(publicado en la revista Debate, sábado 1° de enero de 2011)
"Tenemos un problema básico: no está bien que en el uno por ciento del territorio de la Argentina se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones”, reflexiona Daniel Arroyo acerca de los recientes conflictos generados por las tomas de tierras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Según el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y secretario de Políticas Sociales durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, el “elemento clave” para solucionar la tensión provocada por la falta de acceso a la vivienda pasa por “la creación de un banco social que identifique las tierras fiscales en todo el país”. También propone la intervención del Estado en la regulación del precio de los alquileres en villas y barrios de emergencia, ya que “hoy se está pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media”.
¿Por qué hubo una explosión de las tomas de tierras en Capital Federal y el conurbano en estos últimos meses?
Hay algunos problemas estructurales y otras cuestiones específicas ligadas a la coyuntura. Los estructurales tienen que ver con la falta de vivienda y con la permanente migración hacia el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Desde los años cuarenta y cincuenta en adelante, la migración ha sido constante en el país. Hoy vive más de un tercio de la población en el uno por ciento del territorio nacional. Quienes migran buscan tener cerca una escuela, un comedor comunitario, un centro de atención primario de la salud. El hecho de moverse hacia lugares tan altamente poblados, permite hacer changas y generarse algún tipo de ingresos. En el interior, en cambio, hay pocas oportunidades.
¿Y en el caso de los países limítrofes?
Tiene el mismo componente racional, pero se agrega el tema de las remesas. Es decir, alguien viene hacia la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano con el objetivo de mandar parte del dinero a sus familiares. Es lo mismo que han hecho los argentinos cuando hubo época de crisis y enviaban dinero desde el exterior al núcleo familiar que quedaba en el país. En este contexto actual, donde hay niveles de consumo tan altos y tantas oportunidades de hacer changas, es claro que hay un buen nivel de remesas para mandar. El hecho estructural es que hay más gente, pero el ritmo de construcción de viviendas, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido muy desproporcionado con respecto a las necesidades reales.
¿Cómo califica la política habitacional de la gestión de Mauricio Macri?
Está claro que el gobierno de Macri no le ha dado una prioridad importante a la política habitacional. Seguramente, no se pueden hacer cincuenta mil viviendas por año, y se podrá discutir cómo y de qué manera habría que construirlas, pero haber hecho tan pocas, haber construido sólo ochenta viviendas por año, marca una distancia demasiado grande con la demanda actual.
¿Qué aspectos coyunturales contribuyeron también para que hubiera tomas?
Se agrega un fenómeno que se dio con fuerza, especialmente en los últimos meses, vinculado con el costo de los alquileres. Las personas están pagando entre ochocientos y mil pesos por un dormitorio con baño compartido en un asentamiento. Como no tienen garantías ni forma de acceder a créditos de cualquier tipo, los sectores pobres deben pagar precios proporcionalmente más altos que los de la clase media. Además, el hogar no es sólo una vivienda sino que también representa su unidad productiva, su lugar de trabajo. Así que se les ha hecho muy difícil la vida cotidiana.
¿Qué genera esta situación de hacinamiento?
El hecho de no tener un lugar es lo peor que le puede pasar a una persona. En el caso de los jóvenes, el ciclo es que un pibe está hacinado en la casa, entonces se va a la esquina, porque ahí hay más lugar, más aire, más luz. Pero en la esquina empieza a consumir, porque el que no consume es el pibe que está raleado, que está dejado de lado. El que empieza a consumir, especialmente paco, tiene un problema de salud, de adicción y de endeudamiento. Cuando tiene una deuda, aparece un vivo que se le acerca y le propone cualquier idea para cancelarla. Ese ciclo, en los grandes centros urbanos, es de seis meses. En general, el hacinamiento genera tensiones muy fuertes en la familia, porque viven todos dentro de un cuarto, y eso provoca la desesperación por hacerse de un lugar. Por eso, aparecen las fantasías alentadas por distintos líderes.
¿Qué intervención han tenido ciertos líderes barriales en este proceso?
