(Entrevista publicada en el semanario El Economista, viernes 28 de enero de 2011)
Daniel Arroyo trabaja en el Grupo Banco Provincia y fue viceministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Es uno de los especialistas en políticas sociales que mejor conoce la situación de los segmentos más vulnerables del país. Entiende que el crecimiento económico y las políticas sociales juegan un rol fundamental para resolver la pobreza estructural de la Argentina. Sin embargo cree que ninguno de los temas ayuda a mejorar la distribución del ingreso. Para ello dice que hace falta un cambio en el esquema tributario argentino, que es muy parecido al de hace 25 años. La mayoría de los especialistas sostiene que la distribución del ingreso puede mejorarse a partir de una caída sostenida de la pobreza. Sin embargo hay quienes creen que eso en la Argentina es difícil que ocurra porque la economía no crea suficientes empleos de calidad para que más gente salga de la pobreza. Según Arroyo una modificación del sistema tributario mejoraría la distribución del ingreso porque ayudaría a crear empleo de más calidad.
Hay quienes creen que decisiones desde la política como modificar la carga tributaria sobre ciertos sectores puede impactar en la distribución del ingreso ¿Qué opina?
Los políticos pueden modificar la distribución de la riqueza. Pueden ampliar o achicar la brecha. Me parece que para achicar la brecha no alcanza sólo con generar trabajo y bajar la pobreza. En América Latina en los últimos años la brecha mejoró porque se creó más trabajo y los Estados volcaron más recursos para construir viviendas y financiar políticas sociales. La brecha se cerró, es cierto, pero no de una manera significativa.
Entonces, el sistema impositivo importa para mejorar la distribución del ingreso.
La cuestión central para mí está en el tema tributario. En la Argentina el 40% de las personas que trabajan lo hace en negro. Automáticamente esto hace que quienes paguen sus impuestos sufran una carga mayor. Por ejemplo que todos paguen IVA. Me parece que decisiones sobre estos asuntos cambian el esquema de distribución del ingreso pero se trata de cuestiones más políticas que económicas. En América Latina los gobiernos le encontraron la vuelta al manejo de la política social en un contexto internacional favorable pero no han sabido todavía qué hacer para crear sistemas tributarios más progresivos que vayan a la raíz de la concentración del ingreso.
¿Y en la Argentina?
La cuestión tributaria es estructural para bajar la pobreza y mejorar la distribución en la Argentina. El país hoy tiene el mismo esquema organizativo y impositivo que hace 25 años. Así es muy difícil cambiar algo en serio. En 2001 tuvimos 57% de pobres y eso fue una situación excepcional. También es insostenible que crezcamos a 8% anual. ¿Entonces adónde tenemos que apuntar? La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la década del 70 era de 7 a 1. En 2001 esa diferencia se fue a 44-1 y hoy es de 31-1. En mi opinión esa brecha no se achicará a menos que haya una modificación de la estructura tributaria argentina. Hoy la Argentina y la AFIP tienen las herramientas para aplicar impuestos y gravar rentas que hace 20 años eran impensables. En ese sentido el país se ha modernizado mucho en estas últimas dos décadas. Falta una decisión política.
¿Por qué en la Argentina persiste una fuerte desigualdad?
Por tres motivos. Uno es la cuestión de los recursos fiscales. El 70% es administrado por la Nación, 23% por las provincias y 7% por los municipios. Me parece que esta es una distribución acorde a una época de crisis como la que se vivió en 2001. Pero eso pasó y ahora debe ser modificado. En segundo lugar donde se nota que se manifiesta la desigualdad es en el reparto de los ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre. Y acá aparece el tema de la informalidad y la mala calidad de trabajo en la Argentina. Finalmente aparece la cuestión etárea. Los jóvenes duplican al resto de la población en los indicadores sociales: pobreza, desempleo, exclusión, etcétera. En mi opinión mejorar este último punto, esencialmente, depende de descentralizar más los recursos de las políticas sociales, para que las provincias y municipios trabajen sobre las poblaciones más en riesgo.
¿Qué opina del sistema de protección social en la Argentina?
Hay una masa de subsidios aplicada en parte a los sectores pobres y el sistema de protección social fue transformado en los últimos años. Pero no se midieron consecuencias. Por un lado el sistema es contributivo, ¿qué quiere decir esto? Una persona trabajó como gerente ganando $100, se jubila y luego la ANSES le paga $100. Trabajaba como cadete ganando $10, se jubila y gana $10. Este sistema se rompió en la Argentina. Al extender la Asignación Universal por Hijo, la jubilación anticipada y un montón más de derechos, el sistema dejó de ser contributivo. Hoy todos los que tienen más de 65 años se jubilan y todos los que tienen hijos menores de 18 años cobran salario familiar. Me parece que este sistema entró en un límite y hay que modificarlo porque es difícil solventarlo. No todos los beneficiarios aportan al sistema.
Y ¿con qué recursos podría financiarse?
Es la pregunta clave. Para mí de la única manera que se puede hacer es cambiando el sistema tributario.
¿El sistema de protección social debe basarse únicamente en mejorar el ingreso de las personas o también atender otras cuestiones?
El sistema protección social tiene que tener cuatro patas. Una parte tiene que ver con los ingresos. La mayor parte de los pobres en la Argentina lo son porque no les alcanza el dinero, ya sea porque tienen trabajos de mala calidad o empleos informales. Lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas y ayudas como la AUH concentran la mayor parte de la ayuda que estos sectores reciben. La segunda pata de la protección social debería cubrir las condiciones mínimas de vida. Hay un 10% de la población que vive en casas que tienen pisos de tierra, algo más parecido al Siglo XIX que al XXI. La tercera es el tema de salud y educación. En la Argentina hay buena cobertura pero de mala calidad. Efectivamente proporcionalmente van más chicos a la escuela en la Argentina que en Brasil o Chile, la cobertura de salud es más amplia en la Argentina que en aquellos países, pero la calidad se deterioró demasiado. Finalmente, el último punto es la registración. Ningún sistema de protección social puede funcionar bien si el 40% de los trabajadores son informales. Es un problema económico pero también social. El sistema de protección social fue diseñado cuando el 97% de los trabajadores era formal. El plus de vacaciones, obra social, etcétera, son resabios de aquella época y que hoy el 40% de los que trabajan informal no lo perciben.
¿Qué es el Conurbano bonaerense?
Dos corredores. El conurbano ya no se ve en términos de cordones sino en términos de Norte-Sur. Por un lado está el corredor norte que se desenganchó para arriba porque hay mucha inversión privada. Y por el otro el corredor sur que se cayó, se desenganchó para abajo. Hay que invertir mucho dinero para revertir esa tendencia.
¿Cuánto dinero?
