(Publicado en la Revista del Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales Distrito de San Isidro)
Entrevista al Lic. Daniel Arroyo
A modo de introducción
El crecimiento exponencial registrado en el consumo interno a partir del segundo lustro de la década anterior constituye materia central en el análisis macro económico sobre la secuencia contemporánea. Si las utilidades obtenidas por los grupos de alta concentración de riqueza en el período apuntado parecen haber superado los valores históricos, también es dable señalar que los sectores medios han experimentado una sensible recuperación de niveles de liquidez monetaria, básicamente asociados a la reactivación económica. En este plano resultaría válido considerar como integrados al proceso de acceso a capacidades adquisitivas superiores, según el análisis comparativo con valores registrados en el ciclo 1998-2002, a los segmentos configurados en las categorías de pobreza e indigencia, tanto desde su integración en el mercado de trabajo – considerar datos oficiales de la creación de cinco millones de puestos en el sector formal– como mediante la percepción de transferencias de recursos desde la órbita estatal a volúmenes históricos desde la consolidación del estado de derecho en nuestro país.
No podemos dejar de advertir que el ejercicio cotidiano del trabajo social, generalmente sesgado por la intervención en circuitos de pobreza estructural, puede operar como factor obstructor en una perspectiva analítica general sobre el cuadro de evolución de la realidad socioeconómica consignada en el párrafo anterior. Pero tampoco es posible soslayar que la elaboración diagnóstica devengada de la práctica profesional diaria, permite identificar la persistencia de núcleos duros de pobreza crítica y que estos núcleos tienen una proyección a escala en el corto y mediano plazo, basada en el crecimiento demográfico esperable en esas franjas poblacionales. Desde esta perspectiva resulta oportuno interpelar, desde el prisma de nuestra disciplina, los lineamientos aplicados en política económica y social, principalmente sobre los sectores que, con posterioridad a la crisis del 2001, se encontraban inscriptos en procesos de desafiliación social.
La entrevista
Propuesta la jerarquización del debate sobre esta realidad, convocamos al Lic. Daniel Arroyo para trazar pinceladas diagnósticas y propositivas desde la perspectiva del pensamiento académico, pero también refrendado por la gestión ministerial del entrevistado en las áreas nacionales y provinciales de las políticas sociales.
Los primeros tiempos fueron de apagar incendios, de bajar con la mayor cantidad de asistencia posible a la enorme masa que se había caído del sistema y reducir los altísimos niveles de pobreza e indigencia -nos plantea en referencia a su gestión como Viceministro de Desarrollo Social de la Nación desde 2003.
El contexto actual, sin embargo, nos permite trazar otras proyecciones. Durante los últimos años se redujo el descenso social. Los “nuevos pobres” de fines de la década del 90 han recuperado su nivel de vida y ya no temen caer en la indigencia. Las capas medias y las medias altas aumentan su nivel adquisitivo y tienen acceso a créditos y otros bienes. Lo que no se ha recuperado es el ascenso social, la movilidad. Los que pertenecen al núcleo duro no tienen otras perspectivas.
Hay que forzar la inclusión desde el Estado, fijando prioridades. No tenemos, como en años anteriores, restricción de recursos. Hay disponibilidad pero falta una transferencia mayor y más y mejor orientada.
Su descripción de la realidad territorial en el conurbano dice que.. es en los grandes centros urbanos donde se concentra la pobreza en la Argentina. Esta es una problemática que excede las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que catorce millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas.
Durante su gestión provincial trazó como un factor implosivo la existencia de 500.000 jóvenes sin actividad laboral y /o educativa. Al respecto describe…el hacinamiento es un condicionante central en la vida cotidiana de las personas, trae aparejado multiplicidad de conflictos desde todo ángulo de análisis, con el factor violencia como eje en la interacción social. Hoy, a nivel nacional, podríamos hablar de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años en esa condición, que no logran sostener proyectos educativos o laborales, lo que constituye un drama de proporciones. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo donde un chico del conurbano bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, no tiene espacio propio, no tiene lugar), se va a la esquina, porque en la esquina se está mejor que en la casa, hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quien no consume y especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción, comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente, Y cuando se endeuda se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía que hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, dura unos seis meses. Se completa luego con una parte de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “estos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es poner contra las cuerdas a estos pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque cuando consiguen una changa por 650 pesos ven que en el barrio a los que se vinculan con otras cosas les va mejor que a los que trabajan.
Sobre la Ley de Protección y Promoción de Derechos para Niños y Adolescentes, y la Asignación Universal por Hijo: La ley es muy buena, pero le falta asignación de recursos genuinos. No es posible implementarla con un celular y una persona a cargo de un servicio zonal, ni tampoco puede funcionar un servicio local sin personal adecuado ni infraestructura ni recursos para intervenir en las situaciones de vulneración de derechos. Los trabajadores sociales lo saben muy bien, porque intentan intervenir desde esa perspectiva y se encuentran con falencias y ausencias estatales serias. El peligro es que, si esto no funciona, y dado el reclamo de gran parte de la opinión pública con respecto a los niños y adolescentes “peligrosos” se retroceda a la ley del patronato y a la institucionalización indiscriminada. En cuanto a la Asignación Universal podemos considerarla como una política de afiliación social clara. La AUH recupera la noción de mensualización, ordena cabezas, sin dudas la mejor que se ha implementado desde el regreso de la democracia.
No cabe en esta coyuntura el concepto de Estado ausente, máxime ante la multiplicidad de programas de transferencia de recursos y el volumen destinado en algunos de ellos. Cabe preguntarse sin embargo, si se establecen mediciones certeras sobre el impacto de los programas, si obran sistemas de monitoreo sobre su eficacia...La evaluación de las políticas públicas debe ser hecha en lo local y monitoreada desde el poder central. Sin esa evaluación, que no se hace cualitativamente en la actualidad y en lo cuantitativo no siempre es confiable, no es posible avanzar. Se puede reconocer extrema fragmentación de planes y programas que impiden atacar las problemáticas estructurales con una mirada más integral, aunque sigo considerando necesario masificar y unificar la transferencia de recursos. Habría que pensar en un modelo similar al del Programa “Bolsa Familia ” implementado en Brasil, que tuvo la virtud de consolidar los distintos programas de asistencia en uno solo, aumentando la cobertura sobre la población más vulnerable – ver Bolsa Familia…
¿Qué ocurre con el núcleo duro de la pobreza, al que la AUH le ha impedido seguir cayendo, pero que no resuelve los problemas estructurales: hacinamiento, falta de infraestructura sanitaria básica, falta de empleo decente?
La Agenda Social en la Argentina tiene cinco problemas a resolver en los próximos años
• la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población
• la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan
• la desigualdad que marca diferencias de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre
• los jóvenes que no sostienen proyectos educativos y/o laborales
• la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
El crecimiento económico sostenido nos marca que estamos frente a una oportunidad histórica. Previéndose un crecimiento sostenido al 4 ó 5 % por los próximos 6 años tenemos chances reales de terminar la década sin pobreza y sin desocupación. Es el gran desafío que debe tomar el Estado: masificar recursos, llegar a los 900.000 jóvenes, volcar 4000 millones en microcréditos, extender la infraestructura básica para cubrir la población en situación deficitaria. Los problemas sociales en Argentina requieren recursos masivos.
¿Qué grandes lineamientos hay que seguir en los próximos años a nivel de desarrollo socio económico?
Es necesaria la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, que apunte a los desarrollos locales por regiones. Las empresas privadas tienen que ser incentivadas desde lo fiscal (con muy buenos controles) para que incorporen trabajadores con baja calificación, especialmente jóvenes, que son los que están afuera de la reactivación económica.
Hay que apuntar a desarrollos locales en el NOA y en el NEA, y también tener una mirada sobre la Patagonia, para reducir la migración interna. La concentración de población en territorio bonaerense y particularmente en el AMBA, tiene que tener alguna alternativa viable y en el mediano plazo
Imposible no consultar sobre qué rol deberían tener los trabajadores sociales en las políticas sociales…
Si bien tradicionalmente los trabajadores sociales tuvieron un déficit en su formación académica, eso se ha ido superando en los últimos años. Sin dudas deberían estar más involucrados en el diseño y programación de las políticas públicas y no tanto en el “enamoramiento del caso”, como a veces ocurre.
A modo de cierre, más preguntas hacia el interior de nuestro colectivo
¿Podemos convenir en que la intervención cotidiana en escenarios sesgados por manifestaciones de pobreza crítica contiene una carga alienante para el profesional del trabajo social?
¿Podemos considerar que la falta de jerarquización salarial de la profesión y los insuficientes dispositivos de política pública disponibles para la intervención operan en ese mismo sentido?
¿Podemos creer que la sistematización de prácticas, la conceptualización de problemáticas sociales, la propensión al análisis socio-político y el diseño de propuestas devengadas de la experiencia cotidiana son un camino plausible en pos de la jerarquización de nuestra disciplina?
El debate, entendemos, no ha hecho más que empezar.
jueves, 29 de diciembre de 2011
miércoles, 28 de diciembre de 2011
Inversión Social Privada en Proyectos Socio-productivos
(Publicado en Potenciar Comunidades, Noviembre de 2011)
Por Daniel Arroyo
La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.
Por Daniel Arroyo
La distribución poblacional de la Argentina tiene un problema básico: más del treinta por ciento de sus habitantes se concentran en el uno por ciento de su extensión territorial, mientras quedan así muchas jurisdicciones casi sin población. La generación de polos productivos, con una red de calidad de servicios de educación y salud, en el interior del país aparece como una de las claves para avanzar hacia un desarrollo territorial más extendido e igualitario.
El desarrollo local es un proceso que se genera “desde abajo”. No cualquier actividad económica fomenta el desarrollo local; sólo aquella que, a la vez que motoriza el crecimiento, generando volumen económico en el lugar, mejora sustancialmente las condiciones sociales de las personas que viven en ese territorio; sobre todo, en lo que tiene que ver con los ingresos de la población.
El empresariado puede ser motor del desarrollo local si profundiza su participación a lo largo de las cadenas productivas con los emprendedores, en la asistencia técnica, en la inversión productiva y en la conformación de valor agregado en las actividades económicas.
Entre los problemas principales que tienen los sectores empobrecidos se destaca el retraso tecnológico, la falta de capacitación y la ausencia de vinculación entre el sector informal y el sector privado. Esta situación genera que un sector social importante de la población tenga dificultades de inserción en el mercado laboral actual.
La desarticulación de unidades productivas reduce su potencial para hacer un mayor aporte en la generación de empleos y la distribución equitativa de los ingresos. En consecuencia, es necesaria una vinculación entre emprendedores, y de éstos con las unidades productivas que permitan la construcción de redes de apoyo mutuo, y sobre todo, que deriven en la construcción de un proyecto de desarrollo basado en capacidades y recursos regionales que generen un círculo virtuoso de crecimiento e inversión, en el que el empresariado asuma un rol activo y de respaldo financiero.
El objetivo es incorporar al empresariado a una idea de bien común, eliminando las viejas dicotomías agro-industria, Estado-Mercado, economía formal-informal, con una visión de desarrollo que cree mecanismos decisorios con el consenso de la mayoría de los sectores, teniendo como objetivo la construcción de una sociedad integrada.
martes, 27 de diciembre de 2011
Fuerza Solidaria entregó el primer préstamo gestionado junto a SUTEBA
En un acto presidido por el presidente de Fuerza Solidaria, Daniel Arroyo, y el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, se realizó la entrega del primer Préstamo gestionado por la Secretaría de Promoción Social del sindicato docente ante Fuerza Solidaria para las Cooptebas. El mismo permitirá el desarrollo del sistema informático que utilizarán las Cooptebas para su gestión contable y de obras. La actividad se llevó a cabo el martes 20 de diciembre en el Teatro La Máscara de la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de la entrega del crédito, los funcionarios de Fuerza Solidaria brindaron una capacitación sobre la metodología, condiciones y documentación necesaria para acceder a los préstamos que se otorgarían.
Durante el encuentro, Arroyo afirmó que “de a poco se están llevando adelante políticas de segunda generación. Yo veo a SUTEBA como un sindicato que está haciendo punta, no sólo en la actividad sindical tradicional vinculada a la cuestión salarial y a las condiciones de trabajo, sino a proveer de servicios a los propios afiliados como es el hecho de haber creado las Cooptebas”. También explicó que Fuerza Solidaria “es un fondo del Banco Provincia que no le da crédito directamente a las personas sino que lo hace a través de instituciones, en este caso SUTEBA y las Cooptebas”.
Por su parte, Baradel planteó que aunque “este tipo de cuestiones parezcan pequeñas, son absolutamente sustanciales en la transformación de una sociedad”. Luego señaló que “cada vez que se entrega una vivienda es una emoción muy grande. Primero para los compañeros que la reciben y que tienen la posibilidad de, en ese momento, acceder a una vivienda. Pero también es un orgullo muy grande de los compañeros que están al frente de Coopteba y de todos los trabajadores, porque sentimos que lo que decimos permanentemente lo hacemos, vamos y ponemos el cuerpo. Entonces se entregan viviendas, se dan préstamos para poder comprar la vivienda y lo puedan devolver sin tasas usurarias, y con toda la plata yendo a donde tiene que ir, que es al beneficio de los trabajadores”.
Por su parte, el secretario de Promoción Social de SUTEBA, Julio Ceresa, remarcó el “gran orgullo” que significa “poder construir estos espacios y la relación con Fuerza solidaria para que los docentes puedan ejercer el derecho a tener una vivienda propia”. También indicó: “Tenemos que hacer foco también en el desarrollo de la económica social, lo que implicaría créditos para aquellos que puedan desarrollar economías sociales productivas en pequeños grupos de personas”. Por último, celebró: “Para nosotros es hermoso poder hacer esta relación con Fuerza Solidaria para facilitarle a los compañeros la manera de acceder a la vivienda”.
jueves, 22 de diciembre de 2011
La Argentina, en busca de un nuevo sistema político
(publicado en la Revista del Isel, diciembre de 2011)
Por Daniel Arroyo
Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. La consigna “Que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados- más que impulsar el fin de la democracia delegativa, hoy, a diez años de aquellas jornadas, mostraron la amplia demanda social de un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Ese sistema bipartidista, sin embargo, ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intrasigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande-, venían demostrando, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y que dejaba mostrar sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad política argentina a comienzos de los años noventa, podía concluir, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha, y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales-, hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la autorepresentación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días de diciembre de 2001, cualquier persona vestida con traje y corbata que necesitara pasar por el frente del Congreso de la Nación, corría el riesgo de ser agredido, si era identificado como potencial asesor de un diputado. Y esas escenas, efectivamente, ocurrieron. La crisis de representación se corporizaba en acciones concretas: se creía que todos los que estaban asociados con la función pública se enriquecían de forma ilegal, a través de coimas y negociados espurios. La visión mayoritaria era que todos los que estaban en política no dudaban en privilegiar los intereses propios por sobre el bien común. Mientras, el resto de la gente tenía que trabajar, sufrir y deslomarse para vivir.
