Desafíos para los sistemas de protección social en América Latina

Desafíos para los sistemas de protección social en América Latina
Challenges for social protection systems in Latin America

(Publicado en la Revista Internacional Cuatrimestral de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa)

Por Daniel Arroyo
FLACSO Argentina



Hasta el año 2008, la región de América Latina experimentó un importante crecimiento sostenido, lo que significó una substancial mejora en los indicadores sociales. La crisis global reciente, por su profundidad y significación económica, política y comercial, impactó negativamente sobre el contexto económico-social en América Latina. A partir de mediados de 2009, el mundo y la región, fueron alcanzados por una crisis con pocos registros en las últimas décadas. La crisis financiera inicialmente generada en Estados Unidos, se transfirió a la economía real cuestionando todas las visiones y teorías sobre los mercados internacionales. Y si bien hay algunos indicadores que muestran que la crisis obtuvo un piso y que la antesala de un crecimiento mundial parece relativamente cercana, los indicadores todavía son complejos y las secuelas igualmente profundas, principalmente en la situación social.
Esto genera un desafío para todos los Sistemas de Protección Social (SPS) en la región, ya que se debe enfrentar una crisis que no sólo significa incremento en los indicadores de desempleo y subempleo, sino también en los niveles de pobreza. Este artículo realizará un análisis de lo hecho en los últimos cinco años, con el propósito de observar las tendencias generales y particulares de los países de la región latinoamericana. El foco estará puesto en los casos de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú.

El crecimiento económico de los últimos años
Durante la última década en América Latina se pudo observar un crecimiento económico sostenido tal, que según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la tasa media de crecimiento anual, del Producto Interno Bruto (PIB) real (a precios constantes) por habitante, pasó del 1.5% (período 1990-2000) al 3.2% (en el periodo 2002-2008).
Para el Banco Mundial, durante el período 2000-2007, se dio un incremento importante del PBI real por habitante en toda la región. No obstante, dicho incremento se podría dividir en 3 grandes grupos: superior a US$ 2.000 (entre los que está Argentina), entre US$ 1.000 y US$ 2.000 (en donde podemos encontrar a Brasil) e inferior a US$ 1.000 (entre los que se encuentra Perú).
Este crecimiento económico, puede atribuirse a cuatro factores básicos en la región:
En primer lugar, el aumento del precio de los bienes agroindustriales como la soja, los aceites, los combustibles, los petroquímicos, el trigo, el maíz, el acero y algunos productos industriales derivados de la actividad metalmecánica. Además, se puede observar un incremento de la demanda de bienes por parte de las “nuevas potencias” asiáticas (China e India) como grandes demandantes de los productos que exportan los países de la región.
En segundo lugar, el éxito de este crecimiento económico se vinculó también a un nuevo manejo macroeconómico que impulsó el consumo y la demanda agregada, abandonando políticas ortodoxas vinculadas al ajuste o a limitaciones en la expansión del producto. En este sentido, se promovieron tipos de cambio reales competitivos que permitieron mejorar la balanza de pagos, como así también políticas monetarias expansivas, acompañando la oferta del incremento de bienes.
En tercer lugar, una política de desendeudamiento hasta la crisis, que permitió abandonar paulatinamente el problema del default en la región, marcando una recomposición en cuentas fiscales y por lo tanto, solidez en el mediano plazo. En el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, esta situación significó el desendeudamiento con algunos organismos multilaterales, en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todos estos factores económicos, sumado al incremento en los recursos de los planes y programas sociales, permitieron importantes mejoras (por lo menos hasta 2008) en los indicadores de los países seleccionados en esta investigación.
Tal vez, como aspecto negativo, se puede observar que a la par de una etapa de crecimiento económico sostenido se produjo un incremento de los precios internos (inflación) en gran parte de los países de la región. Probablemente el aumento de la demanda de bienes y servicios, no acompañado por un aumento de la oferta, sea un factor relevante a la hora de evaluar el incremento de los índices de inflación. Esto es muy importante para los sistemas de protección social porque impacta de manera notable en los indicadores de pobreza e indigencia, lo que significa problemas de escala e inclusión social de importantes sectores de la sociedad.

El impacto sobre los indicadores sociales
De los países analizados, en cuanto a la magnitud de la pobreza, Argentina y Chile se encontrarían en un primer grupo con bajos o moderados niveles de pobreza. Brasil, México y Panamá se ubican en un segundo grupo de nivel medio bajo. De todas formas, se trata de sociedades con importantes desigualdades regionales y entre los diferentes sectores de población.
El nivel más alto de pobreza del conjunto de países analizados lo tienen Perú, Colombia y Ecuador, cuyos indicadores de pobreza varían entre 40 y 55 por ciento del total poblacional. Por tanto, la situación en estos países es realmente crítica: la mitad de la población no percibe ingresos que le permitan cubrir sus necesidades primarias.
En el caso de Brasil en esta última década ha logrado descender las estimaciones de pobreza, lo que permite ubicarlo dentro de los países con nivel medio bajo de pobreza. Junto con Bolivia es el país que tuvo el mayor descenso de los indicadores de pobreza, a razón de tres puntos porcentuales por año. De todas formas, el problema más grave en Brasil es la desigualdad persistente en el tiempo. Similar comportamiento es el de México, que se destaca por los graves problemas de pobreza rural y de desigualdad.
La desigualdad se encuentra estrechamente vinculada a la pobreza, y muestra los patrones de distribución de ingresos entre los distintos grupos sociales y la brecha entre ambos. La región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población de los países. Si bien en la última década se corrobora cierta tendencia a la mejora de la distribución del ingreso en la mayoría de los países estudiados, se trata de una reducción muy poco significativa que no modifica los patrones de distribución regional, claramente inequitativos. Estas desigualdades operan en el acceso a los servicios básicos como salud y educación y a la inclusión laboral de las personas. Hoy ya no es posible hablar de pobreza sin considerar que cada vez es mayor el sentimiento de privación relativa que tiene la población en general. La brecha entre las expectativas de consumo en relación con los ingresos reales de las personas reconfigura las nociones de inclusión y exclusión.
La informalidad y la precarización de los puestos de trabajo imprimen un sesgo importante en la calidad de la inserción laboral de las personas y afecta particularmente a los sectores pobres. Datos de la CEPAL muestran que la tasa de desempleo abierta resulta mayor para los tramos de edad comprendidos entre los 15 y los 29 años y desciende conforme avanza la edad de la población. Asimismo, las mujeres jóvenes se encuentran en una situación aún mayor de desventaja respecto de los varones con tasas de desempleo del orden del 23% para el tramo entre 15 y 19 años y del 17% entre 20 y 24 años.
En relación a los sistemas de políticas sociales, se observa una tendencia general que muestra que las prioridades pasan por la asistencia y la seguridad social y, en segundo término, la educación. En general el 50% de la inversión en gasto social la tiene el sistema de seguridad y asistencia social, seguido por el 20% de inversión en educación. En tanto salud alcanza un nivel de gasto similar aunque menor al de educación, alcanzando en ciertos casos al 20% del total del gasto social.

Sistemas de protección social
Los sistemas de protección social en los países de la región deben considerarse como política de Estado debido a la situación social caracterizada por altos niveles de exclusión. Así, el objetivo central de una política de esas características debe pretender un sentido de integralidad, evitando la dispersión de recursos y la duplicación de estructuras. El propósito de priorizar una gestión de mayor impacto en la inclusión social, supone un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas y especializadas por tipo de prestaciones o beneficiarios a atender.
Otro nivel dentro de la integralidad para los SPS, es la dimensión territorial. Más allá de la existencia de países con estructuras institucionales federales o unitarias, es importante que cada nivel local, provincia o región, actúe en forma coordinada. Esto significa el reconocimiento de la importancia de los distintos roles y la institucionalización de un modelo de intervención que introduzca las especificidades propias de cada provincia y municipio. Supone alcanzar un equilibrio adecuado entre pluralidad, coordinación y cooperación.
En este marco, y con el objeto de involucrar a todos los actores que participan en los SPS, se deben procurar ámbitos de concertación. Esto permitirá aumentar las sinergias de los diferentes actores para el desarrollo de políticas, programas y acciones que promuevan o fortalezcan los SPS. La opción no es la de crear nuevos espacios asociativos sino fortalecer, refuncionalizar y apoyar a los preexistentes, asegurando de esta manera, no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local, ni interferir en las formas participativas con las que se encuentran familiarizados los actores locales y la sociedad civil. (Arroyo, 2006)
También es necesario elaborar propuestas para desarrollar un SPS que no signifique acciones acotadas o fraccionadas, sino que produzcan un impacto en términos de inclusión social efectiva de las personas desde una perspectiva más integral y a largo plazo.
Las intervenciones a escala (como parece ser la necesidad actual de los principales países estudiados), requieren flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones particulares de cada localidad o región. Los SPS así concebidos, hacen referencia directamente a las necesidades sociales detectadas y demandadas desde cada lugar, promoviendo la participación activa de los actores locales para dar respuestas a las mismas, recuperando las capacidades y potencialidades instaladas.
La integralidad de las acciones para la constitución de un SPS, se concibe como la forma de gestionar políticas sociales desde la realidad territorial y bajo una concepción de una real promoción, encontrando su cabal complementación en una planificación e institucionalidad. Por lo tanto, la construcción de un SPS supone articulación de políticas de salud, educación, seguridad social, infraestructura, políticas laborales y políticas de asistencia social, entendidas como un proceso donde los diferentes países parten de una trayectoria más o menos avanzada según las características particulares de cada uno.
En particular y en relación a las políticas de asistencia social, que contemplan en este estudio el eje alimentario, el de promoción y protección familiar, el productivo, el de juventud y el de transferencias de ingreso, la importancia de la integralidad es de suma importancia porque los sectores involucrados son los más vulnerables.

