumidor (IPC) podía tener. Y cuando advirtieron los efectos ya no había marcha atrás. Pensaron que, como aconsejaba Goebbels, se trataba de mentir y mentir, que algo quedaría. Pero se olvidaron de que hasta el propio Goebbels aconsejaba no mentir sobre aquello que la población pudiera verificar en forma inmediata", agrega. 


Tal vez por eso Beker hace un análisis descorazonador de lo que implicó para el país haber renunciado nada menos que a su soberanía estadística. Porque, y que quede claro, eso que suele denominarse "intervención del Indec" implica mucho más que no saber ya cuánto vale cada cosa; es haber desatado el efecto dominó (propio de toda mentira) a escala nacional y haber perdido por completo la brújula, y el mapa. 


¿Qué se falseó? Todo, como se consigna en No somos cómplices de la mentira, libro editado por la junta interna de ATE. Allí, en 150 páginas demoledoras, se repasa el día a día de un proceso en el que no faltaron ni las amenazas a los empleados, ni los "retoques" a las planillas cuando los precios obtenidos en la calle no se ajustaban al deseo de los funcionarios a cargo, ni los aprietes a los informantes (lo que nunca: bajo presión, comercios y supermercados tuvieron que comenzar a "dibujar" sus precios a gusto del organismo), ni episodios tan rocambolescos como la invasión de las oficinas por parte de representantes de La Cámpora ("todos los últimos contratos son de gente de ahí", confirma en estricto off un empleado con más de quince años en el Indec), ni el hackeo "de la base de datos del IPC Mendoza, último dato testigo que permitía evaluar el tamaño de la mentira", ni la elaboración de estadísticas diseñadas ad hoc por "un «equipo fantasma» integrado por personas que más adelante ocuparon oficialmente la responsabilidad sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)", según se lee en la página 47. 


Todo esto define lo que los trabajadores históricos del instituto califican, más que como una nueva metodología, como un "modus operandi" cuyas verdaderas víctimas somos "todos, porque (la alteración del IPC) incide directamente en la negociación paritaria de nuestros salarios, ya que el piso del aumento salarial que fija el Gobierno para esa negociación es, precisamente, el IPC del año anterior". 


Según Beker, además, "uno de los efectos colaterales de la subvaloración de la evolución del IPC ha sido la grosera subestimación del número de pobres e indigentes, dato fundamental para diseñar las políticas públicas para reducirlos. Otro tanto pasa con el salario real: como el IPC se usa para medir el poder de compra y hacer comparaciones entre sueldos en distintos momentos, algún historiador despistado señalará en el futuro que a partir de 2007 se produjo en la Argentina un inédito aumento en el salario real, nunca visto en la historia económica mundial. Y eso por no mencionar los «tratamientos ad hoc» que pasaron a aplicarse toda vez que un dato no concordaba con lo que se esperaba. Ejemplo: en el caso de la industria automotriz, donde la única fuente de información estadística es la cámara que agrupa a los fabricantes -Adefa-, entre noviembre de 2008 y diciembre de 2012 se produjeron 2.892.198 unidades, según esa fuente. En cambio, para el Indec se habrían producido 3.166.776 unidades. ¡El Indec fabricó casi 300.000 vehículos!", señala. 


NO SABE, NO CONTESTA 

Supuestamente, y aun cuando la Argentina no cuente todavía con la tan reclamada ley de acceso a la información pública, existe una serie de normas que buscan garantizar la publicidad de los actos de gobierno y asegurar la transparencia en el ejercicio del poder. Sin embargo, en la práctica, "falta información básica en muchas áreas", como reconoce Ramiro Ugarte, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). "No hay un análisis sistemático por áreas gubernamentales, y entonces cuando se busca información se encuentra que no existe. Por ejemplo, en el marco de una investigación sobre penalización del aborto en la Argentina, nos encontramos con que el Estado no tiene estadísticas sobre el asunto. Vale preguntarse entonces cómo es posible que el Estado desarrolle políticas de salud en la materia sin contar con información tan básica como el número de personas que recurren a la interrupción del embarazo. Eso lo documentamos y lo presentamos ante la CIDH en 2012. Otras organizaciones -como Cippec, por ejemplo- encontraron que informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía que se subían periódicamente a Internet fueron súbitamente quitados. Son, todos, ejemplos que señalan problemas estructurales", precisa. 