Empezaría con $2.500 millones por año en un programa de becas a jóvenes para capacitarlos en trabajos específicos, pagarle a un tutor para que los acompañe y darle un un incentivo fiscal a la empresa que toma ese chico. Es cierto que esto, en algún momento se quiso hacer pero no funcionó. Pero el Estado hoy tiene mayor poder de control sobre la población y puede detectar mejor las irregularidades. El problema es de oferta y demanda. Jóvenes que se capaciten, empresas que los tomen y un tutor que los acompañe.
¿Cómo ve el debate sobre los temas sociales de cara a la campaña?
No lo veo. El gran tema de la Argentina a futuro es el 82% móvil. Pero de eso no se hablará. En mi opinión el país en los últimos años incorporó una gran cantidad de personas a la red de subsidios pero no los incluyó de manera formal en la red de protección social porque se trata de gente que no contribuye. Es evidente que hay un segmento de la población que debe ingresar allí y discutir cómo se financia mantenerlos allí.
viernes, 28 de enero de 2011
martes, 25 de enero de 2011
¿Qué hacer con los chicos que cometen delitos?
(publicado en http://duenosdelfuturotv.blogspot.com/)
Por Daniel Arroyo
Ex ministro de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires
De todos los problemas sociales que tiene nuestro país, nos encontramos con un drama social de proporciones que da cuenta de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que en Argentina no estudian ni trabajan. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo en donde un chico en el Conurbano Bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, hay mucha gente en el lugar, no tiene espacio, no tiene lugar); se va a la esquina porque en la esquina está mejor que en la casa, porque en la esquina hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quién no consume y, especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir, no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción; comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente. Y, cuando se endeuda, se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo es de seis meses en el Conurbano Bonaerense y los Grandes Centros Urbanos en nuestro país.
Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía qué hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, son seis meses. Se completa, luego, con una parte importante de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “Éstos son los pibes causantes de inseguridad; hay robo e inseguridad porque éstos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es, básicamente, poner contra las cuerdas a los pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque entran en marzo a la escuela y se van en abril, en mayo, antes que les llegue el monto de la beca que les llega en agosto o porque, claramente, enganchan un trabajo que era de $ 650.- pero en realidad, les dan $ 450.- y cuando llegó con la motito de un lado a otro, resultó ser que le descontaron las 2 porciones que se comió en el medio y entonces, le quedan $ 220.- y la cuenta que saca ese joven es que no le sirve el trabajo porque cambia la plata y porque a los que se vinculan a otras cosas en el barrio les va mejor que a los que trabajan.
¿Esto quiere decir que los jóvenes que cometen delitos son sólo víctimas?; ¿qué no hay que hacer nada?; ¿que con prevención solamente se resuelve el problema? NO. Hay muchos para modificar y trabajar con los pibes que cometen delitos sin caer en frases hechas y sin creer que la discusión es, sólo, cuál es la edad en la que son imputables por los delitos cometidos. Pero, vale la pena, analizar cuál es el contexto en el que se mueven los jóvenes en Argentina para tener una mirada más integral, que evite tanto la idea de que todo se resuelve con nuevas leyes o que la cuestión pasa exclusivamente por más educación.
Los recientes hechos de inseguridad han reflotado el debate sobre la edad de imputabilidad como en su momento sucedió con los asesinatos de tres jóvenes en Bariloche o la ola de suicidios adolescentes en Rosario de la Frontera.
Parece importante en esta cuestión, separar la paja del trigo:
• Los jóvenes que cometen delitos no son mayoría en el mundo de la delincuencia. Hay jóvenes, pero también hay adultos, altos, bajos, gordos, flacos, mujeres, hombres que cometen delitos. Suponer que los jóvenes son los que cometen más delitos es un error grave que no marca ninguna estadística real. El problema de la inseguridad es generalizado.
• Los jóvenes sí, cometen delitos más violentos, más impactantes y con acciones más mediáticas. No establecen relación y pueden terminar de la peor manera por un par de zapatillas o por $20, eso es en parte producto de las adicciones y también por la idea de que no hay futuro y que en el corto plazo la vida de ellos mismos se va a terminar.
• Es claro que hace falta un sistema de responsabilidad penal juvenil, con jueces y defensores especializados en jóvenes para los que cometen delitos graves. Este sistema debe darle garantías al joven y debe permitirle al juez enviarlo a un instituto cerrado si ha cometido un delito que determine esa situación.
• La cuestión de los delitos graves da cuenta de dos situaciones, a la vez: a) el chico que mata o roba generalmente tiene un mayor detrás y una red de corrupción que usa a los jóvenes. Si no se desbarata esa red, la cosa no va a cambiar; b) la otra cuestión es a dónde va un chico que cometió un delito.
• Los Institutos se encuentran colapsados, abarrotados de chicos que no pueden salir al patio y que usan el aula como una celda más porque no hay otro lugar. El problema hoy de los institutos es el hacinamiento (el mismo que da origen al conflicto social en los grandes centros urbanos). Si no avanzamos en la construcción de institutos de 24 chicos, con escuela adentro, capacitación laboral y máquinas y herramientas que puedan llevarse para trabajar luego, la reinserción pasa a ser sólo una palabra vacía que no tiene ninguna condición real para efectivizarse.
Es necesario, de este modo, un plan masivo que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes y que, además de incluir los programas de becas y apoyo económico que ya se están llevando adelante en la Argentina, incorpore también una red de tutores creíbles para los jóvenes.
En relación al sistema laboral, el problema de los jóvenes no es entender qué tarea deben realizar, sino mantener una rutina laboral de ocho horas, cuando muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar.
Los jóvenes sólo creen en aquellos a quienes ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como sí a algunas personas específicas: la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio. Hay que potenciar una red de tutores para los jóvenes a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
La tarea de la política no parece ser, precisamente, señalarlos con el dedo y echarles la culpa de la inseguridad sino, en todo caso, brindarles oportunidades para que puedan terminar la escuela secundaria y consigan un trabajo decente. La solución de este problema es central para saber qué país queremos para los próximos años.
*Entrevistado por Catalina de Elía (periodista de Dueños del Futuro)
Por Daniel Arroyo
Ex ministro de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires
De todos los problemas sociales que tiene nuestro país, nos encontramos con un drama social de proporciones que da cuenta de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que en Argentina no estudian ni trabajan. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo en donde un chico en el Conurbano Bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, hay mucha gente en el lugar, no tiene espacio, no tiene lugar); se va a la esquina porque en la esquina está mejor que en la casa, porque en la esquina hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quién no consume y, especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir, no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción; comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente. Y, cuando se endeuda, se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo es de seis meses en el Conurbano Bonaerense y los Grandes Centros Urbanos en nuestro país.
Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía qué hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, son seis meses. Se completa, luego, con una parte importante de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “Éstos son los pibes causantes de inseguridad; hay robo e inseguridad porque éstos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es, básicamente, poner contra las cuerdas a los pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque entran en marzo a la escuela y se van en abril, en mayo, antes que les llegue el monto de la beca que les llega en agosto o porque, claramente, enganchan un trabajo que era de $ 650.- pero en realidad, les dan $ 450.- y cuando llegó con la motito de un lado a otro, resultó ser que le descontaron las 2 porciones que se comió en el medio y entonces, le quedan $ 220.- y la cuenta que saca ese joven es que no le sirve el trabajo porque cambia la plata y porque a los que se vinculan a otras cosas en el barrio les va mejor que a los que trabajan.
¿Esto quiere decir que los jóvenes que cometen delitos son sólo víctimas?; ¿qué no hay que hacer nada?; ¿que con prevención solamente se resuelve el problema? NO. Hay muchos para modificar y trabajar con los pibes que cometen delitos sin caer en frases hechas y sin creer que la discusión es, sólo, cuál es la edad en la que son imputables por los delitos cometidos. Pero, vale la pena, analizar cuál es el contexto en el que se mueven los jóvenes en Argentina para tener una mirada más integral, que evite tanto la idea de que todo se resuelve con nuevas leyes o que la cuestión pasa exclusivamente por más educación.
Los recientes hechos de inseguridad han reflotado el debate sobre la edad de imputabilidad como en su momento sucedió con los asesinatos de tres jóvenes en Bariloche o la ola de suicidios adolescentes en Rosario de la Frontera.
Parece importante en esta cuestión, separar la paja del trigo:
• Los jóvenes que cometen delitos no son mayoría en el mundo de la delincuencia. Hay jóvenes, pero también hay adultos, altos, bajos, gordos, flacos, mujeres, hombres que cometen delitos. Suponer que los jóvenes son los que cometen más delitos es un error grave que no marca ninguna estadística real. El problema de la inseguridad es generalizado.
• Los jóvenes sí, cometen delitos más violentos, más impactantes y con acciones más mediáticas. No establecen relación y pueden terminar de la peor manera por un par de zapatillas o por $20, eso es en parte producto de las adicciones y también por la idea de que no hay futuro y que en el corto plazo la vida de ellos mismos se va a terminar.
• Es claro que hace falta un sistema de responsabilidad penal juvenil, con jueces y defensores especializados en jóvenes para los que cometen delitos graves. Este sistema debe darle garantías al joven y debe permitirle al juez enviarlo a un instituto cerrado si ha cometido un delito que determine esa situación.
• La cuestión de los delitos graves da cuenta de dos situaciones, a la vez: a) el chico que mata o roba generalmente tiene un mayor detrás y una red de corrupción que usa a los jóvenes. Si no se desbarata esa red, la cosa no va a cambiar; b) la otra cuestión es a dónde va un chico que cometió un delito.
• Los Institutos se encuentran colapsados, abarrotados de chicos que no pueden salir al patio y que usan el aula como una celda más porque no hay otro lugar. El problema hoy de los institutos es el hacinamiento (el mismo que da origen al conflicto social en los grandes centros urbanos). Si no avanzamos en la construcción de institutos de 24 chicos, con escuela adentro, capacitación laboral y máquinas y herramientas que puedan llevarse para trabajar luego, la reinserción pasa a ser sólo una palabra vacía que no tiene ninguna condición real para efectivizarse.
Es necesario, de este modo, un plan masivo que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes y que, además de incluir los programas de becas y apoyo económico que ya se están llevando adelante en la Argentina, incorpore también una red de tutores creíbles para los jóvenes.
En relación al sistema laboral, el problema de los jóvenes no es entender qué tarea deben realizar, sino mantener una rutina laboral de ocho horas, cuando muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar.
Los jóvenes sólo creen en aquellos a quienes ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como sí a algunas personas específicas: la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio. Hay que potenciar una red de tutores para los jóvenes a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
La tarea de la política no parece ser, precisamente, señalarlos con el dedo y echarles la culpa de la inseguridad sino, en todo caso, brindarles oportunidades para que puedan terminar la escuela secundaria y consigan un trabajo decente. La solución de este problema es central para saber qué país queremos para los próximos años.
*Entrevistado por Catalina de Elía (periodista de Dueños del Futuro)
lunes, 24 de enero de 2011
Entrevista en Canal 5 de Rosario
Daniel Arroyo fue entrevistado este sábado 22 de enero por Canal 5 de Rosario, realizado en el marco de la "XVI Jornada Argentina del Sector Social- Articulación público-privada. Estrategias de desarrollo local con inclusión social". La entrevista volverá a ser emitida el viernes a las 21.30 y sábados 9.30. También se verá durante esta semana en la Red de Cables de la Provincia de Santa Fe.
En las jornadas, Arroyo dialogó sobre “La Equidad y las organizaciones de la sociedad civil. Nuevas respuestas ante los actuales problemas de exclusión”.
En las jornadas, Arroyo dialogó sobre “La Equidad y las organizaciones de la sociedad civil. Nuevas respuestas ante los actuales problemas de exclusión”.
martes, 11 de enero de 2011
Se necesitan reformas sociales
(Nota de opinión publicada en el diario La Nación, martes 11 de enero de 2011)
América latina tuvo un importante crecimiento sostenido en la última década, que posibilitó una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia en la mayoría de sus países. Pero si bien hubo un avance relativo de la distribución del ingreso, la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población.
Uno de los ejes fundamentales de la actual problemática social radica en los grandes centros urbanos, un mundo absolutamente diferente al resto y donde se concentra la gran mayoría de los pobres en los países de América latina. Establecer consideraciones específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y Poder Judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social. A mediano y largo plazo, el desafío central pasa por la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que hoy no parecen tener un horizonte de futuro cierto.
También resulta necesaria una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales, que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o la Argentina.
El microcrédito es, claramente, una política de reducción de la pobreza para estos países, en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico que se augura para estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, también reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
Los niveles de desigualdad vigentes son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica, vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
Estamos ante una oportunidad histórica. Sin duda, la recuperación de las economías latinoamericanas luego de la crisis financiera internacional reciente abre la posibilidad para poner en marcha políticas que mejoren de forma masiva la situación social en los países de la región.
América latina tuvo un importante crecimiento sostenido en la última década, que posibilitó una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia en la mayoría de sus países. Pero si bien hubo un avance relativo de la distribución del ingreso, la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población.
Uno de los ejes fundamentales de la actual problemática social radica en los grandes centros urbanos, un mundo absolutamente diferente al resto y donde se concentra la gran mayoría de los pobres en los países de América latina. Establecer consideraciones específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y Poder Judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social. A mediano y largo plazo, el desafío central pasa por la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que hoy no parecen tener un horizonte de futuro cierto.