En ese diciembre de 2001, un sistema político que se creía consolidado hasta poco tiempo atrás, colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.
ORÍGENES DE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. Las razones de esas modificaciones se encuentran, por un lado, en la consolidación del proceso democrático, tras los primeros años turbulentos que se vivieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, asediado una y otra vez por levantamientos de distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Por otro, en el cambio en la relación entre el Estado y la sociedad impulsado durante las dos presidencias de Carlos Menem.
El modelo neoliberal implementado en los años noventa apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas desde el Estado nacional.
El paradigma de la época indicaba que había que ajustar y achicar el gasto público, flexibilizar el mercado laboral y esperar inversiones hacia los mercados emergentes que en algún momento pudieran derramar beneficios para los más pobres. Se imponía la aplicación de los lineamientos del Consenso de Washington (1989), que prescribían la apertura unilateral de la economía, la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal, las desregulaciones, la disminución del gasto público, el mantenimiento del equilibrio de los índices macroeconómicos y la flexibilización laboral.
Bajo esta perspectiva, se observaban diferencias importantes en las consecuencias del retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de los programas de privatización y concesión de servicios, se trasladaron actividades rentables hacia el sector privado; por otro, la implementación de programas sociales se dejó en manos de las instancias de los gobiernos locales (incluidos los servicios de salud y educación) y también de las organizaciones no gubernamentales, que debían dar cuenta de gran parte de los problemas derivados de la crisis de integración social y del aumento de la exclusión generados por el propio ajuste estructural .
Ese cambio en la relación entre el Estado y la sociedad tuvo su correlato con la crisis de representación política a la que nos veníamos refiriendo desde el comienzo de este artículo. Durante los años noventa, se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario, y vinculada a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de los bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios- y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidencia en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis .
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera).
De allí, derivó el citado concepto de “crisis de representación”, de la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular.
Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político. En la década del noventa, la política estaba asociada a la corrupción y cualquiera que dijese que militaba en un partido político o que estaba en la función público, estaba brutalmente mal visto. Además, la asociación de que “lo privado era bueno y lo público era malo” hacía que el empleado público, aunque no tuviera ninguna pertenencia política, se escondiera porque podía quedar mal parado frente al resto de la sociedad. Recuerdo que empecé a estudiar la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires en 1986. En los últimos años de estudio, la gente me miraba y me preguntaba por qué estudiaba eso, para qué, si era una porquería. No había ningún valor en la política.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado, potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.
En este esquema, es necesario señalar que, asimismo, se consolidó la fragmentación de la estructura social que se había generado durante la última dictadura militar (1976-1983). La red social con amplia presencia estatal que se había tejido desde las primeras décadas del siglo XX y que se había fortalecido durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entró en crisis a mediados de los años setenta con las políticas antipopulares aplicadas por el gobierno autoritario. Frente a este desmembramiento del tejido social, surgieron en la sociedad formas de organización diferentes a las que habían sido tradicionales en la Argentina. Ya no se trataba de la gran movilización y demanda del conjunto de los trabajadores, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollan en base a temas específicos y en donde se priorizaban el espacio de lo local, la sobrevivencia económica y la no vinculación con la política partidaria .
RUPTURAS Y CONTINUIDADES
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones.
Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado.
En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández- son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertos instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política y de la voluntad política como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un peronismo progresista que combinara lo popular y lo multitudinario, con programas de centroizquierda. Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas, llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
Una primera lectura, sin la distancia histórica necesaria, podría indicar que en la última década, el kirchnerismo supo leer ciertas demandas sociales que habían irrumpido en el 2001 y logró reconstruir cierto paradigma de la representación política, pero sin que se termine de recomponer o se construya un nuevo sistema de partidos. Es decir, después de 2003 se reconstruyó el valor de la política como elemento articulador de los conflictos económicos y sociales, pero no se logró configurar un sistema vigoroso de partidos.
Durante este 2011, año eminentemente electoral, con renovación amplia de cargos ejecutivos y legislativos, en los tres niveles del Estado, cualquier persona que camine por las calles de la Argentina, verá un bombardeo incesante de propagandas de múltiples candidatos. Se enfrentará una infinidad de cartelería política, se agudiza la mirada se notará que gran parte de esos candidatos se postula sin ninguna estructura política consolidada que lo promueva; y sin que quede claro a qué tipo de candidatura aspiran. Sobresale la imagen de los candidatos, sus rostros, algunas ideas y eslóganes, pero la identificación partidaria queda en un segundo plano. Son candidatos que apuestan a valer por sí mismos y que intentan tener algún lugar en la política claro. Las dificultades para recomponer un sistema de partidos luego de la grave crisis de representación que hizo eclosión en el 2001 hace que aún no estén claras cuáles son las reglas para acceder al centro de la decisión política, aún no queda claro cómo hace aquel que quiere ingresar en una estructura partidaria. Y, de hecho, esas estructuras partidarias tradicionales presentan aún múltiples fracciones y desprendimientos.
JUGADAS Y LÍMITES
Con la apuesta por la transversalidad, el kirchnerismo intentó crear un nuevo sistema de partidos, en el que se imaginaba como un nuevo movimiento de mayorías que podría dar un vuelco importante en la historia política argentina. En la década de 1930, el yrigoyenismo había logrado amalgamar elementos innovadores con otros preexistentes y se había convertido en la fuerza progresista que sintonizaba el espíritu de la época. En el mismo sentido, el peronismo, a partir de 1945, amalgamando expresiones de izquierda y de derecha, con rasgos más transformadores, y otros más tradicionales, también había conseguido posicionarse como un movimiento amplio, cuyos ecos llegan hasta la actualidad. Y, en el mismo sentido, el kirchnerismo se imaginaba como una expresión fundante, que buscaba juntar “todos los buenos” que estaban en la política, fueran del radicalismo, del socialismo, de partidos de centro o de izquierda, o de expresiones independientes. El kirchnerismo buscaba fundar un partido y un sistema nuevo, a través de una lectura que parecía plausible ante la grave situación que vivía el país en los primeros años del nuevo siglo.
Sin embargo, ese sistema no logró cuajar con fuerza por una serie de razones, sin duda complejas, algunas coyunturales, y otras más de tipo estructural. En primer lugar, el estilo de conducción de gobierno tan cerrado, tal vez necesario ante la grave crisis económica y social que vivía el país, hizo difícil que quienes quisieran sumar sus aportes al nuevo proyecto, pudieran hacerlo sin mayores obstáculos. Pero más allá de ese aspecto circunstancial, es necesario dar cuenta que, en la actualidad, se vive en una sociedad posmoderna, con democracias de baja intensidad, en la que las personas deciden no ponerle del todo el cuerpo a las cosas, y en especial a aquellas cuestiones ligadas a lo público. Bajo esta nueva realidad, en el marco de la actual sociedad argentina, no aparece con tanta claridad la posibilidad de construir un movimiento político de identidades tan fuertes como en su momento fueron el yrigoyenismo y el peronismo. Tal vez, aquel sistema que imaginaba el kirchnerismo en sus primeros años, estaba más relacionado con una sociedad moderna y de ideologías fuertes que con una sociedad posmoderna.
Hasta los años setenta, en la Argentina primaba lo que se denomina el “voto camiseta” o “voto militancia”. Es decir, la política generaba una identidad fuerte y de forma masiva en la sociedad. No sólo porque se votaba a un determinado partido, sino porque esa pertenencia ideológica redundaba en una manera determinada de pensar y de vivir, una forma de pararse frente al trabajo y la familia, al mismo tiempo que generaba una red determinada de amistades.
EL CAMBIO EN LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN
En los años noventa, mucha gente que podría haber participado de forma activa en la política, y haber trabajado de acuerdo a ese interés por lo público, frente a la catástrofe de las instituciones estatales, deriva su intervención hacia las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento, o los distintos grupos de defensa de derechos sectoriales o ecológicos. Es decir, hay un repliegue de lo político hacia lo social. Esa participación sectorial o local es una característica de los años noventa, donde se observa una necesidad de volcarse al barrio, a la ecología, a la radio comunitaria. En esa década, los jóvenes de clase media tendían a vincularse con ese tipo de participación.
Un dato novedoso de esa década fue la desocupación. Y esa situación crítica creó un nuevo sector, que no tenía representación hasta ese momento. El sindicalismo tardó mucho en entender ese fenómeno irruptivo y en tratar de generar una vinculación con esos nuevos actores sociales. Si bien la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lo comprende con mayor rapidez, esa falta de reacción sindical dio pie al surgimiento de los movimientos de desocupados, también conocidos como “grupos piqueteros”. En el marco de la alta desocupación y la crisis económica, esos grupos tuvieron un rol claro: lograron volver visible la pobreza y la exclusión económica creciente. Sin embargo, en los últimos años, con la recuperación de la economía, las changas y el trabajo informal, y la presencia activa del Estado con planes sociales masivos, la desocupación perdió peso como eje articulador de distintas expresiones sociales. En este nuevo contexto, sí actúan como elemento conector la reivindicación de ciertos derechos, las demandas ambientales, la calidad del trabajo y la lucha contra la corrupción, pero no la desocupación .
Con todo, buena parte de esas expresiones, provenientes de la sociedad movilizada e interesada por lo público, comenzó a replantearse en los últimos años si con esa tarea en las organizaciones sociales alcanza. Comienza a extenderse la pregunta de si no habría que articular esa acción con el Estado y los partidos políticos. Se plantea que para que las cosas cambien de verdad es necesario participar en la política. Y, entonces, empieza a volcar sus actividades nuevamente hacia el campo de lo político. Estamos frente a un intento de consolidar organizaciones de tipo sociopolíticas. Es decir, organizaciones de derechos humanos, de luchas ambientales, de defensa de cuestiones barriales, que necesitan tener una conexión con la política, aunque no necesariamente a partir del seguimiento o el involucramiento con un partido o un candidato determinado. La idea es que hoy existen más movimientos de la sociedad civil o del tercer sector que buscan ya no incidir sino cambiar e intervenir de forma activa sobre las políticas públicas.
La idea que predomina en la Argentina es que para que las cosas sucedan hay que estar involucrado con las políticas públicas. Entonces, las organizaciones buscan tener un impacto concreto e importante sobre la administración estatal de la cosa pública. Es decir, prevalece la idea de que si no se mete presión la cosa no funciona, y que no sólo hace falta una ley para que las cosas cambien. La gran diferencia entre el trabajo de las organizaciones y el Estado es de escala. Una organización tiene incidencia barrial o temática, pero su tarea no alcanza para dar vueltas la realidad. El único actor que tiene esa capacidad de transformación es el Estado. Si se quieren transformaciones masivas, con la sociedad civil no alcanza.
UN NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, las posteriores medidas tomadas por la presidenta Cristina Kirchner, los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y, en especial, Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política; y que en ese interés por la política, tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001, hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública; y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto. El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que va a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares . La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos, resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos . Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás. Hoy, también tiene injerencia, en la elección de un candidato o de un funcionario, que sean personas que tengan una buena dicción, que sepan articular un discurso que tenga impacto en la sociedad. La política, entonces, se transforma en una profesión específica, porque requiere de mucho tiempo y preparación. Hay que estudiar para adquirir esas nuevas habilidades requeridas por los medios, con códigos de lenguaje y maneras innovadoras.
De todas formas, debería considerar posible –y necesaria- la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario- la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios –en el caso español, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y luego una abanico amplio de expresiones de derecha, de izquierda o con fuerte impronta regionalista-, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, y ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha, han proporcionado diversas catástrofes, económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse, de forma mayoritaria, como un retorno de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo –junto al radicalismo- durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. La Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy, se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina de aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.
Por Daniel Arroyo
Las movilizaciones populares de diciembre de 2001 pusieron en cuestionamiento una forma de pensar las relaciones entre economía, política y sociedad que se había arraigado durante largos años en la dirigencia de la Argentina. La consigna “Que se vayan todos” –repetida una y otra vez en aquellos días agitados- más que impulsar el fin de la democracia delegativa, hoy, a diez años de aquellas jornadas, mostraron la amplia demanda social de un fuerte cambio en el sistema político nacional.
Desde el retorno democrático en 1983 y hasta los meses previos a diciembre de 2001, la Argentina tenía un sistema donde se observaba una predominancia fuerte del bipartidismo. Con los reacomodamientos internos operados tras la derrota de la fórmula integrada por Ítalo Argentino Luder y Deolindo Bittel en 1983, con el surgimiento primero de fuerzas renovadoras más cercanas a la socialdemocracia europea, y luego con el corrimiento hacia posiciones de derecha durante las dos presidencias de Carlos Saúl Menem, el Partido Justicialista logró recomponer sus fuerzas, mostrando su peso tanto en las provincias como en ambas cámaras legislativas. La salida precipitada del presidente Raúl Alfonsín había generado dificultades en el andar del radicalismo que, sin embargo, consiguió volver al poder con Fernando De la Rúa en 1999, a través de una alianza con fuerzas de centroizquierda y del propio peronismo.
Ese sistema bipartidista, sin embargo, ya venía mostrando sus grietas desde la misma reapertura del sistema democrático. El surgimiento de terceros partidos con proyección nacional –como el Partido Intrasigente, la Unión del Centro Democrático (Ucedé) y el Frente Grande-, venían demostrando, sea desde posturas de centroizquierda o de centroderecha, que este modelo binario no lograba representar a todo el arco de la opinión pública y que dejaba mostrar sus fallas. Pese a esas experiencias alternativas, un politólogo que observara la realidad política argentina a comienzos de los años noventa, podía concluir, desde una visión satelital, que había un sistema de partidos consolidado, con tibios intentos de nuevas expresiones políticas, a veces por derecha, y otras por izquierda.