Algunas recomendaciones específicas
Las recomendaciones más generales para la construcción de los SPS ya se han desarrollado en el punto anterior, no obstante, cada país tiene características muy particulares y las consideraciones deben enumerarse en función de su categoría y en relación a la capacidad del Estado de conformar un SPS, programas de SPS o proyectos de política social.

Categoría I. Autonomía Alta:
A este grupo de países con recursos económicos suficientes, capacidad técnica, participación comunitaria y tradición históricas de políticas sociales, se sugieren las siguientes recomendaciones:
• Promover la consolidación de sus SPS, a través de de diferentes alternativas de tipo institucionales (leyes, reglamentaciones, etc.), económicas (ampliación de las partidas, financiamiento estratégico, etc.) y burocráticas (política de recursos humanos). El propósito es que los SPS puedan fortalecerse institucionalmente, se conciban en mediano plazo y no dependan de los gobiernos, sino que se conciban como políticas de Estado. De cualquier forma, es importante destacar algunas diferencias entre los países de este grupo y consideraciones más específicas.
En el caso de la Argentina, si bien la Asignación Universal por Hijo, es un avance muy importante, debe procurar que la política se convierta en ley y además terminar de consolidar un sistema integrado de información, monitoreo y evaluación de los nuevos sectores incluidos, como manera de pensar un punto de partida hacia políticas de reentrenamiento laboral, de fortalecimiento del eje productivo, de políticas sanitarias y de juventud. Brasil, ha conformado un SPS con importantes recursos y dispositivos legales y reglamentarios, pero debe ampliar la cantidad de beneficiarios a su programa principal Bolsa Familia. Aun, siendo la política de promoción social más importante de América Latina, todavía quedan excluidos muchos grupos en condición de vulnerabilidad. En México, el problema central es este mismo, la cantidad de personas incluidas es considerablemente menor que en Brasil. En ese sentido, en los próximos años la tarea debe ser alcanzar cierto grado de pasividad, lo que significaría modificar algunas reglamentaciones que tienden a focalización, principalmente en el Programa Oportunidades. En Chile, el SPS tiene una buena cobertura integrada, aunque las transferencias monetarias deben incrementarse y universalizarse ya que el núcleo duro de la pobreza tendrá un nuevo “piso” para sus posibilidades de inclusión social.

Categoría II. Autonomía Media
Este grupo de países tiene la tarea de conformar sus SPS. Si bien algunos países han logrado altos niveles de eficiencia en programas de protección social, esto funciona como un punto partida, y requiere plantear como punto de llegada un SPS. A continuación se destacan algunas recomendaciones:
• Este grupo de países han podido generar programas de protección social a partir de un eje en particular. Desde este punto de partida hacia el punto de llegada entendido como conformación del SPS, puede haber diferentes recorridos debido a las características de cada país. No obstante, por la necesidad de incrementar los recursos o tal vez, la conformación de una burocracia eficiente y de superar y modificar algunos mecanismos de participación comunitaria muy poco relevantes, el desafío es profundizar el camino ya establecido a partir de un programa en particular: alimentario, de transferencia de ingresos, productivo, familiar o vinculado a los jóvenes.
• En el caso de Colombia la política social tiende a ser masiva llegando a 1,5 millón de familias, pero son excluidos gran parte de la población rural o cercana a las zonas de conflicto armado. Los Programas dependientes del Ministerio de Protección Social aún no han conformado un SPS ya que la prioridad es la seguridad ciudadana y el combate a la pobreza. Costa Rica, tiene una larga trayectoria de políticas sociales inclusivas, recursos considerables y, dentro de los tres, es el país que mejor se encamina hacia un SPS. Sin embargo, no ha desarrollado burocracias eficientes ni la universalidad e integralidad se ha dado, ya que sólo prioriza el eje alimentario acorde con los problemas sociales existentes. Una iniciativa a considerar sería universalizar el Plan de Intervención Familiar y orientarlo hacia perspectivas más integrales. Panamá, con una corta tradición en la existencia de SPS, ha comenzado desde 2005 a abordar la problemática social desde el eje de seguridad alimentaria con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional pero todavía está en los inicios. Si bien su nivel de gasto social es importante, requiere de políticas en lo productivo y transferencia de ingresos y de juventud, como así también en la conformación de burocracias estatales acordes con la problemática.

Categoría III. Autonomía Baja
Este grupo de países se encuentra más alejado en su trayectoria hacia conformación de un SPS. El recorrido recomendado, establecería en primer lugar, desarrollar programas de protección social y luego SPS. En el caso de los países con baja autonomía, se recomiendan las siguientes líneas de acción:
• Realizar diagnósticos previos para identificar las problemáticas más urgentes a resolver y a partir de allí proponer un programa nacional integral, identificando la institucionalidad, los recursos y los actores necesarios para ello. En el caso de los dos países de este grupo, esa etapa está en curso, no así la conformación de las burocracias y los recursos necesarios para ello.
• En el caso de Ecuador, además de que los recursos son muy escasos, hay pocas agencias estatales con tradición histórica y actores eficientes involucrados en la política social. La creación del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y la existencia de ciertos derechos en la Constitución, plantea un primer paso que debe ser completado con un programa integral a mediano plazo. Podría ser el caso del eje alimentario y en particular en la población indígena que representa el 80% de la población. Perú, si bien tiene una mayor tradición que Ecuador en materia de protección social, su política de lucha contra la pobreza es precaria y sus acciones muy fragmentadas. Se observa una baja inversión social desde hace varios años, especialmente orientada al eje alimentario, y sólo en parte al productivo. El país debería universalizar la seguridad alimentaria, reorientarla y profundizarlo a través de políticas de transversalidad en las acciones de transferencia.

Los retos centrales
Sobre estas ideas y partiendo de la base de que nos encontramos frente al cierre de un ciclo de políticas sociales y al debate acerca de cómo debemos seguir se proponen a continuación diez ideas en torno a cual podría ser el rol o la estrategia a encarar por los organismos internacionales para incidir en la evolución de la situación social de los próximos años.
La evolución de la situación social de los próximos años presenta una serie de desafíos clave:
1. A mediano y largo plazo, las políticas sociales van a estar hegemonizadas por lo referido a la inclusión de los jóvenes y a la problemática en torno a su inserción y a los ejes de seguridad, trabajo y educación.
2. Los grandes centros urbanos son un mundo absolutamente diferente al resto como problema para la política social y es en dónde se concentran la gran mayoría de los pobres en estos países de América Latina. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
3. El núcleo del problema está en la desigualdad en la medida en que estos procesos han achicado la pobreza pero no redujeron de manera significativa la brecha entre los más ricos y los más pobres. Es fuente de tensión y de violencia en la medida en que genera privación relativa (brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales). Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
4. Resulta necesario una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales que otorguen velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o Argentina.
5. El microcrédito es claramente una política de reducción de la pobreza para estos países en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico podría impactar sobre estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
6. Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.

Nuevos objetivos para nuestras comunidades de naciones
En las dos últimas décadas, el desarrollo de América Latina, en el marco de la globalización y de los cambios que produce la economía mundial, está muy asociado al fortalecimiento institucional de organismos como el MERCOSUR, el UNASUR, el ALBA, la Comunidad Andina de Naciones, entre otras. De su consolidación dependerá la capacidad de la región para interactuar internamente y para posicionarse frente al resto de los bloques internacionales.
Este fortalecimiento institucional no es sólo necesario sino que se convierte en una meta posible de alcanzar. En el último tiempo, Latinoamérica ha logrado saldar un déficit histórico vinculado a su escasa capacidad de tomar decisiones y actuar como un bloque unificado. Tres importantes cambios asociados al actual momento histórico explican este logro reciente: el primero se asocia a la existencia de mandatarios presidenciales y actores políticos con una mirada común en términos de tendencias y procesos políticos latinoamericanos; el segundo se vincula al contexto macroeconómico favorable, basado en la revaluación que han tenido las materias primas y los alimentos y donde se proyecta la continuidad de este crecimiento sustantivo para los próximos años; y el tercero responde a los frutos de un proceso de institucionalidad regional que comenzó a fines de los años ochenta.
Así como la Unión Europea estableció parámetros económicos, ahora llegó el momento de los parámetros sociales. Con el viento político y económico a favor, llegó la hora de establecer las metas sociales a nuestras comunidades de naciones latinoamericanas, y definir un piso mínimo de acceso a derechos y ciudadanía por debajo del cual nadie pueda estar.
Si bien el eje social de la región ha comenzado a tener un rol más protagónico, generando fondos y políticas sociales de acuerdo común entre los países latinoamericanos, el gran desafío es darles mayor escala a las áreas sociales de los bloques regionales, con la mirada puesta en el desarrollo y el equilibrio de las asimetrías. Para ello, será necesario establecer un conjunto de parámetros sociales para la región. Así como en países como la Argentina existen determinadas metas educativas -como la terminalidad de la secundaria, o la cobertura a través de la Asignación Universal por Hijo-, también será de gran utilidad establecer pisos mínimos a ser alcanzados por todos los países de la región sobre vivienda social, salud, educación y condiciones de trabajo. Para el cumplimiento de estas metas comunes, será necesario definir de forma paralela un fondo específico de recursos donde los países más fuertes, Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina, tendrán que hacer el mayor esfuerzo para que todos los países acuerden un denominador común de acceso a derechos y ciudadanía.