Si bien se percibe en otros niveles dirigenciales de la Argentina, hay una clara fragmentación de los liderazgos en las villas y los asentamientos. A diferencia de las favelas y de otros modelos latinoamericanos donde hay un Estado dentro del Estado y alguien que maneja todo lo que sucede en ese territorio -desde el narcotráfico hasta la salud y la educación-, en el caso argentino hay mucha fragmentación. Hay punteros de distintos partidos, referentes de diferentes movimientos sociales, líderes eclesiásticos, un tipo que enseña a jugar al fútbol… Es decir, hay mucha gente interviniendo que no domina el territorio y que está vinculada con diferentes áreas del Estado para que les provea servicios. Esa fragmentación genera un fenómeno de sobreactuación.
¿Qué provoca esa sobreactuación a la que se refiere?
Hay alguien que promueve una toma en un lugar con el objetivo de establecer un nuevo piso en los reclamos, la idea es “tomamos este predio y empezamos a discutir de otra manera”. Como un puntero determinado lo hace, los otros también se suman y sobreactúan para no perder espacio en la consideración de los vecinos.
¿Cuál es su mirada sobre aquellos análisis que sostienen que hay una creciente “favelización” de los grandes centros urbanos de la Argentina?
Si se entiende por favelización el aumento de la cantidad de gente que vive en villas y asentamientos, la tendencia, sin duda, ha sido creciente en las últimas décadas. Entre el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, hoy, casi dos millones y medio de personas viven en condiciones precarias. Pero si se entiende la favelización como un Estado dentro del Estado, con líderes que prestan servicios por fuera del Estado, claramente no ocurre esto en la Argentina. El Estado es el gran prestador de educación, salud y otros tipos de apoyos y servicios.
¿Qué medidas habría que impulsar para encarar la falta de acceso a la vivienda?
Aquí hay un problema básico: como dije, no está bien que en el uno por ciento del territorio nacional se concentre más del treinta por ciento de su población. Ese nivel de disparidad genera muchas complicaciones. Las economías regionales han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Por eso, habría que acelerar la construcción de redes de salud y educación, porque si no la gente va a seguir migrando. También creo que llegó el momento de pensar algún tipo de incentivo fiscal para ciertas actividades productivas que se instalen en determinadas regiones del país. Pero el elemento clave es armar un banco social de tierras.
¿Cómo funcionaría ese banco de tierras?
En primer lugar, habría que identificar todas las tierras fiscales que hay en la Argentina, que tienen que ver con los ferrocarriles o con empresas abandonadas que quedaron en manos del Estado. Después, habría que implementar programas de urbanización y de construcción de viviendas. Además de las dificultades de acceso a la vivienda, hay un problema de falta de horizonte, porque no hay un mecanismo claro de cómo uno accede a la vivienda. En cambio, sí queda claro que hay un banco social de tierras y se establecen los mecanismos de construcción de viviendas, la gente va a ir empezando a migrar hacia esas ciudades del interior.
¿Qué rol debería tener el Estado en relación con los altos precios de los alquileres?
En la Argentina hay un problema de informalidad económica, hay mucha gente que trabaja y que no tiene boleta de salario ni aportes jubilatorios ni garantías para alquilar o acceder a un crédito. Hay que pensar un rol para el Estado en la regulación de los alquileres en los barrios de emergencia, las villas y los asentamientos. No me refiero a una regulación general, porque es una cuestión muy compleja, pero no es posible que se estén pagando montos de ochocientos o mil pesos por dormitorios tan pequeños. El Estado debería tener algún rol a través de apoyos o subsidios. Más allá de que se encare o no una política habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, habría que tener una política intermedia, y creo que va por ese lado.
¿Qué mecanismos tendría que tener esa regulación?
Habría que establecer cómo es el actual sistema de alquileres en barrios de emergencia, villas y asentamientos, a quién se está alquilando y cómo se está alquilando. Habría que establecer que parte de los subsidios y apoyos que brinda el Estado se redireccionen a solucionar este fenómeno. También habría que trabajar con quienes alquilan, y establecer algún tipo de pautas y protocolos, porque hoy no hay ningún tipo de lógica. Está claro que si hubiera un descenso del monto de los alquileres, bajaría parte de la tensión social y habría menos tomas de terrenos en los grandes centros urbanos.
¿Por qué también propone la intervención del Mercosur?
El Mercosur debería tener un peso fuerte en políticas de inclusión en los próximos años. No hay que pensar el Mercosur sólo en términos aduaneros, arancelarios o de control de los niveles de producción en un país o en otro, sino que hay que generar un gran fondo para la construcción de infraestructura básica de salud y educación en los países de la región con menor nivel de desarrollo, en el que los que deberían aportar más, sin duda, serían Brasil y la Argentina.