También resulta necesaria una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales, que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o la Argentina.
El microcrédito es, claramente, una política de reducción de la pobreza para estos países, en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico que se augura para estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, también reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
Los niveles de desigualdad vigentes son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica, vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
Estamos ante una oportunidad histórica. Sin duda, la recuperación de las economías latinoamericanas luego de la crisis financiera internacional reciente abre la posibilidad para poner en marcha políticas que mejoren de forma masiva la situación social en los países de la región.
jueves, 6 de enero de 2011
Smantellate le case abusive nella Capitale
(publicado en www.cittanova.it, 5 de enero de 2011)
di Alberto Barlocci
A Buenos Aires resta grave il problema della penuria di abitazioni, con una popolazione in continua crescita anche a causa dei tantissimi immigrati. Con lo sgombero pacifico di un terreno appartenente a un club sportivo, il clima sociale nella capitale argentina è tornato alla normalità, anche perché negli ultimissimi giorni sono scemate le altre manifestazioni di protesta dei lavoratori.
Le forze dell’ordine hanno provveduto a smantellare le casupole precarie installate da un centinaio di famiglie che reclamavano una soluzione abitativa immediata. Il deficit di case a Buenos Aires é di 50 mila abitazioni: il municipio ne ha costruite una quantità infinitesimale rispetto alle richieste.
A fine anno, comunque, il sindaco di Buenos Aires ha annunciato un piano edilizio di 8 mila abitazioni da costruire in accordo col governo nazionale. Nel frattempo le decine di baraccopoli della città – denominate “villas miserias” – continuano a crescere.
La capitale ed il suo hinterland, insieme, contano circa 12 milioni di abitanti, con centinaia di migliaia di persone che vivono in precarie “villas miserias”. Per Daniel Arroyo, ex ministro dello Sviluppo sociale della provincia di Buenos Aires, «il problema consiste nel garantire scuole, ospedali e casa proprio nelle provincie di origine», onde fermare un flusso costante di immigrati interni, ai quali si aggiungono immigrati provenienti da Bolivia, Paraguay e Perú «le cui rimesse in dollari comportano un potere d'acquisto importante per il loro paese di provenienza».
Il governo argentino si trova dunque davanti a un forte dilemma: come favorire lo sviluppo locale, le economie regionali all'interno del suo territorio, e ridurre la povertà e la marginalità nella cintura urbana di Buenos Aires.
di Alberto Barlocci
A Buenos Aires resta grave il problema della penuria di abitazioni, con una popolazione in continua crescita anche a causa dei tantissimi immigrati. Con lo sgombero pacifico di un terreno appartenente a un club sportivo, il clima sociale nella capitale argentina è tornato alla normalità, anche perché negli ultimissimi giorni sono scemate le altre manifestazioni di protesta dei lavoratori.
Le forze dell’ordine hanno provveduto a smantellare le casupole precarie installate da un centinaio di famiglie che reclamavano una soluzione abitativa immediata. Il deficit di case a Buenos Aires é di 50 mila abitazioni: il municipio ne ha costruite una quantità infinitesimale rispetto alle richieste.
A fine anno, comunque, il sindaco di Buenos Aires ha annunciato un piano edilizio di 8 mila abitazioni da costruire in accordo col governo nazionale. Nel frattempo le decine di baraccopoli della città – denominate “villas miserias” – continuano a crescere.
La capitale ed il suo hinterland, insieme, contano circa 12 milioni di abitanti, con centinaia di migliaia di persone che vivono in precarie “villas miserias”. Per Daniel Arroyo, ex ministro dello Sviluppo sociale della provincia di Buenos Aires, «il problema consiste nel garantire scuole, ospedali e casa proprio nelle provincie di origine», onde fermare un flusso costante di immigrati interni, ai quali si aggiungono immigrati provenienti da Bolivia, Paraguay e Perú «le cui rimesse in dollari comportano un potere d'acquisto importante per il loro paese di provenienza».
Il governo argentino si trova dunque davanti a un forte dilemma: come favorire lo sviluppo locale, le economie regionali all'interno del suo territorio, e ridurre la povertà e la marginalità nella cintura urbana di Buenos Aires.
miércoles, 5 de enero de 2011
Políticas sociales: Efectividad, claroscuros y campaña electoral
(publicada en el portal www.notio.com.ar, 5 de enero de 2010)
por Mariano Mogni
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer en políticas sociales. Las políticas sociales siempre fueron uno de los principales caballitos de batalla de cualquier gestión en el poder. Sobre todo en años electorales. Y no es ajena la actual administración, ya que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta con uno de los mayores presupuestos de toda la estructura estatal: durante 2011 tendrá 1900 millones de pesos adicionales para aplicar los programas públicos llevados adelante por Alicia Kirchner.
Aún sin la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación, la cartera social tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer.
Los principales programas del Ministerio de Desarrollo Social son el “Argentina Trabaja”, “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” y “Plan Ahí, en el lugar”, sin contar las líneas de microcréditos, pensiones no contributivas, el funcionamiento de los Centros Integradores Comunitarios, el impulso a las cooperativas de trabajo, el tren sanitario o la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, si bien no depende directamente de la cartera social, es la medida más abarcativa de la administración.
Para los analistas, la agenda social tiene cinco ejes a resolver: la pobreza extrema que alcanza al 10 por ciento de la población; la informalidad económica que abarca al 40 por ciento de los que trabajan; la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre ricos y pobres; los jóvenes que no estudian ni trabajan; y la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70 por ciento de la población.
Tanto para Néstor Kirchner como para su esposa y sucesora Cristina Fernández, las políticas sociales siempre fueron, luego de los programas económicos, uno de los ejes de la gestión. Y con la campaña electoral ganando terreno, 2011 no será la excepción.
“La política social es compleja”, dijo Alicia Kirchner quien consideró que “los dos ejes” de la instrumentación son “la generación de trabajo y la protección de la familia”.
Con las usurpaciones de terrenos en Villa Soldati y Lugano que cerraron 2010 de forma convulsionada, la efectividad de las políticas sociales volvió a ser un eje de la discusión.
La visión, desde adentro
Dos referentes de la actividad social opinaron sobre la aplicación de los programas y la eficacia en los resultados. Ambos fueron -en diferentes momentos- muy cercanos a Alicia Kirchner pero, por diversos motivos, se alejaron del Ministerio de Desarrollo Social. Daniel Arroyo y Jorge Ceballos conocen desde adentro el funcionamiento del área social del kirchnerismo.
Ceballos fue subsecretario de Organización y Capacitación Popular del ministerio de Alicia Kirchner hasta que se alejó del gobierno en 2008 junto con el Movimiento Libres del Sur, al que pertenece.