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Encuentro Finanzas Solidarias 2011

El presidente de Fuerza Solidaria, Daniel Arroyo, encabezará este miércoles 30 de noviembre el encuentro "Finanzas solidarias, promoviendo trabajo digno”, que organiza ese programa de crédito en la Facultad de Agronomía de la ciudad de La Plata.
En el marco de una jornada de trabajo con las organizaciones que reciben el apoyo del Programa Fuerza Solidaria buscando mejorar la realidad de las personas, las familias y las comunidades de la Provincia, se propone conocer los resultados, renovar el debate y generar nuevas propuestas.
Durante la jornada también se presentará el Manual de Formación de Capacitadores, la nueva Página Web de Fuerza Solidaria, y un mapeo de oportunidades de comercialización. Por otro lado, el Consejo Consultivo de Usuarios de Fuerza Solidaria informará sobre los avances realizados durante este primer año de
trabajo, las perspectivas y los desafíos para 2012. Se realizará también una recorrida por la Feria “Manos de la Tierra”.
Desde su creación, el Programa asistió con crédito a más de 135 Organizaciones de Microcrédito y Proyectos de la Economía Social, en todo el ámbito provincial, y de diversos sectores de la producción.
En marzo de 2010 ya se reunieron más de 60 organizaciones sociales en el primer encuentro, en Vicente López, y en Noviembre de 2010, durante la primera edición de “Finanzas Solidarias”, participaron más de 400 personas pertenecientes a 100 Organizaciones sociales, intercambiando experiencias, debatiendo y generando propuestas para incorporar al Programa. El encuentro de este año busca replicar y profundizar esas experiencias, incorporando la presentación de los avances vinculados con aquellas propuestas realizadas en 2010 e incentivando, a su vez, nuevas ideas para implementar en el futuro.

Continúa el curso sobre descentralización gubernamental

Daniel Arroyo brindará el segundo módulo del curso sobre "Descentralización gubernamental: Desafíos de la implementación de políticas públicas a escala local" este martes 29 de noviembre en la sede del Ministerio de Trabajo (Avenida Leandro N. Alem y Tucumán). Está orientado a todos los empleados, cualquiera sea su rango, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En este segundo tramo, Arroyo disertará sobre los modelos de gestión y los niveles e instrumentos de planificación local. Los objetivos del curso son analizar el marco teórico y los conceptos vinculados a la descentralización gubernamental y el desarrollo local para un mejor abordaje de la temática; investigar los diversos modelos de gestión existentes con el fin de conocer las formas en las que se pueden ejecutar las políticas públicas; identificar los niveles e instrumentos de planificación local; conocer estrategias de coordinación para una mejor implementación de las políticas públicas en el territorio; y reflexionar sobre casos concretos en el territorio de descentralización gubernamental y de implementación de políticas públicas con el objetivo que los participantes puedan incorporar herramientas útiles en su tarea cotidiana. El curso consta de cinco jornadas de tres horas cada una.

Seminario de “Políticas Socioambientales para el Desarrollo”

Daniel Arroyo disertará en el primer Seminario Nacional de “Políticas Socioambientales para el Desarrollo”, que se realiza del viernes 25 al domingo 27 de noviembre en el Hotel Las Lajas de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. El encuentro está organizado por la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), la Fundación Konrad Adenauer de Alemania (KAS) y el Instituto Provincial de Capacitación Municipal (INCAM), organismo dependiente del Gobierno de Córdoba.
Arroyo integrará el panel “El desarrollo humano sustentable como centro de la acción política”, que tendrá lugar el sábado 26, a las 9.30. Compartirá la mesa de debate junto a
Javier Antonietti (Secretario Ejecutivo Comisión de Pastoral Social Argentina); Oscar Montero (viceintendente electo de Villa Mercedes); y Héctor Colombo (intendente electo de Villa Allende). El panel estará coordinado por Mariana Baudino, diputada provincial de la provincia de La Pampa.
El seminario está dirigido a intendentes, concejales, funcionarios municipales, dirigentes locales de organizaciones no gubernamentales y representantes de ACEP de todo el país. El programa incluirá las conferencias centrales: “Políticas Públicas para el Desarrollo Integral”, a cargo del Presidente del INCAM, José Emilio Graglia; y “Agenda Socio-ambiental Local y Regional”, a cargo del Director del Instituto de Políticas Socioambientales de ACEP, Mauricio Lisa.
Además, se prevé la realización de paneles de experiencias locales con la presentación de Ana María Meiners, Intendente de Esperanza (Santa Fe); Martín Llaryora, Intendente de San Francisco (Córdoba); Gustavo Dehesa, Intendente electo de Rufino (Santa Fe); Cristian Breitenstein, Intendente de Bahía Blanca (Prov. de Bs. As); Luis Castellano, Intendente electo de Rafaela (Santa Fe); Claudia Assef, Concejal de la Ciudad de Moreno (Prov. de Bs. As.) y representantes de gobiernos locales de La Pampa, La Rioja y San Juan.
El programa del seminario incluye también el taller “Diagnóstico de problemas socioambientales y alternativas posibles”, coordinado por Daniel Cardozo, Secretario General de ACEP, e Ivana Merlo Rodríguez, Coordinadora del Área de Formación y Asistencia Técnica de INCAM.

El crédito, centro de la segunda generación de políticas sociales

(publicado en el diario El Territorio de Posadas, jueves 24 de noviembre de 2011)

El especialista marcó algunas de las principales premisas, como ayuda económica para el acceso a la vivienda, para pequeños emprendimientos e incorporación laboral de jóvenes

Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, adelantó desde Posadas las líneas de lo que será el futuro de las políticas sociales del gobierno nacional. El ex funcionario, hoy presidente del Fideicomiso Fuerza Solidaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y especialista senior en Políticas Sociales y Gestión Pública del Programa de Apoyo al Sistema de Protección e Inclusión Social de Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afirmó que en los próximos cuatro años, el Gobierno Nacional apuntará su trabajo en la “segunda generación de políticas sociales”, que se centran en el crédito social. Además, en este nuevo esquema, el papel ponderante lo tendrían los municipios, y ya no tanto el Ejecutivo nacional. Arroyo llegó a Misiones en el marco de las charlas del Bicentenario, impulsadas en la provincia por el ministro Secretario de Gabinete, Ricardo Escobar.
En ese marco, el ex funcionario manifestó que “con una situación mejorada, donde se achicó la pobreza y desocupación, comparado a lo que eran el 2003 y el 2005, pero con temas pendientes a resolver, se viene la implementación de lo que llamamos la segunda generación de políticas sociales”.
Para el Gobierno nacional hay cuentas pendientes, entre las que se cuenta la situación de 900 mil jóvenes, de entre 16 y 24 años, sin trabajo ni estudios; además de la problemática de la vivienda, con las dificultades para acceso a la tierra y el hacinamiento que genera. También, entre las cuentas pendientes está en resolver el problema de la informalidad económica. “Se ha dado un salto importante con la asignación universal por hijo, hoy estamos un piso más arriba, y esto nos permite discutir otras cosas hacia adelante”, afirmó Arroyo.

