(Entrevista publicada en el semanario El Economista, viernes 28 de enero de 2011)
Daniel Arroyo trabaja en el Grupo Banco Provincia y fue viceministro de Desarrollo Social durante el Gobierno de Néstor Kirchner. Es uno de los especialistas en políticas sociales que mejor conoce la situación de los segmentos más vulnerables del país. Entiende que el crecimiento económico y las políticas sociales juegan un rol fundamental para resolver la pobreza estructural de la Argentina. Sin embargo cree que ninguno de los temas ayuda a mejorar la distribución del ingreso. Para ello dice que hace falta un cambio en el esquema tributario argentino, que es muy parecido al de hace 25 años. La mayoría de los especialistas sostiene que la distribución del ingreso puede mejorarse a partir de una caída sostenida de la pobreza. Sin embargo hay quienes creen que eso en la Argentina es difícil que ocurra porque la economía no crea suficientes empleos de calidad para que más gente salga de la pobreza. Según Arroyo una modificación del sistema tributario mejoraría la distribución del ingreso porque ayudaría a crear empleo de más calidad.
Hay quienes creen que decisiones desde la política como modificar la carga tributaria sobre ciertos sectores puede impactar en la distribución del ingreso ¿Qué opina?
Los políticos pueden modificar la distribución de la riqueza. Pueden ampliar o achicar la brecha. Me parece que para achicar la brecha no alcanza sólo con generar trabajo y bajar la pobreza. En América Latina en los últimos años la brecha mejoró porque se creó más trabajo y los Estados volcaron más recursos para construir viviendas y financiar políticas sociales. La brecha se cerró, es cierto, pero no de una manera significativa.
Entonces, el sistema impositivo importa para mejorar la distribución del ingreso.
La cuestión central para mí está en el tema tributario. En la Argentina el 40% de las personas que trabajan lo hace en negro. Automáticamente esto hace que quienes paguen sus impuestos sufran una carga mayor. Por ejemplo que todos paguen IVA. Me parece que decisiones sobre estos asuntos cambian el esquema de distribución del ingreso pero se trata de cuestiones más políticas que económicas. En América Latina los gobiernos le encontraron la vuelta al manejo de la política social en un contexto internacional favorable pero no han sabido todavía qué hacer para crear sistemas tributarios más progresivos que vayan a la raíz de la concentración del ingreso.
¿Y en la Argentina?
La cuestión tributaria es estructural para bajar la pobreza y mejorar la distribución en la Argentina. El país hoy tiene el mismo esquema organizativo y impositivo que hace 25 años. Así es muy difícil cambiar algo en serio. En 2001 tuvimos 57% de pobres y eso fue una situación excepcional. También es insostenible que crezcamos a 8% anual. ¿Entonces adónde tenemos que apuntar? La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre en la década del 70 era de 7 a 1. En 2001 esa diferencia se fue a 44-1 y hoy es de 31-1. En mi opinión esa brecha no se achicará a menos que haya una modificación de la estructura tributaria argentina. Hoy la Argentina y la AFIP tienen las herramientas para aplicar impuestos y gravar rentas que hace 20 años eran impensables. En ese sentido el país se ha modernizado mucho en estas últimas dos décadas. Falta una decisión política.
¿Por qué en la Argentina persiste una fuerte desigualdad?
Por tres motivos. Uno es la cuestión de los recursos fiscales. El 70% es administrado por la Nación, 23% por las provincias y 7% por los municipios. Me parece que esta es una distribución acorde a una época de crisis como la que se vivió en 2001. Pero eso pasó y ahora debe ser modificado. En segundo lugar donde se nota que se manifiesta la desigualdad es en el reparto de los ingresos entre el 10% de la población más rica y el 10% más pobre. Y acá aparece el tema de la informalidad y la mala calidad de trabajo en la Argentina. Finalmente aparece la cuestión etárea. Los jóvenes duplican al resto de la población en los indicadores sociales: pobreza, desempleo, exclusión, etcétera. En mi opinión mejorar este último punto, esencialmente, depende de descentralizar más los recursos de las políticas sociales, para que las provincias y municipios trabajen sobre las poblaciones más en riesgo.
¿Qué opina del sistema de protección social en la Argentina?
Hay una masa de subsidios aplicada en parte a los sectores pobres y el sistema de protección social fue transformado en los últimos años. Pero no se midieron consecuencias. Por un lado el sistema es contributivo, ¿qué quiere decir esto? Una persona trabajó como gerente ganando $100, se jubila y luego la ANSES le paga $100. Trabajaba como cadete ganando $10, se jubila y gana $10. Este sistema se rompió en la Argentina. Al extender la Asignación Universal por Hijo, la jubilación anticipada y un montón más de derechos, el sistema dejó de ser contributivo. Hoy todos los que tienen más de 65 años se jubilan y todos los que tienen hijos menores de 18 años cobran salario familiar. Me parece que este sistema entró en un límite y hay que modificarlo porque es difícil solventarlo. No todos los beneficiarios aportan al sistema.
Y ¿con qué recursos podría financiarse?
Es la pregunta clave. Para mí de la única manera que se puede hacer es cambiando el sistema tributario.
¿El sistema de protección social debe basarse únicamente en mejorar el ingreso de las personas o también atender otras cuestiones?
El sistema protección social tiene que tener cuatro patas. Una parte tiene que ver con los ingresos. La mayor parte de los pobres en la Argentina lo son porque no les alcanza el dinero, ya sea porque tienen trabajos de mala calidad o empleos informales. Lo que tiene que ver con las pensiones no contributivas y ayudas como la AUH concentran la mayor parte de la ayuda que estos sectores reciben. La segunda pata de la protección social debería cubrir las condiciones mínimas de vida. Hay un 10% de la población que vive en casas que tienen pisos de tierra, algo más parecido al Siglo XIX que al XXI. La tercera es el tema de salud y educación. En la Argentina hay buena cobertura pero de mala calidad. Efectivamente proporcionalmente van más chicos a la escuela en la Argentina que en Brasil o Chile, la cobertura de salud es más amplia en la Argentina que en aquellos países, pero la calidad se deterioró demasiado. Finalmente, el último punto es la registración. Ningún sistema de protección social puede funcionar bien si el 40% de los trabajadores son informales. Es un problema económico pero también social. El sistema de protección social fue diseñado cuando el 97% de los trabajadores era formal. El plus de vacaciones, obra social, etcétera, son resabios de aquella época y que hoy el 40% de los que trabajan informal no lo perciben.
¿Qué es el Conurbano bonaerense?
Dos corredores. El conurbano ya no se ve en términos de cordones sino en términos de Norte-Sur. Por un lado está el corredor norte que se desenganchó para arriba porque hay mucha inversión privada. Y por el otro el corredor sur que se cayó, se desenganchó para abajo. Hay que invertir mucho dinero para revertir esa tendencia.
¿Cuánto dinero?
Empezaría con $2.500 millones por año en un programa de becas a jóvenes para capacitarlos en trabajos específicos, pagarle a un tutor para que los acompañe y darle un un incentivo fiscal a la empresa que toma ese chico. Es cierto que esto, en algún momento se quiso hacer pero no funcionó. Pero el Estado hoy tiene mayor poder de control sobre la población y puede detectar mejor las irregularidades. El problema es de oferta y demanda. Jóvenes que se capaciten, empresas que los tomen y un tutor que los acompañe.
¿Cómo ve el debate sobre los temas sociales de cara a la campaña?
No lo veo. El gran tema de la Argentina a futuro es el 82% móvil. Pero de eso no se hablará. En mi opinión el país en los últimos años incorporó una gran cantidad de personas a la red de subsidios pero no los incluyó de manera formal en la red de protección social porque se trata de gente que no contribuye. Es evidente que hay un segmento de la población que debe ingresar allí y discutir cómo se financia mantenerlos allí.
viernes, 28 de enero de 2011
martes, 25 de enero de 2011
¿Qué hacer con los chicos que cometen delitos?
(publicado en http://duenosdelfuturotv.blogspot.com/)
Por Daniel Arroyo
Ex ministro de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires
De todos los problemas sociales que tiene nuestro país, nos encontramos con un drama social de proporciones que da cuenta de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que en Argentina no estudian ni trabajan. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo en donde un chico en el Conurbano Bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, hay mucha gente en el lugar, no tiene espacio, no tiene lugar); se va a la esquina porque en la esquina está mejor que en la casa, porque en la esquina hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quién no consume y, especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir, no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción; comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente. Y, cuando se endeuda, se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo es de seis meses en el Conurbano Bonaerense y los Grandes Centros Urbanos en nuestro país.
Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía qué hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, son seis meses. Se completa, luego, con una parte importante de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “Éstos son los pibes causantes de inseguridad; hay robo e inseguridad porque éstos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es, básicamente, poner contra las cuerdas a los pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque entran en marzo a la escuela y se van en abril, en mayo, antes que les llegue el monto de la beca que les llega en agosto o porque, claramente, enganchan un trabajo que era de $ 650.- pero en realidad, les dan $ 450.- y cuando llegó con la motito de un lado a otro, resultó ser que le descontaron las 2 porciones que se comió en el medio y entonces, le quedan $ 220.- y la cuenta que saca ese joven es que no le sirve el trabajo porque cambia la plata y porque a los que se vinculan a otras cosas en el barrio les va mejor que a los que trabajan.
¿Esto quiere decir que los jóvenes que cometen delitos son sólo víctimas?; ¿qué no hay que hacer nada?; ¿que con prevención solamente se resuelve el problema? NO. Hay muchos para modificar y trabajar con los pibes que cometen delitos sin caer en frases hechas y sin creer que la discusión es, sólo, cuál es la edad en la que son imputables por los delitos cometidos. Pero, vale la pena, analizar cuál es el contexto en el que se mueven los jóvenes en Argentina para tener una mirada más integral, que evite tanto la idea de que todo se resuelve con nuevas leyes o que la cuestión pasa exclusivamente por más educación.
Los recientes hechos de inseguridad han reflotado el debate sobre la edad de imputabilidad como en su momento sucedió con los asesinatos de tres jóvenes en Bariloche o la ola de suicidios adolescentes en Rosario de la Frontera.
Parece importante en esta cuestión, separar la paja del trigo:
• Los jóvenes que cometen delitos no son mayoría en el mundo de la delincuencia. Hay jóvenes, pero también hay adultos, altos, bajos, gordos, flacos, mujeres, hombres que cometen delitos. Suponer que los jóvenes son los que cometen más delitos es un error grave que no marca ninguna estadística real. El problema de la inseguridad es generalizado.
• Los jóvenes sí, cometen delitos más violentos, más impactantes y con acciones más mediáticas. No establecen relación y pueden terminar de la peor manera por un par de zapatillas o por $20, eso es en parte producto de las adicciones y también por la idea de que no hay futuro y que en el corto plazo la vida de ellos mismos se va a terminar.
• Es claro que hace falta un sistema de responsabilidad penal juvenil, con jueces y defensores especializados en jóvenes para los que cometen delitos graves. Este sistema debe darle garantías al joven y debe permitirle al juez enviarlo a un instituto cerrado si ha cometido un delito que determine esa situación.
• La cuestión de los delitos graves da cuenta de dos situaciones, a la vez: a) el chico que mata o roba generalmente tiene un mayor detrás y una red de corrupción que usa a los jóvenes. Si no se desbarata esa red, la cosa no va a cambiar; b) la otra cuestión es a dónde va un chico que cometió un delito.