Sin embargo, a mediados de la última década del siglo XX, y especialmente después de la crisis económica y financiera de 1998, el sistema político comenzó a resquebrajarse de forma abrupta en la Argentina. Las elecciones legislativas de octubre de 2001 fueron el primer indicio de la explosión que se vivió dos meses más tarde. Se observó un ascenso claro del voto blanco, nulo o impugnado. Surgieron grupos que impulsaban la no participación en el acto electoral. Y otros que proponían llenar los sobres electorales con consignas o elementos que mostraran “la bronca” social contra la dirigencia política.
Y en diciembre de 2001, la Argentina vivió el pasaje de esa crisis de representación –es decir, de cierta idea de que la gente se sentía poco representada por los partidos tradicionales-, hacia protestas y movilizaciones que, directamente, se podrían interpretar como simbologías de la antipolítica y la autorepresentación. En otras palabras, muchos ciudadanos manifestaban no creer “nada en la política” y preferían refugiarse en la esfera íntima, engancharse con la familia, con sus hijos, con la sociedad de fomento, con las ideas barriales, pero eludiendo cualquier mecanismo representativo que tuviera vinculación con el sistema político tradicional. Aquello que, en mayor o menor medida, tuviera alguna vinculación con la política estaba asociado a la corrupción, la ingobernabilidad y el desastre económico. En esos días de diciembre de 2001, cualquier persona vestida con traje y corbata que necesitara pasar por el frente del Congreso de la Nación, corría el riesgo de ser agredido, si era identificado como potencial asesor de un diputado. Y esas escenas, efectivamente, ocurrieron. La crisis de representación se corporizaba en acciones concretas: se creía que todos los que estaban asociados con la función pública se enriquecían de forma ilegal, a través de coimas y negociados espurios. La visión mayoritaria era que todos los que estaban en política no dudaban en privilegiar los intereses propios por sobre el bien común. Mientras, el resto de la gente tenía que trabajar, sufrir y deslomarse para vivir.
En ese diciembre de 2001, un sistema político que se creía consolidado hasta poco tiempo atrás, colapsó. Y, por varios años, vivió en una crisis absoluta.
ORÍGENES DE LA CRISIS DE REPRESENTACIÓN
Las formas de participación de la sociedad civil tuvieron un giro de relevancia durante la década del noventa. Las razones de esas modificaciones se encuentran, por un lado, en la consolidación del proceso democrático, tras los primeros años turbulentos que se vivieron durante el gobierno de Raúl Alfonsín, asediado una y otra vez por levantamientos de distintos sectores de las Fuerzas Armadas. Por otro, en el cambio en la relación entre el Estado y la sociedad impulsado durante las dos presidencias de Carlos Menem.
El modelo neoliberal implementado en los años noventa apuntaba en una dirección clara: la búsqueda de la reducción del rol del Estado en el manejo de las fuerzas de la economía y la producción. Las políticas de privatización de las principales empresas públicas transfirieron buena parte de las funciones estatales hacia el mercado. Por otro lado, se impulsaron políticas de descentralización que delegaban actividades hacia el nivel municipal y hacia las propias organizaciones sociales, sin mediar una transferencia de recursos acorde al traspasamiento de esas responsabilidades antes ejercidas desde el Estado nacional.
El paradigma de la época indicaba que había que ajustar y achicar el gasto público, flexibilizar el mercado laboral y esperar inversiones hacia los mercados emergentes que en algún momento pudieran derramar beneficios para los más pobres. Se imponía la aplicación de los lineamientos del Consenso de Washington (1989), que prescribían la apertura unilateral de la economía, la reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal, las desregulaciones, la disminución del gasto público, el mantenimiento del equilibrio de los índices macroeconómicos y la flexibilización laboral.
Bajo esta perspectiva, se observaban diferencias importantes en las consecuencias del retiro del Estado de sus anteriores funciones: por un lado, en el caso de los programas de privatización y concesión de servicios, se trasladaron actividades rentables hacia el sector privado; por otro, la implementación de programas sociales se dejó en manos de las instancias de los gobiernos locales (incluidos los servicios de salud y educación) y también de las organizaciones no gubernamentales, que debían dar cuenta de gran parte de los problemas derivados de la crisis de integración social y del aumento de la exclusión generados por el propio ajuste estructural .
Ese cambio en la relación entre el Estado y la sociedad tuvo su correlato con la crisis de representación política a la que nos veníamos refiriendo desde el comienzo de este artículo. Durante los años noventa, se terminó la política de masas articulada por las concepciones ideológicas comunes, con un fuerte componente solidario, y vinculada a una idea organicista del pueblo. Se pasó a un sistema en que la política articulaba principalmente con los medios de comunicación, los operadores y los asesores de imagen. Es decir, a un esquema que marcaba una brecha entre la “macropolítica” –que articula intereses alrededor de los bienes públicos, espacios territoriales de poder y control de los aparatos partidarios- y la “micropolítica”, vinculada a las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales con incidencia en aspectos puntuales y sectoriales. La macropolítica aparecía conformada por un umbral reducido de grupos y sectores que tenían capacidad de incidencia en las grandes decisiones nacionales, mientras que la micropolítica aparecía alejada de las decisiones centrales y se desarrollaba como uno de los instrumentos principales para “amortiguar” los efectos de la crisis .
En este contexto, se produjo un lógico distanciamiento entre el sistema político y la esfera de lo social. Así, los ciudadanos planteaban su incredulidad frente a los relatos políticos. Pero esa sociedad delegaba poder y se distanciaba de lo público en un modelo que potenciaba la auto-resolución de las demandas y en donde las acciones colectivas tendían a circunscribirse a hechos puntuales (protestas sectoriales, defensa de espacios verdes o de derechos vulnerados, reivindicaciones locales, etcétera).
De allí, derivó el citado concepto de “crisis de representación”, de la idea de que los ciudadanos no se sentían representados en sus demandas, esperaban poco de lo que la política les podía dar y tendían a tratar de resolver sus problemas en el ámbito de lo social y no de lo político. Se trataba de un modelo de delegación, en el que el ciudadano votaba, delegaba el poder en su representante electo y luego se retraía a su ámbito particular.
Esta situación no hacía más que aumentar la apatía y la falta de expectativas sobre lo político. En la década del noventa, la política estaba asociada a la corrupción y cualquiera que dijese que militaba en un partido político o que estaba en la función público, estaba brutalmente mal visto. Además, la asociación de que “lo privado era bueno y lo público era malo” hacía que el empleado público, aunque no tuviera ninguna pertenencia política, se escondiera porque podía quedar mal parado frente al resto de la sociedad. Recuerdo que empecé a estudiar la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires en 1986. En los últimos años de estudio, la gente me miraba y me preguntaba por qué estudiaba eso, para qué, si era una porquería. No había ningún valor en la política.
De este modo, el proceso de reformas neoliberales dejó un esquema ambiguo. Por un lado, potenció la constitución de organizaciones sociales y comunitarias que buscaban “resolver” los problemas derivados de las políticas de ajuste estructural. Por otro, amplió las distancias entre la política y la sociedad, reduciendo las posibilidades de articular la acción de los diversos actores sociales.
En este esquema, es necesario señalar que, asimismo, se consolidó la fragmentación de la estructura social que se había generado durante la última dictadura militar (1976-1983). La red social con amplia presencia estatal que se había tejido desde las primeras décadas del siglo XX y que se había fortalecido durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entró en crisis a mediados de los años setenta con las políticas antipopulares aplicadas por el gobierno autoritario. Frente a este desmembramiento del tejido social, surgieron en la sociedad formas de organización diferentes a las que habían sido tradicionales en la Argentina. Ya no se trataba de la gran movilización y demanda del conjunto de los trabajadores, sino del surgimiento de movimientos que se desarrollan en base a temas específicos y en donde se priorizaban el espacio de lo local, la sobrevivencia económica y la no vinculación con la política partidaria .
RUPTURAS Y CONTINUIDADES
Luego de la crisis de 2001, el sistema político comenzó a reconfigurarse con distintas marchas y contramarchas. A partir de mayo de 2003, el presidente Néstor Kirchner supo leer buena parte de las demandas sociales expresadas en aquellas jornadas de diciembre y provocó fuertes variaciones sobre la forma de ejercer la gestión pública. En una conjugación de algunos elementos económicos heterodoxos y otros ortodoxos, apostó al desarrollo de la obra pública, impulsó medidas cercanas al keynesianismo y puso como pilares el desendeudamiento y el superávit fiscal. También convirtió a la defensa de los derechos humanos en una política de Estado, encaró una profunda renovación de los jueces de la Corte Suprema, desarrolló políticas sociales amplias, desde un modelo de gestión propicio a la concentración de recursos. En síntesis, volvió a poner a la política en el centro de la toma de decisiones.
Si hasta la crisis de 2001 predominaba la idea de que quien se hiciera cargo de la presidencia debía convocar a economistas, más o menos ortodoxos, pero que fueran respetados por los sectores financieros o empresarios, y luego entregarle el gobierno “llave en mano, el kirchnerismo reconstruyó la idea de que la voluntad y la participación política podían dar batalla frente a las imposiciones del mercado.
En este sentido, podría señalarse que Néstor Kirchner –y luego Cristina Fernández- son presidentes que se reconocen como actores políticos pero que, a la vez, actúan de manera distinta a los dirigentes anteriores. Al mismo tiempo que entablan lazos con organizaciones sociales que eran desconocidas como actores políticos hasta ese momento, no dudan en ignorar a ciertos instituciones tradicionales, como las cámaras empresariales, las Fuerzas Armadas, los sectores eclesiásticos, etcétera. Es decir, recuperan el valor de la política y de la voluntad política como un elemento clave.
En sus primeros años, el kirchnerismo apostó a la “transversalidad” y a la idea de recrear el sistema político argentino. Se buscaba llevar a la práctica la idea de un peronismo progresista que combinara lo popular y lo multitudinario, con programas de centroizquierda. Se intentaba encauzar a la Argentina hacia un sistema de partidos similar a la de muchos países europeos, con dos polos fuertes: uno de centroizquierda y progresista; otro, de centroderecha y conservador. Tal vez la lectura de la correlación de fuerzas, llevó a Kirchner a dejar en un plano secundario esa idea y a luchar de forma abierta por el control del Partido Justicialista.
Una primera lectura, sin la distancia histórica necesaria, podría indicar que en la última década, el kirchnerismo supo leer ciertas demandas sociales que habían irrumpido en el 2001 y logró reconstruir cierto paradigma de la representación política, pero sin que se termine de recomponer o se construya un nuevo sistema de partidos. Es decir, después de 2003 se reconstruyó el valor de la política como elemento articulador de los conflictos económicos y sociales, pero no se logró configurar un sistema vigoroso de partidos.
Durante este 2011, año eminentemente electoral, con renovación amplia de cargos ejecutivos y legislativos, en los tres niveles del Estado, cualquier persona que camine por las calles de la Argentina, verá un bombardeo incesante de propagandas de múltiples candidatos. Se enfrentará una infinidad de cartelería política, se agudiza la mirada se notará que gran parte de esos candidatos se postula sin ninguna estructura política consolidada que lo promueva; y sin que quede claro a qué tipo de candidatura aspiran. Sobresale la imagen de los candidatos, sus rostros, algunas ideas y eslóganes, pero la identificación partidaria queda en un segundo plano. Son candidatos que apuestan a valer por sí mismos y que intentan tener algún lugar en la política claro. Las dificultades para recomponer un sistema de partidos luego de la grave crisis de representación que hizo eclosión en el 2001 hace que aún no estén claras cuáles son las reglas para acceder al centro de la decisión política, aún no queda claro cómo hace aquel que quiere ingresar en una estructura partidaria. Y, de hecho, esas estructuras partidarias tradicionales presentan aún múltiples fracciones y desprendimientos.
JUGADAS Y LÍMITES
Con la apuesta por la transversalidad, el kirchnerismo intentó crear un nuevo sistema de partidos, en el que se imaginaba como un nuevo movimiento de mayorías que podría dar un vuelco importante en la historia política argentina. En la década de 1930, el yrigoyenismo había logrado amalgamar elementos innovadores con otros preexistentes y se había convertido en la fuerza progresista que sintonizaba el espíritu de la época. En el mismo sentido, el peronismo, a partir de 1945, amalgamando expresiones de izquierda y de derecha, con rasgos más transformadores, y otros más tradicionales, también había conseguido posicionarse como un movimiento amplio, cuyos ecos llegan hasta la actualidad. Y, en el mismo sentido, el kirchnerismo se imaginaba como una expresión fundante, que buscaba juntar “todos los buenos” que estaban en la política, fueran del radicalismo, del socialismo, de partidos de centro o de izquierda, o de expresiones independientes. El kirchnerismo buscaba fundar un partido y un sistema nuevo, a través de una lectura que parecía plausible ante la grave situación que vivía el país en los primeros años del nuevo siglo.
Sin embargo, ese sistema no logró cuajar con fuerza por una serie de razones, sin duda complejas, algunas coyunturales, y otras más de tipo estructural. En primer lugar, el estilo de conducción de gobierno tan cerrado, tal vez necesario ante la grave crisis económica y social que vivía el país, hizo difícil que quienes quisieran sumar sus aportes al nuevo proyecto, pudieran hacerlo sin mayores obstáculos. Pero más allá de ese aspecto circunstancial, es necesario dar cuenta que, en la actualidad, se vive en una sociedad posmoderna, con democracias de baja intensidad, en la que las personas deciden no ponerle del todo el cuerpo a las cosas, y en especial a aquellas cuestiones ligadas a lo público. Bajo esta nueva realidad, en el marco de la actual sociedad argentina, no aparece con tanta claridad la posibilidad de construir un movimiento político de identidades tan fuertes como en su momento fueron el yrigoyenismo y el peronismo. Tal vez, aquel sistema que imaginaba el kirchnerismo en sus primeros años, estaba más relacionado con una sociedad moderna y de ideologías fuertes que con una sociedad posmoderna.
Hasta los años setenta, en la Argentina primaba lo que se denomina el “voto camiseta” o “voto militancia”. Es decir, la política generaba una identidad fuerte y de forma masiva en la sociedad. No sólo porque se votaba a un determinado partido, sino porque esa pertenencia ideológica redundaba en una manera determinada de pensar y de vivir, una forma de pararse frente al trabajo y la familia, al mismo tiempo que generaba una red determinada de amistades.