Arroyo, en tanto, ocupó el cargo de secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano (un virtual viceministro nacional) y luego trabajó con Daniel Scioli como titular de la cartera social bonaerense.
“Las políticas sociales son insuficientes, al igual que las políticas económicas”, sentenció Ceballos quien se desencantó con el proyecto nacional cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió “recostarse en el Partido Justicialista” y abandonar la transversalidad.
“Si bien la situación social mejoró aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento”, consideró Arroyo, también distanciado del kirchnerismo puro y actualmente dirigiendo su propio espacio, Fuerza Solidaria.
Para el ex ministro bonaerense, la pobreza se concentra sobre todo en los grandes centros urbanos: “Ha aumentado la bronca social. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras”, opinó Arroyo.
En este marco, Ceballos afirmó que el “concepto de derrame” en torno a las políticas sociales “beneficia a los sectores más concentrados de la economía” y que la desigualdad con los de menores recursos es enorme.
Para el dirigente de Libres del Sur, la primera etapa del gobierno kirchnerista “rompió la inercia de un Estado ausente” y “por eso tuvo tanto respaldo popular”.
Ceballos le dijo a Notio que el comienzo del trabajo social de Alicia Kirchner “pasó por encima” a los gobernadores e intendentes que manejaban a su antojo los planes oficiales. “Se llegaba al territorio y no le avisábamos ni a gobernadores, ni intendentes, ni punteros”, agregó el dirigente, quien por estos días trabaja para ser candidato a intendente de La Matanza. “En el distrito es todo muy clientelar, siempre hay intermediarios”, advirtió el dirigente.
Para Ceballos, la primera impresión de cambio del kirchnerismo se disipó en 2007 y, a partir de ese momento, consideró, las políticas sociales volvieron a ser lo que eran: Se volvió sobre los punteros políticos, los intendentes y los gobernadores. A ellos se les dan las herramientas para que manejen los programas del gobierno, según Ceballos.
Por su parte, Arroyo reclamó la implementación de “políticas públicas de segunda generación”. Según el ex viceministro de Alicia Kirchner, el objetivo es partir de los programas existentes y hacerlos más abarcativos: “El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios”, señaló Arroyo.
“Hay mucho dibujo en las políticas sociales”, concluyó Ceballos. Arroyo, más contemplativo, anticipó que “el contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región” y que ese “viento de cola brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica”.
por Mariano Mogni
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer en políticas sociales. Las políticas sociales siempre fueron uno de los principales caballitos de batalla de cualquier gestión en el poder. Sobre todo en años electorales. Y no es ajena la actual administración, ya que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta con uno de los mayores presupuestos de toda la estructura estatal: durante 2011 tendrá 1900 millones de pesos adicionales para aplicar los programas públicos llevados adelante por Alicia Kirchner.
Aún sin la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación, la cartera social tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer.
Los principales programas del Ministerio de Desarrollo Social son el “Argentina Trabaja”, “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” y “Plan Ahí, en el lugar”, sin contar las líneas de microcréditos, pensiones no contributivas, el funcionamiento de los Centros Integradores Comunitarios, el impulso a las cooperativas de trabajo, el tren sanitario o la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, si bien no depende directamente de la cartera social, es la medida más abarcativa de la administración.
Para los analistas, la agenda social tiene cinco ejes a resolver: la pobreza extrema que alcanza al 10 por ciento de la población; la informalidad económica que abarca al 40 por ciento de los que trabajan; la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre ricos y pobres; los jóvenes que no estudian ni trabajan; y la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70 por ciento de la población.
Tanto para Néstor Kirchner como para su esposa y sucesora Cristina Fernández, las políticas sociales siempre fueron, luego de los programas económicos, uno de los ejes de la gestión. Y con la campaña electoral ganando terreno, 2011 no será la excepción.
“La política social es compleja”, dijo Alicia Kirchner quien consideró que “los dos ejes” de la instrumentación son “la generación de trabajo y la protección de la familia”.
Con las usurpaciones de terrenos en Villa Soldati y Lugano que cerraron 2010 de forma convulsionada, la efectividad de las políticas sociales volvió a ser un eje de la discusión.
La visión, desde adentro
Dos referentes de la actividad social opinaron sobre la aplicación de los programas y la eficacia en los resultados. Ambos fueron -en diferentes momentos- muy cercanos a Alicia Kirchner pero, por diversos motivos, se alejaron del Ministerio de Desarrollo Social. Daniel Arroyo y Jorge Ceballos conocen desde adentro el funcionamiento del área social del kirchnerismo.
Ceballos fue subsecretario de Organización y Capacitación Popular del ministerio de Alicia Kirchner hasta que se alejó del gobierno en 2008 junto con el Movimiento Libres del Sur, al que pertenece.
Arroyo, en tanto, ocupó el cargo de secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano (un virtual viceministro nacional) y luego trabajó con Daniel Scioli como titular de la cartera social bonaerense.
“Las políticas sociales son insuficientes, al igual que las políticas económicas”, sentenció Ceballos quien se desencantó con el proyecto nacional cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió “recostarse en el Partido Justicialista” y abandonar la transversalidad.
“Si bien la situación social mejoró aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento”, consideró Arroyo, también distanciado del kirchnerismo puro y actualmente dirigiendo su propio espacio, Fuerza Solidaria.
Para el ex ministro bonaerense, la pobreza se concentra sobre todo en los grandes centros urbanos: “Ha aumentado la bronca social. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras”, opinó Arroyo.
En este marco, Ceballos afirmó que el “concepto de derrame” en torno a las políticas sociales “beneficia a los sectores más concentrados de la economía” y que la desigualdad con los de menores recursos es enorme.
Para el dirigente de Libres del Sur, la primera etapa del gobierno kirchnerista “rompió la inercia de un Estado ausente” y “por eso tuvo tanto respaldo popular”.
Ceballos le dijo a Notio que el comienzo del trabajo social de Alicia Kirchner “pasó por encima” a los gobernadores e intendentes que manejaban a su antojo los planes oficiales. “Se llegaba al territorio y no le avisábamos ni a gobernadores, ni intendentes, ni punteros”, agregó el dirigente, quien por estos días trabaja para ser candidato a intendente de La Matanza. “En el distrito es todo muy clientelar, siempre hay intermediarios”, advirtió el dirigente.
Para Ceballos, la primera impresión de cambio del kirchnerismo se disipó en 2007 y, a partir de ese momento, consideró, las políticas sociales volvieron a ser lo que eran: Se volvió sobre los punteros políticos, los intendentes y los gobernadores. A ellos se les dan las herramientas para que manejen los programas del gobierno, según Ceballos.