• Los Institutos se encuentran colapsados, abarrotados de chicos que no pueden salir al patio y que usan el aula como una celda más porque no hay otro lugar. El problema hoy de los institutos es el hacinamiento (el mismo que da origen al conflicto social en los grandes centros urbanos). Si no avanzamos en la construcción de institutos de 24 chicos, con escuela adentro, capacitación laboral y máquinas y herramientas que puedan llevarse para trabajar luego, la reinserción pasa a ser sólo una palabra vacía que no tiene ninguna condición real para efectivizarse.
Es necesario, de este modo, un plan masivo que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes y que, además de incluir los programas de becas y apoyo económico que ya se están llevando adelante en la Argentina, incorpore también una red de tutores creíbles para los jóvenes.
En relación al sistema laboral, el problema de los jóvenes no es entender qué tarea deben realizar, sino mantener una rutina laboral de ocho horas, cuando muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar.
Los jóvenes sólo creen en aquellos a quienes ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como sí a algunas personas específicas: la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio. Hay que potenciar una red de tutores para los jóvenes a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
La tarea de la política no parece ser, precisamente, señalarlos con el dedo y echarles la culpa de la inseguridad sino, en todo caso, brindarles oportunidades para que puedan terminar la escuela secundaria y consigan un trabajo decente. La solución de este problema es central para saber qué país queremos para los próximos años.
*Entrevistado por Catalina de Elía (periodista de Dueños del Futuro)
Por Daniel Arroyo
Ex ministro de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires
De todos los problemas sociales que tiene nuestro país, nos encontramos con un drama social de proporciones que da cuenta de 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que en Argentina no estudian ni trabajan. Se trata de situaciones complicadas con un ciclo en donde un chico en el Conurbano Bonaerense se encuentra hacinado en la casa (duerme mucha gente en un cuarto, hay mucha gente en el lugar, no tiene espacio, no tiene lugar); se va a la esquina porque en la esquina está mejor que en la casa, porque en la esquina hay más luz, hay más aire, hay más espacio. En la esquina empieza a consumir porque quién no consume y, especialmente, el que no consume paco, es un pibe que está raleado, es el chico que está fuera de todo; cuando empieza a consumir, no sólo tiene un problema de salud y un problema de adicción; comienza a tener un problema de endeudamiento, se endeuda, empieza a necesitar plata; se complica fuertemente con el tema de la droga, especialmente con el paco que es una droga altamente adictiva y se endeuda rápidamente. Y, cuando se endeuda, se le acerca una persona a ofrecerle alguna alternativa para cancelar esa deuda. Ese ciclo es de seis meses en el Conurbano Bonaerense y los Grandes Centros Urbanos en nuestro país.
Ese ciclo que comienza con un joven que estaba hacinado en la casa y no sabía qué hacer, que se fue a la esquina y está complicado y endeudado, son seis meses. Se completa, luego, con una parte importante de la dirigencia política y los medios de comunicación marcándolo con el dedito y diciendo “Éstos son los pibes causantes de inseguridad; hay robo e inseguridad porque éstos son los pibes causantes de la inseguridad” y lo que hacemos es, básicamente, poner contra las cuerdas a los pibes que no saben qué hacer en la Argentina. O porque no tienen nada que hacer o porque entran en marzo a la escuela y se van en abril, en mayo, antes que les llegue el monto de la beca que les llega en agosto o porque, claramente, enganchan un trabajo que era de $ 650.- pero en realidad, les dan $ 450.- y cuando llegó con la motito de un lado a otro, resultó ser que le descontaron las 2 porciones que se comió en el medio y entonces, le quedan $ 220.- y la cuenta que saca ese joven es que no le sirve el trabajo porque cambia la plata y porque a los que se vinculan a otras cosas en el barrio les va mejor que a los que trabajan.
¿Esto quiere decir que los jóvenes que cometen delitos son sólo víctimas?; ¿qué no hay que hacer nada?; ¿que con prevención solamente se resuelve el problema? NO. Hay muchos para modificar y trabajar con los pibes que cometen delitos sin caer en frases hechas y sin creer que la discusión es, sólo, cuál es la edad en la que son imputables por los delitos cometidos. Pero, vale la pena, analizar cuál es el contexto en el que se mueven los jóvenes en Argentina para tener una mirada más integral, que evite tanto la idea de que todo se resuelve con nuevas leyes o que la cuestión pasa exclusivamente por más educación.
Los recientes hechos de inseguridad han reflotado el debate sobre la edad de imputabilidad como en su momento sucedió con los asesinatos de tres jóvenes en Bariloche o la ola de suicidios adolescentes en Rosario de la Frontera.
Parece importante en esta cuestión, separar la paja del trigo:
• Los jóvenes que cometen delitos no son mayoría en el mundo de la delincuencia. Hay jóvenes, pero también hay adultos, altos, bajos, gordos, flacos, mujeres, hombres que cometen delitos. Suponer que los jóvenes son los que cometen más delitos es un error grave que no marca ninguna estadística real. El problema de la inseguridad es generalizado.
• Los jóvenes sí, cometen delitos más violentos, más impactantes y con acciones más mediáticas. No establecen relación y pueden terminar de la peor manera por un par de zapatillas o por $20, eso es en parte producto de las adicciones y también por la idea de que no hay futuro y que en el corto plazo la vida de ellos mismos se va a terminar.
• Es claro que hace falta un sistema de responsabilidad penal juvenil, con jueces y defensores especializados en jóvenes para los que cometen delitos graves. Este sistema debe darle garantías al joven y debe permitirle al juez enviarlo a un instituto cerrado si ha cometido un delito que determine esa situación.
• La cuestión de los delitos graves da cuenta de dos situaciones, a la vez: a) el chico que mata o roba generalmente tiene un mayor detrás y una red de corrupción que usa a los jóvenes. Si no se desbarata esa red, la cosa no va a cambiar; b) la otra cuestión es a dónde va un chico que cometió un delito.
• Los Institutos se encuentran colapsados, abarrotados de chicos que no pueden salir al patio y que usan el aula como una celda más porque no hay otro lugar. El problema hoy de los institutos es el hacinamiento (el mismo que da origen al conflicto social en los grandes centros urbanos). Si no avanzamos en la construcción de institutos de 24 chicos, con escuela adentro, capacitación laboral y máquinas y herramientas que puedan llevarse para trabajar luego, la reinserción pasa a ser sólo una palabra vacía que no tiene ninguna condición real para efectivizarse.
Es necesario, de este modo, un plan masivo que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes y que, además de incluir los programas de becas y apoyo económico que ya se están llevando adelante en la Argentina, incorpore también una red de tutores creíbles para los jóvenes.
En relación al sistema laboral, el problema de los jóvenes no es entender qué tarea deben realizar, sino mantener una rutina laboral de ocho horas, cuando muchos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar.
Los jóvenes sólo creen en aquellos a quienes ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como sí a algunas personas específicas: la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio. Hay que potenciar una red de tutores para los jóvenes a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
La tarea de la política no parece ser, precisamente, señalarlos con el dedo y echarles la culpa de la inseguridad sino, en todo caso, brindarles oportunidades para que puedan terminar la escuela secundaria y consigan un trabajo decente. La solución de este problema es central para saber qué país queremos para los próximos años.
*Entrevistado por Catalina de Elía (periodista de Dueños del Futuro)
lunes, 24 de enero de 2011
Entrevista en Canal 5 de Rosario
Daniel Arroyo fue entrevistado este sábado 22 de enero por Canal 5 de Rosario, realizado en el marco de la "XVI Jornada Argentina del Sector Social- Articulación público-privada. Estrategias de desarrollo local con inclusión social". La entrevista volverá a ser emitida el viernes a las 21.30 y sábados 9.30. También se verá durante esta semana en la Red de Cables de la Provincia de Santa Fe.
En las jornadas, Arroyo dialogó sobre “La Equidad y las organizaciones de la sociedad civil. Nuevas respuestas ante los actuales problemas de exclusión”.
En las jornadas, Arroyo dialogó sobre “La Equidad y las organizaciones de la sociedad civil. Nuevas respuestas ante los actuales problemas de exclusión”.
martes, 11 de enero de 2011
Se necesitan reformas sociales
(Nota de opinión publicada en el diario La Nación, martes 11 de enero de 2011)
América latina tuvo un importante crecimiento sostenido en la última década, que posibilitó una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia en la mayoría de sus países. Pero si bien hubo un avance relativo de la distribución del ingreso, la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población.
Uno de los ejes fundamentales de la actual problemática social radica en los grandes centros urbanos, un mundo absolutamente diferente al resto y donde se concentra la gran mayoría de los pobres en los países de América latina. Establecer consideraciones específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y Poder Judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social. A mediano y largo plazo, el desafío central pasa por la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que hoy no parecen tener un horizonte de futuro cierto.
También resulta necesaria una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales, que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o la Argentina.
El microcrédito es, claramente, una política de reducción de la pobreza para estos países, en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico que se augura para estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, también reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
Los niveles de desigualdad vigentes son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica, vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
Estamos ante una oportunidad histórica. Sin duda, la recuperación de las economías latinoamericanas luego de la crisis financiera internacional reciente abre la posibilidad para poner en marcha políticas que mejoren de forma masiva la situación social en los países de la región.
América latina tuvo un importante crecimiento sostenido en la última década, que posibilitó una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia en la mayoría de sus países. Pero si bien hubo un avance relativo de la distribución del ingreso, la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, lo que afecta el acceso a condiciones dignas de bienestar y de ciudadanía de una gran parte de la población.
Uno de los ejes fundamentales de la actual problemática social radica en los grandes centros urbanos, un mundo absolutamente diferente al resto y donde se concentra la gran mayoría de los pobres en los países de América latina. Establecer consideraciones específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, intervención policial, mercado informal de trabajo y Poder Judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social. A mediano y largo plazo, el desafío central pasa por la inclusión de los jóvenes que no estudian ni trabajan y que hoy no parecen tener un horizonte de futuro cierto.
También resulta necesaria una reforma del funcionamiento administrativo de las áreas sociales, que otorgue velocidad a los desembolsos y que achique la distancia entre las necesidades sociales y los tiempos organizativos de las burocracias estatales. El desafío de la etapa que viene es crear un sistema administrativo para la política social diferente, tomando experiencias como la de las agencias en Chile o algunos mecanismos descentralizados en Brasil o la Argentina.
El microcrédito es, claramente, una política de reducción de la pobreza para estos países, en la medida en que a los pobres que trabajan les falta esencialmente capital para renovar maquinarias y tecnologías y dar un salto de escala en el proceso productivo. El crecimiento económico que se augura para estos países en los próximos años da una oportunidad de poner en marcha políticas de este estilo en escala y muy masivas.
Los últimos años han mostrado avances desiguales en estos países respecto de los esquemas participativos, y no se han podido consolidar mecanismos institucionales permanentes de trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil. Con el debate hoy instalado acerca de la universalidad y con la necesidad de descentralizar fondos de estados nacionales que concentran en exceso, también reaparece la necesidad de promover instancias locales de participación comunitaria.
Los niveles de desigualdad vigentes son fuente de tensión y de violencia en la medida en que crean privación relativa. Es decir, una brecha entre las expectativas de consumo y los ingresos reales. Hacen falta instrumentos económicos para modificar esta situación, más allá de políticas universales que puedan dotar de recursos a la población más pobre. Pareciera necesario incorporarles propuestas más estructurales en lo referido a la política económica, vinculadas con procesos de reforma impositiva y análisis en torno a los sistemas tributarios en estos países.