EL CAMBIO EN LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN
En los años noventa, mucha gente que podría haber participado de forma activa en la política, y haber trabajado de acuerdo a ese interés por lo público, frente a la catástrofe de las instituciones estatales, deriva su intervención hacia las organizaciones no gubernamentales, las sociedades de fomento, o los distintos grupos de defensa de derechos sectoriales o ecológicos. Es decir, hay un repliegue de lo político hacia lo social. Esa participación sectorial o local es una característica de los años noventa, donde se observa una necesidad de volcarse al barrio, a la ecología, a la radio comunitaria. En esa década, los jóvenes de clase media tendían a vincularse con ese tipo de participación.
Un dato novedoso de esa década fue la desocupación. Y esa situación crítica creó un nuevo sector, que no tenía representación hasta ese momento. El sindicalismo tardó mucho en entender ese fenómeno irruptivo y en tratar de generar una vinculación con esos nuevos actores sociales. Si bien la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lo comprende con mayor rapidez, esa falta de reacción sindical dio pie al surgimiento de los movimientos de desocupados, también conocidos como “grupos piqueteros”. En el marco de la alta desocupación y la crisis económica, esos grupos tuvieron un rol claro: lograron volver visible la pobreza y la exclusión económica creciente. Sin embargo, en los últimos años, con la recuperación de la economía, las changas y el trabajo informal, y la presencia activa del Estado con planes sociales masivos, la desocupación perdió peso como eje articulador de distintas expresiones sociales. En este nuevo contexto, sí actúan como elemento conector la reivindicación de ciertos derechos, las demandas ambientales, la calidad del trabajo y la lucha contra la corrupción, pero no la desocupación .
Con todo, buena parte de esas expresiones, provenientes de la sociedad movilizada e interesada por lo público, comenzó a replantearse en los últimos años si con esa tarea en las organizaciones sociales alcanza. Comienza a extenderse la pregunta de si no habría que articular esa acción con el Estado y los partidos políticos. Se plantea que para que las cosas cambien de verdad es necesario participar en la política. Y, entonces, empieza a volcar sus actividades nuevamente hacia el campo de lo político. Estamos frente a un intento de consolidar organizaciones de tipo sociopolíticas. Es decir, organizaciones de derechos humanos, de luchas ambientales, de defensa de cuestiones barriales, que necesitan tener una conexión con la política, aunque no necesariamente a partir del seguimiento o el involucramiento con un partido o un candidato determinado. La idea es que hoy existen más movimientos de la sociedad civil o del tercer sector que buscan ya no incidir sino cambiar e intervenir de forma activa sobre las políticas públicas.
La idea que predomina en la Argentina es que para que las cosas sucedan hay que estar involucrado con las políticas públicas. Entonces, las organizaciones buscan tener un impacto concreto e importante sobre la administración estatal de la cosa pública. Es decir, prevalece la idea de que si no se mete presión la cosa no funciona, y que no sólo hace falta una ley para que las cosas cambien. La gran diferencia entre el trabajo de las organizaciones y el Estado es de escala. Una organización tiene incidencia barrial o temática, pero su tarea no alcanza para dar vueltas la realidad. El único actor que tiene esa capacidad de transformación es el Estado. Si se quieren transformaciones masivas, con la sociedad civil no alcanza.
UN NUEVO SISTEMA DE PARTIDOS
A partir del conflicto suscitado por la resolución 125 entre el Gobierno nacional y las entidades agropecuarias, las posteriores medidas tomadas por la presidenta Cristina Kirchner, los masivos funerales de los ex presidentes Raúl Alfonsín y, en especial, Néstor Kirchner, podría decirse que hay un resurgimiento del debate y la movilización política en el país. Y, sin dudas, hay una parte importante de la sociedad argentina a la que le interesa mucho la política; y que en ese interés por la política, tensiona a través de las categorías tradicionales de derecha e izquierda. En la Argentina post 2001, hay una revalorización de lo público y ya no está mal visto que alguien tenga una militancia política. Hoy muchos creen que es adecuado participar en la escena pública; y la idea de que todos los políticos son representantes de la corrupción y la impericia, si bien tiene cierta resonancia en algunos sectores sociales, ya no es predominante como en décadas anteriores. Ya en sus primeros años de gestión, el kirchnerismo contribuyó a desmontar esa idea. La política ya no es una mala palabra, un insulto. El principal cambio es que aquellos interesados por la política, que antes tendían a hacerlo a escondidas, hoy se pueden expresar con mayor libertad. Y esa transformación posibilita que parte de las nuevas generaciones se enganchen más con la política.
Sin embargo, el grueso de la sociedad no construye su identidad en base a su pertenencia ideológica e incluso, en muchos casos, se siente “fuera” de la política. Sectores mayoritarios de la sociedad restringen su participación al acto electoral, votando a quienes creen que va a gobernar o legislar con mayor solvencia, pero sus prioridades pasan por su vida cotidiana, por las cuestiones personales y familiares . La democracia delegativa es un dato de la sociedad posmoderna. Esa lejanía de buena parte de los ciudadanos, resiente esa opción de apostar a generar un partido de masas, al menos pensado en los términos que fueron visibles durante el siglo XX.
El contacto entre política y sociedad tiene hoy, además, a un nuevo actor privilegiado: los medios masivos de comunicación, transformados, a su vez, por las nuevas tecnologías de la conectividad. Un político que necesita hacerse conocido para intervenir con cierto grado de incidencia en el debate público requiere tener presencia en los espacios radiales y televisivos . Entonces, la acción de la política adquiere una modalidad distinta a la de años atrás. Hoy, también tiene injerencia, en la elección de un candidato o de un funcionario, que sean personas que tengan una buena dicción, que sepan articular un discurso que tenga impacto en la sociedad. La política, entonces, se transforma en una profesión específica, porque requiere de mucho tiempo y preparación. Hay que estudiar para adquirir esas nuevas habilidades requeridas por los medios, con códigos de lenguaje y maneras innovadoras.
De todas formas, debería considerar posible –y necesaria- la construcción de un nuevo sistema con partidos que tengan marcos conceptuales e ideologías medianamente razonables para una sociedad con características ligadas a la posmodernidad. Y sí debería considerarse posible –y necesario- la religazón de la sociedad y sus líderes, a través de un reestablecimiento de la confianza. En cierta forma, un sistema similar al que impera en las democracias europeas, con partidos mayoritarios –en el caso español, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, y luego una abanico amplio de expresiones de derecha, de izquierda o con fuerte impronta regionalista-, que tenga rumbos ideológicos diferenciados. Pero en la Argentina, en cambio, la división parece darse entre partidos populares y partidos de clase media. El componente distintivo es que nadie se identifica como de derecha, y ni siquiera de centroderecha. En la historia argentina, los que se autodenominaron de derecha, han proporcionado diversas catástrofes, económicas, políticas y sociales. El modelo conservador, el modelo liberal oligárquico que predominó hasta los años cuarenta, fue fraudulento y tuvo fuertes elementos represivos de la vida social. Y la última dictadura, con su saldo horroroso de desaparecidos y exiliados, y su modelo económico aperturista y alocado, han marcado a fuego en el pueblo argentino el concepto de que la derecha está relacionada a políticas excluyentes y violentas. Sin dudas, deberán pasar aún muchas décadas en la Argentina para que alguien pueda decirse de derecha y que la sociedad no interponga una prevención tan fuerte como la actual.
Con el resurgimiento del debate político acontecido en los últimos años, gran parte de la población está dispuesta a escuchar, a ver y a analizar las propuestas que se presentan en la mesa de discusión. Pero, como dijimos, ese interés por la política no debe interpretarse, de forma mayoritaria, como un retorno de la doctrina partidaria como elemento constructor de identidades. La particularidad del peronismo, al que todos los dirigentes parecen suponer como el instrumento adecuado para llegar al poder, sin dudas introduce un elemento diferenciador en la política nacional. El peronismo opera como una maquinaria electoral en general muy eficiente, con muchos intendentes, estructuras consolidadas, unidades básicas y trabajo territorial permanente. Muchos se sienten “peronistas”, pero se trata de una marca identitaria fraccionada y diluida. Ya no es un movimiento que ocupa los sentimientos y los espacios cotidianos de la vida de las personas, como sí lo –junto al radicalismo- durante buena parte del siglo XX.
Hoy, entonces, no parece posible la idea de un partido de masas, de carácter movimientista, que genere ideologías fuertes y que se vuelva permeable en todos los espacios sociales. La Argentina marcha hacia un nuevo sistema, más o menos fraccionado. La sociedad posmoderna en la que vivimos le da un rol determinado a la política, un espacio limitado. Hoy, se le da mucho más relevancia a la vida privada, a la vida cotidiana, al cuidado del cuerpo. Y, en ese sentido, un nuevo sistema de partidos en la Argentina de aspirar a recuperar la credibilidad y a ocupar con eficacia distributiva y orientación de desarrollo ese espacio determinado que la sociedad le otorga.
martes, 20 de diciembre de 2011
Cierre del curso de políticas sociales en Adrogué
Daniel Arroyo cerrará hoy martes 20 de diciembre el curso sobre “Políticas sociales: Desafíos para los próximos años” que se desarrolló durante el mes de septiembre en Adrogué, con la organización de las Fundación Manantiales. La actividad se realizará, a las 19, en el Mini Auditorio CpT (Bouchard 1060) de Adrogué.
El seminario estuvo destinado a miembros de organizaciones sociales, trabajadores sociales, estudiantes y personas interesadas en temáticas vinculadas con la pobreza y la inclusión social.
El primer módulo, denominado “El debate en torno a los conceptos de pobreza y exclusión”, abordó el cambio de enfoque del NBI a la idea de pobreza por ingresos; la crisis de la idea de “grupos vulnerables” y la emergencia del concepto de “derechos”; la evolución de las expectativas en la sociedad poscrisis; la nueva vinculación entre mercado laboral y pobreza (pobres con trabajo); y el debate en torno al rol de las políticas sociales luego de la extensión de los programas de ingreso.
El segundo módulo, “La nueva estructura social de Argentina”, indagó en el pasaje de la idea de “nuevos pobres” al análisis de la desigualdad; el debate en torno a la “pobreza estructural”; la informalidad económica como un nuevo factor que posibilita tanto movilidad ascendente como trabajo de baja calidad; los modelos y las organizaciones de la economía “informal”, “social” y “popular”; el cooperativismo; las redes productivas; la nueva estructura social que toma presencia en los grandes centros urbanos; y los nuevos excluidos: jóvenes sin futuro.
El tercer módulo analizó “Las formas de movilización y participación comunitaria”, con las características, potencialidades y límites de los nuevos movimientos de protesta; la relación de la nueva protesta con la intervención política y las instituciones; de la idea de “nuevos movimientos sociales” al esquema de organización de los desocupados; las nuevas formas de organización: por territorio, por temas o demandas y por grupos de interés; y las nuevas interacciones entre lo político y lo social: los vínculos entre los movimientos sociales, los actores sindicales y la política partidaria.
Y en el cuarto módulo se propusieron “Las nuevas ideas para la gestión de Políticas Sociales”, es decir, el pasaje de la centralidad de los planes alimentarios al debate en torno a lo socioproductivo; la tensión entre “focalización” y “universalidad”; los cambios en la mirada sobre el rol de los programas de transferencia de renta; la emergencia de programas “masivos”; la evolución de las líneas de trabajo en torno al desarrollo local y la economía social: sus límites para incidir sobre el empleo; y el debate en torno al clientelismo.
Al finalizar el dictado de los cuatro módulos, cada persona o equipo, debió elaborar los lineamientos de un Plan de Desarrollo Social para el ámbito en el que esté vinculado, sea un barrio, una organización social, una iglesia u otro grupo de referencia. El objetivo fue poder armar un esquema que luego cada persona pueda aplicarlo para contribuir a la mejora de la situación social en el lugar que considere adecuado.
El seminario estuvo destinado a miembros de organizaciones sociales, trabajadores sociales, estudiantes y personas interesadas en temáticas vinculadas con la pobreza y la inclusión social.
El primer módulo, denominado “El debate en torno a los conceptos de pobreza y exclusión”, abordó el cambio de enfoque del NBI a la idea de pobreza por ingresos; la crisis de la idea de “grupos vulnerables” y la emergencia del concepto de “derechos”; la evolución de las expectativas en la sociedad poscrisis; la nueva vinculación entre mercado laboral y pobreza (pobres con trabajo); y el debate en torno al rol de las políticas sociales luego de la extensión de los programas de ingreso.
El segundo módulo, “La nueva estructura social de Argentina”, indagó en el pasaje de la idea de “nuevos pobres” al análisis de la desigualdad; el debate en torno a la “pobreza estructural”; la informalidad económica como un nuevo factor que posibilita tanto movilidad ascendente como trabajo de baja calidad; los modelos y las organizaciones de la economía “informal”, “social” y “popular”; el cooperativismo; las redes productivas; la nueva estructura social que toma presencia en los grandes centros urbanos; y los nuevos excluidos: jóvenes sin futuro.
El tercer módulo analizó “Las formas de movilización y participación comunitaria”, con las características, potencialidades y límites de los nuevos movimientos de protesta; la relación de la nueva protesta con la intervención política y las instituciones; de la idea de “nuevos movimientos sociales” al esquema de organización de los desocupados; las nuevas formas de organización: por territorio, por temas o demandas y por grupos de interés; y las nuevas interacciones entre lo político y lo social: los vínculos entre los movimientos sociales, los actores sindicales y la política partidaria.
Y en el cuarto módulo se propusieron “Las nuevas ideas para la gestión de Políticas Sociales”, es decir, el pasaje de la centralidad de los planes alimentarios al debate en torno a lo socioproductivo; la tensión entre “focalización” y “universalidad”; los cambios en la mirada sobre el rol de los programas de transferencia de renta; la emergencia de programas “masivos”; la evolución de las líneas de trabajo en torno al desarrollo local y la economía social: sus límites para incidir sobre el empleo; y el debate en torno al clientelismo.
Al finalizar el dictado de los cuatro módulos, cada persona o equipo, debió elaborar los lineamientos de un Plan de Desarrollo Social para el ámbito en el que esté vinculado, sea un barrio, una organización social, una iglesia u otro grupo de referencia. El objetivo fue poder armar un esquema que luego cada persona pueda aplicarlo para contribuir a la mejora de la situación social en el lugar que considere adecuado.
viernes, 16 de diciembre de 2011
Charla en Lomas de Zamora
Seminario de Formación de Líderes: "Los nuevos desafíos del desarrollo Humano integral"
El ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, brindará una charla sobre “Los nuevos desafíos del desarrollo humano integral” este viernes 16 de diciembre, a las 19, en el Salón de recepciones Augusto(MAIPÚ 572, BANFIELD).