¿Qué obstáculos y oportunidades observa para la implementación de estas propuestas?
Tenemos una oportunidad increíble, la economía argentina creció de forma consecutiva durante una década y vamos por varios años más de crecimiento. Es muy distinto lo que se puede hacer en políticas sociales en un contexto de expansión de la economía que en otro de recesión. Desde 2003, venimos de una década ganada en el área social y tenemos una gran oportunidad para encarar programas masivos, para crear un gran banco social de tierras y extender la construcción de viviendas, para bajar los niveles de informalidad económica y la problemática del acceso al crédito. Deberíamos acelerar y crear planes muy masivos que vuelquen recursos en estas problemáticas sociales. En los próximos cinco o seis años podemos dar vuelta la situación social del país.
jueves, 30 de diciembre de 2010
viernes, 24 de diciembre de 2010
Daniel Arroyo: “En el 1% del territorio, viven 14 millones de habitantes”
(publicado en clarin.com, el viernes 24 de diciembre de 2010)
Por Pablo de León
Consultado sobre la ola de tomas, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo que para los sectores pobres el problema es el hacinamiento y destacó que el aumento de los alquileres generó una tensión que se expresó en las ocupaciones.
La crisis que evidenció la ocupación del Parque Indoamericano y las tomas de terrenos en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, generó intensos debates en el terreno político pero careció de perspectiva y análisis, con fundamento y conocimiento de las problemáticas existentes.
Daniel Arroyo posee vasta experiencia de trabajo en el área social, un paso como ministro de Desarrollo Social bonaerense y también como vice ministro a nivel nacional.
Arroyo analizó, en diálogo con Clarín.com, los problemas fundamentales que desnudó la crisis de las tomas y ocupaciones. Según el ex funcionario, en la Argentina hay un primer problema básico: “En el uno por ciento de todo el país vive 14 millones de habitantes, entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires”. Esto origina que “más del 30% de la gente viviendo en el uno por ciento del espacio físico”.
El experto en temas sociales consideró que en Argentina, la migración se mantiene constante en el interior del país. Y repasó que “en los años ‘40 y ‘50 la gente venía a trabajar (hacia la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) en una industria metalmecánica, una industria; hoy viene porque tiene cerca una escuela, un comedor escolar, un centro de atención primaria de la salud”.
El licenciado Daniel Arroyo indica que los sectores pobres están viviendo en villas, asentamientos, barrios y básicamente, en situaciones irregulares. Por eso, estima que hay “dos millones y medio viviendo en el Conurbano, la ciudad de Buenos Aires”. Por eso, “el núcleo del problema social de los sectores pobres es el tema del hacinamiento”. Según el ex funcionario, hoy en la ciudad de Buenos Aires hacen falta 50.000 viviendas, lo que implica “un desfase grande”.
Algunos consideran que, a través de una mirada integral, la vivienda y la actividad productiva es lo mismo para los sectores pobres. Arroyo dice a Clarín.com que “la casa es el lugar donde ‘laburan’, donde hacen changas”.
Arroyo plantea que es necesario “el desafío de tomar el tema de las viviendas, la urbanización de barrios y crear un banco social de tierras para definir una estrategia nacional”.
También considera que el tema del costo de los alquileres, que va tanto para los sectores pobres como para los sectores medios, aportó lo suyo para el conflicto de la ocupación de predios.
“Pagan más un alquiler de un dormitorio compartido -entre 800 y 1.000 pesos- en un asentamiento pues carece de garantías. Paga eso o nada y no le queda otra”, grafica.
Y asegura que “el aumento de los alquileres generó una tensión fuerte que terminó en las tomas. Gran parte de la necesidad se expresó en las tomas, más allá de punteros y de intereses políticos”, considera Daniel Arroyo.
El debate es vasto pero sin duda, necesario. Y Arroyo aporta elementos, incluso para la polémica.
Por Pablo de León
Consultado sobre la ola de tomas, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo dijo que para los sectores pobres el problema es el hacinamiento y destacó que el aumento de los alquileres generó una tensión que se expresó en las ocupaciones.
La crisis que evidenció la ocupación del Parque Indoamericano y las tomas de terrenos en diversos lugares de la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, generó intensos debates en el terreno político pero careció de perspectiva y análisis, con fundamento y conocimiento de las problemáticas existentes.