Estamos ante una oportunidad histórica. Sin duda, la recuperación de las economías latinoamericanas luego de la crisis financiera internacional reciente abre la posibilidad para poner en marcha políticas que mejoren de forma masiva la situación social en los países de la región.
jueves, 6 de enero de 2011
Smantellate le case abusive nella Capitale
(publicado en www.cittanova.it, 5 de enero de 2011)
di Alberto Barlocci
A Buenos Aires resta grave il problema della penuria di abitazioni, con una popolazione in continua crescita anche a causa dei tantissimi immigrati. Con lo sgombero pacifico di un terreno appartenente a un club sportivo, il clima sociale nella capitale argentina è tornato alla normalità, anche perché negli ultimissimi giorni sono scemate le altre manifestazioni di protesta dei lavoratori.
Le forze dell’ordine hanno provveduto a smantellare le casupole precarie installate da un centinaio di famiglie che reclamavano una soluzione abitativa immediata. Il deficit di case a Buenos Aires é di 50 mila abitazioni: il municipio ne ha costruite una quantità infinitesimale rispetto alle richieste.
A fine anno, comunque, il sindaco di Buenos Aires ha annunciato un piano edilizio di 8 mila abitazioni da costruire in accordo col governo nazionale. Nel frattempo le decine di baraccopoli della città – denominate “villas miserias” – continuano a crescere.
La capitale ed il suo hinterland, insieme, contano circa 12 milioni di abitanti, con centinaia di migliaia di persone che vivono in precarie “villas miserias”. Per Daniel Arroyo, ex ministro dello Sviluppo sociale della provincia di Buenos Aires, «il problema consiste nel garantire scuole, ospedali e casa proprio nelle provincie di origine», onde fermare un flusso costante di immigrati interni, ai quali si aggiungono immigrati provenienti da Bolivia, Paraguay e Perú «le cui rimesse in dollari comportano un potere d'acquisto importante per il loro paese di provenienza».
Il governo argentino si trova dunque davanti a un forte dilemma: come favorire lo sviluppo locale, le economie regionali all'interno del suo territorio, e ridurre la povertà e la marginalità nella cintura urbana di Buenos Aires.
di Alberto Barlocci
A Buenos Aires resta grave il problema della penuria di abitazioni, con una popolazione in continua crescita anche a causa dei tantissimi immigrati. Con lo sgombero pacifico di un terreno appartenente a un club sportivo, il clima sociale nella capitale argentina è tornato alla normalità, anche perché negli ultimissimi giorni sono scemate le altre manifestazioni di protesta dei lavoratori.
Le forze dell’ordine hanno provveduto a smantellare le casupole precarie installate da un centinaio di famiglie che reclamavano una soluzione abitativa immediata. Il deficit di case a Buenos Aires é di 50 mila abitazioni: il municipio ne ha costruite una quantità infinitesimale rispetto alle richieste.
A fine anno, comunque, il sindaco di Buenos Aires ha annunciato un piano edilizio di 8 mila abitazioni da costruire in accordo col governo nazionale. Nel frattempo le decine di baraccopoli della città – denominate “villas miserias” – continuano a crescere.
La capitale ed il suo hinterland, insieme, contano circa 12 milioni di abitanti, con centinaia di migliaia di persone che vivono in precarie “villas miserias”. Per Daniel Arroyo, ex ministro dello Sviluppo sociale della provincia di Buenos Aires, «il problema consiste nel garantire scuole, ospedali e casa proprio nelle provincie di origine», onde fermare un flusso costante di immigrati interni, ai quali si aggiungono immigrati provenienti da Bolivia, Paraguay e Perú «le cui rimesse in dollari comportano un potere d'acquisto importante per il loro paese di provenienza».
Il governo argentino si trova dunque davanti a un forte dilemma: come favorire lo sviluppo locale, le economie regionali all'interno del suo territorio, e ridurre la povertà e la marginalità nella cintura urbana di Buenos Aires.
miércoles, 5 de enero de 2011
Políticas sociales: Efectividad, claroscuros y campaña electoral
(publicada en el portal www.notio.com.ar, 5 de enero de 2010)
por Mariano Mogni
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer en políticas sociales. Las políticas sociales siempre fueron uno de los principales caballitos de batalla de cualquier gestión en el poder. Sobre todo en años electorales. Y no es ajena la actual administración, ya que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta con uno de los mayores presupuestos de toda la estructura estatal: durante 2011 tendrá 1900 millones de pesos adicionales para aplicar los programas públicos llevados adelante por Alicia Kirchner.
Aún sin la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación, la cartera social tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer.
Los principales programas del Ministerio de Desarrollo Social son el “Argentina Trabaja”, “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” y “Plan Ahí, en el lugar”, sin contar las líneas de microcréditos, pensiones no contributivas, el funcionamiento de los Centros Integradores Comunitarios, el impulso a las cooperativas de trabajo, el tren sanitario o la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, si bien no depende directamente de la cartera social, es la medida más abarcativa de la administración.
Para los analistas, la agenda social tiene cinco ejes a resolver: la pobreza extrema que alcanza al 10 por ciento de la población; la informalidad económica que abarca al 40 por ciento de los que trabajan; la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre ricos y pobres; los jóvenes que no estudian ni trabajan; y la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70 por ciento de la población.
Tanto para Néstor Kirchner como para su esposa y sucesora Cristina Fernández, las políticas sociales siempre fueron, luego de los programas económicos, uno de los ejes de la gestión. Y con la campaña electoral ganando terreno, 2011 no será la excepción.
“La política social es compleja”, dijo Alicia Kirchner quien consideró que “los dos ejes” de la instrumentación son “la generación de trabajo y la protección de la familia”.
Con las usurpaciones de terrenos en Villa Soldati y Lugano que cerraron 2010 de forma convulsionada, la efectividad de las políticas sociales volvió a ser un eje de la discusión.
La visión, desde adentro
Dos referentes de la actividad social opinaron sobre la aplicación de los programas y la eficacia en los resultados. Ambos fueron -en diferentes momentos- muy cercanos a Alicia Kirchner pero, por diversos motivos, se alejaron del Ministerio de Desarrollo Social. Daniel Arroyo y Jorge Ceballos conocen desde adentro el funcionamiento del área social del kirchnerismo.
Ceballos fue subsecretario de Organización y Capacitación Popular del ministerio de Alicia Kirchner hasta que se alejó del gobierno en 2008 junto con el Movimiento Libres del Sur, al que pertenece.
Arroyo, en tanto, ocupó el cargo de secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano (un virtual viceministro nacional) y luego trabajó con Daniel Scioli como titular de la cartera social bonaerense.
“Las políticas sociales son insuficientes, al igual que las políticas económicas”, sentenció Ceballos quien se desencantó con el proyecto nacional cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió “recostarse en el Partido Justicialista” y abandonar la transversalidad.
“Si bien la situación social mejoró aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento”, consideró Arroyo, también distanciado del kirchnerismo puro y actualmente dirigiendo su propio espacio, Fuerza Solidaria.
Para el ex ministro bonaerense, la pobreza se concentra sobre todo en los grandes centros urbanos: “Ha aumentado la bronca social. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras”, opinó Arroyo.
En este marco, Ceballos afirmó que el “concepto de derrame” en torno a las políticas sociales “beneficia a los sectores más concentrados de la economía” y que la desigualdad con los de menores recursos es enorme.
Para el dirigente de Libres del Sur, la primera etapa del gobierno kirchnerista “rompió la inercia de un Estado ausente” y “por eso tuvo tanto respaldo popular”.
Ceballos le dijo a Notio que el comienzo del trabajo social de Alicia Kirchner “pasó por encima” a los gobernadores e intendentes que manejaban a su antojo los planes oficiales. “Se llegaba al territorio y no le avisábamos ni a gobernadores, ni intendentes, ni punteros”, agregó el dirigente, quien por estos días trabaja para ser candidato a intendente de La Matanza. “En el distrito es todo muy clientelar, siempre hay intermediarios”, advirtió el dirigente.
Para Ceballos, la primera impresión de cambio del kirchnerismo se disipó en 2007 y, a partir de ese momento, consideró, las políticas sociales volvieron a ser lo que eran: Se volvió sobre los punteros políticos, los intendentes y los gobernadores. A ellos se les dan las herramientas para que manejen los programas del gobierno, según Ceballos.
Por su parte, Arroyo reclamó la implementación de “políticas públicas de segunda generación”. Según el ex viceministro de Alicia Kirchner, el objetivo es partir de los programas existentes y hacerlos más abarcativos: “El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios”, señaló Arroyo.
“Hay mucho dibujo en las políticas sociales”, concluyó Ceballos. Arroyo, más contemplativo, anticipó que “el contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región” y que ese “viento de cola brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica”.
por Mariano Mogni
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer en políticas sociales. Las políticas sociales siempre fueron uno de los principales caballitos de batalla de cualquier gestión en el poder. Sobre todo en años electorales. Y no es ajena la actual administración, ya que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuenta con uno de los mayores presupuestos de toda la estructura estatal: durante 2011 tendrá 1900 millones de pesos adicionales para aplicar los programas públicos llevados adelante por Alicia Kirchner.
Aún sin la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación, la cartera social tendrá durante este año más de 3 mil millones de pesos para disponer.
Los principales programas del Ministerio de Desarrollo Social son el “Argentina Trabaja”, “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” y “Plan Ahí, en el lugar”, sin contar las líneas de microcréditos, pensiones no contributivas, el funcionamiento de los Centros Integradores Comunitarios, el impulso a las cooperativas de trabajo, el tren sanitario o la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, si bien no depende directamente de la cartera social, es la medida más abarcativa de la administración.
Para los analistas, la agenda social tiene cinco ejes a resolver: la pobreza extrema que alcanza al 10 por ciento de la población; la informalidad económica que abarca al 40 por ciento de los que trabajan; la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre ricos y pobres; los jóvenes que no estudian ni trabajan; y la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70 por ciento de la población.
Tanto para Néstor Kirchner como para su esposa y sucesora Cristina Fernández, las políticas sociales siempre fueron, luego de los programas económicos, uno de los ejes de la gestión. Y con la campaña electoral ganando terreno, 2011 no será la excepción.
“La política social es compleja”, dijo Alicia Kirchner quien consideró que “los dos ejes” de la instrumentación son “la generación de trabajo y la protección de la familia”.
Con las usurpaciones de terrenos en Villa Soldati y Lugano que cerraron 2010 de forma convulsionada, la efectividad de las políticas sociales volvió a ser un eje de la discusión.
La visión, desde adentro
Dos referentes de la actividad social opinaron sobre la aplicación de los programas y la eficacia en los resultados. Ambos fueron -en diferentes momentos- muy cercanos a Alicia Kirchner pero, por diversos motivos, se alejaron del Ministerio de Desarrollo Social. Daniel Arroyo y Jorge Ceballos conocen desde adentro el funcionamiento del área social del kirchnerismo.
Ceballos fue subsecretario de Organización y Capacitación Popular del ministerio de Alicia Kirchner hasta que se alejó del gobierno en 2008 junto con el Movimiento Libres del Sur, al que pertenece.
Arroyo, en tanto, ocupó el cargo de secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano (un virtual viceministro nacional) y luego trabajó con Daniel Scioli como titular de la cartera social bonaerense.
“Las políticas sociales son insuficientes, al igual que las políticas económicas”, sentenció Ceballos quien se desencantó con el proyecto nacional cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió “recostarse en el Partido Justicialista” y abandonar la transversalidad.
“Si bien la situación social mejoró aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento”, consideró Arroyo, también distanciado del kirchnerismo puro y actualmente dirigiendo su propio espacio, Fuerza Solidaria.