La charla forma parte del Seminario de Formación de Líderes y de la presentación instucional de la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), Red Nacional de Laicos y la Red de Desarrollo Político (REDEPO)
El ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo, brindará una charla sobre “Los nuevos desafíos del desarrollo humano integral” este viernes 16 de diciembre, a las 19, en el Salón de recepciones Augusto(MAIPÚ 572, BANFIELD).
La charla forma parte del Seminario de Formación de Líderes y de la presentación instucional de la Fundación Konrad Adenauer, la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP), Red Nacional de Laicos y la Red de Desarrollo Político (REDEPO)
jueves, 15 de diciembre de 2011
“Valores y Medios: Balance 2011 y Agenda 2012”
El ex viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, será uno de los expositores del Encuentro “Valores y Medios: Balance 2011 y Agenda 2012” que se realizará este jueves 16 de diciembre en el edificio Zurich (Cerrito 1010) de la ciudad de Buenos Aires.
Arroyo compartirá el panel de discusión junto a Gabriela Fabbro (Directora del
Observatorio de la TV, Universidad Austral) y Aldana Duhalde (integrante de la productora Medio Mundo TV y miembro del board de Voces & Ecos).
¿Qué valores reflejaron los medios en 2011? ¿Y qué disvalores? Los contenidos de los medios en 2011, ¿transmitieron más valores que en 2010? Las empresas de medios de comunicación en la Argentina, ¿se administran en forma socialmente responsable y sustentable? ¿Cuáles temas deberían integrar la agenda 2012 en materia de valores y medios de comunicación social? Esos serán algunos de los ejes de debate de la jornada.
En el evento, también se prevé la participación de Ricardo Torres Brizuela (presidente de Voces & Ecos); Victoria D’ Anunzio (voluntaria líder de Social Media Management Voces & Ecos); y Hernán Castiñeira de Dios (director ejecutivo de Voces & Ecos).
Voces y Ecos es una asociación civil sin fines de lucro surgida en 2003 a partir de la unión de un grupo de personas - empresarios, padres de familia, líderes de opinión, académicos, entre otros- con el objetivo de formar una organización que aporte una mejora en la sociedad, aprovechando el potencial de los medios de comunicación.
Arroyo compartirá el panel de discusión junto a Gabriela Fabbro (Directora del
Observatorio de la TV, Universidad Austral) y Aldana Duhalde (integrante de la productora Medio Mundo TV y miembro del board de Voces & Ecos).
¿Qué valores reflejaron los medios en 2011? ¿Y qué disvalores? Los contenidos de los medios en 2011, ¿transmitieron más valores que en 2010? Las empresas de medios de comunicación en la Argentina, ¿se administran en forma socialmente responsable y sustentable? ¿Cuáles temas deberían integrar la agenda 2012 en materia de valores y medios de comunicación social? Esos serán algunos de los ejes de debate de la jornada.
En el evento, también se prevé la participación de Ricardo Torres Brizuela (presidente de Voces & Ecos); Victoria D’ Anunzio (voluntaria líder de Social Media Management Voces & Ecos); y Hernán Castiñeira de Dios (director ejecutivo de Voces & Ecos).
Voces y Ecos es una asociación civil sin fines de lucro surgida en 2003 a partir de la unión de un grupo de personas - empresarios, padres de familia, líderes de opinión, académicos, entre otros- con el objetivo de formar una organización que aporte una mejora en la sociedad, aprovechando el potencial de los medios de comunicación.
miércoles, 14 de diciembre de 2011
Presentan libro "Derechos Sociales para todos y entre todos"
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Universidad Católica Argentina (UCA) invitan este jueves 15 de diciembre, a las 18.30, a la presentación del libro “Derechos Sociales para todos y entre todos. Hacia una ciudadanía plena”, que se realizará en el Auditorio AMIA (Pasteur 633) de la Capital Federal.
En la charla participarán el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la subsecretaria de Derechos Humanos, Marita Perceval; el asesor especial de Naciones Unidas, Bernardio Kliksberg; y la docente universitaria Cristina Calvo. El moderador será Alberto Minujín.
El libro “Derechos Sociales para todos y entre todos” compila las exposiciones del coloquio internacional organizado por la AMIA, la UCA y la Casa Sefarad-Israel (España), que se realizó los días 9 y 10 de junio de 2011 en la ciudad de Buenos Aires. Daniel Arroyo participó en la segunda sesión plenaria, que trató sobre la temática “¿Por qué derechos sociales? Desarrollo humano y equidad social”, junto a Cristina Calvo, Paula Quintana Meléndez y Bernardo Sorj.
Con el apoyo del INADI y de la Presidencia de la Nación, el coloquio contó con la participación de cuarenta organizaciones de la sociedad civil, que presentaron sus experiencias de promoción y defensa de los derechos sociales en áreas claves como trabajo, salud, alimentación, educación, vivienda, medio ambiente, cultura, niñez, adultos mayores, mujer, entre otros.
Los desafíos de la sintonía fina
(fragmento de la nota publicada en la revista Debate, lunes 12 de diciembre de 2011)
LA CUESTIÓN SOCIAL
El “Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó que la Argentina forma parte del grupo de países con “muy alto desarrollo humano”, en el puesto 45°, de un total de los 187 países evaluados. Junto a Chile, son los dos únicos Estados latinoamericanos incluidos en ese rango.
En el desglose de los diferentes índices analizados, se destaca la alta tasa de alfabetización de la Argentina (97,7 por ciento), y el elevado nivel de vacunación en niños menores de un año. El informe también subraya la baja en los niveles de pobreza e indigencia producida en los últimos años. Sin embargo, enciende una luz de alerta. En el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDHD), la Argentina retrocede 13 lugares por tener un valor menos favorable: 0,641, lo que implica una reducción del 19,5 por ciento respecto del IDH. “El principal problema es la desigualdad y no la inflación, como sostienen los sectores empresarios”, determina Yasky.
Ratificada Alicia Kirchner al frente de la cartera, en Desarrollo Social señalan que continuarán trabajando en base a dos ejes prioritarios: el fortalecimiento de las familias y la generación de puestos de trabajo. En el primer aspecto, destacan el crecimiento de las pensiones no contributivas (a los adultos mayores, personas con discapacidad y a madres de siete o más hijos), que ascendieron de 180 mil en 2003 a 1.300.000 en 2011. Y la generación de los Centros de Desarrollo Infantil, para niños de 45 días a cuatro años.
“El mejor organizador social es el empleo digno”, repite Alicia Kirchner. En este sentido, en su ministerio hacen hincapié en el Plan “Argentina Trabaja”, que ya incluye a más de 150 mil cooperativistas, especialmente en el conurbano bonaerense. Este programa se complementa con la capacitación en oficios, los programas de terminalidad educativa, el apoyo a los emprendimientos de la economía popular y la puesta en marcha del “monotributo social”, que promueve la incorporación al mercado formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
“La asignación universal marcó un nuevo piso de ciudadanía. Los debates sobre la asistencia alimentaria y la transferencia de ingresos básicos a la familia han avanzado mucho. Es el tiempo de impulsar una nueva agenda social”, asegura ante la consulta de Debate, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense.
Dentro de esa perspectiva, traza algunos de los ejes prioritarios para la nueva etapa. En primer lugar, la masificación de las políticas de vivienda y la creación de un banco social de tierras, especialmente para quienes aún no tienen acceso a los servicios básicos. En segundo término, la consolidación de una amplia red de tutorías para los jóvenes que no estudian ni trabajan. También, el fortalecimiento de los sistemas de créditos sin garantías bancarias, sea para el acceso o la ampliación de la vivienda, o la modernización de sus herramientas de trabajo.
“Todos estos ejes están atravesados por los niveles de desigualdad, que son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, generan una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Para modificar esa situación, hacen falta instrumentos económicos estructurales, que tienen como núcleo los procesos de reforma impositiva”, concluye Arroyo.
Para leer la nota completa, hacé click acá
LA CUESTIÓN SOCIAL
El “Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011”, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), indicó que la Argentina forma parte del grupo de países con “muy alto desarrollo humano”, en el puesto 45°, de un total de los 187 países evaluados. Junto a Chile, son los dos únicos Estados latinoamericanos incluidos en ese rango.
En el desglose de los diferentes índices analizados, se destaca la alta tasa de alfabetización de la Argentina (97,7 por ciento), y el elevado nivel de vacunación en niños menores de un año. El informe también subraya la baja en los niveles de pobreza e indigencia producida en los últimos años. Sin embargo, enciende una luz de alerta. En el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDHD), la Argentina retrocede 13 lugares por tener un valor menos favorable: 0,641, lo que implica una reducción del 19,5 por ciento respecto del IDH. “El principal problema es la desigualdad y no la inflación, como sostienen los sectores empresarios”, determina Yasky.
Ratificada Alicia Kirchner al frente de la cartera, en Desarrollo Social señalan que continuarán trabajando en base a dos ejes prioritarios: el fortalecimiento de las familias y la generación de puestos de trabajo. En el primer aspecto, destacan el crecimiento de las pensiones no contributivas (a los adultos mayores, personas con discapacidad y a madres de siete o más hijos), que ascendieron de 180 mil en 2003 a 1.300.000 en 2011. Y la generación de los Centros de Desarrollo Infantil, para niños de 45 días a cuatro años.
“El mejor organizador social es el empleo digno”, repite Alicia Kirchner. En este sentido, en su ministerio hacen hincapié en el Plan “Argentina Trabaja”, que ya incluye a más de 150 mil cooperativistas, especialmente en el conurbano bonaerense. Este programa se complementa con la capacitación en oficios, los programas de terminalidad educativa, el apoyo a los emprendimientos de la economía popular y la puesta en marcha del “monotributo social”, que promueve la incorporación al mercado formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
“La asignación universal marcó un nuevo piso de ciudadanía. Los debates sobre la asistencia alimentaria y la transferencia de ingresos básicos a la familia han avanzado mucho. Es el tiempo de impulsar una nueva agenda social”, asegura ante la consulta de Debate, Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense.
Dentro de esa perspectiva, traza algunos de los ejes prioritarios para la nueva etapa. En primer lugar, la masificación de las políticas de vivienda y la creación de un banco social de tierras, especialmente para quienes aún no tienen acceso a los servicios básicos. En segundo término, la consolidación de una amplia red de tutorías para los jóvenes que no estudian ni trabajan. También, el fortalecimiento de los sistemas de créditos sin garantías bancarias, sea para el acceso o la ampliación de la vivienda, o la modernización de sus herramientas de trabajo.
“Todos estos ejes están atravesados por los niveles de desigualdad, que son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, generan una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Para modificar esa situación, hacen falta instrumentos económicos estructurales, que tienen como núcleo los procesos de reforma impositiva”, concluye Arroyo.
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lunes, 12 de diciembre de 2011
Los cuatro ejes de la política social de cara al futuro
(publicado en el diario Tiempo Argentino, el 11 de diciembre de 2011)
Por Daniel Arroyo
Hay cuatro temas fundamentales en política social de cara al futuro. El primero es la vivienda; no sólo en términos cuantitativos, también por las problemáticas de los asentamientos y la toma de tierras, problemas que se van a extender en el tiempo.
El segundo son los jóvenes que no estudian ni trabajan. En el país suman 900 mil.
El tercero tiene que ver con los microcréditos. Tenemos 4 millones de personas que trabajan, cuentapropistas, gasistas, plomeros, emprendedores, que por falta de acceso al crédito no renuevan máquinas.
El cuarto asunto es el problema de la informalidad económica. Todavía tenemos un 35% de gente que trabaja y que no tiene recibo de sueldo. El tema es formalizar el mundo del trabajo, avanzar con la legislación laboral y sobre todo con el acompañamiento a la gente que trabaja de manera precaria.
En el caso del primer eje, vamos hacia la creación de un banco social de tierras, administración de las tierras fiscales y extensión de planes de viviendas. Se han construido 500 mil viviendas y hay que ir a 2 millones más.
Para el segundo punto hay que armar todo un plan masivo con una red de 20 mil tutores que acompañen a los jóvenes que tienen dificultades para sostenerse. Además, hay que aplicar un incentivo fiscal para las empresas que den el primer empleo joven.
En lo que tiene que ver con microcréditos, hay que extender el sistema a través de la banca pública, del Ministerio de Desarrollo Social y las áreas sociales. El Estado tiene que subsidiar tasa y llegar a 4 millones de personas con este tipo de financiamiento.
Y en lo que tiene que ver con informalidad laboral se debe avanzar con el registro y acompañar en el primer empleo; hay mucha gente que no logra entrar por primera vez en el mercado laboral y se impone agilizar los mecanismos para salir de esa situación.
Por Daniel Arroyo
Hay cuatro temas fundamentales en política social de cara al futuro. El primero es la vivienda; no sólo en términos cuantitativos, también por las problemáticas de los asentamientos y la toma de tierras, problemas que se van a extender en el tiempo.
El segundo son los jóvenes que no estudian ni trabajan. En el país suman 900 mil.
El tercero tiene que ver con los microcréditos. Tenemos 4 millones de personas que trabajan, cuentapropistas, gasistas, plomeros, emprendedores, que por falta de acceso al crédito no renuevan máquinas.
El cuarto asunto es el problema de la informalidad económica. Todavía tenemos un 35% de gente que trabaja y que no tiene recibo de sueldo. El tema es formalizar el mundo del trabajo, avanzar con la legislación laboral y sobre todo con el acompañamiento a la gente que trabaja de manera precaria.
En el caso del primer eje, vamos hacia la creación de un banco social de tierras, administración de las tierras fiscales y extensión de planes de viviendas. Se han construido 500 mil viviendas y hay que ir a 2 millones más.
Para el segundo punto hay que armar todo un plan masivo con una red de 20 mil tutores que acompañen a los jóvenes que tienen dificultades para sostenerse. Además, hay que aplicar un incentivo fiscal para las empresas que den el primer empleo joven.
En lo que tiene que ver con microcréditos, hay que extender el sistema a través de la banca pública, del Ministerio de Desarrollo Social y las áreas sociales. El Estado tiene que subsidiar tasa y llegar a 4 millones de personas con este tipo de financiamiento.
Y en lo que tiene que ver con informalidad laboral se debe avanzar con el registro y acompañar en el primer empleo; hay mucha gente que no logra entrar por primera vez en el mercado laboral y se impone agilizar los mecanismos para salir de esa situación.