Lo demás puede verse en Un derecho débil, una investigación impulsada por ADC que permite verificar hasta dónde llega esta ceguera estadística, pero también hasta qué punto información esencial es a menudo manejada como si fuera secreto de familia. Así, el estudio consigna que no sólo falta información sobre los resultados obtenidos por distintos programas de lucha contra las adicciones, sino que intentar averiguar, por ejemplo, cómo se distribuye entre producción propia e independiente la programación del canal estatal será desde el vamos una misión imposible. 


Algo similar sucedió, de hecho, cuando Cippec quiso indagar sobre la base de qué criterios se asignaban los planes sociales y conocer los padrones de beneficiarios de esos planes. Ante la negativa estatal, arguyendo que se trataba de "información sensible", el caso terminó en la Corte Suprema de Justicia. El 26 de marzo pasado hubo un fallo, y fue contundente. Allí se lee que "el acceso a estos datos posee un claro interés público" y -en la fundamentación de su voto- los jueces Argibay y Petracchi marcaron algo central: "No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas. La transparencia -no la opacidad- beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso; la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio, sino de la sociedad toda". 


Puede que todo, en última instancia, se reduzca a esto. A haber pasado, tras once años de relato y más relato, del "secreto de Estado" al estado de secreto. A apoderarse de lo público (incluida la información) hasta volverlo algo propio e inconfesable y rodearlo de un silencio demasiado parecido a ese que en la mafia se denomina ommertá.

Daniel Arroyo en el Suplemento Comunidad de La Nación

El sábado 3 de mayo se publicó en el Suplemento Comunidad del diario La Nación una nota en la que se toman comentarios de Daniel Arroyo sobre la pobreza y la exclusión social en Argentina.

Contexto social 

Romper con la exclusión 

Las estadísticas indican que quienes nacen en contextos de pobreza tienen menos oportunidades de mejorar su calidad de vida; historias valiosas de quienes buscan salir adelante. 
Por Micaela Urdinez | LA NACION