Por su parte, Arroyo reclamó la implementación de “políticas públicas de segunda generación”. Según el ex viceministro de Alicia Kirchner, el objetivo es partir de los programas existentes y hacerlos más abarcativos: “El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios”, señaló Arroyo.
“Hay mucho dibujo en las políticas sociales”, concluyó Ceballos. Arroyo, más contemplativo, anticipó que “el contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región” y que ese “viento de cola brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica”.
martes, 4 de enero de 2011
"Se necesita un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes"
(entrevista publicada en la revista Visión Sustentable, diciembre de 2010)
Daniel Arroyo es uno de los pocos que transitaron por la gestión en sitios de poder y sigue siendo visto como un técnico. Quizás se deba, primero, a que se especializó y estudió en serio, y, segundo, a que nunca perdió el espíritu crítico. Luego de asumir el cargo de viceministro de Desarrollo Social, durante la presidencia de Néstor Kirchner, emigró a la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo de la misma cartera.
"Soy un tipo que tiene ideas y lo que me mueve es ponerlas en práctica, concretarlas", enfatiza quien luego de manejar un presupuesto de $ 18.000 millones se fue con la idea de que sólo se pueden dar vuelta las cosas si se tiene poder político. Entrevistado por Visión Sustentable opinó que el problema más grave que tiene el país son los jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan: "Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades".
Daniel Arroyo- ¿Cuál va a ser el gran valor agregado de la RSE al Estado?
- El Estado es el gran transformador. Es el que sabe de asistencia directa mientras que el sector privado sabe más de proveedores, nicho de mercado, matriz insumo producto, etc. Con lo cual, es más útil que una empresa apoye un emprendimiento productivo que asista a un comedor.
El rol del Estado será darle escala al emprendimiento, otorgar créditos masivos, armar sistemas de comercialización, un sistema tributario que le permita formalizarse. En ese rol del Estado, estamos a mitad de camino.
- ¿Qué papel juegan los sindicatos dentro de este escenario?
- Tienen un poder central. Tienen que comenzar a incorporar más la dimensión de la economía social en el sector informal. Nosotros tenemos que el 60 por ciento está en blanco y el 40 en la informalidad y no hay nada que diga que esto se va a modificar, con lo cual deben sentarse en esa mesa e interactuar con el sector privado pero también con el sector informal y analizar y entender esta etapa de transición, porque sabemos que la formalización de golpe hace mal. Por eso digo que en este proceso hay dos actores centrales, uno el sector privado, y el otro los sindicatos. Y el Estado tiene escala e instrumentos para ponerlo en marcha. Es decir, que no sea una prueba piloto de una empresa que armó su cadena de valor, sino una política pública masiva.
- Ahora, ¿no estamos cada vez más lejos de lograr esta mesa de diálogo social?
- A mi me parece que en los sindicatos, como en la política, como en la dirigencia deportiva hay una segunda línea de gente interesantísima que trata de avanzar y que está muy cerca de lograr las estructuras generales.
- Y que logremos quizás aquello que ha logrado Brasil…
- Es admirable… esencialmente por la historia de vida de Lula. Es una persona que llegó al Gobierno y comenzó a trabajar en una cosa colectiva; que es precisamente aquello que no podemos lograr nosotros, no podemos armar un proyecto común por el cual trabajar…Sin embargo, soy muy optimista … acá vienen años de crecimiento económico sostenido y una renovación natural de la clase dirigente…
- Perdón Daniel, pero el que se vayan todos lo venimos escuchando desde el 2001 y siguen todos…
- Sí, es verdad. Sin embargo, esta vez tenemos la ventaja del contexto internacional y en ese contexto, que se dio en cierta forma por azar, mi apuesta es que esto se reforme, se modifique. Además, sino damos vuelta la hoja con quince años de crecimiento sostenido no la damos vuelta más…Es difícil transformar, pero hay que ir por algo distinto. Y si hacemos las cosas bien esta década la terminamos sin pobreza, sin indigencia, pero por sobre todo con un esquema productivo, económico por muchos años.
- Usted puso en marcha el programa Manos a la obra ¿qué significó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se llevara adelante una iniciativa así?
- Creo que fue un hito porque fue la primera vez que desde lo social se tomo lo productivo como eje central. Yo fui al Gobierno con la idea de que la pobreza es un problema de falta de capitalización, ya que una gran parte de los pobres trabajaban sin herramientas y en forma muy precaria y que había que capitalizarlos. Esto significó una ruptura en el paradigma…
- ¿Qué le modificaría hoy?
- Creo que hay tres situaciones diferentes en términos de economía social. La primera, lo que hace al desarrollo local, es decir, a una comunidad va el tema de turismo, y creamos actividades productivas alrededor de eso. La segunda es lo existente; hay 4 millones de personas que son cuentapropistas, que trabajan pero que les falta infraestructura, con lo cual no hay que analizar si funciona o ese negocio ya que viven de eso. Y por último lo experimental, gente con ideas. En este momento yo lo que haría es masificar las dos primeras destinando el 80 por ciento de los recursos mientras que lo experimental si bien tiene un alto índice de fracaso tiene un valor pedagógico, genera cultura del trabajo, algo fundamental en la Argentina de hoy.
- Fuerza Solidaria es un sistema de microcrédito...
- Exacto, que lo que hace es dar créditos a instituciones que a la vez otorgan crédito a emprendimientos. Son $ 30 millones, 50.000 personas que accedieron con un nivel de mora del 2 por ciento. Básicamente porque tiene una tasa muy baja y porque los sectores pobres tienen un respeto por la palabra mucho mayor. Además, lo utilizan como una cuenta corriente, quiere devolver para sacar otro crédito.
Pero hay que crecer, en Argentina entre todos los que dan crédito al año se llega a los $ 200 millones y se necesitan $ 2.000. Con lo cual hay 4 millones de personas que trabajan pero que no acceden al crédito y se empobrecen no por no tener trabajo sino por no contar con tecnología.
- Y que se masifique o no depende del papel que asuma el Estado
- Es el punto central, porque el sistema de microcrédito es caro, hay que cobrar cada quince días cuotas de $ 50 y para un banco es inviable por el costo operativo que tiene. Por eso, el Estado tiene que aliarse con instituciones que trabajen con este sistema y subsidiar la tasa para lograr una tasa de interés del 6 por ciento.
Como esto no ocurre la persona que necesita el dinero va a Crédito Ya, o Crédito Fácil, que cobran un interés del 80 por ciento anual, cuando no lo puede pagar le ofrecen más plata con una tasa del 120. Como consecuencia generamos otro problema: pobreza con endeudamiento.
- Ahora, ¿cuál es el papel que tiene que asumir la banca privada o el sector privado que dentro de sus acciones de RSE tiene sistemas de microcrédito?