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Jornada en el CEIL- Conicet sobre implementación de proyectos sociales
Daniel Arroyo será uno de los expositores en la jornada “Trabajar en la implementación de proyectos sociales: las experiencias en José León Suárez y La Matanza (2001-2011). La resistencia social y la resistencia teórica y metodológica”, que se realizará hoy miércoles 7 de diciembre, a las 14, en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (Auditorio Alberto González Domínguez, Saavedra 15, tercer piso, Ciudad de Buenos Aires).
Organizada por el Programa “Asociativismo, pobreza y representaciones sociales” del CEIL CONICET, en la jornada también disertarán Sebastián Carenzo (UBA – CONICET), Cecilia Cross (UNLZ – CEIL), Nicolás Diana Menéndez (CEIL – CONICET), María Fernández Alvarez (UBA – CEIL), Ada Freytes Frey (UNDAV – UNAJ, USAL), Marco Morani (ICEI) y Facundo Pérez (Trabajador de la planta social 8 de Mayo).
El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) es un centro de investigación dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Su finalidad es producir, comunicar y transferir conocimientos científicos de excelencia, preservando la libertad académica y promoviendo el pluralismo en cuanto a marcos teóricos y enfoques metodológicos, interviniendo con diversas modalidades para lograr la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población.
El Ceil pertenece a la red de institutos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y a numerosas organizaciones académicas de la Argentina, América latina y Europa vinculadas con sus temas de investigación.
martes, 6 de diciembre de 2011
Impulsan la integración de la economía social
(publicado en el diario Río Negro, martes 6 de diciembre de 2011)
Debaten la confluencia de las empresas consolidadas y los emprendedores.Comenzó un encuentro organizado por la cartera de Desarrollo Social en Bariloche.
La articulación entre empresas ya consolidadas y emprendedores de la llamada "economía social" es la propuesta convocante de un encuentro que comenzó ayer en esta ciudad, con el fin de ofrecer vínculos y oportunidades de comercialización para los pequeños emprendimientos productivos.
La jornada es organizada por el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, la fundación Norte Sur, Invap y la Universidad de Río Negro. La disertación de apertura estuvo a cargo del ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación Daniel Arroyo.
"No se va a achicar la pobreza en la Argentina si a los emprendedores no les va mejor. Es necesario masificar el crédito, generar contactos y transferir conocimiento", resumió el ex funcionario nacional y actual responsable del programa "Fuerza Solidaria" del Banco Provincia de Buenos Aires.
Admitió que a pesar del crecimiento de la economía en los últimos años, la situación social arrastra todavía problemas estructurales, con tensiones múltiples entre las franjas sociales.
Dijo que el buen momento permitió frenar la movilidad social descendente (es decir el aumento de la pobreza) pero sin promover la movilidad ascendente, "que es el gran desafío de cualquier política social".
La "excusa" del encuentro, que se extenderá hasta hoy, es la de encontrar paliativos para la crisis provocada por la erupción volcánica. Pero ayer participaron pocos titulares de empresas locales y en el auditorio eran mayoría los funcionarios, los pequeños emprendedores y los referentes de ONG.
Arroyo hizo un crudo diagnóstico de la situación social del país, e identificó como problemas centrales la pobreza estructural, la "informalidad económica", la desigualdad ("que sigue siendo muy superior a la que existía en los años 70"), la violencia familiar, el hacinamiento y en especial "los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son unos 900.000 en todo el país".
Consideró que "por una cuestión de escala" es imposible abordar la cuestión sin políticas de Estado, pero reservó a las empresas el rol de "brindar apoyo productivo a los que vienen abajo" a través de programas de responsabilidad social.
Exhortó a los empresarios formales a brindar acompañamiento a los emprendedores, que suelen exhibir avances en la asociatividad pero les falta "entrar al mercado".
Dijo que a los pequeños emprendimientos productivos (textiles, talleres, carpinterías, gastronómicos, entre muchos otros) hay que capitalizarlos con crédito accesible, "darles sustentabilidad" y "abrirles oportunidades".
Daniel Arroyo dio la primera charla del encuentro sobre economía social
(publicado en el diario El Ciudadano, de Bariloche, martes 6 de diciembre de 2011)
El ex vice Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que este es el momento para que se involucren los distintos actores de la cadena de producción. Así lo manifestó en el marco del “I Encuentro de Vinculación de Empresarios y Emprendedores de la Economía Social de Bariloche”, el cual está organizado por el Foro Empresarial de la Patagonia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Asociación Civil Norte-Sur, la Universidad Nacional de Río Negro e INVAP.
Daniel Arroyo, ex vice Ministro de Desarrollo de la Nación, brindó la charla inaugural sobre la responsabilidad social de los empresarios que en el periodo 2001 a la actualidad se fue ampliando.
A lo largo de su exposición desarrolló tres ejes: “las 6 principales problemáticas sociales”, “responsabilidad social de los empresarios” y “los principales desafíos”.
Primer eje: las 6 principales problemáticas sociales
El ex funcionario nacional comenzó “sacando una foto” de lo que consideró, las 6 principales problemáticas sociales a resolver. Enunció la “pobreza estructural”, “informalidad económica”, “desigualdad”, “brecha de jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan”, “violencia en el hogar” y “hacinamiento”.
En tal sentido, mencionó la “pobreza estructural” de aquellas personas que “no tienen los servicios básicos”.
Continuó con la “informalidad económica” que alberga a las personas que trabajan sin estar registradas y a los cuentapropistas. En el país hay un 35 por ciento de trabajadores en negro, mientras que el segundo grupo reúne 4 millones de pequeños emprendedores independientes. “El problema más grave es el de los segundos que de los primeros, en términos de cantidad”, agregó.
Con respecto a la “desigualdad” afirmó que si bien hoy en día es de 22 a 1, lo cierto es que “sigue habiendo una brecha muy grande”. “Además, a mayor desigualdad más violencia social”, dado que “por la misma desigualdad se genera bronca”, explicó.
Asimismo, Arroyo dijo que “el mayor problema lo tienen los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan”, debido a que “no logran sostenerse ni en el sistema educativo ni en el laboral” “Al joven le cuesta ir ocho horas y trabajar, en parte porque no vio a su padre o a su abuelo”, de manera intergeneracional. En tal sentido, evaluó que “es la escuela la que da la sociabilidad (mas allá de lo que aprenda en lengua y matemáticas) porque además da un método”.
Aludió también a la “violencia en el hogar” sobre lo cual recién ahora hay registros que todavía no permiten establecer comparaciones con años anteriores. Sin embargo, no deja de ser una variable a tener en cuenta.
La última de las principales problemáticas es el “hacinamiento” que se expresa de manera especial “en los grandes centros urbanos”, indicó. “Es ahí cuando el chico sale a la esquina para escapar del hacinamientos, y ahí empieza a consumir, y al mismo tiempo a endeudarse”, evaluó.
De su análisis, el ex vice ministro de Desarrollo Social, no dejó de lado la “movilidad social”. Por ello ubicó gran parte de las problemáticas en “los sectores vulnerables” que se identifican por “su precariedad” relacionada a la carencia de proyecciones. “Se paró la movilidad social descendente, pero no se avanzó en la ascendente”, añadió.
Así, continuó manifestando algunos de los “desafíos” para contrarrestar parte de la problemática social del país.
En primer lugar remarcó la manera de “fortalecer” el desarrollo de los pequeños emprendedores, a través del contacto con las empresas. Vinculado a esto describió las dificultades de los pequeños comerciantes para acceder a créditos y sin embargo “terminan haciéndolo de cualquier manera generando pobreza de endeudamiento”.
Por otra parte planteó el interrogante sobre el modo en que se lograría “la inclusión de los jóvenes” a través de distintos programas. También apuntó a la creación de una red de tutores para los jóvenes y el resto de la comunidad, en una instancia más compleja.
Segundo eje: responsabilidad social de los empresarios
En la segunda instancia de su presentación, Daniel Arroyo destacó que a partir del año 2007 la iniciativa del sector empresarial se fue perfilando cada vez más, dado que se presentaron diversos programas educativos y de capacitación.
En tal sentido, continuó destacando la oportunidad del “I Encuentro de Vinculación de Empresarios y Emprendedores de la Economía Social de Bariloche”, para que se pueda dar el intercambio de contactos entre los diversos sectores.
Tercer eje: Desafíos para los próximos 5 años
Luego de la exposición que se extendió por casi una hora, Daniel Arroyo indicó los 4 principales desafíos para lograr la movilidad social “ascendente” en el marco de la vinculación de empresarios, emprendedores de la economía social y el resto de los grupos convocados.
De esta manera consideró que la “participación” solo se puede resolver “ahora” en plenos crecimiento de la economía del país.
Luego, destacó el tema de la “masividad”, que “es un problema grande, un problema de mayorías”, y a razón de esto evaluó que “no es el momento de acciones de pequeña escala”.
Añadió el “cambio de paradigma” para que pueda desarrollarse un nuevo esquema desde el sector empresario, las organizaciones y el estado: “asistir, capacitar y fomentar”, resumió.
Asimismo agregó la “articulación” entre empresarios y emprendedores para “ir en la misma dirección”, explicó. Consideró que de “no tener articulación no hay masividad”.
Conclusión
Si bien el ex vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación afirmó que “la situación económica mejoró”, también subrayó la necesidad de actuar en la vinculación de los actores de la cadena de producción “porque si no vamos a terminar con un sabor a poco”. “Tenemos que juntarnos universidades, el estado, los emprendedores, las empresas”, resaltó. “Igual vamos a mejorar un poco pero no vamos a dar vuelta la situación”, concluyó.
El ex vice Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que este es el momento para que se involucren los distintos actores de la cadena de producción. Así lo manifestó en el marco del “I Encuentro de Vinculación de Empresarios y Emprendedores de la Economía Social de Bariloche”, el cual está organizado por el Foro Empresarial de la Patagonia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Asociación Civil Norte-Sur, la Universidad Nacional de Río Negro e INVAP.
Daniel Arroyo, ex vice Ministro de Desarrollo de la Nación, brindó la charla inaugural sobre la responsabilidad social de los empresarios que en el periodo 2001 a la actualidad se fue ampliando.
A lo largo de su exposición desarrolló tres ejes: “las 6 principales problemáticas sociales”, “responsabilidad social de los empresarios” y “los principales desafíos”.
Primer eje: las 6 principales problemáticas sociales
El ex funcionario nacional comenzó “sacando una foto” de lo que consideró, las 6 principales problemáticas sociales a resolver. Enunció la “pobreza estructural”, “informalidad económica”, “desigualdad”, “brecha de jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan”, “violencia en el hogar” y “hacinamiento”.
En tal sentido, mencionó la “pobreza estructural” de aquellas personas que “no tienen los servicios básicos”.
Continuó con la “informalidad económica” que alberga a las personas que trabajan sin estar registradas y a los cuentapropistas. En el país hay un 35 por ciento de trabajadores en negro, mientras que el segundo grupo reúne 4 millones de pequeños emprendedores independientes. “El problema más grave es el de los segundos que de los primeros, en términos de cantidad”, agregó.
Con respecto a la “desigualdad” afirmó que si bien hoy en día es de 22 a 1, lo cierto es que “sigue habiendo una brecha muy grande”. “Además, a mayor desigualdad más violencia social”, dado que “por la misma desigualdad se genera bronca”, explicó.
Asimismo, Arroyo dijo que “el mayor problema lo tienen los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan”, debido a que “no logran sostenerse ni en el sistema educativo ni en el laboral” “Al joven le cuesta ir ocho horas y trabajar, en parte porque no vio a su padre o a su abuelo”, de manera intergeneracional. En tal sentido, evaluó que “es la escuela la que da la sociabilidad (mas allá de lo que aprenda en lengua y matemáticas) porque además da un método”.
Aludió también a la “violencia en el hogar” sobre lo cual recién ahora hay registros que todavía no permiten establecer comparaciones con años anteriores. Sin embargo, no deja de ser una variable a tener en cuenta.
La última de las principales problemáticas es el “hacinamiento” que se expresa de manera especial “en los grandes centros urbanos”, indicó. “Es ahí cuando el chico sale a la esquina para escapar del hacinamientos, y ahí empieza a consumir, y al mismo tiempo a endeudarse”, evaluó.
De su análisis, el ex vice ministro de Desarrollo Social, no dejó de lado la “movilidad social”. Por ello ubicó gran parte de las problemáticas en “los sectores vulnerables” que se identifican por “su precariedad” relacionada a la carencia de proyecciones. “Se paró la movilidad social descendente, pero no se avanzó en la ascendente”, añadió.
Así, continuó manifestando algunos de los “desafíos” para contrarrestar parte de la problemática social del país.
En primer lugar remarcó la manera de “fortalecer” el desarrollo de los pequeños emprendedores, a través del contacto con las empresas. Vinculado a esto describió las dificultades de los pequeños comerciantes para acceder a créditos y sin embargo “terminan haciéndolo de cualquier manera generando pobreza de endeudamiento”.
Por otra parte planteó el interrogante sobre el modo en que se lograría “la inclusión de los jóvenes” a través de distintos programas. También apuntó a la creación de una red de tutores para los jóvenes y el resto de la comunidad, en una instancia más compleja.
Segundo eje: responsabilidad social de los empresarios
En la segunda instancia de su presentación, Daniel Arroyo destacó que a partir del año 2007 la iniciativa del sector empresarial se fue perfilando cada vez más, dado que se presentaron diversos programas educativos y de capacitación.
En tal sentido, continuó destacando la oportunidad del “I Encuentro de Vinculación de Empresarios y Emprendedores de la Economía Social de Bariloche”, para que se pueda dar el intercambio de contactos entre los diversos sectores.
Tercer eje: Desafíos para los próximos 5 años
Luego de la exposición que se extendió por casi una hora, Daniel Arroyo indicó los 4 principales desafíos para lograr la movilidad social “ascendente” en el marco de la vinculación de empresarios, emprendedores de la economía social y el resto de los grupos convocados.
De esta manera consideró que la “participación” solo se puede resolver “ahora” en plenos crecimiento de la economía del país.
Luego, destacó el tema de la “masividad”, que “es un problema grande, un problema de mayorías”, y a razón de esto evaluó que “no es el momento de acciones de pequeña escala”.
Añadió el “cambio de paradigma” para que pueda desarrollarse un nuevo esquema desde el sector empresario, las organizaciones y el estado: “asistir, capacitar y fomentar”, resumió.