En un momento en el que el Gobierno intenta tapar las millones de caras de la pobreza, se torna fundamental llevar el foco de la discusión a cómo romper con el círculo de la exclusión que lleva a tantas familias a vivir sin sueños de mejora y a conformarse con un porvenir precario.
Porque no estamos hablando sólo de la situación en la que pasan los días demasiados argentinos, sino también de hipotecar el futuro de todos los niños y jóvenes que aún hoy no tienen sus necesidades básicas satisfechas.
Como bien señala Unicef, el ciclo de la pobreza no se agota en el transcurso de la vida de una sola persona. Una niña que nazca en condiciones de pobreza tendrá más probabilidades de casarse y tener hijos cuando todavía sea adolescente. Una niña desnutrida será una madre desnutrida, que dará a luz hijos con bajo peso al nacer. Y al igual que sus padres, los niños pobres tenderán a legar su pobreza a la generación siguiente.
"Las personas en situación de pobreza estructural en la Argentina tienen tres características centrales: 1) no tienen lo mínimo, es decir no tienen piso de material o las condiciones mínimas de vivienda o servicios; 2) se trata de una pobreza intergeneracional, alguien es pobre y sus padres y sus abuelos también han sido pobres, y 3) se trata de una parte de la población que no está entrando al mundo del trabajo, que no tiene movilidad ascendente. En nuestro país han crecido los planes y programas sociales para la población más vulnerables, pero lo estructural radica en que es un sector que no está logrando salir del círculo de la pobreza e incluirse en el mundo del trabajo", sostiene Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social.
¿Qué hacer entonces para darle a estas personas que se mueven en los confines de la informalidad, las herramientas que necesitan para poder pegar el salto?
Carmen Ojeda tiene un solo objetivo: salir de la villa. Y lo dice entre sollozos y lágrimas ante la angustia que le genera sentir, que en cualquier momento, puede perder a uno de sus hijos. "Vivir en la villa es muy difícil. Matan a los chicos en la calle, se vende droga. Yo le doy las gracias a Dios que mis hijos salieron buenos y estudiosos, que no tienen vicios. Por eso sueño con el momento en el que podamos salir de la villa. Yo ando con el Jesús en la boca porque los chicos vuelven a la madrugada de la Facultad. Yo no me acuesto hasta que no llegan. Mi temor es la inseguridad. A veces te da bronca porque la gente no quiere entrar a la villa, te discriminan", dice Carmen, que hace 29 años se vino de Paraguay para buscar un futuro mejor y se instaló en el barrio Fátima, de Villa Soldati, en donde vive junto a su marido y sus 4 hijos. La más grande, de 31, vive en el piso de arriba junto a su familia (5 hijos).
Carmen siempre tuvo que trabajar para aportar a los gastos de la casa: primero lo hizo como empleada doméstica y hace 20 años empezó a vender chipás y comida paraguaya en el barrio. Su marido es albañil, sus dos hijas más grandes son madres y amas de casa, y sus dos hijos menores están estudiando en la UTN: el más chico para ser ingeniero y el otro para poder ser docente en una escuela técnica. "Mi sueño siempre fue que mis hijos estudiaran para llegar a ser alguien en la vida. Estoy orgullosa de que el más grande está por terminar este año. Él también es proyectista, hace planos y es el que me ayuda con los gastos de la casa", agrega Carmen.
En 2012 conoció, gracias a su sobrina, a la Asociación Civil Avanzar, una organización social que brinda microcréditos a personas de bajos recursos para que puedan llevar adelante o mejorar sus emprendimientos. Así fue como Carmen consiguió tener un crecimiento cualitativo en su negocio y hoy ser la responsable del 50% del ingreso familiar (cerca de $ 4000 por mes).
Actualmente, es la proveedora principal del barrio de almidón, harina de maíz, fécula de mandioca, queso y grasa de cerdo. La gente se acerca a comprar a su casa estos productos que utiliza para cocinar. En fechas especiales; también cocina chipás y sopa. El primer crédito fue de $ 1500 y el último (va por el quinto), de $ 7500. Los créditos son individuales y los devuelve cada 15 días.
"Antes traía mercadería de a poquito, me iba a comprar en colectivo y ahora ya tengo un proveedor de Barracas que me trae todo a mi casa. Hoy voy a buscar la grasa (100 kilos) a Liniers. Tenemos muchos gastos en la casa y si bien no pagamos ni luz ni agua, sí tenemos teléfono, y además estoy arreglando la cocina. Con lo que fui generando compré un freezer y el lavarropas. Todavía me falta hacer una habitación y poner la cerámica", cuenta Carmen, quien gracias a Avanzar recibió diversas capacitaciones, clases para aprender cómo hacer un negocio y está empezando a pagar el monotributo social.