Para el ex ministro bonaerense, la pobreza se concentra sobre todo en los grandes centros urbanos: “Ha aumentado la bronca social. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras”, opinó Arroyo.
En este marco, Ceballos afirmó que el “concepto de derrame” en torno a las políticas sociales “beneficia a los sectores más concentrados de la economía” y que la desigualdad con los de menores recursos es enorme.
Para el dirigente de Libres del Sur, la primera etapa del gobierno kirchnerista “rompió la inercia de un Estado ausente” y “por eso tuvo tanto respaldo popular”.
Ceballos le dijo a Notio que el comienzo del trabajo social de Alicia Kirchner “pasó por encima” a los gobernadores e intendentes que manejaban a su antojo los planes oficiales. “Se llegaba al territorio y no le avisábamos ni a gobernadores, ni intendentes, ni punteros”, agregó el dirigente, quien por estos días trabaja para ser candidato a intendente de La Matanza. “En el distrito es todo muy clientelar, siempre hay intermediarios”, advirtió el dirigente.
Para Ceballos, la primera impresión de cambio del kirchnerismo se disipó en 2007 y, a partir de ese momento, consideró, las políticas sociales volvieron a ser lo que eran: Se volvió sobre los punteros políticos, los intendentes y los gobernadores. A ellos se les dan las herramientas para que manejen los programas del gobierno, según Ceballos.
Por su parte, Arroyo reclamó la implementación de “políticas públicas de segunda generación”. Según el ex viceministro de Alicia Kirchner, el objetivo es partir de los programas existentes y hacerlos más abarcativos: “El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios”, señaló Arroyo.
“Hay mucho dibujo en las políticas sociales”, concluyó Ceballos. Arroyo, más contemplativo, anticipó que “el contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región” y que ese “viento de cola brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica”.
martes, 4 de enero de 2011
"Se necesita un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes"
(entrevista publicada en la revista Visión Sustentable, diciembre de 2010)
Daniel Arroyo es uno de los pocos que transitaron por la gestión en sitios de poder y sigue siendo visto como un técnico. Quizás se deba, primero, a que se especializó y estudió en serio, y, segundo, a que nunca perdió el espíritu crítico. Luego de asumir el cargo de viceministro de Desarrollo Social, durante la presidencia de Néstor Kirchner, emigró a la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo de la misma cartera.
"Soy un tipo que tiene ideas y lo que me mueve es ponerlas en práctica, concretarlas", enfatiza quien luego de manejar un presupuesto de $ 18.000 millones se fue con la idea de que sólo se pueden dar vuelta las cosas si se tiene poder político. Entrevistado por Visión Sustentable opinó que el problema más grave que tiene el país son los jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan: "Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades".
Daniel Arroyo- ¿Cuál va a ser el gran valor agregado de la RSE al Estado?
- El Estado es el gran transformador. Es el que sabe de asistencia directa mientras que el sector privado sabe más de proveedores, nicho de mercado, matriz insumo producto, etc. Con lo cual, es más útil que una empresa apoye un emprendimiento productivo que asista a un comedor.
El rol del Estado será darle escala al emprendimiento, otorgar créditos masivos, armar sistemas de comercialización, un sistema tributario que le permita formalizarse. En ese rol del Estado, estamos a mitad de camino.
- ¿Qué papel juegan los sindicatos dentro de este escenario?
- Tienen un poder central. Tienen que comenzar a incorporar más la dimensión de la economía social en el sector informal. Nosotros tenemos que el 60 por ciento está en blanco y el 40 en la informalidad y no hay nada que diga que esto se va a modificar, con lo cual deben sentarse en esa mesa e interactuar con el sector privado pero también con el sector informal y analizar y entender esta etapa de transición, porque sabemos que la formalización de golpe hace mal. Por eso digo que en este proceso hay dos actores centrales, uno el sector privado, y el otro los sindicatos. Y el Estado tiene escala e instrumentos para ponerlo en marcha. Es decir, que no sea una prueba piloto de una empresa que armó su cadena de valor, sino una política pública masiva.
- Ahora, ¿no estamos cada vez más lejos de lograr esta mesa de diálogo social?
- A mi me parece que en los sindicatos, como en la política, como en la dirigencia deportiva hay una segunda línea de gente interesantísima que trata de avanzar y que está muy cerca de lograr las estructuras generales.
- Y que logremos quizás aquello que ha logrado Brasil…
- Es admirable… esencialmente por la historia de vida de Lula. Es una persona que llegó al Gobierno y comenzó a trabajar en una cosa colectiva; que es precisamente aquello que no podemos lograr nosotros, no podemos armar un proyecto común por el cual trabajar…Sin embargo, soy muy optimista … acá vienen años de crecimiento económico sostenido y una renovación natural de la clase dirigente…
- Perdón Daniel, pero el que se vayan todos lo venimos escuchando desde el 2001 y siguen todos…
- Sí, es verdad. Sin embargo, esta vez tenemos la ventaja del contexto internacional y en ese contexto, que se dio en cierta forma por azar, mi apuesta es que esto se reforme, se modifique. Además, sino damos vuelta la hoja con quince años de crecimiento sostenido no la damos vuelta más…Es difícil transformar, pero hay que ir por algo distinto. Y si hacemos las cosas bien esta década la terminamos sin pobreza, sin indigencia, pero por sobre todo con un esquema productivo, económico por muchos años.
- Usted puso en marcha el programa Manos a la obra ¿qué significó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se llevara adelante una iniciativa así?
- Creo que fue un hito porque fue la primera vez que desde lo social se tomo lo productivo como eje central. Yo fui al Gobierno con la idea de que la pobreza es un problema de falta de capitalización, ya que una gran parte de los pobres trabajaban sin herramientas y en forma muy precaria y que había que capitalizarlos. Esto significó una ruptura en el paradigma…
- ¿Qué le modificaría hoy?
- Creo que hay tres situaciones diferentes en términos de economía social. La primera, lo que hace al desarrollo local, es decir, a una comunidad va el tema de turismo, y creamos actividades productivas alrededor de eso. La segunda es lo existente; hay 4 millones de personas que son cuentapropistas, que trabajan pero que les falta infraestructura, con lo cual no hay que analizar si funciona o ese negocio ya que viven de eso. Y por último lo experimental, gente con ideas. En este momento yo lo que haría es masificar las dos primeras destinando el 80 por ciento de los recursos mientras que lo experimental si bien tiene un alto índice de fracaso tiene un valor pedagógico, genera cultura del trabajo, algo fundamental en la Argentina de hoy.
- Fuerza Solidaria es un sistema de microcrédito...
- Exacto, que lo que hace es dar créditos a instituciones que a la vez otorgan crédito a emprendimientos. Son $ 30 millones, 50.000 personas que accedieron con un nivel de mora del 2 por ciento. Básicamente porque tiene una tasa muy baja y porque los sectores pobres tienen un respeto por la palabra mucho mayor. Además, lo utilizan como una cuenta corriente, quiere devolver para sacar otro crédito.
Pero hay que crecer, en Argentina entre todos los que dan crédito al año se llega a los $ 200 millones y se necesitan $ 2.000. Con lo cual hay 4 millones de personas que trabajan pero que no acceden al crédito y se empobrecen no por no tener trabajo sino por no contar con tecnología.
- Y que se masifique o no depende del papel que asuma el Estado
- Es el punto central, porque el sistema de microcrédito es caro, hay que cobrar cada quince días cuotas de $ 50 y para un banco es inviable por el costo operativo que tiene. Por eso, el Estado tiene que aliarse con instituciones que trabajen con este sistema y subsidiar la tasa para lograr una tasa de interés del 6 por ciento.
Como esto no ocurre la persona que necesita el dinero va a Crédito Ya, o Crédito Fácil, que cobran un interés del 80 por ciento anual, cuando no lo puede pagar le ofrecen más plata con una tasa del 120. Como consecuencia generamos otro problema: pobreza con endeudamiento.
- Ahora, ¿cuál es el papel que tiene que asumir la banca privada o el sector privado que dentro de sus acciones de RSE tiene sistemas de microcrédito?
- Yo creo que lo que deben hacer es dar créditos a las instituciones que llegan a los barrios. Y habría que generar fideicomisos o fondos de este tipo que operen como segundo piso.
- Tenemos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan ¿cómo se revierte esta situación? ¿Ayuda tener un sistema educativo flexible como Brasil?
- Si, seguro. Nuestro sistema educativo es rígido, con lo cual el chico vuelve donde dejó, algo inviable porque el mismo sistema lo termina expulsando. Ahora, la única manera de revertir esta situación es incorporarlos al mundo laboral, y para lograrlo necesitas dos cosas, por un lado, generar una red de 20.000 tutores que los ayuden porque el problema más difícil para ellos es ir a trabajar, no tienen la cultura del trabajo; y por otro, que las empresas los tomen y la única forma de que lo hagan es que haya un incentivo fiscal fuerte.
- ¿Cuán lejos estamos de esto?
- Me parece que hay buenos programas, por ejemplo El mejor trabajo para jóvenes, pero el tema es que falta tomar escala. Tenemos que entender que la situación actual no se resuelve con pruebas pilotos, con becas o con algún entrenamiento o capacitación. Hay que tomarlo como problema de Estado, como el problema más grave que tiene el país, algo que aún no sucedió, incluso estamos lejos de entenderlo y el tema se va a complicar.
- Y deviene en algo peor...
- Deviene en inseguridad, en violencia, en informalidad económica. El chico está en la calle, consume, tiene problemas de salud, educación y endeudamiento. Todos temas que tiene que ver con falta de oportunidades laborales. Nosotros tenemos que inventar oportunidades laborales con vínculos con el sector privado para los jóvenes, ellos deben ser la prioridad, sobre todos los que no estudian ni trabajan.
- ¿Cuál es el monto que se necesitaría para comenzar a trabajar?
- Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades. Por eso creo que hay que concientizarse que acá hay un problema de mayorías que se resuelve en gran escala, y la gran escala requiere de una gran política en la que todos los sectores estén involucrando liderados por el Estado. No sirven, lamentablemente, hacer programas aislados.
- ¿Qué papel juega la cultura empresarial?
- Creo que en la cultura empresarial en la Argentina hay mucho por hacer, por repensar, hay que crear espacios de diálogos, poner prioridades. Y la prioridad mayor es que dentro de cinco años no tengamos 900.000 jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan. El sector privado debe tener un rol en eso junto con el Estado.
A su vez, veo un sector privado con ganas de trabajar en esta interacción, si bien por mucho tiempo se dio este alejamiento estamos ante una renovación de la clase política y una renovación de la clase dirigencia sindical y empresarial. Y si bien desde afuera no parece que se esté dando, hay un cambio.
Logros de gestión
Si se tuvieran que enumerar de manera rápida los logros más significativos de Daniel Arroyo en su paso por la función pública se podría decir, sin temor a equivocarse, que uno de sus mayores triunfos fue instalar la idea de que el área social debe estar orientada a lo productivo, hay que dar crédito, hay que hacer evaluación de mercado y planificar. El Plan Manos a la obra es un claro ejemplo de esto.
Otro triunfo que obtuvo en la provincia de Buenos Aires fue lograr que 800.000 madres que recibían bolsones de alimentos tengan una tarjeta de débito, que además de romper todo el tema del clientelismo, es una forma de mejorar la política social y de mover la economía local. Y por último, haber comenzado con el programa de universalización de las asignaciones familiares, en la provincia de Buenos Aires, que lo que hizo fue que las madres que tienen chicos menores de 6 años puedan cobrar asignación familiar, algo que sólo cobraban las que tenían un empleo formal.