Daniel Arroyo posee vasta experiencia de trabajo en el área social, un paso como ministro de Desarrollo Social bonaerense y también como vice ministro a nivel nacional.
Arroyo analizó, en diálogo con Clarín.com, los problemas fundamentales que desnudó la crisis de las tomas y ocupaciones. Según el ex funcionario, en la Argentina hay un primer problema básico: “En el uno por ciento de todo el país vive 14 millones de habitantes, entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires”. Esto origina que “más del 30% de la gente viviendo en el uno por ciento del espacio físico”.
El experto en temas sociales consideró que en Argentina, la migración se mantiene constante en el interior del país. Y repasó que “en los años ‘40 y ‘50 la gente venía a trabajar (hacia la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) en una industria metalmecánica, una industria; hoy viene porque tiene cerca una escuela, un comedor escolar, un centro de atención primaria de la salud”.
El licenciado Daniel Arroyo indica que los sectores pobres están viviendo en villas, asentamientos, barrios y básicamente, en situaciones irregulares. Por eso, estima que hay “dos millones y medio viviendo en el Conurbano, la ciudad de Buenos Aires”. Por eso, “el núcleo del problema social de los sectores pobres es el tema del hacinamiento”. Según el ex funcionario, hoy en la ciudad de Buenos Aires hacen falta 50.000 viviendas, lo que implica “un desfase grande”.
Algunos consideran que, a través de una mirada integral, la vivienda y la actividad productiva es lo mismo para los sectores pobres. Arroyo dice a Clarín.com que “la casa es el lugar donde ‘laburan’, donde hacen changas”.
Arroyo plantea que es necesario “el desafío de tomar el tema de las viviendas, la urbanización de barrios y crear un banco social de tierras para definir una estrategia nacional”.
También considera que el tema del costo de los alquileres, que va tanto para los sectores pobres como para los sectores medios, aportó lo suyo para el conflicto de la ocupación de predios.
“Pagan más un alquiler de un dormitorio compartido -entre 800 y 1.000 pesos- en un asentamiento pues carece de garantías. Paga eso o nada y no le queda otra”, grafica.
Y asegura que “el aumento de los alquileres generó una tensión fuerte que terminó en las tomas. Gran parte de la necesidad se expresó en las tomas, más allá de punteros y de intereses políticos”, considera Daniel Arroyo.
El debate es vasto pero sin duda, necesario. Y Arroyo aporta elementos, incluso para la polémica.
lunes, 20 de diciembre de 2010
Los desafíos de la inclusión social
(publicado en revista Voz Ciudadana, de la Comisión Especial de Políticas Públicas para la Ciudadanía Plena de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Año 1, Número 4)
Por Daniel Arroyo
Si bien la situación social mejoró en la última década en la Argentina, aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento, especialmente en los grandes centros urbanos. La extensión de la asignación por hijo significó un paso muy importante en la consolidación de los derechos sociales, pero ahora es tiempo de poner en marcha políticas públicas de segunda generación.
La Asignación Universal por Hijo rompió con un esquema muy desigual que se vivía en la Argentina, en la que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Hay que avanzar en un programa progresivo de universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios. Y el siguiente paso debería sancionar una ley que permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina y que permita la incorporación directa de nuevas familias al plan.
En la actualidad, la agenda social tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
El contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región. Los grandes mercados emergentes seguirán demandando bienes que nuestros países producen. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica. El desafío requiere del compromiso de todos.
Por Daniel Arroyo
Si bien la situación social mejoró en la última década en la Argentina, aún quedan muchos desafíos pendientes, que cruzan pobreza, desigualdad, informalidad económica, tensión y hacinamiento, especialmente en los grandes centros urbanos. La extensión de la asignación por hijo significó un paso muy importante en la consolidación de los derechos sociales, pero ahora es tiempo de poner en marcha políticas públicas de segunda generación.
La Asignación Universal por Hijo rompió con un esquema muy desigual que se vivía en la Argentina, en la que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Hay que avanzar en un programa progresivo de universalización para llegar a los niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. El desafío aquí es ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas, en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios. Y el siguiente paso debería sancionar una ley que permita marcar un piso de ciudadanía en la Argentina y que permita la incorporación directa de nuevas familias al plan.