Su idea es seguir sacando créditos, mejorando su oferta y no moverse del rubro. Y quizá seguir con sus estudios. Terminó la primaria en Paraguay, pero acá nunca los retomó. "Mis hijos me dicen que nunca es tarde para estudiar. Cuando eran más chicos me preguntaban cosas y como no sabía responderles se me metió en la cabeza la idea de estudiar, pero me faltó voluntad. Porque acá tenés las posibilidades para salir adelante si querés", dice Carmen, quien gracias al microcrédito tiene fluidez de dinero, es sustentable y tiene proyección de futuro.
"Me estoy animando a más. Creo que se puede salir adelante, con esfuerzo y todos juntos", concluye Carmen.
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Después de que políticos, economistas e investigadores sociales rechazaran la no publicación del último informe semestral de pobreza por parte del Indec, las consultoras independientes señalaron que la pobreza real superaría hasta seis veces el último dato oficial correspondiente al primer semestre de 2013 (no sería del 5%, como se dijo en el último informe del Indec conocido, sino del 20 al 30,9%).
Lo que se busca es tapar a los que se caen del sistema, los que consiguen sobrevivir con lo poco que tienen, los que sienten que no se merecen algo mejor. "Ser pobre implica sufrir privaciones que limitan o impiden el desarrollo humano integral de las personas y de sus capacidades fundamentales. Entre las privaciones materiales se encuentran las necesidades de subsistencia, de hábitat y vivienda, de trabajo, de seguridad social, de educación. Entre las subjetivas, todo el resto de lo que tiene valor y no tiene precio: la integración social, la participación ciudadana, la libertad de poder desarrollar habilidades y tener una perspectiva de futuro y de sentido de la vida. Cuando se agrega la palabra estructural indica que dichas privaciones se sostienen en el tiempo y no se superan por diversos factores no sólo económicos, sino políticos, sociales, culturales. No alcanza con la igualdad de oportunidades para superar la pobreza estructural, ya que, bajo un sistema económico utilitarista e individualista que como dice el papa Francisco genera porciones de población sobrante, tanto en el pasado como hoy encontramos sectores de la población que nunca estuvieron incluidos en la lógica de dicho sistema", sostiene Cristina Calvo, doctora en economía del comportamiento, especialista en desarrollo humano y ex coordinadora nacional de Cáritas Argentina.
Si bien se sabe que hay que trabajar de manera integral (desde el Estado, el sector empresario y el sector social) para que todos los argentinos puedan tener una vida digna, todos coinciden en que hay que empezar por la infancia, por salvar a los que todavía están a tiempo, por mostrarles caminos reales de cambio.
Para Ianina Tuñón, coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA), la experiencia de la pobreza en la infancia imprime marcas de difícil reversión que condicionan el desarrollo humano y social. "Justamente una de las particularidades de la pobreza infantil es su impacto estructural, y de carácter permanente en el desarrollo de capacidades y recursos humanos y sociales. La infancia es una ventana de oportunidad en la que los individuos desarrollan sus capacidades psíquicas, mentales, emocionales y de aprendizaje. En esos primeros años de vida la experiencia de la privación alimentaria, la exposición a un medio ambiente insalubre, y la carencia de estímulos emocionales adecuados y diversos comprometen el desarrollo cognitivo del niño, y en tal sentido limitan el ejercicio de otros tantos derechos humanos y sociales básicos para el desarrollo de su máximo potencial. Más tarde, durante la adolescencia, las privaciones materiales exponen a muchos chicos a la explotación económica o doméstica, al fracaso escolar, al padecimiento de enfermedades y accidentes, entre otros riesgos sociales", dice Tuñón.
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Contrario a lo que señala la frase popular de que lo último que se pierde es la esperanza, en los contextos de pobreza, la esperanza es justamente lo primero que se abandona. Porque no conocen escenarios alternativos, porque no se sienten preparados para construir un futuro mejor, porque no se les abren las oportunidades para crecer, porque no reciben las herramientas necesarias para poder ser artífices de su destino, porque no pueden mirar más allá de las urgencias de su hoy.
"El día a día de la pobreza estructural marca el horizonte que tienen las personas y las familias. La pobreza estructural no permite planificar, el estar en situación muy crítica no da posibilidades de poder organizar el futuro. A las familias no les queda claro qué camino hay que seguir para salir de esa situación", sostiene Arroyo.