Daniel Arroyo es uno de los pocos que transitaron por la gestión en sitios de poder y sigue siendo visto como un técnico. Quizás se deba, primero, a que se especializó y estudió en serio, y, segundo, a que nunca perdió el espíritu crítico. Luego de asumir el cargo de viceministro de Desarrollo Social, durante la presidencia de Néstor Kirchner, emigró a la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo de la misma cartera.
"Soy un tipo que tiene ideas y lo que me mueve es ponerlas en práctica, concretarlas", enfatiza quien luego de manejar un presupuesto de $ 18.000 millones se fue con la idea de que sólo se pueden dar vuelta las cosas si se tiene poder político. Entrevistado por Visión Sustentable opinó que el problema más grave que tiene el país son los jóvenes de entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan: "Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades".
Daniel Arroyo- ¿Cuál va a ser el gran valor agregado de la RSE al Estado?
- El Estado es el gran transformador. Es el que sabe de asistencia directa mientras que el sector privado sabe más de proveedores, nicho de mercado, matriz insumo producto, etc. Con lo cual, es más útil que una empresa apoye un emprendimiento productivo que asista a un comedor.
El rol del Estado será darle escala al emprendimiento, otorgar créditos masivos, armar sistemas de comercialización, un sistema tributario que le permita formalizarse. En ese rol del Estado, estamos a mitad de camino.
- ¿Qué papel juegan los sindicatos dentro de este escenario?
- Tienen un poder central. Tienen que comenzar a incorporar más la dimensión de la economía social en el sector informal. Nosotros tenemos que el 60 por ciento está en blanco y el 40 en la informalidad y no hay nada que diga que esto se va a modificar, con lo cual deben sentarse en esa mesa e interactuar con el sector privado pero también con el sector informal y analizar y entender esta etapa de transición, porque sabemos que la formalización de golpe hace mal. Por eso digo que en este proceso hay dos actores centrales, uno el sector privado, y el otro los sindicatos. Y el Estado tiene escala e instrumentos para ponerlo en marcha. Es decir, que no sea una prueba piloto de una empresa que armó su cadena de valor, sino una política pública masiva.
- Ahora, ¿no estamos cada vez más lejos de lograr esta mesa de diálogo social?
- A mi me parece que en los sindicatos, como en la política, como en la dirigencia deportiva hay una segunda línea de gente interesantísima que trata de avanzar y que está muy cerca de lograr las estructuras generales.
- Y que logremos quizás aquello que ha logrado Brasil…
- Es admirable… esencialmente por la historia de vida de Lula. Es una persona que llegó al Gobierno y comenzó a trabajar en una cosa colectiva; que es precisamente aquello que no podemos lograr nosotros, no podemos armar un proyecto común por el cual trabajar…Sin embargo, soy muy optimista … acá vienen años de crecimiento económico sostenido y una renovación natural de la clase dirigente…
- Perdón Daniel, pero el que se vayan todos lo venimos escuchando desde el 2001 y siguen todos…
- Sí, es verdad. Sin embargo, esta vez tenemos la ventaja del contexto internacional y en ese contexto, que se dio en cierta forma por azar, mi apuesta es que esto se reforme, se modifique. Además, sino damos vuelta la hoja con quince años de crecimiento sostenido no la damos vuelta más…Es difícil transformar, pero hay que ir por algo distinto. Y si hacemos las cosas bien esta década la terminamos sin pobreza, sin indigencia, pero por sobre todo con un esquema productivo, económico por muchos años.
- Usted puso en marcha el programa Manos a la obra ¿qué significó que desde el Ministerio de Desarrollo Social se llevara adelante una iniciativa así?
- Creo que fue un hito porque fue la primera vez que desde lo social se tomo lo productivo como eje central. Yo fui al Gobierno con la idea de que la pobreza es un problema de falta de capitalización, ya que una gran parte de los pobres trabajaban sin herramientas y en forma muy precaria y que había que capitalizarlos. Esto significó una ruptura en el paradigma…
- ¿Qué le modificaría hoy?
- Creo que hay tres situaciones diferentes en términos de economía social. La primera, lo que hace al desarrollo local, es decir, a una comunidad va el tema de turismo, y creamos actividades productivas alrededor de eso. La segunda es lo existente; hay 4 millones de personas que son cuentapropistas, que trabajan pero que les falta infraestructura, con lo cual no hay que analizar si funciona o ese negocio ya que viven de eso. Y por último lo experimental, gente con ideas. En este momento yo lo que haría es masificar las dos primeras destinando el 80 por ciento de los recursos mientras que lo experimental si bien tiene un alto índice de fracaso tiene un valor pedagógico, genera cultura del trabajo, algo fundamental en la Argentina de hoy.
- Fuerza Solidaria es un sistema de microcrédito...
- Exacto, que lo que hace es dar créditos a instituciones que a la vez otorgan crédito a emprendimientos. Son $ 30 millones, 50.000 personas que accedieron con un nivel de mora del 2 por ciento. Básicamente porque tiene una tasa muy baja y porque los sectores pobres tienen un respeto por la palabra mucho mayor. Además, lo utilizan como una cuenta corriente, quiere devolver para sacar otro crédito.
Pero hay que crecer, en Argentina entre todos los que dan crédito al año se llega a los $ 200 millones y se necesitan $ 2.000. Con lo cual hay 4 millones de personas que trabajan pero que no acceden al crédito y se empobrecen no por no tener trabajo sino por no contar con tecnología.
- Y que se masifique o no depende del papel que asuma el Estado
- Es el punto central, porque el sistema de microcrédito es caro, hay que cobrar cada quince días cuotas de $ 50 y para un banco es inviable por el costo operativo que tiene. Por eso, el Estado tiene que aliarse con instituciones que trabajen con este sistema y subsidiar la tasa para lograr una tasa de interés del 6 por ciento.
Como esto no ocurre la persona que necesita el dinero va a Crédito Ya, o Crédito Fácil, que cobran un interés del 80 por ciento anual, cuando no lo puede pagar le ofrecen más plata con una tasa del 120. Como consecuencia generamos otro problema: pobreza con endeudamiento.
- Ahora, ¿cuál es el papel que tiene que asumir la banca privada o el sector privado que dentro de sus acciones de RSE tiene sistemas de microcrédito?
- Yo creo que lo que deben hacer es dar créditos a las instituciones que llegan a los barrios. Y habría que generar fideicomisos o fondos de este tipo que operen como segundo piso.
- Tenemos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan ¿cómo se revierte esta situación? ¿Ayuda tener un sistema educativo flexible como Brasil?
- Si, seguro. Nuestro sistema educativo es rígido, con lo cual el chico vuelve donde dejó, algo inviable porque el mismo sistema lo termina expulsando. Ahora, la única manera de revertir esta situación es incorporarlos al mundo laboral, y para lograrlo necesitas dos cosas, por un lado, generar una red de 20.000 tutores que los ayuden porque el problema más difícil para ellos es ir a trabajar, no tienen la cultura del trabajo; y por otro, que las empresas los tomen y la única forma de que lo hagan es que haya un incentivo fiscal fuerte.
- ¿Cuán lejos estamos de esto?
- Me parece que hay buenos programas, por ejemplo El mejor trabajo para jóvenes, pero el tema es que falta tomar escala. Tenemos que entender que la situación actual no se resuelve con pruebas pilotos, con becas o con algún entrenamiento o capacitación. Hay que tomarlo como problema de Estado, como el problema más grave que tiene el país, algo que aún no sucedió, incluso estamos lejos de entenderlo y el tema se va a complicar.
- Y deviene en algo peor...
- Deviene en inseguridad, en violencia, en informalidad económica. El chico está en la calle, consume, tiene problemas de salud, educación y endeudamiento. Todos temas que tiene que ver con falta de oportunidades laborales. Nosotros tenemos que inventar oportunidades laborales con vínculos con el sector privado para los jóvenes, ellos deben ser la prioridad, sobre todos los que no estudian ni trabajan.
- ¿Cuál es el monto que se necesitaría para comenzar a trabajar?
- Se necesita de un gran Plan Marshall para rescatar a los jóvenes, unos $ 1.500 millones por año, para arrancar, y hoy contamos con $ 100 millones. Sin embargo, los recursos están, con lo cual no es un problema de caja, sino de prioridades. Por eso creo que hay que concientizarse que acá hay un problema de mayorías que se resuelve en gran escala, y la gran escala requiere de una gran política en la que todos los sectores estén involucrando liderados por el Estado. No sirven, lamentablemente, hacer programas aislados.
- ¿Qué papel juega la cultura empresarial?
- Creo que en la cultura empresarial en la Argentina hay mucho por hacer, por repensar, hay que crear espacios de diálogos, poner prioridades. Y la prioridad mayor es que dentro de cinco años no tengamos 900.000 jóvenes entre 16 y 24 años que no estudian ni trabajan. El sector privado debe tener un rol en eso junto con el Estado.
A su vez, veo un sector privado con ganas de trabajar en esta interacción, si bien por mucho tiempo se dio este alejamiento estamos ante una renovación de la clase política y una renovación de la clase dirigencia sindical y empresarial. Y si bien desde afuera no parece que se esté dando, hay un cambio.
Logros de gestión
Si se tuvieran que enumerar de manera rápida los logros más significativos de Daniel Arroyo en su paso por la función pública se podría decir, sin temor a equivocarse, que uno de sus mayores triunfos fue instalar la idea de que el área social debe estar orientada a lo productivo, hay que dar crédito, hay que hacer evaluación de mercado y planificar. El Plan Manos a la obra es un claro ejemplo de esto.
Otro triunfo que obtuvo en la provincia de Buenos Aires fue lograr que 800.000 madres que recibían bolsones de alimentos tengan una tarjeta de débito, que además de romper todo el tema del clientelismo, es una forma de mejorar la política social y de mover la economía local. Y por último, haber comenzado con el programa de universalización de las asignaciones familiares, en la provincia de Buenos Aires, que lo que hizo fue que las madres que tienen chicos menores de 6 años puedan cobrar asignación familiar, algo que sólo cobraban las que tenían un empleo formal.
jueves, 30 de diciembre de 2010
"Hay que crear un banco social de tierras"
(publicado en la revista Debate, sábado 1° de enero de 2011)
"Tenemos un problema básico: no está bien que en el uno por ciento del territorio de la Argentina se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones”, reflexiona Daniel Arroyo acerca de los recientes conflictos generados por las tomas de tierras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Según el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y secretario de Políticas Sociales durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, el “elemento clave” para solucionar la tensión provocada por la falta de acceso a la vivienda pasa por “la creación de un banco social que identifique las tierras fiscales en todo el país”. También propone la intervención del Estado en la regulación del precio de los alquileres en villas y barrios de emergencia, ya que “hoy se está pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media”.
¿Por qué hubo una explosión de las tomas de tierras en Capital Federal y el conurbano en estos últimos meses?
Hay algunos problemas estructurales y otras cuestiones específicas ligadas a la coyuntura. Los estructurales tienen que ver con la falta de vivienda y con la permanente migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Desde los años cuarenta y cincuenta en adelante, la migración ha sido constante en el país. Hoy vive más de un tercio de la población en el uno por ciento del territorio nacional. Quienes migran buscan tener cerca una escuela, un comedor comunitario, un centro de atención primario de la salud. El hecho de moverse hacia lugares tan altamente poblados, permite hacer changas y generarse algún tipo de ingresos. En el interior, en cambio, hay pocas oportunidades.
¿Y en el caso de los países limítrofes?