En la actualidad, la agenda social tiene cinco problemas centrales a resolver en los próximos años: a) la pobreza extrema que alcanza al 10% de la población; b) la informalidad económica que abarca al 40% de los que trabajan; c) la desigualdad que marca una diferencia de 28 a 1 entre el 10% más rico y el 10% más pobre; d) los jóvenes que no estudian ni trabajan; y e) la vida en los grandes centros urbanos en los que está radicado el 70% de la población y en donde el hacinamiento, la precariedad laboral, la pobreza y la violencia conviven de manera cotidiana.
Uno de los problemas más fuertes radica, sin dudas, en el drama que sufren los jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan (sean 900.000 ó 500.000 son un montón). La resolución de este tema es clave para comprender qué país queremos para los próximos años. Es necesario un gran acuerdo social que ponga el acento en la inclusión de los jóvenes con programas de becas y apoyo económico.
Los jóvenes sólo creen en los que ven cotidianamente y no respetan tanto a las instituciones como a algunas personas específicas (la maestra que tiene buena onda, algún pibe de la esquina, algún referente vecinal, algún técnico de club de barrio). Hay que potenciar una red de tutores creíbles a los que sientan que no tienen que fallarles, y que puedan ayudarlos a sostenerse en su tarea laboral o en la escuela.
También hace falta lograr una efectiva masificación de los sistemas de microcrédito, que logren así llegar a los casi cuatro millones de cuentapropistas que tienen tecnología atrasada y, por tanto, interactúan mal con el mercado. Por ejemplo, un carpintero que no accede a una sierra circular y no puede hacer muebles a medida; o un mecánico que no puede comprar una computadora para atender los autos con motores a inyección. Tenemos hoy pobreza con endeudamiento: las personas toman crédito por fuera del sistema bancario a tasas muy altas, porque es lo único que tienen.
En los grandes centros urbanos es donde se concentra la pobreza en la Argentina. Ha aumentado la bronca social y no quiere decir que esa persona tenga menos ingresos de lo que tenía en 2003. La desigualdad es la sensación de “la ñata contra el vidrio”, de la bronca de que la distancia entre el que no tiene nada y el que tiene todo es de cuatro o cinco cuadras.
La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas. Por tanto, requiere una escala muy amplia de recursos y que debe salir de un nuevo esquema de coparticipación federal o de la puesta en marcha de un fondo específico. Establecer miradas específicas sobre estas realidades, integrando las dimensiones de atención social, infraestructura básica, mercado informal de trabajo y poder judicial es una de las tareas pendientes que tiene la política social.
El contexto internacional sigue ofreciendo una situación favorable para la economía de la región. Los grandes mercados emergentes seguirán demandando bienes que nuestros países producen. Este viento de cola nos brinda la posibilidad de dar vuelta de verdad la situación social de Latinoamérica. El desafío requiere del compromiso de todos.
domingo, 19 de diciembre de 2010
Daniel Arroyo consideró que la Argentina está mejor que hace una década pero tiene dos graves problemas
En diálogo con ‘Embón Registrado’ de Radio Brisas de Mar del Plata, Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, consideró que de las grandes ciudades del país Mar del Plata y Bariloche tienen mucha población estable pero tienen grandes problemas de pobreza. Si bien nuestro país mejoró en términos sociales, ya que bajaron los índices de pobreza, desocupación, e indigencia, hay dos grandes problemas.
En la entrevista realizada el domingo 19 de diciembre de 2010, Daniel Arroyo señaló que el primer problema son los grandes centros urbanos, donde en el 1 por ciento del mapa viven 14 millones de habitantes entre el conurbano, y la provincia. Y el segundo inconveniente es que hay una gran cantidad de jóvenes, entre 16 y 24 años, que no estudian.
En el caso de los jóvenes, “no pueden ganarse el dinero, y los que consiguen trabajo están dentro del 40 por ciento del trabajo formal, es decir, no tienen obra social, jubilación, ni vacaciones pagas”. En el país hay un 30 por ciento de pobreza, “de la cual un 10 por ciento es extrema, el resto trabaja de forma muy precaria con muchas dificultades”, consideró Arroyo y aseguró que la pobreza “no baja sino se extiende el crédito a los sectores pobres que trabajan”.
En relación a Mar del Plata, precisó que tanto esta ciudad como Bariloche son dos grandes ciudades que tienen mucha población estable, y tienen problemas de pobreza grandes.
Para el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación “hay que detectar los sectores que llega a las personas que no tienen el secundario completo y tratar de llevarlos a que puedan trabajar. Hay que articular el sector público con el privado para que se incluyan a los jóvenes”.