En esta misma línea, diferentes estudios indican que las personas de niveles socioeconómicos desfavorecidos tienen tendencia a sentir que son más propensos a estar condicionados por factores externos, y no tener mucho control sobre la propia vida. Consecuentes con estos postulados, los datos analizados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA revelan que en menores condiciones socioeducativas y económicas los individuos triplican las creencias de control externo en comparación con los de estrato medio alto.
"La consecuencia de esta exclusión es un progresivo menoscabo en su dignidad. Pensemos que ser "excluido" no es vivir de un modo humilde sino "no poder elegir, no poder desarrollar lo que cada persona está llamada a ser y a hacer". Muchos adolescentes y jóvenes, al tomar conciencia de su situación social "estigmatizada", caen en la opción desesperada del suicidio. Asimismo, la reproducción intergeneracional de la pobreza no sólo daña los vínculos sociales y familiares sino que también agudiza la segregación socio-espacial y la polarización entre zonas ricas y zonas pobres", explica Calvo.
Pero además, la especialista agrega otra variable que tiene que ver con un problema cultural, que reclama una nueva responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. "Si bien el pueblo argentino, por un lado, tiene una gran generosidad espontánea frente a catástrofes naturales o en colaborar con comedores, centros; por otro lado, con preocupación, se observa que una parte de la ciudadanía ya habla de la "naturalización de la desigualdad y de la pobreza", como si hubiera que comenzar a considerarlas "un dato de la naturaleza". El gran desafío cultural es precisamente debatir sobre qué concepciones estamos manejando acerca del valor de la vida y de la pertenencia a una comunidad", señala.
La vida de Nancy Chapela no cambió de un día para el otro, pero todo se comenzó a gestar cuando la organización Pro Vivienda Social, puso pie en su barrio San Carlos, en Moreno. Pasó de empleada doméstica, a tener gas, mejorar su vivienda, capacitarse y hoy ser técnica de un fideicomiso y coordinadora de un grupo que busca instalar el gas en su barrio.
Pro Vivienda Social había comenzado a otorgar microcréditos para que los vecinos pudieran mejorar sus viviendas y después de trabajar una propuesta con Gas Natural, decidieron, en 2003, replicar un proyecto que ya había tenido éxito en otros barrios: instalar la red de gas, gracias a la articulación exitosa entre Estado provincial, empresa, ONG y la comunidad.
Para ese entonces, hacía 22 años que Nancy se desempeñaba como empleada doméstica en una vivienda en Capital Federal, por lo que todos los días se tomaba el tren porque trabajaba por horas. Cuando arrancó el proyecto que estableció la formación del fideicomiso "Unión por los vecinos", Nancy se acomodaba los horarios para poder participar de la iniciativa. Tres años más tarde, sintió que su corazón estaba en este proyecto y que necesitaba estar más horas en el barrio, por lo que decidió cambiar de rubro y pasó a trabajar como técnica del fideicomiso.
El objetivo era hacer llegar la provisión de gas a las casas. Se armaron comisiones con los vecinos del barrio, en las que Nancy empezó a participar y recién en 2007 habilitaron el gas para 621 familias. Gas Natural hizo el apoyo técnico, pusieron la cañería troncal y aportaron el suministro de gas. Parte se financió con aportes del gobierno provincial y el resto lo pagaron los vecinos.
"Yo había sacado un par de créditos solidarios para terminar la cocina y mejorar mi casa y la fundación convocó a todos los que habíamos sido beneficiarios de un microcrédito para integrar el proyecto. Yo me puse la camiseta de que quería el gas y lo más difícil fue convencer al vecino de que el proyecto era viable. Por suerte tuvimos mucha capacitación de parte de la fundación", cuenta Nancy, quien tiene la oficina del fideicomiso en el frente de su casa en donde vive con su marido, ya que sus 2 hijos están casados.
Como el resultado del proyecto fue tan positivo, los vecinos del barrio 25 de Mayo de Moreno se acercaron para replicarlo en su territorio y hoy Nancy es una de las coordinadoras de grupo. La obra de gas comienza a fin de año y ella se muestra muy entusiasmada. "Trabajo de lo que me gusta, estoy cerca de mi casa, puedo ayudar al barrio y a mejorarle la vida a la gente. Gas Natural nos capacitó en cómo hacer una conexión interna de gas, un croquis como si fuéramos matriculados. Ahora yo hago las visitas en el barrio", dice Nancy, quien cuando supo que iba a tener gas, se empezó a ocupar de mejorar su vivienda para poder tener agua, arreglar la cocina y el baño.
"Antes me tenía que arreglar con dos garrafas por mes pero tenía que cuidar muchísimo su consumo. Y sino utilizaba la electricidad para calefaccionar. Ahora se usa mucho más el horno en la casa y la cocina en general. Se mejoró mucho la calidad de vida, tenemos agua caliente en el baño y la cocina, calefaccionás la casa y todo por el mismo precio que una garrafa. Todo esto hace que tengamos mucha mejor salud", cuenta Nancy.