Masificar el crédito
“El más significativo de los desafíos es masificar el crédito para los sectores cuentapropistas y pequeños emprendedores”, sostiene el especialista en políticas sociales. Esto, porque en la Argentina hay cuatro millones de personas que son cuenta propistas -gasistas, plomeros, carpinteros, electricistas, mecánicos- “pequeños emprendedores que como no tienen máquinas adecuadas se van trabando y no logran avanzar”.
Lo que se busca es “masificar el crédito a los que no acceden al crédito bancario por no tener casa, auto o garantías”, afirma.
En la misma la misma línea de trabajo, apunta que se buscará masificar, también, el acceso a la vivienda, para los sectores que no tienen la posibilidad de acceder a ella a través de un préstamo bancario.
“Lo mismo haremos para el tema de las viviendas, extender el crédito a la clase media, para que accedan a créditos hipotecarios a 20 años, y extender también los sistemas de viviendas. Con todo esto estaríamos dando un segundo paso importante”, concluye.
Por otra parte, el apoyo a los jóvenes es otro de los puntos que buscarán apuntalar, desde el Gobierno Nacional. “Se apuntará al armado de un acompañamiento fuerte a los jóvenes con una red de tutores (maestras, curas, clubes de barrio) que acompañe al jóvenes en el tema de trabajo. Una red de personas que cuando el chico está en problemas lo busque, lo lleve, lo rescate”.
Además, se buscará “identificar de que van a trabajar los que no tienen secundario completa. En la construcción, en el sector textil, en el del calzado, en el metal mecánico. Entonces, pensar como segundo desafío, un incentivo fiscal para que las empresas tomen jóvenes, sobre todo en el primer empleo juvenil”.

Las desigualdades
“Argentina tiene una gran inequidad. En un por ciento del territorio (conurbano bonaerense) vive más de un tercio de la población. Eso genera una inequidad que la paga el Norte del país. En los próximos años va a haber reformas que se orienten a descentralizar, a distribuir recursos” afirmó.
Hoy, el manejo de las políticas sociales los tiene en un 70 por ciento el Estado nacional, en 23 por ciento todas las provincias y en un siete por ciento los 2.200 municipios.
“El desafío es descentralizar recursos, y que haya políticas nacionales para todos y otras focalizadas”.
Añadió que así como la asignación por hijo sería para todos por igual, y lo que tiene que ver con el empleo juvenil, con políticas de apoyo y capacitación laboral, los créditos deben ser descentralizados para que cada provincia pueda encarar sus propios programas”.
“La segunda generación de políticas sociales viene de abajo hacia arriba. Desde los gobiernos municipales y provinciales; pero, el rol más importante va a estar en el nivel local. Porque esta sintonía fina implica hacer cosas a medida de cada realidad”, concluyó Arroyo.

Conferencia en Posadas

El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, brindará este miércoles 23 de noviembre, a las 16.30, una conferencia magistral sobre "Economía Social y Desarrollo Local" en la Salón Bordó del Hotel Julio César (San Lorenzo y Entre Ríos) de la Ciudad de Posadas.
El evento está organizado por el Ministro Coordinador de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ricardo Escobar, en el marco de las Charlas del Bicentenario que coordina y organiza la Jefatura de Gabinete de Misiones.

Enseñar a emprender

Daniel Arroyo disertará en el evento anual “Enseñar a emprender”, que organiza INICIA -asociación civil dedicada al fomento de emprendedores- este martes 22 de noviembre, de 14 a 19, en el Centro Metropolitano de Diseño (Algarrobo 1041, Barracas).
También participará Daniel Cerezo (Coordinador del Centro del Nuevo Liderazgo Joven en INICIA y Gerente de Recursos Humanos dentro de la empresa PAEZ). El encuentro está dirigido a quienes trabajan con jóvenes en cualquier ámbito (docencia, sector público, organizaciones sociales, organizaciones internacionales o en forma independiente). El objetivo del evento es incentivarlos a fomentar la actitud emprendedora en los jóvenes con los que trabajan y a brindarles herramientas para que puedan llevar adelante sus proyectos.

Entrega de créditos para las fábricas recuperadas

(publicado en el diario El Sol de Quilmes, martes 22 de Noviembre de 2011)
Fotos: Alfredo Dos Santos

Se trata de una iniciativa que se realiza de manera conjunta entre la Municipalidad y el Programa Fuerza Solidaria de la Provincia. En esta oportunidad, se entregaron 350.000 pesos a la empresa Ferrox Seven

La firma del convenio se llevó a cabo ayer en el Salón Perón del edificio municipal
En el Salón Perón del Municipio y con la presencia del intendente Francisco Gutiérrez y el titular de Fuerza Solidaria del Banco Provincia, el ex Ministro Daniel Arroyo, se hizo entrega de un subsidio a la empresa Ferrox Seven.
Según explicó el titular de Fuerza Solidaria, el mismo es "una empresa del Banco Provincia, que lo que da es créditos sin garantías para quien no pueden acceder al mismo, como es el caso de algunas cooperativas, fábricas recuperadas -como este caso Ferrox Seven- y pequeños emprendedores que necesitan máquinas y herramientas, como puede ser el caso de un carpintero que necesite una sierra o alguien que cose ropa y no tiene para renovar su máquina".
"En este caso -y en acuerdo con el municipio- se decidió dar este crédito de 300 mil pesos a la empresa para que puedan ampliar y construir un galpón que les permita mejorar sus actividades. La intención es acompañar al municipio y darle la posibilidad a todos aquellos que quieren producir y no tienen acceso al crédito bancario" explicó el ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia.
Por su Roberto Ramúa, representante de la empresa ubicada en Juan Cruz Varela y Allison Bell, manifestó su agradecimiento por la gestión y el acompañamiento constante tanto del intendente Gutiérrez como del Director de Fábricas Recuperadas, Francisco Provenza y manifestó la intención de la empresa de seguir produciendo en materia de pinturas y pigmentos, además de avanzar en la producción de óxido de hierro y llegar a convertirse en una de las más grandes del país en la materia, para sustituir las importaciones de este tipo que llegan desde China y Brasil.
A su turno, el intendente Francisco Gutiérrez manifestó su satisfacción por poder "apoyar emprendimientos nuevos o una cooperativa que decide armar otro espacio especializándose en nuevos productos" y agregó que "tenemos una gran cantidad de pedidos de gente que necesita dinero para armar sus emprendimientos familiares, como máquinas de coser, hornos para pizza o pan, máquinas soldadoras para taller, entre otros".
"Nos piden pequeñas máquinas que les sirven para su proyecto de trabajo, y lo que queremos hacer es apoyar esto y que el municipio sea un intermediario con Fuerza Solidaria", destacó Gutiérrez.

Viviendas
Asimismo, destacó la intención de generar microcréditos que permitan el impulso para el mejoramiento de viviendas. "La gente construye con mucho esfuerzo y a veces no les alcanza para equipar, y para eso tratamos de ser garantía de créditos para las familias que necesiten terminar sus viviendas".
"Buscamos llegar con créditos para quienes más necesitan y no catalogan para los grandes bancos. Con esto ayudamos, generamos empleo y le permite así al país seguir creciendo" concluyó.

Hoy en Canal Metro

El ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, será entrevistado hoy, lunes 21 de noviembre, a las 22.30, en el programa "Dame el poder", que conduce la periodista Elizabeth De Luca por el Canal Metro.

“Nuevas estrategias para la formación de líderes políticos de la Región Metropolitana”

Daniel Arroyo brindó este sábado 19 de noviembre una conferencia sobre “Claves de la cuestión social para un nuevo estilo de liderazgo político”, en el marco de la Primera Jornada “Nuevas estrategias para la formación de líderes políticos de la Región Metropolitana”, organizada por la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación Civil de Estudios Populares, la Red Nacional de Laicos y la Red de Desarrollo Político (REDEPO).
El principal objetivo del encuentro –que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires- fue generar un espacio de diálogo y pensamiento para discernir nuevas estrategias de formación de líderes para contribuir a recuperar la política como servicio al prójimo y al bien común en la Región Metropolitana. También se buscará generar un espacio de estudio e investigación social y política con el objetivo de brindar insumos para abordar las nuevas realidades y desarrollar nuevas estrategias de abordaje territorial que promuevan un nuevo estilo de liderazgo político.
Entre otros, disertaron Javier Antonietti (coordinador de la Red de Desarrollo Político), Bernd Lohmann (representante en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer), Oscar Ensinck (presidente de la Asociación Civil de Estudios Populares) y Justo Carbajales (coordinador de la Red Nacional de Laicos). También se realizaron trabajos en distintos grupos temáticos, sobre estrategias de participación ciudadana, de participación de jóvenes y de promoción de políticas públicas para el desarrollo integral. En la jornada participaron líderes sociales y políticos de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, La Matanza, Berazategui, San Vicente, Vicente López, San Martín, Moreno y San Isidro.