En la entrevista realizada el domingo 19 de diciembre de 2010, Daniel Arroyo señaló que el primer problema son los grandes centros urbanos, donde en el 1 por ciento del mapa viven 14 millones de habitantes entre el conurbano, y la provincia. Y el segundo inconveniente es que hay una gran cantidad de jóvenes, entre 16 y 24 años, que no estudian.
En el caso de los jóvenes, “no pueden ganarse el dinero, y los que consiguen trabajo están dentro del 40 por ciento del trabajo formal, es decir, no tienen obra social, jubilación, ni vacaciones pagas”. En el país hay un 30 por ciento de pobreza, “de la cual un 10 por ciento es extrema, el resto trabaja de forma muy precaria con muchas dificultades”, consideró Arroyo y aseguró que la pobreza “no baja sino se extiende el crédito a los sectores pobres que trabajan”.
En relación a Mar del Plata, precisó que tanto esta ciudad como Bariloche son dos grandes ciudades que tienen mucha población estable, y tienen problemas de pobreza grandes.
Para el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación “hay que detectar los sectores que llega a las personas que no tienen el secundario completo y tratar de llevarlos a que puedan trabajar. Hay que articular el sector público con el privado para que se incluyan a los jóvenes”.
Algunas voces, algunas
Por Mario Wainfeld
(publicada en Página 12, domingo 19 de diciembre de 2010)
Sería necio negar que la seguidilla de tomas refleja un problema social serio y que sus protagonistas son mayoritariamente ciudadanos que reclaman por sus derechos. Sería incauto negar que en ese cuadro intervienen dirigentes políticos y sociales que buscan sacar provecho del río revuelto. Sería simplista homologar a organizaciones sociales de izquierda basistas con referentes del peronismo federal y del PRO que, muy relegados en la competencia electoral, ven en la “anomia” que predican e instigan un atajo para llegar a
Entre tanto, la vanguardia mediática de la oposición, los grandes medios, acunaba tan distraída como poco erotizada los pininos de las candidaturas de Ricardo Alfonsín, Julio Cobos y Elisa Carrió. Y se concentraba en azuzar la bronca de “los vecinos” o “la gente” frente a los “ocupas”, quienes (en su imaginario) ni son “vecinos”. Ni, llegado el caso, son “gente”.
- - -
River y la segunda generación: River es un ocupante del club Albariño, apodado así por el periodista Pedro Lipcovich en una recomendable nota publicada anteayer en Página/12. Con la gloriosa camiseta de la banda puesta, River, de 23 años, le contó: “Laburo en una fábrica. Por 12 horas diarias me pagan mil quinientos pesos por mes. Ahora no sé si me echarán porque en estos días no fui a trabajar. Tengo dos nenas. El alquiler me sale 650 pesos por mes, dos piezas con baño compartido”. Como otros intrusos, River pide que le dejen construir su casa ahí. Tiene trabajo, no es un desocupado ni un lumpen. Pero con tantas horas extras seguramente gana menos de lo que marcan las leyes y el alquiler es exorbitante para su patrimonio.
La mayoría de quienes se movilizan en el caliente fin de año no lo hacen, como en 2001 o en el ya olvidado 1989, pidiendo comida o trabajo. Una proporción elevada de los ciudadanos (que no el total) ha repuntado mucho en materia de empleo y también de ingresos. La creación de millones de puestos de trabajo y la implantación de
El cronista enumera algunas, sin agotar la nómina: vivienda, transporte, quizá muy pronto será la salud pública. Son desafíos del crecimiento, son también deberes pendientes.
- - -
Demasiados en casa: Fernando Navarro es diputado provincial por el Frente para
Hace ya varios años que Daniel Arroyo (sociólogo, ex viceministro nacional y ex ministro bonaerense de Desarrollo Social) observa que uno de los motores de los nuevos asentamientos son núcleos familiares recién creados. Mujeres adolescentes o muy jóvenes encuentran en la maternidad temprana un proyecto de vida que deriva en el afán de formar el propio nido, a como hubiera lugar.
Estar sin trabajo es un abismo, pasar a tenerlo (cualquiera, así sea informal o mal pago) un salto cualitativo inenarrable. Millones subieron ese peldaño, desde 2003. Una vez acomodados en ese estadio, los argentinos (cualquier argentino) piden más.