El fideicomiso dura 10 años y la cuota está incluida en la factura del gas. El crédito es familiar, las cuotas son fijas y en pesos, con el objetivo de ir pagando la instalación de manera financiada. "Si es en 10 años, son cuotas de cerca de $100, para hacer la red interna y externa. Este proyecto está pensado para que todos puedan pagar el gas", sostiene Nancy, una persona que antes se definía como muy tímida y hoy se mueve con la soltura y la seguridad de una líder social.
"Ya conseguimos el gas pero todavía nos faltan las cloacas y el agua potable. Ese es nuestro próximo objetivo", remata Nancy, con la esperanza y la voluntad intactas.
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Para Arroyo, la situación de las familias de bajos recursos se complicó más en los últimos años, en la medida en que el que consigue un trabajo informal con cierta continuidad, cuando vuelve al barrio gana menos que el que vende droga o está vinculado a otra actividad. "El problema central es que hoy el camino alternativo (el que vende droga) es más rentable económicamente y eso termina generando que muchos jóvenes se pregunten si no es por ahí que pasa la cosa. Hay un nuevo sujeto social en el barrio que es el que vende droga y hoy, está mejor económicamente", sostiene, a la vez que agrega que las posibilidades de crecimiento están muy complicadas porque el trabajo al que pueden acceder los más pobres es absolutamente precario. "Aún así, la mayoría de las personas en los barrios buscan la forma de salir adelante. Todos están convencidos de que la cosa pasa por el estudio y el trabajo y por eso la mayoría de los jóvenes buscan encontrarle la vuelta (la cantidad de alumnos que tienen las nuevas universidades del conurbano son una muestra de ello), el problema es que muy seguido se baja los brazos por no poder avanzar".
Este es el caso de Agustina Pírez, de 21 años, que mientras estaba cursando el último año de la Escuela Media N° 9 de Fátima, en Pilar, conoció a la Fondation Forge, gracias a la cual consiguió su primer empleo.
"Fuimos con mi mamá a una charla abierta para conocer lo que hacía la fundación y esa misma tarde me inscribí. Unos días después, me llamaron para avisarme que había quedado seleccionada, tuvimos una charla grupal y después una individual. Me anoté para hacer un curso de auxiliar de logística durante ese año. Cursaba dos veces por semana en Pilar después del colegio. Me venía en colectivo mientras comía un sanguchito", recuerda Agustina, quien hace un año vive con su novio en Fátima.
En las clases le enseñaban cómo comportarse en el ámbito laboral, cómo vestirse, cómo enfrentar una entrevista de trabajo. "Después tenés un año de tutorías en donde te reunís una vez por mes para contar cómo te está yendo con las entrevistas o el trabajo. Mi primer empleo fue en Falabella en Unicenter, mientras hacía el primer año de Contaduría en la Universidad del Salvador. Tuve que dejar porque no lo podía sostener. Renuncié al trabajo porque me daba inseguridad volver tan tarde a la noche. Empecé a trabajar como vendedora, después como bróker de seguros en Capital y ahora en el sector de contabilidad de la empresa Cookmaster, en Pilar. Además, decidí estudiar Psicología Social en San Isidro porque curso sólo los sábados de 10 a 17. Estoy muy contenta porque conseguí la meta de tener una carrera. Me queda un año para terminar", cuenta entusiasmada Agustina.
Su mamá es ama de casa, su papá es peluquero y su padrastro hace fletes. Su mamá terminó el secundario pero no siguió los estudios y su papá tiene el primario completo pero no el secundario. "Por eso es tan importante para mí tener mi futuro armadito", agrega esta joven que con su primer sueldo sacó a pasear y al cine a sus dos hermanos menores. Actualmente cobra $7800 por mes y paga $ 2100 de alquiler.
De su paso por la Fundation Forge, rescata que le sirvió para adquirir confianza en sí misma, a tener iniciativa, a destacarse, a ser una buena persona en el ámbito laboral pero también personal. "Ahora soy mucho más suelta y me sirvió mucho con mi familia para saber cómo poder ayudarlos. Te enseñan a manejarte con tu economía y tu sueldo. Mi mamá está re orgullosa porque dice que fue un salto muy grande, que maduré pero no dejé de ser yo. Ahora le dice a todo el mundo que "mi hija estudia y trabaja" y mis hermanos van al colegio con más ganas y la más grande segura que cuando sea grande quiere estudiar y trabajar para ser como yo", cuenta Agustina, a la que en un futuro le gustaría trabajar con chicos y actualmente está ahorrando para poder comprarse un auto.