Tiene el mismo componente racional, pero se agrega el tema de las remesas. Es decir, alguien viene hacia la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano con el objetivo de mandar parte del dinero a sus familiares. Es lo mismo que han hecho los argentinos cuando hubo época de crisis y enviaban dinero desde el exterior al núcleo familiar que quedaba en el país. En este contexto actual, donde hay niveles de consumo tan altos y tantas oportunidades de hacer changas, es claro que hay un buen nivel de remesas para mandar. El hecho estructural es que hay más gente, pero el ritmo de construcción de viviendas, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy desproporcionado con respecto a las necesidades reales.
¿Cómo califica la política habitacional de la gestión de Mauricio Macri?
Está claro que el gobierno de Macri no le ha dado una prioridad importante a la política habitacional. Seguramente, no se pueden hacer cincuenta mil viviendas por año, y se podrá discutir cómo y de qué manera habría que construirlas, pero haber hecho tan pocas, haber construido sólo ochenta viviendas por año, marca una distancia demasiado grande con la demanda actual.
¿Qué aspectos coyunturales contribuyeron también para que hubiera tomas?
Se agrega un fenómeno que se dio con fuerza, especialmente en los últimos meses, vinculado con el costo de los alquileres. Las personas están pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media. Además, el hogar no es sólo una vivienda sino que también representa su unidad productiva, su lugar de trabajo. Así que se les ha hecho muy difícil la vida cotidiana.
¿Qué genera esta situación de hacinamiento?
El hecho de no tener un lugar es lo peor que le puede pasar a una persona. En el caso de los jóvenes, el ciclo es que un pibe está hacinado en la casa, entonces se va a la esquina, porque ahí hay más lugar, más aire, más luz. Pero en la esquina empieza a consumir, porque el que no consume es el pibe que está raleado, que está dejado de lado. El que empieza a consumir, especialmente paco, tiene un problema de salud, de adicción y de endeudamiento. Cuando tiene una deuda, aparece un vivo que se le acerca y le propone cualquier idea para cancelarla. Ese ciclo, en los grandes centros urbanos, es de seis meses. En general, el hacinamiento genera tensiones muy fuertes en la familia, porque viven todos dentro de un cuarto, y eso provoca la desesperación por hacerse de un lugar. Por eso, aparecen las fantasías alentadas por distintos líderes.
¿Qué intervención han tenido ciertos líderes barriales en este proceso?
Si bien se percibe en otros niveles dirigenciales de la Argentina, hay una clara fragmentación de los liderazgos en las villas y los asentamientos. A diferencia de las favelas y de otros modelos latinoamericanos donde hay un Estado dentro del Estado y alguien que maneja todo lo que sucede en ese territorio -desde el narcotráfico hasta la salud y la educación-, en el caso argentino hay mucha fragmentación. Hay punteros de distintos partidos, referentes de diferentes movimientos sociales, líderes eclesiásticos, un tipo que enseña a jugar al fútbol… Es decir, hay mucha gente interviniendo que no domina el territorio y que está vinculada con diferentes áreas del Estado para que les provea servicios. Esa fragmentación genera un fenómeno de sobreactuación.
¿Qué provoca esa sobreactuación a la que se refiere?
Hay alguien que promueve una toma en un lugar con el objetivo de establecer un nuevo piso en los reclamos, la idea es “tomamos este predio y empezamos a discutir de otra manera”. Como un puntero determinado lo hace, los otros también se suman y sobreactúan para no perder espacio en la consideración de los vecinos.
¿Cuál es su mirada sobre aquellos análisis que sostienen que hay una creciente “favelización” de los grandes centros urbanos de la Argentina?
Si se entiende por favelización el aumento de la cantidad de gente que vive en villas y asentamientos, la tendencia, sin duda, ha sido creciente en las últimas décadas. Entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, hoy, casi dos millones y medio de personas viven en condiciones precarias. Pero si se entiende la favelización como un Estado dentro del Estado, con líderes que prestan servicios por fuera del Estado, claramente no ocurre esto en la Argentina. El Estado es el gran prestador de educación, salud y otros tipos de apoyos y servicios.
¿Qué medidas habría que impulsar para encarar la falta de acceso a la vivienda?
Aquí hay un problema básico: como dije, no está bien que en el uno por ciento del territorio nacional se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones. Las economías regionales han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por eso, habría que acelerar la construcción de redes de salud y educación, porque si no la gente va a seguir migrando. También creo que llegó el momento de pensar algún tipo de incentivo fiscal para ciertas actividades productivas que se instalen en determinadas regiones del país. Pero el elemento clave es armar un banco social de tierras.
¿Cómo funcionaría ese banco de tierras?
En primer lugar, habría que identificar todas las tierras fiscales que hay en la Argentina, que tienen que ver con los ferrocarriles o con empresas abandonadas que quedaron en manos del Estado. Después, habría que implementar programas de urbanización y de construcción de viviendas. Además de las dificultades de acceso a la vivienda, hay un problema de falta de horizonte, porque no hay un mecanismo claro de cómo uno accede a la vivienda. En cambio, sí queda claro que hay un banco social de tierras y se establecen los mecanismos de construcción de viviendas, la gente va a ir empezando a migrar hacia esas ciudades del interior.
¿Qué rol debería tener el Estado en relación con los altos precios de los alquileres?
En la Argentina hay un problema de informalidad económica, hay mucha gente que trabaja y que no tiene boleta de salario ni aportes jubilatorios ni garantías para alquilar o acceder a un crédito. Hay que pensar un rol para el Estado en la regulación de los alquileres en los barrios de emergencia, las villas y los asentamientos. No me refiero a una regulación general, porque es una cuestión muy compleja, pero no es posible que se estén pagando montos de ochocientos o mil pesos por dormitorios tan pequeños. El Estado debería tener algún rol a través de apoyos o subsidios. Más allá de que se encare o no una política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, habría que tener una política intermedia, y creo que va por ese lado.
¿Qué mecanismos tendría que tener esa regulación?
Habría que establecer cómo es el actual sistema de alquileres en barrios de emergencia, villas y asentamientos, a quién se está alquilando y cómo se está alquilando. Habría que establecer que parte de los subsidios y apoyos que brinda el Estado se redireccionen a solucionar este fenómeno. También habría que trabajar con quienes alquilan, y establecer algún tipo de pautas y protocolos, porque hoy no hay ningún tipo de lógica. Está claro que si hubiera un descenso del monto de los alquileres, bajaría parte de la tensión social y habría menos tomas de terrenos en los grandes centros urbanos.
¿Por qué también propone la intervención del Mercosur?
El Mercosur debería tener un peso fuerte en políticas de inclusión en los próximos años. No hay que pensar el Mercosur sólo en términos aduaneros, arancelarios o de control de los niveles de producción en un país o en otro, sino que hay que generar un gran fondo para la construcción de infraestructura básica de salud y educación en los países de la región con menor nivel de desarrollo, en el que los que deberían aportar más, sin duda, serían Brasil y la Argentina.
¿Qué obstáculos y oportunidades observa para la implementación de estas propuestas?
Tenemos una oportunidad increíble, la economía argentina creció de forma consecutiva durante una década y vamos por varios años más de crecimiento. Es muy distinto lo que se puede hacer en políticas sociales en un contexto de expansión de la economía que en otro de recesión. Desde 2003, venimos de una década ganada en el área social y tenemos una gran oportunidad para encarar programas masivos, para crear un gran banco social de tierras y extender la construcción de viviendas, para bajar los niveles de informalidad económica y la problemática del acceso al crédito. Deberíamos acelerar y crear planes muy masivos que vuelquen recursos en estas problemáticas sociales. En los próximos cinco o seis años podemos dar vuelta la situación social del país.
"Tenemos un problema básico: no está bien que en el uno por ciento del territorio de la Argentina se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones”, reflexiona Daniel Arroyo acerca de los recientes conflictos generados por las tomas de tierras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Según el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y secretario de Políticas Sociales durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, el “elemento clave” para solucionar la tensión provocada por la falta de acceso a la vivienda pasa por “la creación de un banco social que identifique las tierras fiscales en todo el país”. También propone la intervención del Estado en la regulación del precio de los alquileres en villas y barrios de emergencia, ya que “hoy se está pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media”.
¿Por qué hubo una explosión de las tomas de tierras en Capital Federal y el conurbano en estos últimos meses?
Hay algunos problemas estructurales y otras cuestiones específicas ligadas a la coyuntura. Los estructurales tienen que ver con la falta de vivienda y con la permanente migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Desde los años cuarenta y cincuenta en adelante, la migración ha sido constante en el país. Hoy vive más de un tercio de la población en el uno por ciento del territorio nacional. Quienes migran buscan tener cerca una escuela, un comedor comunitario, un centro de atención primario de la salud. El hecho de moverse hacia lugares tan altamente poblados, permite hacer changas y generarse algún tipo de ingresos. En el interior, en cambio, hay pocas oportunidades.
¿Y en el caso de los países limítrofes?
Tiene el mismo componente racional, pero se agrega el tema de las remesas. Es decir, alguien viene hacia la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano con el objetivo de mandar parte del dinero a sus familiares. Es lo mismo que han hecho los argentinos cuando hubo época de crisis y enviaban dinero desde el exterior al núcleo familiar que quedaba en el país. En este contexto actual, donde hay niveles de consumo tan altos y tantas oportunidades de hacer changas, es claro que hay un buen nivel de remesas para mandar. El hecho estructural es que hay más gente, pero el ritmo de construcción de viviendas, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy desproporcionado con respecto a las necesidades reales.
¿Cómo califica la política habitacional de la gestión de Mauricio Macri?
Está claro que el gobierno de Macri no le ha dado una prioridad importante a la política habitacional. Seguramente, no se pueden hacer cincuenta mil viviendas por año, y se podrá discutir cómo y de qué manera habría que construirlas, pero haber hecho tan pocas, haber construido sólo ochenta viviendas por año, marca una distancia demasiado grande con la demanda actual.
¿Qué aspectos coyunturales contribuyeron también para que hubiera tomas?
Se agrega un fenómeno que se dio con fuerza, especialmente en los últimos meses, vinculado con el costo de los alquileres. Las personas están pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media. Además, el hogar no es sólo una vivienda sino que también representa su unidad productiva, su lugar de trabajo. Así que se les ha hecho muy difícil la vida cotidiana.
¿Qué genera esta situación de hacinamiento?
El hecho de no tener un lugar es lo peor que le puede pasar a una persona. En el caso de los jóvenes, el ciclo es que un pibe está hacinado en la casa, entonces se va a la esquina, porque ahí hay más lugar, más aire, más luz. Pero en la esquina empieza a consumir, porque el que no consume es el pibe que está raleado, que está dejado de lado. El que empieza a consumir, especialmente paco, tiene un problema de salud, de adicción y de endeudamiento. Cuando tiene una deuda, aparece un vivo que se le acerca y le propone cualquier idea para cancelarla. Ese ciclo, en los grandes centros urbanos, es de seis meses. En general, el hacinamiento genera tensiones muy fuertes en la familia, porque viven todos dentro de un cuarto, y eso provoca la desesperación por hacerse de un lugar. Por eso, aparecen las fantasías alentadas por distintos líderes.
¿Qué intervención han tenido ciertos líderes barriales en este proceso?
Si bien se percibe en otros niveles dirigenciales de la Argentina, hay una clara fragmentación de los liderazgos en las villas y los asentamientos. A diferencia de las favelas y de otros modelos latinoamericanos donde hay un Estado dentro del Estado y alguien que maneja todo lo que sucede en ese territorio -desde el narcotráfico hasta la salud y la educación-, en el caso argentino hay mucha fragmentación. Hay punteros de distintos partidos, referentes de diferentes movimientos sociales, líderes eclesiásticos, un tipo que enseña a jugar al fútbol… Es decir, hay mucha gente interviniendo que no domina el territorio y que está vinculada con diferentes áreas del Estado para que les provea servicios. Esa fragmentación genera un fenómeno de sobreactuación.