XVII Jornada Argentina de Articulación Público Privada

Más de trescientas personas de todo el país participaron el martes 15 de noviembre de la XVII Jornada Argentina de Articulación Público Privada: Ciudades Sustentables 2011 organizada por la Fundación Compromiso, que logró articular durante todo el día los debates entre representantes del sector público, el empresariado y la sociedad civil, los pilares donde la organización centra su misión.
La jornada que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, coronó siete encuentros regionales que se realizaron a lo largo del año en todo el país, en el marco de la acción de carácter federal y ampliamente participativa que persigue Fundación Compromiso.
“El desarrollo sustentable es una responsabilidad compartida entre diferentes sectores de la sociedad para converger la actividad productiva, el desarrollo social y el impacto ambiental en pos de una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones”, sintetizó durante su intervención la directora ejecutiva de la Fundación, Beatriz Anchorena.
Anchorena cerró la mesa de apertura de la actividad, en la que intervinieron Marita Carballo, presidente del Consejo de Administración de Fundación Compromiso; Nélida Harracá, coordinadora del proceso preparatorio de Río+20 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y Marta Aguilar, jefa de asesores de la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación Federal.
Luego, un panel de expertos abrió un intenso debate sobre sustentabilidad y desarrollo con las intervenciones de Carlos de Mattos, arquitecto y docente uruguayo residente en Chile; Cristina Zurbriggen, socióloga y politóloga también uruguaya, directora del proyecto de ese país de FLACSO, y el antropólogo argentino Mario Rabey, titular del Instituto de Políticas Públicas. El panel fue coordinado por Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires e integrante del Consejo de Administración de la Fundación Compromiso.
Durante su intervención, De Mattos planteó que durante las últimas décadas “se puso en marcha una nueva fase de modernización capitalista, que ha tendido a cubrir al planeta en su conjunto, y con la que se ha conformado una nueva geografía económica mundial en la que grandes aglomeraciones urbanas se ubicaron como protagonistas principales”, con consecuencias de profundización de las desigualdades.
A su turno, Zurbriggen observó la creciente complejidad, interdependencia, diversidad y dinamismo que adquiere la política pública en las sociedades contemporáneas y cómo esa complejidad ha conducido a encontrar en el concepto “redes de política” varias de sus categorías descriptivas.
Y Rabey desgranó una serie de situaciones de conflicto de la Ciudad de Buenos Aires como la toma de tierras en el Parque Indoamericano de Villa Soldati y los mecanismos de represión de las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento entre vecinos, los discursos xenófobos y las coberturas mediáticas.
Luego transcurrieron dos paneles de casos, en los que representantes de gobiernos locales debatieron sobre las políticas públicas para la generación de ciudades vivibles: planificación del territorio y la sustentabilidad, las principales acciones de economía verde e inclusión social, el rol de los distintos actores en el marco de la articulación público-privada, marco conceptual y estrategias regionales.
Pasaron por este debate el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi; su par de la ciudad rionegrina de Cipolletti y vicegobernador electo de esa provincia, Alberto Weretilneck; la secretaria de Ambiente de Rafaela, Santa Fe, Marta Engler, y el titular de la Agencia de Protección Ambiental porteña, Javier Corcuera, moderados por el titular de la Fundación Metropolitana, Pedro del Piero.
Un segundo panel de casos reunió a los expertos Pamela Cáceres (Nuestra Córdoba), Marcelo Cossar (concejal de la ciudad de Córdoba), Adolfo Brennan (Nuestra Mendoza), y Valeria Freylejer (gerente de Programas de la Fundación Avina).
Antes del cierre, en una actividad participativa, con mesas de diálogo y construcción colectiva, representantes de la sociedad civil, los expertos, los gobiernos, las empresas y los académicos discutieron los ejes de los paneles.
La jornada finalizó con una entrevista Pedro Tarak (miembro del directorio de Guayakí), le realizó al experto brasileño Pedro Telles, asesor de procesos internacionales del Instituto Vitae Civilis de Brasil. Ambos intercambiaron diagnósticos sobre las perspectivas de participación para las organizaciones en la cumbre Río+20, que se realizará el año próximo.

La agenda de los desafíos sociales

Por Daniel Arroyo
(publicado en el Diario La Nación, sábado 19 de noviembre de 2011)

El informe sobre la situación social del área metropolitana de Buenos Aires, realizado por Cáritas y la Universidad Católica, muestra con claridad cómo, a pesar de que se han logrado avances importantes en lo social en los últimos años, nos encontramos frente a varios desafíos para mejorar las condiciones de vida de los más pobres en la Argentina.
Se puede decir que estamos frente a siete problemas principales.
La pobreza estructural, que representa a más del 10% de la población que no cubre las necesidades mínimas y carece de servicios básicos.
La informalidad laboral, con más de una tercera parte de la población con trabajo no registrado o con actividades por cuenta propia en situación precaria.
La desigualdad, que marca aún una diferencia de 22 a 1 entre los más ricos y los más pobres.
La situación de los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan, que, más allá del debate acerca de cuántos son, sin dudas es el grupo social más crítico de la Argentina.
Los problemas de hacinamiento en los grandes centros urbanos en los que está radicada la mayor parte de la población, y en donde conviven la pobreza y la violencia.
Las dificultades en el acceso a la atención primaria de la salud, en particular en los centros menos poblados.
Las diferencias en la calidad educativa, especialmente en la escuela secundaria.
En este contexto, la extensión de la Asignación Universal por Hijo ha sido muy positiva, porque rompe con un esquema muy desigual, en el que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal y marca un nuevo piso de arranque para gran parte de la población.
En lo referido a la inclusión de los jóvenes, parece encontrarse uno de los desafíos más complejos. Cuando se habla de jóvenes que no estudian ni trabajan, son jóvenes que directamente no hacen nada o que entran y salen del trabajo y de la escuela con mucha frecuencia: no logran sostenerse ni en el sistema laboral ni en el sistema educativo.
El problema de los jóvenes en lo laboral no se vincula con el aprendizaje de la tarea, sino con darle continuidad a ésta. El desafío entre los jóvenes pobres no es entender qué hay que hacer en el trabajo, sino ir a trabajar ocho horas todos los días, en un esquema en el que muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar.
El desarrollo productivo y el microcrédito son también esenciales para ver cómo se puede dar un salto de las experiencias a una escala que cubra a los casi cuatro millones de cuentapropistas que trabajan con tecnología retrasada en el país y que son pobres porque no alcanzan los ingresos mínimos.
La pobreza en la Argentina también está muy vinculada a la tecnología inadecuada: un carpintero que no accede a una sierra circular y que, por lo tanto, no hace muebles a medida y pierde oportunidades de mercado, o un mecánico de autos que, como nadie le da crédito para una computadora, no atiende los autos con motores a inyección. Lo mismo sucede con una señora que cose ropa en su casa y que, por falta de mejores máquinas, no logra romper el círculo de la pobreza.
Por estos aspectos pasa la agenda social de la Argentina, un país que tiene todo: recursos naturales, personas capacitadas, territorio, una sociedad relativamente integrada y mucho porvenir. En función de lo que hagamos en los años que siguen, y de la posibilidad de encarar políticas de segunda generación, vamos a poder construir una sociedad más inclusiva. El contexto internacional, más allá de los vaivenes, parece darnos una nueva oportunidad que no tenemos que desaprovechar.

El autor fue ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.

Se realizó una nueva jornada de ciudades sustentables

(publicado en La Política On Line, jueves 17 de noviembre de 2011)

Con una amplia participación de representantes del sector público, el empresariado y la sociedad civil, la Fundación Compromiso organizó ayer ese evento orientado al debate sobre el desarrollo sustentable.
Más de trescientas personas de todo el país participaron ayer de la XVII Jornada Argentina Ciudades Sustentables organizada por la Fundación Compromiso, que logró articular durante todo el día los debates entre representantes del sector público, el empresariado y la sociedad civil, los pilares donde la organización centra su misión.
La jornada que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, coronó siete encuentros regionales que se realizaron a lo largo del año en todo el país, en el marco de la acción de carácter federal y ampliamente participativa que persigue Fundación Compromiso.
“El desarrollo sustentable es una responsabilidad compartida entre diferentes sectores de la sociedad para converger la actividad productiva, el desarrollo social y el impacto ambiental en pos de una mejor calidad de vida para las actuales y futuras generaciones”, sintetizó durante su intervención la directora ejecutiva de la Fundación, Beatriz Anchorena.
Anchorena cerró la mesa de apertura de la actividad, en la que intervinieron Marita Carballo, presidente del Consejo de Administración de Fundación Compromiso; Nélida Harracá, coordinadora del proceso preparatorio de Río+20 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y Marta Aguilar, jefa de asesores de la Subsecretaría de Planificación Territorial del Ministerio de Planificación Federal.
Luego, un panel de expertos abrió un intenso debate sobre sustentabilidad y desarrollo con las intervenciones de Carlos de Mattos, arquitecto y docente uruguayo residente en Chile; Cristina Zurbriggen, socióloga y politóloga también uruguaya, directora del proyecto de ese país de FLACSO, y el antropólogo argentino Mario Rabey, titular del Instituto de Políticas Públicas. El panel fue coordinado por Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires e integrante del Consejo de Administración de la Fundación Compromiso.
Durante su intervención, De Mattos planteó que durante las últimas décadas “se puso en marcha una nueva fase de modernización capitalista, que ha tendido a cubrir al planeta en su conjunto, y con la que se ha conformado una nueva geografía económica mundial en la que grandes aglomeraciones urbanas se ubicaron como protagonistas principales”, con consecuencias de profundización de las desigualdades.
A su turno, Zurbriggen observó la creciente complejidad, interdependencia, diversidad y dinamismo que adquiere la política pública en las sociedades contemporáneas y cómo esa complejidad ha conducido a encontrar en el concepto “redes de política” varias de sus categorías descriptivas.
Y Rabey desgranó una serie de situaciones de conflicto de la Ciudad de Buenos Aires como la toma de tierras en el Parque Indoamericano de Villa Soldati y los mecanismos de represión de las fuerzas de seguridad, el enfrentamiento entre vecinos, los discursos xenófobos y las coberturas mediáticas.
Luego transcurrieron dos paneles de casos, en los que representantes de gobiernos locales debatieron sobre las políticas públicas para la generación de ciudades vivibles: planificación del territorio y la sustentabilidad, las principales acciones de economía verde e inclusión social, el rol de los distintos actores en el marco de la articulación público-privada, marco conceptual y estrategias regionales.
Pasaron por este debate el intendente de Almirante Brown, Darío Giustozzi; su par de la ciudad rionegrina de Cipolletti y vicegobernador electo de esa provincia, Alberto Weretilneck; la secretaria de Ambiente de Rafaela, Santa Fe, Marta Engler, y el titular de la Agencia de Protección Ambiental porteña, Javier Corcuera, moderados por el titular de la Fundación Metropolitana, Pedro del Piero.
Un segundo panel de casos reunió a los expertos Pamela Cáceres (Nuestra Córdoba), Marcelo Cossar (concejal de la ciudad de Córdoba), Adolfo Brennan (Nuestra Mendoza), y Marcela Mondino (gerente de Programas de la Fundación Avina).
Antes del cierre, en una actividad participativa, con mesas de diálogo y construcción colectiva, representantes de la sociedad civil, los expertos, los gobiernos, las empresas y los académicos discutieron los ejes de los paneles.
La jornada finalizó con una entrevista Pedro Tarak (miembro del directorio de Guayakí), le realizó al experto brasileño Pedro Telles, asesor de procesos internacionales del Instituto Vitae Civilis de Brasil. Ambos intercambiaron diagnósticos sobre las perspectivas de participación para las organizaciones en la cumbre Río+20, que se realizará el año próximo.