"Conozco chicos que viven en villas y que gracias a Forge mejoraron muchísimo su calidad de vida. Esta experiencia te cambia mucho el futuro y las expectativas. Es un cambio de panorama frente a la realidad de estudiar y trabajar. Ves que la solución a tus problemas es mucho más fácil de lo que creías. Te sirve para organizar tu futuro de una manera más organizada", finaliza Agustina.
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Para los especialistas el panorama es claro: el único camino para lograr romper con el círculo de pobreza, es concentrar las políticas públicas en una educación de calidad y la inserción al mundo del trabajo.
"Las políticas públicas han intentado contener, transferir dinero y prestar servicios para los sectores más pobres. La Asignación Universal por Hijo, el Programa Conectar Igualdad, los programas del Ministerio de Trabajo como Más y Mejor Trabajo y la iniciativa del Plan Progresar sirven como una buena base para que los más pobres arranquen de un piso más alto pero no están generando condiciones para romper el círculo de la pobreza", dice Arroyo.
En este sentido, resulta fundamental que todos los esfuerzos estén puestos en recuperar la cultura del trabajo, tan bastardeada en estos sectores acostumbrados a vivir de planes sociales. "Para ello es necesario también que, cuando nos referimos al "acceso a un empleo digno", no consideremos solamente el trabajo como un medio para obtener recursos para vivir, sino al trabajo como parte constitutiva de la vida y, como tal, aportante a la realización de las personas", dice Calvo.
Juan Carlos Lembo sufrió en carne propia lo que es no tener un trabajo, y en consecuencia, ir perdiendo todos los vestigios de comodidad. Pasó de vivir en Recoleta junto a su mujer y su hija, de tener dos propiedades, un negocio y un auto, a vivir 7 meses en la calle.
"Evidentemente terminar en la calle no es una elección sino que es una situación que uno no sabe manejar. Yo tuve algunos problemas familiares, hice malos negocios y terminé en la calle. Cuando me separé me fui a vivir al negocio hasta que me fundí y me desalojaron. Te da mucha vergüenza el tener que dar un montón de explicaciones entonces terminás no pidiendo ayuda. Llega un momento en el que uno quiere bajar los brazos. Es un frontón lo que te pasa por encima, sentís que no tenés ninguna posibilidad ni herramienta, y estás en un lugar sin saber cómo y por qué", cuenta Juan Carlos, de 65 años, que un día de junio de 2013 se fue caminando con lo puesto, consiguió un cartón para usar de colchón, encontró un maxiquiosco que le sirvió de resguardo y así pasó su primera noche en la calle, casi sin dormir. Y empezó su derrotero.
"Conocí a los voluntarios de la Fundación Si en la placita que está al lado del hospital de Niños en la calle Paraguay cuando pasaban con las recorridas nocturnas. Me dieron una tarjetita para que viniera a concurrir a los grupos. Yo no tenía nada que perder pero tenía mucho pruritos porque hacía mucho que estaba en situación de calle y no tenía norte", recuerda Juan Carlos, quien después pasó a dormir en un auto abandonado.
Cuando empezó a asistir a la Fundación Si empezaron a cambiar sus perspectivas de futuro. Participaba de los grupos de contención, las charlas, le consiguieron un trabajo y una pensión en donde poder vivir. "Te ayudan en todo lo que pueden, te escuchan, son pares. Podés hablar a calzón quitado y de lo que vos quieras. Estar en calle te va demoliendo y comiendo la autoestima, sentís que cada vez podés menos y cada vez te importan menos las cosas. Y no tenés un norte, y estás sin vida y estás vegetando, entonces capaz agarrás por el lado de la droga o el alcohol. Si no tenés las herramientas para recuperar la motivación es muy difícil. Para la gente en situación de calle es muy difícil salir adelante y que alguien te abra las puertas si no venís con un aval", cuenta Juan Carlos, que está eternamente agradecido con la fundación.
Para él, lo peor de estar en situación de calle fue ver gente consumida por la droga y el alcohol, y no poder hacerles entender que tenían una posibilidad. Hoy, Juan Carlos, está trabajando en una casa de comida vegetariana de ayudante de cocina, vive en una pensión en Constitución, pero tiene ganas de seguir creciendo y por eso escucha ofertas. "No es fácil conseguir trabajo para una persona de mi edad. Y es duro porque te agarran los mieditos. Siempre estoy con la coyuntura y mi única preocupación es mi hija de 11 años. Entiendo que si yo estoy bien, ella va a estar mejor. Yo sólo quiero tener un trabajo estable y vivir lo más dignamente posible", dice Juan Carlos, que rescata en la calle haber conocido a mucha más gente buena que mala en la calle.
"Se puede. No es fácil. Cuesta pero es gratificante sentir que estuve en el infierno y puedo estar en el purgatorio o el cielo. Yo recuperé la motivación, estoy en el buen camino y no estoy solo. Ese es mi capital. Saber que el otro te escucha y sos alguien", concluye.