¿Qué provoca esa sobreactuación a la que se refiere?
Hay alguien que promueve una toma en un lugar con el objetivo de establecer un nuevo piso en los reclamos, la idea es “tomamos este predio y empezamos a discutir de otra manera”. Como un puntero determinado lo hace, los otros también se suman y sobreactúan para no perder espacio en la consideración de los vecinos.
¿Cuál es su mirada sobre aquellos análisis que sostienen que hay una creciente “favelización” de los grandes centros urbanos de la Argentina?
Si se entiende por favelización el aumento de la cantidad de gente que vive en villas y asentamientos, la tendencia, sin duda, ha sido creciente en las últimas décadas. Entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, hoy, casi dos millones y medio de personas viven en condiciones precarias. Pero si se entiende la favelización como un Estado dentro del Estado, con líderes que prestan servicios por fuera del Estado, claramente no ocurre esto en la Argentina. El Estado es el gran prestador de educación, salud y otros tipos de apoyos y servicios.
¿Qué medidas habría que impulsar para encarar la falta de acceso a la vivienda?
Aquí hay un problema básico: como dije, no está bien que en el uno por ciento del territorio nacional se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones. Las economías regionales han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por eso, habría que acelerar la construcción de redes de salud y educación, porque si no la gente va a seguir migrando. También creo que llegó el momento de pensar algún tipo de incentivo fiscal para ciertas actividades productivas que se instalen en determinadas regiones del país. Pero el elemento clave es armar un banco social de tierras.
¿Cómo funcionaría ese banco de tierras?
En primer lugar, habría que identificar todas las tierras fiscales que hay en la Argentina, que tienen que ver con los ferrocarriles o con empresas abandonadas que quedaron en manos del Estado. Después, habría que implementar programas de urbanización y de construcción de viviendas. Además de las dificultades de acceso a la vivienda, hay un problema de falta de horizonte, porque no hay un mecanismo claro de cómo uno accede a la vivienda. En cambio, sí queda claro que hay un banco social de tierras y se establecen los mecanismos de construcción de viviendas, la gente va a ir empezando a migrar hacia esas ciudades del interior.
¿Qué rol debería tener el Estado en relación con los altos precios de los alquileres?
En la Argentina hay un problema de informalidad económica, hay mucha gente que trabaja y que no tiene boleta de salario ni aportes jubilatorios ni garantías para alquilar o acceder a un crédito. Hay que pensar un rol para el Estado en la regulación de los alquileres en los barrios de emergencia, las villas y los asentamientos. No me refiero a una regulación general, porque es una cuestión muy compleja, pero no es posible que se estén pagando montos de ochocientos o mil pesos por dormitorios tan pequeños. El Estado debería tener algún rol a través de apoyos o subsidios. Más allá de que se encare o no una política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, habría que tener una política intermedia, y creo que va por ese lado.
¿Qué mecanismos tendría que tener esa regulación?
Habría que establecer cómo es el actual sistema de alquileres en barrios de emergencia, villas y asentamientos, a quién se está alquilando y cómo se está alquilando. Habría que establecer que parte de los subsidios y apoyos que brinda el Estado se redireccionen a solucionar este fenómeno. También habría que trabajar con quienes alquilan, y establecer algún tipo de pautas y protocolos, porque hoy no hay ningún tipo de lógica. Está claro que si hubiera un descenso del monto de los alquileres, bajaría parte de la tensión social y habría menos tomas de terrenos en los grandes centros urbanos.
¿Por qué también propone la intervención del Mercosur?
El Mercosur debería tener un peso fuerte en políticas de inclusión en los próximos años. No hay que pensar el Mercosur sólo en términos aduaneros, arancelarios o de control de los niveles de producción en un país o en otro, sino que hay que generar un gran fondo para la construcción de infraestructura básica de salud y educación en los países de la región con menor nivel de desarrollo, en el que los que deberían aportar más, sin duda, serían Brasil y la Argentina.
¿Qué obstáculos y oportunidades observa para la implementación de estas propuestas?
Tenemos una oportunidad increíble, la economía argentina creció de forma consecutiva durante una década y vamos por varios años más de crecimiento. Es muy distinto lo que se puede hacer en políticas sociales en un contexto de expansión de la economía que en otro de recesión. Desde 2003, venimos de una década ganada en el área social y tenemos una gran oportunidad para encarar programas masivos, para crear un gran banco social de tierras y extender la construcción de viviendas, para bajar los niveles de informalidad económica y la problemática del acceso al crédito. Deberíamos acelerar y crear planes muy masivos que vuelquen recursos en estas problemáticas sociales. En los próximos cinco o seis años podemos dar vuelta la situación social del país.
viernes, 24 de diciembre de 2010
Daniel Arroyo: “En el 1% del territorio, viven 14 millones de habitantes”
(publicado en clarin.com, el viernes 24 de diciembre de 2010)
Por Pablo de León
Consultado sobre la ola de tomas, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo que para los sectores pobres el problema es el hacinamiento y destacó que el aumento de los alquileres generó una tensión que se expresó en las ocupaciones.
La crisis que evidenció la ocupación del Parque Indoamericano y las tomas de terrenos en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, generó intensos debates en el terreno político pero careció de perspectiva y análisis, con fundamento y conocimiento de las problemáticas existentes.
Daniel Arroyo posee vasta experiencia de trabajo en el área social, un paso como ministro de Desarrollo Social bonaerense y también como vice ministro a nivel nacional.
Arroyo analizó, en diálogo con Clarín.com, los problemas fundamentales que desnudó la crisis de las tomas y ocupaciones. Según el ex funcionario, en la Argentina hay un primer problema básico: “En el uno por ciento de todo el país vive 14 millones de habitantes, entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires”. Esto origina que “más del 30% de la gente viviendo en el uno por ciento del espacio físico”.
El experto en temas sociales consideró que en Argentina, la migración se mantiene constante en el interior del país. Y repasó que “en los años ‘40 y ‘50 la gente venía a trabajar (hacia la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) en una industria metalmecánica, una industria; hoy viene porque tiene cerca una escuela, un comedor escolar, un centro de atención primaria de la salud”.
El licenciado Daniel Arroyo indica que los sectores pobres están viviendo en villas, asentamientos, barrios y básicamente, en situaciones irregulares. Por eso, estima que hay “dos millones y medio viviendo en el Conurbano, la ciudad de Buenos Aires”. Por eso, “el núcleo del problema social de los sectores pobres es el tema del hacinamiento”. Según el ex funcionario, hoy en la ciudad de Buenos Aires hacen falta 50.000 viviendas, lo que implica “un desfase grande”.
Algunos consideran que, a través de una mirada integral, la vivienda y la actividad productiva es lo mismo para los sectores pobres. Arroyo dice a Clarín.com que “la casa es el lugar donde ‘laburan’, donde hacen changas”.
Arroyo plantea que es necesario “el desafío de tomar el tema de las viviendas, la urbanización de barrios y crear un banco social de tierras para definir una estrategia nacional”.
También considera que el tema del costo de los alquileres, que va tanto para los sectores pobres como para los sectores medios, aportó lo suyo para el conflicto de la ocupación de predios.
“Pagan más un alquiler de un dormitorio compartido -entre 800 y 1.000 pesos- en un asentamiento pues carece de garantías. Paga eso o nada y no le queda otra”, grafica.
Y asegura que “el aumento de los alquileres generó una tensión fuerte que terminó en las tomas. Gran parte de la necesidad se expresó en las tomas, más allá de punteros y de intereses políticos”, considera Daniel Arroyo.
El debate es vasto pero sin duda, necesario. Y Arroyo aporta elementos, incluso para la polémica.
Por Pablo de León
Consultado sobre la ola de tomas, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo que para los sectores pobres el problema es el hacinamiento y destacó que el aumento de los alquileres generó una tensión que se expresó en las ocupaciones.
La crisis que evidenció la ocupación del Parque Indoamericano y las tomas de terrenos en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, generó intensos debates en el terreno político pero careció de perspectiva y análisis, con fundamento y conocimiento de las problemáticas existentes.
Daniel Arroyo posee vasta experiencia de trabajo en el área social, un paso como ministro de Desarrollo Social bonaerense y también como vice ministro a nivel nacional.
Arroyo analizó, en diálogo con Clarín.com, los problemas fundamentales que desnudó la crisis de las tomas y ocupaciones. Según el ex funcionario, en la Argentina hay un primer problema básico: “En el uno por ciento de todo el país vive 14 millones de habitantes, entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires”. Esto origina que “más del 30% de la gente viviendo en el uno por ciento del espacio físico”.
El experto en temas sociales consideró que en Argentina, la migración se mantiene constante en el interior del país. Y repasó que “en los años ‘40 y ‘50 la gente venía a trabajar (hacia la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) en una industria metalmecánica, una industria; hoy viene porque tiene cerca una escuela, un comedor escolar, un centro de atención primaria de la salud”.
El licenciado Daniel Arroyo indica que los sectores pobres están viviendo en villas, asentamientos, barrios y básicamente, en situaciones irregulares. Por eso, estima que hay “dos millones y medio viviendo en el Conurbano, la ciudad de Buenos Aires”. Por eso, “el núcleo del problema social de los sectores pobres es el tema del hacinamiento”. Según el ex funcionario, hoy en la ciudad de Buenos Aires hacen falta 50.000 viviendas, lo que implica “un desfase grande”.
Algunos consideran que, a través de una mirada integral, la vivienda y la actividad productiva es lo mismo para los sectores pobres. Arroyo dice a Clarín.com que “la casa es el lugar donde ‘laburan’, donde hacen changas”.
Arroyo plantea que es necesario “el desafío de tomar el tema de las viviendas, la urbanización de barrios y crear un banco social de tierras para definir una estrategia nacional”.
También considera que el tema del costo de los alquileres, que va tanto para los sectores pobres como para los sectores medios, aportó lo suyo para el conflicto de la ocupación de predios.
“Pagan más un alquiler de un dormitorio compartido -entre 800 y 1.000 pesos- en un asentamiento pues carece de garantías. Paga eso o nada y no le queda otra”, grafica.
Y asegura que “el aumento de los alquileres generó una tensión fuerte que terminó en las tomas. Gran parte de la necesidad se expresó en las tomas, más allá de punteros y de intereses políticos”, considera Daniel Arroyo.
El debate es vasto pero sin duda, necesario. Y Arroyo aporta elementos, incluso para la polémica.
lunes, 20 de diciembre de 2010
Los desafíos de la inclusión social
(publicado en revista Voz Ciudadana, de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Año 1, Número 4)
Por Daniel Arroyo
Si bien la situación social mejoró en la última década en la Argentina, aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento, especialmente en los grandes centros urbanos. La extensión de la asignación por hijo significó un paso muy importante en la consolidación de los derechos sociales, pero ahora es tiempo de poner en marcha políticas públicas de segunda generación.
La Asignación Universal por Hijo rompió con un esquema muy desigual que se vivía en la Argentina, en la que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Hay que avanzar en un programa progresivo de universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios. Y el siguiente paso debería sancionar una ley que permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina y que permita la incorporación directa de nuevas familias al plan.
En la actualidad, la agenda social tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
El contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región. Los grandes mercados emergentes seguirán demandando bienes que nuestros países producen. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica. El desafío requiere del compromiso de todos.