Asimismo agregó la “articulación” entre empresarios y emprendedores para “ir en la misma dirección”, explicó. Consideró que de “no tener articulación no hay masividad”.
Conclusión
Si bien el ex vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación afirmó que “la situación económica mejoró”, también subrayó la necesidad de actuar en la vinculación de los actores de la cadena de producción “porque si no vamos a terminar con un sabor a poco”. “Tenemos que juntarnos universidades, el estado, los emprendedores, las empresas”, resaltó. “Igual vamos a mejorar un poco pero no vamos a dar vuelta la situación”, concluyó.
lunes, 5 de diciembre de 2011
Más herramientas para formadores de jóvenes emprendedores
(publicado en el suplemento RSE del diario BAE)
Disertarán sobre empresarios y emprendedores en Bariloche
(publicado en www.bariloche2000.com)
El ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo disertará el lunes 5 de diciembre en el I Encuentro de Vinculación de Empresarios y Emprendedores de la Economía Social de Bariloche. Resaltó la importancia de apoyar a la economía social como estrategia de inclusión en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria.
El ex vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se refirió en diálogo con Radio Seis al I Encuentro de Vinculación de Empresarios y emprendedores de la Economía Social de Bariloche, que se realizará el 5 de diciembre en la ciudad.
Sostuvo que es un "encuentro muy importante, la idea de vincular empresarios, con desarrollo económico importante, con emprendedores, gente que realiza actividades productivas en pequeña escala, es un punto clave para el desarrollo en los próximos años en la Argentina".
Señaló que un emprendedor en Argentina tiene problema de créditos muchas veces, y también de vínculo, es decir, de cómo contactarse con las empresas. Otro problema que suelen tener es de comercialización, dado que produce pero no sabe dónde vender.
Explicó que la ide de este encuentor es que los empresarios ayuden "a dar un salto y trasladen su capacidad y conocimientos para que le vaya mejor a la gente que produce en pequeña escala". Se trata de un punto de inclusión y el objetivo es ir reduciendo las distancias, "solo el pequeño emprendor que quiere colocar un producto en la góndola no tiene posibilidad, el tema es ir acompañando al emprendedor e ir certificando calidad, y desde el supermercado ir flexibilizando para ir generando espacio". Insistió en que el objetivo es "empezar a achicar esa distancia y generar vínculos".
Destacó la importancia del monostributo social como un primer elemento de posibilidad. "Hay 4 millones de personas que trabajan y por falta de acceso a créditos, contactos y demás se van trabando", explicó y agregó que la idea es "vincular a unos y otros para que se vea en concreto cómo empezar a colocar los productos en otros lugares".
Finalmente sostuvo que "Bariloche no es sólo una marca consagrada sino que tiene una historia importante y da una posibilidad grande a un pequeño productor", por lo cual "un pequeño emprendedor en Bariloche arranca unos cuantos pasos más arriba".
La charla inaugural del Encuentro, a cargo del Lic. Daniel Arroyo será : "El desarrollo de la RSE: apoyar a la Economía Social como estrategia de inclusión" y comenzará el lunes 5 de diciembre a las 10 en el Salón Cóndor del Hotel Edelweiss, Av. San Martín 202.
El ex vice ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo disertará el lunes 5 de diciembre en el I Encuentro de Vinculación de Empresarios y Emprendedores de la Economía Social de Bariloche. Resaltó la importancia de apoyar a la economía social como estrategia de inclusión en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria.
El ex vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se refirió en diálogo con Radio Seis al I Encuentro de Vinculación de Empresarios y emprendedores de la Economía Social de Bariloche, que se realizará el 5 de diciembre en la ciudad.
Sostuvo que es un "encuentro muy importante, la idea de vincular empresarios, con desarrollo económico importante, con emprendedores, gente que realiza actividades productivas en pequeña escala, es un punto clave para el desarrollo en los próximos años en la Argentina".
Señaló que un emprendedor en Argentina tiene problema de créditos muchas veces, y también de vínculo, es decir, de cómo contactarse con las empresas. Otro problema que suelen tener es de comercialización, dado que produce pero no sabe dónde vender.
Explicó que la ide de este encuentor es que los empresarios ayuden "a dar un salto y trasladen su capacidad y conocimientos para que le vaya mejor a la gente que produce en pequeña escala". Se trata de un punto de inclusión y el objetivo es ir reduciendo las distancias, "solo el pequeño emprendor que quiere colocar un producto en la góndola no tiene posibilidad, el tema es ir acompañando al emprendedor e ir certificando calidad, y desde el supermercado ir flexibilizando para ir generando espacio". Insistió en que el objetivo es "empezar a achicar esa distancia y generar vínculos".
Destacó la importancia del monostributo social como un primer elemento de posibilidad. "Hay 4 millones de personas que trabajan y por falta de acceso a créditos, contactos y demás se van trabando", explicó y agregó que la idea es "vincular a unos y otros para que se vea en concreto cómo empezar a colocar los productos en otros lugares".
Finalmente sostuvo que "Bariloche no es sólo una marca consagrada sino que tiene una historia importante y da una posibilidad grande a un pequeño productor", por lo cual "un pequeño emprendedor en Bariloche arranca unos cuantos pasos más arriba".
La charla inaugural del Encuentro, a cargo del Lic. Daniel Arroyo será : "El desarrollo de la RSE: apoyar a la Economía Social como estrategia de inclusión" y comenzará el lunes 5 de diciembre a las 10 en el Salón Cóndor del Hotel Edelweiss, Av. San Martín 202.
viernes, 2 de diciembre de 2011
Encuentro de vinculación de empresarios y emprendedores de la economía social de Bariloche
(publicado en www.bariloche2000.com)
Se realiza el I Encuentro de vinculación de empresarios y emprendedores de la economía social de Bariloche el 5 y 6 de diciembre. Participará como disertante Daniel Arroyo (ex vice Ministro de Acción Social de la Nación).
Durante los días 5 y 6 de diciembre se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche el I Encuentro de vinculación de empresarios y emprendedores de la economía social de Bariloche. Dicho encuentro se desarrollará en el Hotel Edelweiss en San Martín 202, siendo la apertura el lunes 5 a las 9:30.
El encuentro pretende generar un espacio de intercambio y articulación concreta entre empresarios y emprendedores locales, buscando promover alianzas comerciales, potenciando el compre local y la inclusión de los emprendedores familiares en las cadenas de valor locales.
El difícil contexto económico que atraviesa Bariloche y la región por estos días producto de la emergencia volcánica hace de esta iniciativa un hito importante, en primer término primero por ser una respuesta al momento coyuntural de crisis y en segundo lugar por ser una experiencia inédita de vinculación entre los sectores participantes, ya que una vinculación más estrecha permitirá potenciar no sólo la generación de mano de obra local sino también la inclusión de los emprendedores de la economía social, favoreciendo una economía más inclusiva.
El encuentro está organizado por el Foro Empresarial de la Patagonia, el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la Asociación Civil Norte-Sur, la Universidad Nacional de Río Negro e INVAP, y cuenta como disertante principal a Daniel Arroyo (ex vice Ministro de Acción Social de la Nación).
La participación es gratuita, cupos limitados con pre-inscripción a través de www.encuentrorse.com.ar
Programa del Encuentro
LUNES 05 DE DICIEMBRE
10.00 hs.: Charla inaugural "El desarrollo de la RSE: apoyar a la Economía Social como estrategia de inclusión" A cargo del Lic. Daniel Arroyo (ex vice Ministro de Desarrollo Social de la Nación), sobre los aspectos de la Responsabilidad Social Empresarial y su vinculación con la Economía Social.
11.30 hs.: Panel de Instituciones y Organizaciones de la Economía Social – Expositores Dr. Roberto Kosulj UNRN - Lic. María Eugenia Martini MDSN - Lic. Marina Perez INTI – Lic. Estela Delpech CONPROBAR
15.00 hs.: Charla sobre "¿Qué deben hacer los emprendedores para dar un salto de calidad?" dirigida a emprendedores de la Economía Social, a cargo del Lic. Daniel Arroyo
MARTES 06 DE DICIEMBRE
16.00 hs.: Mesas de intercambio entre empresarios y emprendedores.
19:00 hs.: Desfile de emprendimientos textiles y degustación de productos de microemprendedores.
Cierre del Encuentro.
jueves, 1 de diciembre de 2011
"Trabajar en la implementación de proyectos sociales" en el CEIL-Conicet
Daniel Arroyo será uno de los expositores en la jornada “Trabajar en la implementación de proyectos sociales: las experiencias en José León Suárez y La Matanza (2001-2011). La resistencia social y la resistencia teórica y metodológica”, que se realizará el miércoles 7 de diciembre, a las 14, en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (Auditorio Alberto González Domínguez, Saavedra 15, tercer piso, Ciudad de Buenos Aires).
Organizada por el Programa “Asociativismo, pobreza y representaciones sociales” del CEIL CONICET, en la jornada también disertarán Sebastián Carenzo (UBA – CONICET), Cecilia Cross (UNLZ – CEIL), Nicolás Diana Menéndez (CEIL – CONICET), María Fernández Alvarez (UBA – CEIL), Ada Freytes Frey (UNDAV – UNAJ, USAL), Marco Morani (ICEI) y Facundo Pérez (Trabajador de la planta social 8 de Mayo).
El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) es un centro de investigación dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Su finalidad es producir, comunicar y transferir conocimientos científicos de excelencia, preservando la libertad académica y promoviendo el pluralismo en cuanto a marcos teóricos y enfoques metodológicos, interviniendo con diversas modalidades para lograr la equidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población.
El Ceil pertenece a la red de institutos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y a numerosas organizaciones académicas de la Argentina, América latina y Europa vinculadas con sus temas de investigación.
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Desafíos para los sistemas de protección social en América Latina
Desafíos para los sistemas de protección social en América Latina
Challenges for social protection systems in Latin America
(Publicado en la Revista Internacional Cuatrimestral de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de Sinaloa)
Por Daniel Arroyo
FLACSO Argentina
Hasta el año 2008, la región de América Latina experimentó un importante crecimiento sostenido, lo que significó una substancial mejora en los indicadores sociales. La crisis global reciente, por su profundidad y significación económica, política y comercial, impactó negativamente sobre el contexto económico-social en América Latina. A partir de mediados de 2009, el mundo y la región, fueron alcanzados por una crisis con pocos registros en las últimas décadas. La crisis financiera inicialmente generada en Estados Unidos, se transfirió a la economía real cuestionando todas las visiones y teorías sobre los mercados internacionales. Y si bien hay algunos indicadores que muestran que la crisis obtuvo un piso y que la antesala de un crecimiento mundial parece relativamente cercana, los indicadores todavía son complejos y las secuelas igualmente profundas, principalmente en la situación social.
Esto genera un desafío para todos los Sistemas de Protección Social (SPS) en la región, ya que se debe enfrentar una crisis que no sólo significa incremento en los indicadores de desempleo y subempleo, sino también en los niveles de pobreza. Este artículo realizará un análisis de lo hecho en los últimos cinco años, con el propósito de observar las tendencias generales y particulares de los países de la región latinoamericana. El foco estará puesto en los casos de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú.
El crecimiento económico de los últimos años
Durante la última década en América Latina se pudo observar un crecimiento económico sostenido tal, que según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la tasa media de crecimiento anual, del Producto Interno Bruto (PIB) real (a precios constantes) por habitante, pasó del 1.5% (período 1990-2000) al 3.2% (en el periodo 2002-2008).
Para el Banco Mundial, durante el período 2000-2007, se dio un incremento importante del PBI real por habitante en toda la región. No obstante, dicho incremento se podría dividir en 3 grandes grupos: superior a US$ 2.000 (entre los que está Argentina), entre US$ 1.000 y US$ 2.000 (en donde podemos encontrar a Brasil) e inferior a US$ 1.000 (entre los que se encuentra Perú).
Este crecimiento económico, puede atribuirse a cuatro factores básicos en la región:
En primer lugar, el aumento del precio de los bienes agroindustriales como la soja, los aceites, los combustibles, los petroquímicos, el trigo, el maíz, el acero y algunos productos industriales derivados de la actividad metalmecánica. Además, se puede observar un incremento de la demanda de bienes por parte de las “nuevas potencias” asiáticas (China e India) como grandes demandantes de los productos que exportan los países de la región.
En segundo lugar, el éxito de este crecimiento económico se vinculó también a un nuevo manejo macroeconómico que impulsó el consumo y la demanda agregada, abandonando políticas ortodoxas vinculadas al ajuste o a limitaciones en la expansión del producto. En este sentido, se promovieron tipos de cambio reales competitivos que permitieron mejorar la balanza de pagos, como así también políticas monetarias expansivas, acompañando la oferta del incremento de bienes.
En tercer lugar, una política de desendeudamiento hasta la crisis, que permitió abandonar paulatinamente el problema del default en la región, marcando una recomposición en cuentas fiscales y por lo tanto, solidez en el mediano plazo. En el caso de Brasil, Argentina y Uruguay, esta situación significó el desendeudamiento con algunos organismos multilaterales, en particular con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todos estos factores económicos, sumado al incremento en los recursos de los planes y programas sociales, permitieron importantes mejoras (por lo menos hasta 2008) en los indicadores de los países seleccionados en esta investigación.
Tal vez, como aspecto negativo, se puede observar que a la par de una etapa de crecimiento económico sostenido se produjo un incremento de los precios internos (inflación) en gran parte de los países de la región. Probablemente el aumento de la demanda de bienes y servicios, no acompañado por un aumento de la oferta, sea un factor relevante a la hora de evaluar el incremento de los índices de inflación. Esto es muy importante para los sistemas de protección social porque impacta de manera notable en los indicadores de pobreza e indigencia, lo que significa problemas de escala e inclusión social de importantes sectores de la sociedad.
El impacto sobre los indicadores sociales
De los países analizados, en cuanto a la magnitud de la pobreza, Argentina y Chile se encontrarían en un primer grupo con bajos o moderados niveles de pobreza. Brasil, México y Panamá se ubican en un segundo grupo de nivel medio bajo. De todas formas, se trata de sociedades con importantes desigualdades regionales y entre los diferentes sectores de población.
El nivel más alto de pobreza del conjunto de países analizados lo tienen Perú, Colombia y Ecuador, cuyos indicadores de pobreza varían entre 40 y 55 por ciento del total poblacional. Por tanto, la situación en estos países es realmente crítica: la mitad de la población no percibe ingresos que le permitan cubrir sus necesidades primarias.