Presentan informe sobre la situación social en el Área Metropolitana

El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participará como panelista en la presentación del informe de la Situación Social del Área Metropolitana Buenos Aires-Cáritas Argentina, que se realizará mañana viernes 18 de noviembre, a las 18.30, en el Salón Teatro del Colegio La Salle (Riobamba 650, Ciudad de Buenos Aires).
El informe está basado en el relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina durante el cuarto trimestre del año 2010 por solicitud de Cáritas Argentina Región Buenos Aires en un trabajo conjunto orientado a un mayor conocimiento de la realidad del Área Metropolitana Buenos Aires. Aborda diversos aspectos socio-económicos y psico-sociales de la zona de mayor concentración poblacional del país.
Cáritas Argentina – Región Buenos Aires, desarrolla su labor de asistencia, promoción y transformación social en el área metropolitana Buenos Aires, comprendida por la Ciudad de Buenos Aires y los 30 partidos del Gran Buenos Aires. Se trata del mayor aglomerado urbano del país, con una concentración de población de 12,8 millones de personas.
Durante 2009 se evaluó la necesidad de contar con datos estadísticos que proporcionaran una mayor claridad respecto de las realidades sociales con las cuales trabaja Caritas, vinculadas a la población en situación de pobreza, acceso a bienes básicos, situación de la tierra y la vivienda, acceso al mercado laboral, desarrollo socio-cultural y otros factores vinculados al completo bienestar de la población vinculados a la seguridad, el tiempo libre, la participación, entre otros.
A partir de esta inquietud se mantuvieron reuniones regulares con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con quienes se avanzó en el diseño de un relevamiento del Área Metropolitana Buenos Aires. El relevamiento se realizó durante el último trimestre de 2010 y sus datos se agruparon de acuerdo con el diseño de muestra proporcionalmente en cuatro subzonas del Área Metropolitana.

Compromiso en Acción

(publicado en www.solidagro.org.ar)

El pasado 10 de noviembre se realizó, en el auditorio de la Fundación WCI, la 1º Jornada “SER RSE en el Agro. El compromiso en acción” organizada por Solidagro y Revista GENOMA, con el objetivo de brindar un espacio de capacitación e intercambio sobre la Responsabilidad Social Empresaria.
Los asistentes participaron de una actividad grupal, coordinada por la Fundación Valores para Crecer, que buscó introducir el primer panel de exposiciones, titulado “Contexto”. Éste estuvo integrado por Alejandro Langlois, Fabio Quetglas y Daniel Arroyo.
La primera etapa se realizó a través de intercambios con los asistentes en donde se conformaron grupos, cada uno de ellos teniendo que definir en pocas palabras: Sustentabilidad, Integración Social y Articulación público-privada.
De esta manera, a través de la participación del público, los panelistas hablaron en torno a las definiciones de estos tres temas que son tan importantes para la Responsabilidad Social Empresaria.
“La Responsabilidad Social Empresaria tuvo quince años de evolución conceptual que la llevó a una dimensión más integral”, sostuvo Alejandro Langlois al referirse al concepto de sustentabilidad.
Por su parte, Favio Quetglas, resaltó: “La integración social no es un problema sencillo de resolver porque somos sociedades heterogéneas que compartimos la vida en común”.
Por último, Daniel Arroyo explicó que “la Articulación público-privada es trabajar en conjunto entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado, a lo que resaltó que debe ser a través de un objetivo en conjunto: “Definir objetivos y metas y luego hacer”
El segundo panel giró en torno a experiencias concretas de RSE en el Agro. Se presentaron los casos de tres empresas exitosas: Grupo Los Grobo, El Tejar y BASF.
Los asistentes estuvieron muy contentos y quedaron entusiasmados para poder continuar con su labor de RSE en sus empresas.
Delfina Irazusta de Lartirigoyen S.A., opinó le gustó la jornada ya que se generó un ámbito para poder intercambiar experiencias.
Por su parte, el Gerente de Producción de Cresud, Sergio Dulcich, sostuvo que “como empresas estamos en lugares urbanos en donde la actividad que desarrollamos tiene mucho impacto en las localidades, por eso necesitamos saber cuáles son las maneras para potenciar la forma de hacer RSE”.
Para Carolina Capelloni, Gerente de Responsabilidad Social Corporativa de Basf, la jornada fue un encuentro para compartir buenas prácticas y conocer referentes en sustentabilidad en el agro y en la Argentina. “Mejorar métodos y trabajar entre pares”.
Por último, Gonzalo Calise de Case New Holland, aseguró: “Me llevo movilización, un concepto más completo de lo que es la Responsabilidad Social Empresaria y la idea de que desde uno se pueden hacer un montón de cosas”.
Finalizada la jornada, Raúl Capaldo de Genoma resaltó: ““Buscamos la interacción y nos arremangamos para trabajar en equipo”. La Directora Ejecutiva de Solidagro, Geraldinde Wasser, destacó que “el desafío de la Jornada es generar un espacio para la formación de una comunidad de empresas del agro comprometidas con la sustentabilidad del país”.y culminó el encuentro el Presidente de Solidagro Ricardo Hara, asegurando que "tenemos que generar una comunidad de RSE entre las empresas del Agro"

Entregan el Premio al Microemprendedor 2011

En el marco de las V Jornadas Anuales de Microfinanzas en Argentina, mañana miércoles 16 de noviembre se realizará la entrega de la segunda edición del Premio al Microemprendedor, organizado por Citi, AVINA y Fundación La Nación, en el que Daniel Arroyo integró el jurado de selección. La ceremonia de premiación se efectuará, a las 10.30, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Avenida Córdoba y Uriburu, Ciudad de Buenos Aires).
El certamen busca difundir y reconocer la importancia de las microfinanzas para el desarrollo económico y social de la Argentina. La convocatoria estaba dirigida a microemprendedores de Argentina de bajos recursos, que tengan un crédito activo en instituciones de microfinanzas. Para participar del concurso, los microemprendedores debieron presentarse a través de la institución que les concedió el préstamo. Se evaluó la actitud emprendedora y el impacto de estos resultados en el nivel de vida del emprendedor y su entorno, entre otros criterios. Y se establecieron dos categorías: producción y servicios, con premios de $ 18.000, $12.000 y $6.000 para los tres primeros puestos respectivamente, se otorgaron también menciones especiales de $3.000, para emprendimientos que cuiden el medio ambiente.
También se premió los asesores de crédito de los microemprendedores ganadores de premios, mientras que las instituciones de microfinanzas de las que provienen los ganadores fueron reconocidas con una mención.
El jurado estuvo integrado por Daniel Arroyo (presidente de Fuerza Solidaria), Eduardo Ramos Mejia (representante de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito); Norberto Frigerio (director de Relaciones Institucionales de La Nación); Vivianne Caumont (Country Financial Officer de Citi Argentina); y Pablo Vagliente (AVINA).