- Yo creo que lo que deben hacer es dar créditos a las instituciones que llegan a los barrios. Y habría que generar fideicomisos o fondos de este tipo que operen como segundo piso.
- Tenemos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan ¿cómo se revierte esta situación? ¿Ayuda tener un sistema educativo flexible como Brasil?
- Si, seguro. Nuestro sistema educativo es rígido, con lo cual el chico vuelve donde dejó, algo inviable porque el mismo sistema lo termina expulsando. Ahora, la única manera de revertir esta situación es incorporarlos al mundo laboral, y para lograrlo necesitas dos cosas, por un lado, generar una red de 20.000 tutores que los ayuden porque el problema más difícil para ellos es ir a trabajar, no tienen la cultura del trabajo; y por otro, que las empresas los tomen y la única forma de que lo hagan es que haya un incentivo fiscal fuerte.
- ¿Cuán lejos estamos de esto?
- Me parece que hay buenos programas, por ejemplo El mejor trabajo para jóvenes, pero el tema es que falta tomar escala. Tenemos que entender que la situación actual no se resuelve con pruebas pilotos, con becas o con algún entrenamiento o capacitación. Hay que tomarlo como problema de Estado, como el problema más grave que tiene el país, algo que aún no sucedió, incluso estamos lejos de entenderlo y el tema se va a complicar.
- Y deviene en algo peor...
- Deviene en inseguridad, en violencia, en informalidad económica. El chico está en la calle, consume, tiene problemas de salud, educación y endeudamiento. Todos temas que tiene que ver con falta de oportunidades laborales. Nosotros tenemos que inventar oportunidades laborales con vínculos con el sector privado para los jóvenes, ellos deben ser la prioridad, sobre todos los que no estudian ni trabajan.
- ¿Cuál es el monto que se necesitaría para comenzar a trabajar?
- Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades. Por eso creo que hay que concientizarse que acá hay un problema de mayorías que se resuelve en gran escala, y la gran escala requiere de una gran política en la que todos los sectores estén involucrando liderados por el Estado. No sirven, lamentablemente, hacer programas aislados.
- ¿Qué papel juega la cultura empresarial?
- Creo que en la cultura empresarial en la Argentina hay mucho por hacer, por repensar, hay que crear espacios de diálogos, poner prioridades. Y la prioridad mayor es que dentro de cinco años no tengamos 900.000 jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan. El sector privado debe tener un rol en eso junto con el Estado.
A su vez, veo un sector privado con ganas de trabajar en esta interacción, si bien por mucho tiempo se dio este alejamiento estamos ante una renovación de la clase política y una renovación de la clase dirigencia sindical y empresarial. Y si bien desde afuera no parece que se esté dando, hay un cambio.
Logros de gestión
Si se tuvieran que enumerar de manera rápida los logros más significativos de Daniel Arroyo en su paso por la función pública se podría decir, sin temor a equivocarse, que uno de sus mayores triunfos fue instalar la idea de que el área social debe estar orientada a lo productivo, hay que dar crédito, hay que hacer evaluación de mercado y planificar. El Plan Manos a la obra es un claro ejemplo de esto.
Otro triunfo que obtuvo en la provincia de Buenos Aires fue lograr que 800.000 madres que recibían bolsones de alimentos tengan una tarjeta de débito, que además de romper todo el tema del clientelismo, es una forma de mejorar la política social y de mover la economía local. Y por último, haber comenzado con el programa de universalización de las asignaciones familiares, en la provincia de Buenos Aires, que lo que hizo fue que las madres que tienen chicos menores de 6 años puedan cobrar asignación familiar, algo que sólo cobraban las que tenían un empleo formal.
Daniel Arroyo es uno de los pocos que transitaron por la gestión en sitios de poder y sigue siendo visto como un técnico. Quizás se deba, primero, a que se especializó y estudió en serio, y, segundo, a que nunca perdió el espíritu crítico. Luego de asumir el cargo de viceministro de Desarrollo Social, durante la presidencia de Néstor Kirchner, emigró a la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo de la misma cartera.
"Soy un tipo que tiene ideas y lo que me mueve es ponerlas en práctica, concretarlas", enfatiza quien luego de manejar un presupuesto de $ 18.000 millones se fue con la idea de que sólo se pueden dar vuelta las cosas si se tiene poder político. Entrevistado por Visión Sustentable opinó que el problema más grave que tiene el país son los jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan: "Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades".
Daniel Arroyo- ¿Cuál va a ser el gran valor agregado de la RSE al Estado?
- El Estado es el gran transformador. Es el que sabe de asistencia directa mientras que el sector privado sabe más de proveedores, nicho de mercado, matriz insumo producto, etc. Con lo cual, es más útil que una empresa apoye un emprendimiento productivo que asista a un comedor.
El rol del Estado será darle escala al emprendimiento, otorgar créditos masivos, armar sistemas de comercialización, un sistema tributario que le permita formalizarse. En ese rol del Estado, estamos a mitad de camino.
- ¿Qué papel juegan los sindicatos dentro de este escenario?
- Tienen un poder central. Tienen que comenzar a incorporar más la dimensión de la economía social en el sector informal. Nosotros tenemos que el 60 por ciento está en blanco y el 40 en la informalidad y no hay nada que diga que esto se va a modificar, con lo cual deben sentarse en esa mesa e interactuar con el sector privado pero también con el sector informal y analizar y entender esta etapa de transición, porque sabemos que la formalización de golpe hace mal. Por eso digo que en este proceso hay dos actores centrales, uno el sector privado, y el otro los sindicatos. Y el Estado tiene escala e instrumentos para ponerlo en marcha. Es decir, que no sea una prueba piloto de una empresa que armó su cadena de valor, sino una política pública masiva.
- Ahora, ¿no estamos cada vez más lejos de lograr esta mesa de diálogo social?
- A mi me parece que en los sindicatos, como en la política, como en la dirigencia deportiva hay una segunda línea de gente interesantísima que trata de avanzar y que está muy cerca de lograr las estructuras generales.
- Y que logremos quizás aquello que ha logrado Brasil…
- Es admirable… esencialmente por la historia de vida de Lula. Es una persona que llegó al Gobierno y comenzó a trabajar en una cosa colectiva; que es precisamente aquello que no podemos lograr nosotros, no podemos armar un proyecto común por el cual trabajar…Sin embargo, soy muy optimista … acá vienen años de crecimiento económico sostenido y una renovación natural de la clase dirigente…
- Perdón Daniel, pero el que se vayan todos lo venimos escuchando desde el 2001 y siguen todos…
- Sí, es verdad. Sin embargo, esta vez tenemos la ventaja del contexto internacional y en ese contexto, que se dio en cierta forma por azar, mi apuesta es que esto se reforme, se modifique. Además, sino damos vuelta la hoja con quince años de crecimiento sostenido no la damos vuelta más…Es difícil transformar, pero hay que ir por algo distinto. Y si hacemos las cosas bien esta década la terminamos sin pobreza, sin indigencia, pero por sobre todo con un esquema productivo, económico por muchos años.