En el caso de Brasil en esta última década ha logrado descender las estimaciones de pobreza, lo que permite ubicarlo dentro de los países con nivel medio bajo de pobreza. Junto con Bolivia es el país que tuvo el mayor descenso de los indicadores de pobreza, a razón de tres puntos porcentuales por año. De todas formas, el problema más grave en Brasil es la desigualdad persistente en el tiempo. Similar comportamiento es el de México, que se destaca por los graves problemas de pobreza rural y de desigualdad.
La desigualdad se encuentra estrechamente vinculada a la pobreza, y muestra los patrones de distribución de ingresos entre los distintos grupos sociales y la brecha entre ambos. La región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población de los países. Si bien en la última década se corrobora cierta tendencia a la mejora de la distribución del ingreso en la mayoría de los países estudiados, se trata de una reducción muy poco significativa que no modifica los patrones de distribución regional, claramente inequitativos. Estas desigualdades operan en el acceso a los servicios básicos como salud y educación y a la inclusión laboral de las personas. Hoy ya no es posible hablar de pobreza sin considerar que cada vez es mayor el sentimiento de privación relativa que tiene la población en general. La brecha entre las expectativas de consumo en relación con los ingresos reales de las personas reconfigura las nociones de inclusión y exclusión.
La informalidad y la precarización de los puestos de trabajo imprimen un sesgo importante en la calidad de la inserción laboral de las personas y afecta particularmente a los sectores pobres. Datos de la CEPAL muestran que la tasa de desempleo abierta resulta mayor para los tramos de edad comprendidos entre los 15 y los 29 años y desciende conforme avanza la edad de la población. Asimismo, las mujeres jóvenes se encuentran en una situación aún mayor de desventaja respecto de los varones con tasas de desempleo del orden del 23% para el tramo entre 15 y 19 años y del 17% entre 20 y 24 años.
En relación a los sistemas de políticas sociales, se observa una tendencia general que muestra que las prioridades pasan por la asistencia y la seguridad social y, en segundo término, la educación. En general el 50% de la inversión en gasto social la tiene el sistema de seguridad y asistencia social, seguido por el 20% de inversión en educación. En tanto salud alcanza un nivel de gasto similar aunque menor al de educación, alcanzando en ciertos casos al 20% del total del gasto social.
Sistemas de protección social
Los sistemas de protección social en los países de la región deben considerarse como política de Estado debido a la situación social caracterizada por altos niveles de exclusión. Así, el objetivo central de una política de esas características debe pretender un sentido de integralidad, evitando la dispersión de recursos y la duplicación de estructuras. El propósito de priorizar una gestión de mayor impacto en la inclusión social, supone un trabajo de unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas y especializadas por tipo de prestaciones o beneficiarios a atender.
Otro nivel dentro de la integralidad para los SPS, es la dimensión territorial. Más allá de la existencia de países con estructuras institucionales federales o unitarias, es importante que cada nivel local, provincia o región, actúe en forma coordinada. Esto significa el reconocimiento de la importancia de los distintos roles y la institucionalización de un modelo de intervención que introduzca las especificidades propias de cada provincia y municipio. Supone alcanzar un equilibrio adecuado entre pluralidad, coordinación y cooperación.
En este marco, y con el objeto de involucrar a todos los actores que participan en los SPS, se deben procurar ámbitos de concertación. Esto permitirá aumentar las sinergias de los diferentes actores para el desarrollo de políticas, programas y acciones que promuevan o fortalezcan los SPS. La opción no es la de crear nuevos espacios asociativos sino fortalecer, refuncionalizar y apoyar a los preexistentes, asegurando de esta manera, no superponer formas y modelos de gestión que resultan ajenos a la realidad local, ni interferir en las formas participativas con las que se encuentran familiarizados los actores locales y la sociedad civil. (Arroyo, 2006)
También es necesario elaborar propuestas para desarrollar un SPS que no signifique acciones acotadas o fraccionadas, sino que produzcan un impacto en términos de inclusión social efectiva de las personas desde una perspectiva más integral y a largo plazo.
Las intervenciones a escala (como parece ser la necesidad actual de los principales países estudiados), requieren flexibilidad y capacidad de adaptación a las situaciones particulares de cada localidad o región. Los SPS así concebidos, hacen referencia directamente a las necesidades sociales detectadas y demandadas desde cada lugar, promoviendo la participación activa de los actores locales para dar respuestas a las mismas, recuperando las capacidades y potencialidades instaladas.
La integralidad de las acciones para la constitución de un SPS, se concibe como la forma de gestionar políticas sociales desde la realidad territorial y bajo una concepción de una real promoción, encontrando su cabal complementación en una planificación e institucionalidad. Por lo tanto, la construcción de un SPS supone articulación de políticas de salud, educación, seguridad social, infraestructura, políticas laborales y políticas de asistencia social, entendidas como un proceso donde los diferentes países parten de una trayectoria más o menos avanzada según las características particulares de cada uno.
En particular y en relación a las políticas de asistencia social, que contemplan en este estudio el eje alimentario, el de promoción y protección familiar, el productivo, el de juventud y el de transferencias de ingreso, la importancia de la integralidad es de suma importancia porque los sectores involucrados son los más vulnerables.
Algunas recomendaciones específicas
Las recomendaciones más generales para la construcción de los SPS ya se han desarrollado en el punto anterior, no obstante, cada país tiene características muy particulares y las consideraciones deben enumerarse en función de su categoría y en relación a la capacidad del Estado de conformar un SPS, programas de SPS o proyectos de política social.
Categoría I. Autonomía Alta:
A este grupo de países con recursos económicos suficientes, capacidad técnica, participación comunitaria y tradición históricas de políticas sociales, se sugieren las siguientes recomendaciones:
• Promover la consolidación de sus SPS, a través de de diferentes alternativas de tipo institucionales (leyes, reglamentaciones, etc.), económicas (ampliación de las partidas, financiamiento estratégico, etc.) y burocráticas (política de recursos humanos). El propósito es que los SPS puedan fortalecerse institucionalmente, se conciban en mediano plazo y no dependan de los gobiernos, sino que se conciban como políticas de Estado. De cualquier forma, es importante destacar algunas diferencias entre los países de este grupo y consideraciones más específicas.
En el caso de la Argentina, si bien la Asignación Universal por Hijo, es un avance muy importante, debe procurar que la política se convierta en ley y además terminar de consolidar un sistema integrado de información, monitoreo y evaluación de los nuevos sectores incluidos, como manera de pensar un punto de partida hacia políticas de reentrenamiento laboral, de fortalecimiento del eje productivo, de políticas sanitarias y de juventud. Brasil, ha conformado un SPS con importantes recursos y dispositivos legales y reglamentarios, pero debe ampliar la cantidad de beneficiarios a su programa principal Bolsa Familia. Aun, siendo la política de promoción social más importante de América Latina, todavía quedan excluidos muchos grupos en condición de vulnerabilidad. En México, el problema central es este mismo, la cantidad de personas incluidas es considerablemente menor que en Brasil. En ese sentido, en los próximos años la tarea debe ser alcanzar cierto grado de pasividad, lo que significaría modificar algunas reglamentaciones que tienden a focalización, principalmente en el Programa Oportunidades. En Chile, el SPS tiene una buena cobertura integrada, aunque las transferencias monetarias deben incrementarse y universalizarse ya que el núcleo duro de la pobreza tendrá un nuevo “piso” para sus posibilidades de inclusión social.
Categoría II. Autonomía Media
Este grupo de países tiene la tarea de conformar sus SPS. Si bien algunos países han logrado altos niveles de eficiencia en programas de protección social, esto funciona como un punto partida, y requiere plantear como punto de llegada un SPS. A continuación se destacan algunas recomendaciones:
• Este grupo de países han podido generar programas de protección social a partir de un eje en particular. Desde este punto de partida hacia el punto de llegada entendido como conformación del SPS, puede haber diferentes recorridos debido a las características de cada país. No obstante, por la necesidad de incrementar los recursos o tal vez, la conformación de una burocracia eficiente y de superar y modificar algunos mecanismos de participación comunitaria muy poco relevantes, el desafío es profundizar el camino ya establecido a partir de un programa en particular: alimentario, de transferencia de ingresos, productivo, familiar o vinculado a los jóvenes.
• En el caso de Colombia la política social tiende a ser masiva llegando a 1,5 millón de familias, pero son excluidos gran parte de la población rural o cercana a las zonas de conflicto armado. Los Programas dependientes del Ministerio de Protección Social aún no han conformado un SPS ya que la prioridad es la seguridad ciudadana y el combate a la pobreza. Costa Rica, tiene una larga trayectoria de políticas sociales inclusivas, recursos considerables y, dentro de los tres, es el país que mejor se encamina hacia un SPS. Sin embargo, no ha desarrollado burocracias eficientes ni la universalidad e integralidad se ha dado, ya que sólo prioriza el eje alimentario acorde con los problemas sociales existentes. Una iniciativa a considerar sería universalizar el Plan de Intervención Familiar y orientarlo hacia perspectivas más integrales. Panamá, con una corta tradición en la existencia de SPS, ha comenzado desde 2005 a abordar la problemática social desde el eje de seguridad alimentaria con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional pero todavía está en los inicios. Si bien su nivel de gasto social es importante, requiere de políticas en lo productivo y transferencia de ingresos y de juventud, como así también en la conformación de burocracias estatales acordes con la problemática.
Categoría III. Autonomía Baja
Este grupo de países se encuentra más alejado en su trayectoria hacia conformación de un SPS. El recorrido recomendado, establecería en primer lugar, desarrollar programas de protección social y luego SPS. En el caso de los países con baja autonomía, se recomiendan las siguientes líneas de acción:
• Realizar diagnósticos previos para identificar las problemáticas más urgentes a resolver y a partir de allí proponer un programa nacional integral, identificando la institucionalidad, los recursos y los actores necesarios para ello. En el caso de los dos países de este grupo, esa etapa está en curso, no así la conformación de las burocracias y los recursos necesarios para ello.
• En el caso de Ecuador, además de que los recursos son muy escasos, hay pocas agencias estatales con tradición histórica y actores eficientes involucrados en la política social. La creación del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y la existencia de ciertos derechos en la Constitución, plantea un primer paso que debe ser completado con un programa integral a mediano plazo. Podría ser el caso del eje alimentario y en particular en la población indígena que representa el 80% de la población. Perú, si bien tiene una mayor tradición que Ecuador en materia de protección social, su política de lucha contra la pobreza es precaria y sus acciones muy fragmentadas. Se observa una baja inversión social desde hace varios años, especialmente orientada al eje alimentario, y sólo en parte al productivo. El país debería universalizar la seguridad alimentaria, reorientarla y profundizarlo a través de políticas de transversalidad en las acciones de transferencia.
Los retos centrales
Sobre estas ideas y partiendo de la base de que nos encontramos frente al cierre de un ciclo de políticas sociales y al debate acerca de cómo debemos seguir se proponen a continuación diez ideas en torno a cual podría ser el rol o la estrategia a encarar por los organismos internacionales para incidir en la evolución de la situación social de los próximos años.
La evolución de la situación social de los próximos años presenta una serie de desafíos clave:
1. A mediano y largo plazo, las políticas sociales van a estar hegemonizadas por lo referido a la inclusión de los jóvenes y a la problemática en torno a su inserción y a los ejes de seguridad, trabajo y educación.
2. Los grandes centros urbanos son un mundo absolutamente diferente al resto como problema para la política social y es en dónde se concentran la gran mayoría de los pobres en estos países de América Latina. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
3. El núcleo del problema está en la desigualdad en la medida en que estos procesos han achicado la pobreza pero no redujeron de manera significativa la brecha entre los más ricos y los más pobres. Es fuente de tensión y de violencia en la medida en que genera privación relativa (brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales). Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
4. Resulta necesario una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales que otorguen velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o Argentina.
5. El microcrédito es claramente una política de reducción de la pobreza para estos países en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico podría impactar sobre estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
6. Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
Nuevos objetivos para nuestras comunidades de naciones
En las dos últimas décadas, el desarrollo de América Latina, en el marco de la globalización y de los cambios que produce la economía mundial, está muy asociado al fortalecimiento institucional de organismos como el MERCOSUR, el UNASUR, el ALBA, la Comunidad Andina de Naciones, entre otras. De su consolidación dependerá la capacidad de la región para interactuar internamente y para posicionarse frente al resto de los bloques internacionales.
Este fortalecimiento institucional no es sólo necesario sino que se convierte en una meta posible de alcanzar. En el último tiempo, Latinoamérica ha logrado saldar un déficit histórico vinculado a su escasa capacidad de tomar decisiones y actuar como un bloque unificado. Tres importantes cambios asociados al actual momento histórico explican este logro reciente: el primero se asocia a la existencia de mandatarios presidenciales y actores políticos con una mirada común en términos de tendencias y procesos políticos latinoamericanos; el segundo se vincula al contexto macroeconómico favorable, basado en la revaluación que han tenido las materias primas y los alimentos y donde se proyecta la continuidad de este crecimiento sustantivo para los próximos años; y el tercero responde a los frutos de un proceso de institucionalidad regional que comenzó a fines de los años ochenta.
Así como la Unión Europea estableció parámetros económicos, ahora llegó el momento de los parámetros sociales. Con el viento político y económico a favor, llegó la hora de establecer las metas sociales a nuestras comunidades de naciones latinoamericanas, y definir un piso mínimo de acceso a derechos y ciudadanía por debajo del cual nadie pueda estar.
Si bien el eje social de la región ha comenzado a tener un rol más protagónico, generando fondos y políticas sociales de acuerdo común entre los países latinoamericanos, el gran desafío es darles mayor escala a las áreas sociales de los bloques regionales, con la mirada puesta en el desarrollo y el equilibrio de las asimetrías. Para ello, será necesario establecer un conjunto de parámetros sociales para la región. Así como en países como la Argentina existen determinadas metas educativas -como la terminalidad de la secundaria, o la cobertura a través de la Asignación Universal por Hijo-, también será de gran utilidad establecer pisos mínimos a ser alcanzados por todos los países de la región sobre vivienda social, salud, educación y condiciones de trabajo. Para el cumplimiento de estas metas comunes, será necesario definir de forma paralela un fondo específico de recursos donde los países más fuertes, Brasil, México, Colombia, Venezuela y Argentina, tendrán que hacer el mayor esfuerzo para que todos los países acuerden un denominador común de acceso a derechos y ciudadanía.
BIBLIOGRAFÍA
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