Ciudades sustentables 2011

Daniel Arroyo participará mañana martes15 de Noviembre en la XVII Jornada Argentina de Articulación Público Privada “Ciudades Sustentables 2011”, que se realizará en el Hotel Pestana de la ciudad de Buenos Aires (Carlos Pellegrini 877). Organizada por la Fundación Compromiso, la jornada coronará el trabajo generado en cada una de las siete jornadas regionales realizadas este año en el NEA, NOA, Cuyo, Centro y Patagonia. Estarán presentes expertos, representantes de los gobiernos y la sociedad civil y empresarios.
Arroyo moderará, a las 9.30, un panel de expertos en el que disertarán el arquitecto Carlos De Mattos (uruguayo radicado en Chile, especialista en el desarrollo de los territorios); la politóloga Cristina Zurbriggen (docente e investigadora del Proyecto Uruguay de FLACSO); y el antropólogo argentino Mario Rabey (consultor de Naciones Unidas en temas de sustentabilidad y urbanismo).
Luego se presentará un panel de casos, donde representantes de gobiernos locales debatirán sobre las políticas públicas para la generación de ciudades vivibles: planificación del territorio y la sustentabilidad, las principales acciones de economía verde e inclusión social, el rol de los distintos actores en el marco de la articulación público-privada, marco conceptual y estrategias regionales.
La apertura estará a cargo de Marita Carballo (presidenta de Fundación Compromiso);
Nélida Harracá (coordinadora del Proceso Preparatorio Río+20, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación); Marta Aguilar (jefa de asesores de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios); y Beatriz Anchorena (directora Ejecutiva de Fundación Compromiso).
La Fundación Compromiso está dirigida a fortalecer fuertemente los vínculos entre la sociedad civil y las empresas en articulación con el Estado, con el fin de producir en conjunto, con consensos y potenciándose en sus capacidades, políticas públicas que promuevan un desarrollo sustentable con inclusión social.

“El objetivo de esta década debe ser terminar sin pobreza ni exclusión”

El licenciado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, consideró hoy que el objetivo de esta década que comienza “es terminar la exclusión y la pobreza”. En ese marco, consideró debería venir una etapa con prioridad para los políticas enfocada en los jóvenes.
En diálogo con INFOCIELO, Arroyo consideró fundamental apuntar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad desde “la inclusión, el crédito para emprendimientos y la capacitación laboral”.
En ese marco, destacó la labor de su sucesor, Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera, y su programa Envión, el cual, justamente, apunta a los adolescentes. “Creo que Cacho, junto al gobernador Daniel Scioli, hicieron punta en esto y lo van a seguir haciendo”, aseguró.
“La década anterior ha sido de ganancia en materia social y, en este contexto de crecimiento económico, seguramente seguirá la misma tendencia”, explicó Arroyo, quien ahora se desempeña como titular de la asociación Fuerza Solidaria del Banco Provincia.
Por último, Arroyo destacó el papel de la Asignación Universal por Hijo como una política que “establece un piso de ciudadanía” y “le permite a las provincias enfoscarse en problemas más específicos, como puede ser la juventud”.

Congreso Internacional de Economía y Gestión

En el marco del V Congreso Internacional de Economía y Gestión, el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, expondrá sobre “Articulación de iniciativas con impactos sociales positivos en el sector
privado lucrativo y de las OSC” este jueves 10 de noviembre, de 15 a 17, en el aula 410
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (Avenida Córdoba 2122).
Arroyo compartirá el panel junto a Miguel Marcelo Canetti (subdirector del CIARS y docente de la UBA) y María del Carmen Rodríguez de Ramírez (directora del CIARS y profesora de la UBA y otras universidades nacionales).
Dentro de la conceptualización amplia de la Contabilidad, en esta mesa de debate el interés radica en explorar nuevos enfoques que contribuyan a la integración de iniciativas y al aumento de la transparencia y la accountability a través de un abordaje que considere la complejidad de los fenómenos sociales involucrados, particularizando en el ámbito de las iniciativas con impactos sociales positivos encaradas en el sector privado lucrativo y de las OSC.
Se busca enriquecer esta construcción a través de intercambios con otras áreas disciplinares que desarrollan, también, enfoques diversos que es preciso conocer. En este sentido, el aporte desde la mirada de las ciencias políticas de quien ha cumplido funciones que le permitieron actuar sobre la realidad social argentina resulta sumamente interesante para analizar potencialidades de la articulación público privada en el contexto actual del mercado de trabajo y la situación de los jóvenes, de las perspectivas del sector informal y de la evolución del sistema de seguridad social en Argentina.
El Quinto Congreso Internacional de Economía y Gestión “Econ 2011”, se realiza desde el 7 al 10 de noviembre, y tiene como misión constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas de todos sus niveles.

Jornada "Ser RSE en el agro"

Daniel Arroyo brindará una charla sobre “Articulación Público – Privada” en el marco de la Primera Jornada de Responsabilidad Social Empresaria “Ser RSE en el agro” que se realizará hoy jueves 10 de noviembre, a las 9, en la Fundación WCI (Santa Fe 846 piso 3).
Arroyo compartirá el panel con Alejandro Langlois, quien hablará sobre la sustentabilidad, y Fabio Quetglas, quien expondrá sobre integración social. En otros paneles de la jornada también participarán Ricardo Hara (presidente de Solidagro), Raúl Capaldo (director de Genoma), Alex Ehrenhaus (coordinador corporativo de Responsabilidad Social Empresaria de Los Grobo), Elisa Iraneta (responsable de Compromiso con la Comunidad de El Tejar) y Carolina Cappelloni (gerente de Responsabilidad Social Corporativa de BASF).
El objetivo de este encuentro es brindar un espacio de capacitación e intercambio sobre la Responsabilidad Social Empresaria aplicada al sector agropecuario que genere y potencie acciones de RSE dentro de las empresas del sector, entendiendo éstas como herramientas indispensables para lograr el desarrollo sustentable.

Charla en la Cátedra Konrad Adenauer

En el marco de la Cátedra Konrad Adenauer, el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, brindará una charla sobre “La política social en Argentina y en la economía social de mercado” este miércoles 9 de noviembre, a las 14.30, en la Universidad Católica Argentina (Aula 112 del edificio San José, Avenida Alicia Moreau de Justo 1600).
En la cátedra, también disertarán Oscar Ensinck, presidente Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP); Bernd Löhmann, representante de la KAS en la República Argentina; Ernesto Parselis, vicerrector de Asuntos Institucionales de la Universidad Católica Argentina; Néstor Auza (CONICET), Arturo Lafalla (ex Gobernador de Mendoza); Marcelo Resico (UCA – Fundación Konrad Adenauer); Juan José Llach (ex Ministro de Educación de la Nación); Joaquín de la Torre (intendente de San Miguel); Patricio Millán (director Departamento de Economía de la UCA); y Marcelo Camusso (director del Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA), entre otros.

Curso sobre descentralización gubernamental

Daniel Arroyo brindará un curso sobre "Descentralización gubernamental: Desafíos de la implementación de políticas públicas a escala local" este martes 8 de noviembre en la sede del Ministerio de Trabajo (Avenida Leandro N. Alem y Tucumán). Está orientado a todos los empleados, cualquiera sea su rango, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
En esta primera jornada, Arroyo disertará sobre el marco conceptual de descentralización gubernamental y el Desarrollo Local en el contexto actual.
Los objetivos del curso son analizar el marco teórico y los conceptos vinculados a la descentralización gubernamental y el desarrollo local para un mejor abordaje de la temática; investigar los diversos modelos de gestión existentes con el fin de conocer las formas en las que se pueden ejecutar las políticas públicas; identificar los niveles e instrumentos de planificación local; conocer estrategias de coordinación para una mejor implementación de las políticas públicas en el territorio; y reflexionar sobre casos concretos en el territorio de descentralización gubernamental y de implementación de políticas públicas con el objetivo que los participantes puedan incorporar herramientas útiles en su tarea cotidiana. El curso consta de cinco jornadas de tres horas cada una.

Fábricas recuperadas en Argentina, un salvavidas en tiempos de crisis

(publicado en www.atinachile.cl, sábado 5 de noviembre de 2001)

En tiempos difíciles el esquema de cooperativas, basado en la solidaridad, se convirtió para miles de familias argentinas en el salvavidas que las sacó de la crisis.