- Usted puso en marcha el programa Manos a la obra ¿qué significó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se llevara adelante una iniciativa así?
- Creo que fue un hito porque fue la primera vez que desde lo social se tomo lo productivo como eje central. Yo fui al Gobierno con la idea de que la pobreza es un problema de falta de capitalización, ya que una gran parte de los pobres trabajaban sin herramientas y en forma muy precaria y que había que capitalizarlos. Esto significó una ruptura en el paradigma…
- ¿Qué le modificaría hoy?
- Creo que hay tres situaciones diferentes en términos de economía social. La primera, lo que hace al desarrollo local, es decir, a una comunidad va el tema de turismo, y creamos actividades productivas alrededor de eso. La segunda es lo existente; hay 4 millones de personas que son cuentapropistas, que trabajan pero que les falta infraestructura, con lo cual no hay que analizar si funciona o ese negocio ya que viven de eso. Y por último lo experimental, gente con ideas. En este momento yo lo que haría es masificar las dos primeras destinando el 80 por ciento de los recursos mientras que lo experimental si bien tiene un alto índice de fracaso tiene un valor pedagógico, genera cultura del trabajo, algo fundamental en la Argentina de hoy.
- Fuerza Solidaria es un sistema de microcrédito...
- Exacto, que lo que hace es dar créditos a instituciones que a la vez otorgan crédito a emprendimientos. Son $ 30 millones, 50.000 personas que accedieron con un nivel de mora del 2 por ciento. Básicamente porque tiene una tasa muy baja y porque los sectores pobres tienen un respeto por la palabra mucho mayor. Además, lo utilizan como una cuenta corriente, quiere devolver para sacar otro crédito.
Pero hay que crecer, en Argentina entre todos los que dan crédito al año se llega a los $ 200 millones y se necesitan $ 2.000. Con lo cual hay 4 millones de personas que trabajan pero que no acceden al crédito y se empobrecen no por no tener trabajo sino por no contar con tecnología.
- Y que se masifique o no depende del papel que asuma el Estado
- Es el punto central, porque el sistema de microcrédito es caro, hay que cobrar cada quince días cuotas de $ 50 y para un banco es inviable por el costo operativo que tiene. Por eso, el Estado tiene que aliarse con instituciones que trabajen con este sistema y subsidiar la tasa para lograr una tasa de interés del 6 por ciento.
Como esto no ocurre la persona que necesita el dinero va a Crédito Ya, o Crédito Fácil, que cobran un interés del 80 por ciento anual, cuando no lo puede pagar le ofrecen más plata con una tasa del 120. Como consecuencia generamos otro problema: pobreza con endeudamiento.
- Ahora, ¿cuál es el papel que tiene que asumir la banca privada o el sector privado que dentro de sus acciones de RSE tiene sistemas de microcrédito?
- Yo creo que lo que deben hacer es dar créditos a las instituciones que llegan a los barrios. Y habría que generar fideicomisos o fondos de este tipo que operen como segundo piso.
- Tenemos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan ¿cómo se revierte esta situación? ¿Ayuda tener un sistema educativo flexible como Brasil?
- Si, seguro. Nuestro sistema educativo es rígido, con lo cual el chico vuelve donde dejó, algo inviable porque el mismo sistema lo termina expulsando. Ahora, la única manera de revertir esta situación es incorporarlos al mundo laboral, y para lograrlo necesitas dos cosas, por un lado, generar una red de 20.000 tutores que los ayuden porque el problema más difícil para ellos es ir a trabajar, no tienen la cultura del trabajo; y por otro, que las empresas los tomen y la única forma de que lo hagan es que haya un incentivo fiscal fuerte.
- ¿Cuán lejos estamos de esto?
- Me parece que hay buenos programas, por ejemplo El mejor trabajo para jóvenes, pero el tema es que falta tomar escala. Tenemos que entender que la situación actual no se resuelve con pruebas pilotos, con becas o con algún entrenamiento o capacitación. Hay que tomarlo como problema de Estado, como el problema más grave que tiene el país, algo que aún no sucedió, incluso estamos lejos de entenderlo y el tema se va a complicar.
- Y deviene en algo peor...
- Deviene en inseguridad, en violencia, en informalidad económica. El chico está en la calle, consume, tiene problemas de salud, educación y endeudamiento. Todos temas que tiene que ver con falta de oportunidades laborales. Nosotros tenemos que inventar oportunidades laborales con vínculos con el sector privado para los jóvenes, ellos deben ser la prioridad, sobre todos los que no estudian ni trabajan.
- ¿Cuál es el monto que se necesitaría para comenzar a trabajar?
- Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades. Por eso creo que hay que concientizarse que acá hay un problema de mayorías que se resuelve en gran escala, y la gran escala requiere de una gran política en la que todos los sectores estén involucrando liderados por el Estado. No sirven, lamentablemente, hacer programas aislados.
- ¿Qué papel juega la cultura empresarial?
- Creo que en la cultura empresarial en la Argentina hay mucho por hacer, por repensar, hay que crear espacios de diálogos, poner prioridades. Y la prioridad mayor es que dentro de cinco años no tengamos 900.000 jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan. El sector privado debe tener un rol en eso junto con el Estado.
A su vez, veo un sector privado con ganas de trabajar en esta interacción, si bien por mucho tiempo se dio este alejamiento estamos ante una renovación de la clase política y una renovación de la clase dirigencia sindical y empresarial. Y si bien desde afuera no parece que se esté dando, hay un cambio.
Logros de gestión
Si se tuvieran que enumerar de manera rápida los logros más significativos de Daniel Arroyo en su paso por la función pública se podría decir, sin temor a equivocarse, que uno de sus mayores triunfos fue instalar la idea de que el área social debe estar orientada a lo productivo, hay que dar crédito, hay que hacer evaluación de mercado y planificar. El Plan Manos a la obra es un claro ejemplo de esto.
Otro triunfo que obtuvo en la provincia de Buenos Aires fue lograr que 800.000 madres que recibían bolsones de alimentos tengan una tarjeta de débito, que además de romper todo el tema del clientelismo, es una forma de mejorar la política social y de mover la economía local. Y por último, haber comenzado con el programa de universalización de las asignaciones familiares, en la provincia de Buenos Aires, que lo que hizo fue que las madres que tienen chicos menores de 6 años puedan cobrar asignación familiar, algo que sólo cobraban las que tenían un empleo formal.
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