Por Daniel Arroyo
Si bien la situación social mejoró en la última década en la Argentina, aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento, especialmente en los grandes centros urbanos. La extensión de la asignación por hijo significó un paso muy importante en la consolidación de los derechos sociales, pero ahora es tiempo de poner en marcha políticas públicas de segunda generación.
La Asignación Universal por Hijo rompió con un esquema muy desigual que se vivía en la Argentina, en la que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Hay que avanzar en un programa progresivo de universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios. Y el siguiente paso debería sancionar una ley que permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina y que permita la incorporación directa de nuevas familias al plan.
En la actualidad, la agenda social tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
El contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región. Los grandes mercados emergentes seguirán demandando bienes que nuestros países producen. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica. El desafío requiere del compromiso de todos.
domingo, 19 de diciembre de 2010
Daniel Arroyo consideró que la Argentina está mejor que hace una década pero tiene dos graves problemas
En diálogo con ‘Embón Registrado’ de Radio Brisas de Mar del Plata, Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, consideró que de las grandes ciudades del país Mar del Plata y Bariloche tienen mucha población estable pero tienen grandes problemas de pobreza. Si bien nuestro país mejoró en términos sociales, ya que bajaron los índices de pobreza, desocupación, e indigencia, hay dos grandes problemas.
En la entrevista realizada el domingo 19 de diciembre de 2010, Daniel Arroyo señaló que el primer problema son los grandes centros urbanos, donde en el 1 por ciento del mapa viven 14 millones de habitantes entre el conurbano, y la provincia. Y el segundo inconveniente es que hay una gran cantidad de jóvenes, entre 16 y 24 años, que no estudian.
En el caso de los jóvenes, “no pueden ganarse el dinero, y los que consiguen trabajo están dentro del 40 por ciento del trabajo formal, es decir, no tienen obra social, jubilación, ni vacaciones pagas”. En el país hay un 30 por ciento de pobreza, “de la cual un 10 por ciento es extrema, el resto trabaja de forma muy precaria con muchas dificultades”, consideró Arroyo y aseguró que la pobreza “no baja sino se extiende el crédito a los sectores pobres que trabajan”.
En relación a Mar del Plata, precisó que tanto esta ciudad como Bariloche son dos grandes ciudades que tienen mucha población estable, y tienen problemas de pobreza grandes.
Para el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación “hay que detectar los sectores que llega a las personas que no tienen el secundario completo y tratar de llevarlos a que puedan trabajar. Hay que articular el sector público con el privado para que se incluyan a los jóvenes”.
En la entrevista realizada el domingo 19 de diciembre de 2010, Daniel Arroyo señaló que el primer problema son los grandes centros urbanos, donde en el 1 por ciento del mapa viven 14 millones de habitantes entre el conurbano, y la provincia. Y el segundo inconveniente es que hay una gran cantidad de jóvenes, entre 16 y 24 años, que no estudian.
En el caso de los jóvenes, “no pueden ganarse el dinero, y los que consiguen trabajo están dentro del 40 por ciento del trabajo formal, es decir, no tienen obra social, jubilación, ni vacaciones pagas”. En el país hay un 30 por ciento de pobreza, “de la cual un 10 por ciento es extrema, el resto trabaja de forma muy precaria con muchas dificultades”, consideró Arroyo y aseguró que la pobreza “no baja sino se extiende el crédito a los sectores pobres que trabajan”.
En relación a Mar del Plata, precisó que tanto esta ciudad como Bariloche son dos grandes ciudades que tienen mucha población estable, y tienen problemas de pobreza grandes.
Para el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación “hay que detectar los sectores que llega a las personas que no tienen el secundario completo y tratar de llevarlos a que puedan trabajar. Hay que articular el sector público con el privado para que se incluyan a los jóvenes”.
Algunas voces, algunas
Por Mario Wainfeld
(publicada en Página 12, domingo 19 de diciembre de 2010)
Sería necio negar que la seguidilla de tomas refleja un problema social serio y que sus protagonistas son mayoritariamente ciudadanos que reclaman por sus derechos. Sería incauto negar que en ese cuadro intervienen dirigentes políticos y sociales que buscan sacar provecho del río revuelto. Sería simplista homologar a organizaciones sociales de izquierda basistas con referentes del peronismo federal y del PRO que, muy relegados en la competencia electoral, ven en la “anomia” que predican e instigan un atajo para llegar a
Entre tanto, la vanguardia mediática de la oposición, los grandes medios, acunaba tan distraída como poco erotizada los pininos de las candidaturas de Ricardo Alfonsín, Julio Cobos y Elisa Carrió. Y se concentraba en azuzar la bronca de “los vecinos” o “la gente” frente a los “ocupas”, quienes (en su imaginario) ni son “vecinos”. Ni, llegado el caso, son “gente”.
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River y la segunda generación: River es un ocupante del club Albariño, apodado así por el periodista Pedro Lipcovich en una recomendable nota publicada anteayer en Página/12. Con la gloriosa camiseta de la banda puesta, River, de 23 años, le contó: “Laburo en una fábrica. Por 12 horas diarias me pagan mil quinientos pesos por mes. Ahora no sé si me echarán porque en estos días no fui a trabajar. Tengo dos nenas. El alquiler me sale 650 pesos por mes, dos piezas con baño compartido”. Como otros intrusos, River pide que le dejen construir su casa ahí. Tiene trabajo, no es un desocupado ni un lumpen. Pero con tantas horas extras seguramente gana menos de lo que marcan las leyes y el alquiler es exorbitante para su patrimonio.
La mayoría de quienes se movilizan en el caliente fin de año no lo hacen, como en 2001 o en el ya olvidado 1989, pidiendo comida o trabajo. Una proporción elevada de los ciudadanos (que no el total) ha repuntado mucho en materia de empleo y también de ingresos. La creación de millones de puestos de trabajo y la implantación de
El cronista enumera algunas, sin agotar la nómina: vivienda, transporte, quizá muy pronto será la salud pública. Son desafíos del crecimiento, son también deberes pendientes.
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Demasiados en casa: Fernando Navarro es diputado provincial por el Frente para
Hace ya varios años que Daniel Arroyo (sociólogo, ex viceministro nacional y ex ministro bonaerense de Desarrollo Social) observa que uno de los motores de los nuevos asentamientos son núcleos familiares recién creados. Mujeres adolescentes o muy jóvenes encuentran en la maternidad temprana un proyecto de vida que deriva en el afán de formar el propio nido, a como hubiera lugar.
Estar sin trabajo es un abismo, pasar a tenerlo (cualquiera, así sea informal o mal pago) un salto cualitativo inenarrable. Millones subieron ese peldaño, desde 2003. Una vez acomodados en ese estadio, los argentinos (cualquier argentino) piden más.
El crecimiento de los años recientes fue enorme y, en promedio, impactó en toda la pirámide social. Pero el promedio es una vara de medida impropia: el censo 2010 comprueba la existencia de más de 14 millones de viviendas, una prorrata de más de una por cada tres habitantes. La realidad es bien distinta.
La desigualdad sigue vigente y la mejora se distribuyó de modo dispar.
Quienes habitan barrios carenciados o villas, los que changuean o trabajan “en negro” mejoraron en términos absolutos. En términos relativos lo hicieron mucho menos que la mayoría de los empresarios e integrantes de la clase media, que los productores agropecuarios, que sus hermanos de clase camioneros o del Smata, que un becario del Conicet. En la carencia, esas distancias pierden sentido. Cuando se zafa de la necesidad extrema y se supone que “plata hay” las reivindicaciones aumentan. Se los puede llamar “perdedores relativos” del modelo o “menos ganadores”, o se puede saltear rotularlos. Las asimetrías igual están.
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La data que habla: Será forzoso esperar datos más refinados del Censo 2010 para corroborar cuán exageradas son lecturas a ojo sobre el aluvión inmigratorio. Los guarismos preliminares demuestran que la población porteña aumentó muy poco en diez años, lo que subraya cuánto contribuye la insensible política habitacional del jefe de Gobierno Mauricio Macri.
Otra referencia tremenda, para nada sorpresiva, es la población de la zona metropolitana, en el orden del tercio de todo el país. El Gran Buenos Aires podría ser (es, de facto) una megalópolis como San Pablo o el Distrito Federal de México, salvando algunas distancias. La historia, el federalismo y el mapa político complejizan esa realidad.
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La voz de los medios: La historia y los procederes de estas semanas no colocan nada nuevo bajo el sol. Centenares de barrios o villas reconocen igual origen. Del albergue Warnes al barrio Ramón Carrillo, por recordar un ejemplo decoroso y cercano, que también azuzó la reacción defensiva de “vecinos” contra “villeros”.
El efecto demostración genera emulación, deseos, eventualmente rencor. El consumo crece a tambor batiente y con él la autoestima de quienes acceden a bienes que le estaban vedados. El cuerpo principal del diario Clarín de ayer tiene 118 páginas. Hay 53 avisos publicitarios a página entera de electromésticos, telefonía celular o supermercados. Además, varios de mitad o tres cuartas partes de página. En suma, la mitad de la edición. La publicidad es, en tendencia, procíclica: crece en momentos de disponibilidad, se mocha primero que nada cuando hay malaria. Los destinatarios de la oferta distan de ser todos millonarios, basta mirar los bienes propuestos y el número de cuotas para comprarlos. Hay para todo un abanico de consumidores-ciudadanos.
En pinza, los grandes medios se asientan del lado “bueno” del conflicto entre los vecinos asustados o encolerizados y ocupantes. Todo el micrófono es para los primeros, que tienen por cierto derechos y razones. Se elige a los más indignados, se atiza su bronca. La transmisión en vivo es un servicio periodístico y también (malicia el cronista) un acto de militancia.
La cámara y el micrófono alteran la ecuación preexistente, forman parte del fenómeno. Quedará para personas más avezadas que el cronista escudriñar qué influencia tuvo en sucesivas tomas ulteriores y en conductas masivas la primera transmisión en vivo durante días de la ocupación del Indoamericano, de las refriegas entre personas del común, de la exaltación de la violencia barrabrava tomada como sinónimo de la reacción de ciudadanos despojados de sus contados derechos por otros que tienen menos. El escriba, impresionista él, se conforma con decir que la divulgación (consecuencia de inacciones variadas) distó de ser nimia y se debe computar entre los “costos” de mantener en vilo a la población.
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La lección: “Ni palos, ni privilegios”, sintetiza un integrante del Gabinete, de gran centralidad por estas horas. Se refiere a la necesidad de dar una salida social y política a las ocupaciones recientes, que pesan más que las otras en el imaginario masivo. Evitar acciones represivas que lastimen a los demandantes, desalentar la idea de que la toma “paga” en el cortísimo plazo. Enunciarlo es sensato y valorable, ponerlo en acto un brete descomunal.
En cualquier caso, un fenómeno social de raíces hondas ha emergido, con todas las resonancias, imperfecciones y aprovechamientos que son lógica recurrente en nuestra cultura política. Para Cristina Fernández de Kirchner, que ha atravesado un año tremendo, es una demostración de que no podrá “hacer la plancha” cabalgando sobre la coyuntura económica favorable. Y una nueva prueba de fuego. Ha superado varias, esa ha sido la constante de su mandato. Y sigue en la pole position para 2011, tomando decisiones a todo vapor. Muchas fundacionales en el mejor sentido. Y apostadas doble contra sencillo como las señales en Seguridad.
En un contexto mudable y preocupante, así están las cosas cuando atardece el sábado.
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