El sistema de cooperativas
En una de las fábricas argentinas, el secreto más codiciado por los empleados de cualquier empresa, no tiene mayores sorpresas.
Las 85 personas que trabajan allí, desde el personal de limpieza hasta el obrero o el presidente del directorio, tienen el mismo salario que ronda unos 1.000 dólares. Todos reciben además un informe semanal sobre los gastos e ingresos de la compañía.
Pero no siempre fue así. En agosto de 2000 esta fábrica metalúrgica era propiedad de una familia que de un día para otro se declaró en quiebra y cerró las instalaciones.
La Justicia decretó finalmente que se trataba de una quiebra fraudulenta y decidió concederles a los empleados la gestión de la fuente de trabajo. En plena crisis económica, los primeros tiempos fueron difíciles, pero poco a poco lograron organizarse y empezaron a llegar los beneficios.
Uno de los frutos inesperados de la crisis argentina del período 2001-2002 fue que ante la alternativa de quedar en la calle por el cierre de miles de empresas, muchos obreros iniciaron acciones legales para que se les traspasara a ellos la administración. Y el resultado fue asombrosamente exitoso.
Actualmente hay unas 240 empresas recuperadas por los trabajadores que dan empleo a unas 30.000 personas. Los rubros son variados, desde alimentación hasta flotas de taxis. Éstas funcionan bajo un original sistema de cooperativas, sin dueños ni patrones y beneficios igualitarios. Cada decisión se toma en asamblea por consenso, hasta los despidos.
Según explica Luis Alberto Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, "numerosos jueces argentinos han resuelto en todo el país darle a los obreros la posibilidad de continuar en el establecimiento. Y después, ese conflicto de la propiedad se resuelve porque jurídicamente los trabajadores compran el establecimiento utilizando las deudas por vacaciones y sueldos que la empresa tenía con ellos".

El modelo se debe a la crisis
Algunos especialistas consideran que este modelo se dio gracias a la gravísima situación que vivió la Argentina a comienzos de siglo, por lo que no descartan que se pueda repetir ahora en otros países.
En Buenos Aires, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo describe cómo era el contexto argentino para explicar el fenómeno de las fábricas recuperadas: "57% de pobres, 28% de desocupados y 60% de informalidad económica. O sea, la persona que se quedaba sin trabajo sabía que no tenía ninguna chance”.
Los expertos creen que Grecia, un país que atraviesa una crisis compleja como la de la Argentina en el año 2001, podría ser uno de los sitios donde resulte factible la aplicación de este método.
Algunos llaman a esta tendencia “comunismo del siglo XXI”, pero los trabajadores no aspiran a extender este sistema puertas afuera de las fábricas y rechazan cualquier vínculo con los partidos políticos.
Y aunque hay quienes dudan que sea posible sostener en el tiempo el esquema de salarios igualitarios, lo cierto es que esta experiencia basada en la solidaridad se ha convertido para miles de familias en el salvavidas que las sacó de la crisis.

Pensando el agro que viene

(publicado en Clarín Rural, sábado 5 de noviembre de 2011)
Por LUCAS VILLAMIL

“Hay que ser muy optimistas, porque en los últimos años se han desarrollado capacidades innovativas que colocaron a la Argentina en la cima de las buenas prácticas. Pero aún queda la mitad del vaso vacío, ya que existe una gran heterogeneidad y se debe dar acceso a esas prácticas al conjunto de la producción. Además, es un buen momento para avanzar en la diferenciación de producto”. Así lo indicó esta semana el ex director de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL-Naciones Unidas) Bernardo Kosakoff, en diálogo con Clarín Rural , en el marco de la 8° Jornada del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, que reunió en Santa Fe a analistas y referentes del sector con el objetivo de pensar los desafíos que depararán los próximos años.
Está claro que la coyuntura actual es muy favorable para el desarrollo de la agroindustria, y hay que aprovechar el viento a favor para atar los cabos que mantengan el barco más estable en futuras tormentas. Según Kosakoff, hay que tener horizontes más largos. “En la inestabilidad, uno no puede tomar decisiones que vayan más allá de los próximos seis meses, pero para desarrollar la cadena del cerdo o lograr productos diferenciados uno tiene que tener una visión de por lo menos tres o cinco años”, destacó, y se mostró optimista para los próximos años, aunque aclaró que no necesariamente se está frente a una tendencia de largo plazo. “Tenemos que pensar cómo aprovechar las materias primas que tenemos para profundizar el fortalecimiento de las cadenas hacia arriba y hacia abajo. Si no se aprovecha la renta actual para lograr esta dinámica de cambio estructural, tendremos problemas graves en el futuro”, advirtió Kosakoff.
En la misma línea, el ex secretario de Agricultura Marcelo Regúnaga remarcó la necesidad de establecer una política de Estado a largo plazo para promover el crecimiento del empleo, la economía y el desarrollo territorial de la Argentina. “Estamos convencidos de que el bienestar de la sociedad argentina depende en buena medida de cómo evolucionen su agricultura, sus agroindustrias y sus proveedores de insumos y servicios”, afirmó Regúnaga, en sintonía con un documento presentado por el Foro de la Cadena durante la reunión (Ver Propuestas...).
Por su parte, el economista jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Juan Manuel Garzón, afirmó que el crecimiento de las cadenas agropecuarias debe apuntar fundamentalmente a la generación de empleo. Garzón presentó un informe en el que pronosticó que hay perspectivas muy buenas para los próximos diez años en el mercado de carnes en el mundo y declaró que la Argentina tendría que llegar al 28 por ciento de exportación de carnes bovina, porcina y aviar. Al respecto, señaló que “de darse los contextos planteados, se generarán 2,8 millones de nuevos puestos de trabajo hacia el 2020”.
El que más viajó para estar presente en el centro de convenciones frente al renovado puerto de Santa Fe fue, sin dudas, el indio Ramesh Sharma, economista senior de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y especialista en el análisis de las negociaciones agrícolas de la OMC, quien, en diálogo con este diario, advirtió que “cuando se está creciendo económicamente como la Argentina, no se puede depender de un solo producto o cliente”, en alusión a las relaciones comerciales con China y el claro dominio de la soja en el portfolio de exportaciones. “China continuará importando porque no tiene otra opción, pero quién sabe si no encontrará otros proveedores”, advirtió Sharma, y consideró que “las políticas de restricciones a las exportaciones adoptadas por varios países no han conseguido que se reduzcan los precios internos de los productos que utilizan como insumos a los commodities, como el pan, los quesos, y otros derivados de la misma índole”.
Uno de los aportes más claros que tuvo la jornada al pensar la estrategia para capitalizar el crecimiento económico fue el del ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo, quien estableció cuatro desafíos fundamentales que enfrenta el país: la pobreza estructural, la informalidad económica, la desigualdad, y los 900.000 jóvenes desempleados de entre 16 y 24 años. “Gran parte de estos desafíos se construyen potenciando el desarrollo de las regiones. Al potencial de la cadena agroindustrial hay que agregarle servicios de salud y educación”, remarcó, y explicó que la inmigración a las grandes ciudades se mantiene constante a pesar del desarrollo del interior del país. “Antes sucedía porque los pobladores rurales buscaban trabajo en las industrias, pero hoy es porque quieren estar cerca de los centros de salud y educación. Hoy hay desarrollo regional en términos de actividad productiva, pero no en salud y educación”, detalló.
En este contexto, Arroyo propuso descentralizar los recursos a las regiones, generar un plan para la inclusión de los jóvenes y brindar incentivos fiscales a las industrias que ocupan mano de obra masivamente. “Hay que masificar los recursos y extender el crédito”, reclamó.
La conclusión de la jornada fue una confirmación de lo que se viene escuchando últimamente en los ámbitos de debate de la cadena agroindustrial. Las posibilidades para una transformación profunda están dadas, pero es necesario que los guiños entre actores públicos y privados se traduzcan en medidas y acciones de ambos lados que generen una confianza, con una visión de largo plazo.

De la crisis de 2001 al nuevo sistema de partidos

(publicado en la revista "Reseñas y Debates", número 69, Noviembre 2011)
Por Daniel Arroyo


Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. A diez años de aquellas jornadas, queda claro que la consigna “que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados–, más que impulsar el fin de la democracia delegativa, mostró una amplia demanda social por un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras lideradas por Antonio Cafiero y más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Con todo, el sistema bipartidista ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intransigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande– dejaba vislumbrar, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y mostraba sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad argentina a comienzos de los años noventa, podría haber concluido, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales– hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la auto-representación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días de diciembre el sistema político colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.

Orígenes de la crisis de representación
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. El modelo neoliberal apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas por el Estado nacional.
Ese cambio en la relación entre los poderes estatales y la sociedad tuvo su correlato en la crisis de representación política. Durante los 90 se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario y vinculadas a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios– y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidir en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis (Floreal Forni, Organizaciones económicas populares).
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera). De allí derivó el concepto de “crisis de representación”. Es decir, la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular. Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.

Rupturas y continuidades
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares de su gestión el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones. Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano”, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado. En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández– son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertas instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política –y de la voluntad política– como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un “peronismo progresista” que combinara lo popular y lo multitudinario con programas de centroizquierda (estas ideas fueron plasmadas en el libro de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner, Después del derrumbe: teoría y práctica política en la Argentina que viene, publicado en 2003). Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, de las posteriores medidas tomadas por la presidenta y de los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y –en especial– Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política, y que en ese interés por la política tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001 hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública, y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto. El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que van a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares. La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos. Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás.
De todas formas, debería considerarse posible –y necesaria– la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario– la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha han proporcionado diversas catástrofes económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse como un retorno de forma mayoritaria de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo fue –junto al radicalismo– durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. Con un rotundo respaldo al Frente para la Victoria en las elecciones primarias, la Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina debe aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.