El crecimiento de los años recientes fue enorme y, en promedio, impactó en toda la pirámide social. Pero el promedio es una vara de medida impropia: el censo 2010 comprueba la existencia de más de 14 millones de viviendas, una prorrata de más de una por cada tres habitantes. La realidad es bien distinta.
La desigualdad sigue vigente y la mejora se distribuyó de modo dispar.
Quienes habitan barrios carenciados o villas, los que changuean o trabajan “en negro” mejoraron en términos absolutos. En términos relativos lo hicieron mucho menos que la mayoría de los empresarios e integrantes de la clase media, que los productores agropecuarios, que sus hermanos de clase camioneros o del Smata, que un becario del Conicet. En la carencia, esas distancias pierden sentido. Cuando se zafa de la necesidad extrema y se supone que “plata hay” las reivindicaciones aumentan. Se los puede llamar “perdedores relativos” del modelo o “menos ganadores”, o se puede saltear rotularlos. Las asimetrías igual están.
- -
La data que habla: Será forzoso esperar datos más refinados del Censo 2010 para corroborar cuán exageradas son lecturas a ojo sobre el aluvión inmigratorio. Los guarismos preliminares demuestran que la población porteña aumentó muy poco en diez años, lo que subraya cuánto contribuye la insensible política habitacional del jefe de Gobierno Mauricio Macri.
Otra referencia tremenda, para nada sorpresiva, es la población de la zona metropolitana, en el orden del tercio de todo el país. El Gran Buenos Aires podría ser (es, de facto) una megalópolis como San Pablo o el Distrito Federal de México, salvando algunas distancias. La historia, el federalismo y el mapa político complejizan esa realidad.
- - -
La voz de los medios: La historia y los procederes de estas semanas no colocan nada nuevo bajo el sol. Centenares de barrios o villas reconocen igual origen. Del albergue Warnes al barrio Ramón Carrillo, por recordar un ejemplo decoroso y cercano, que también azuzó la reacción defensiva de “vecinos” contra “villeros”.
El efecto demostración genera emulación, deseos, eventualmente rencor. El consumo crece a tambor batiente y con él la autoestima de quienes acceden a bienes que le estaban vedados. El cuerpo principal del diario Clarín de ayer tiene 118 páginas. Hay 53 avisos publicitarios a página entera de electromésticos, telefonía celular o supermercados. Además, varios de mitad o tres cuartas partes de página. En suma, la mitad de la edición. La publicidad es, en tendencia, procíclica: crece en momentos de disponibilidad, se mocha primero que nada cuando hay malaria. Los destinatarios de la oferta distan de ser todos millonarios, basta mirar los bienes propuestos y el número de cuotas para comprarlos. Hay para todo un abanico de consumidores-ciudadanos.
En pinza, los grandes medios se asientan del lado “bueno” del conflicto entre los vecinos asustados o encolerizados y ocupantes. Todo el micrófono es para los primeros, que tienen por cierto derechos y razones. Se elige a los más indignados, se atiza su bronca. La transmisión en vivo es un servicio periodístico y también (malicia el cronista) un acto de militancia.
La cámara y el micrófono alteran la ecuación preexistente, forman parte del fenómeno. Quedará para personas más avezadas que el cronista escudriñar qué influencia tuvo en sucesivas tomas ulteriores y en conductas masivas la primera transmisión en vivo durante días de la ocupación del Indoamericano, de las refriegas entre personas del común, de la exaltación de la violencia barrabrava tomada como sinónimo de la reacción de ciudadanos despojados de sus contados derechos por otros que tienen menos. El escriba, impresionista él, se conforma con decir que la divulgación (consecuencia de inacciones variadas) distó de ser nimia y se debe computar entre los “costos” de mantener en vilo a la población.
- - -
La lección: “Ni palos, ni privilegios”, sintetiza un integrante del Gabinete, de gran centralidad por estas horas. Se refiere a la necesidad de dar una salida social y política a las ocupaciones recientes, que pesan más que las otras en el imaginario masivo. Evitar acciones represivas que lastimen a los demandantes, desalentar la idea de que la toma “paga” en el cortísimo plazo. Enunciarlo es sensato y valorable, ponerlo en acto un brete descomunal.
En cualquier caso, un fenómeno social de raíces hondas ha emergido, con todas las resonancias, imperfecciones y aprovechamientos que son lógica recurrente en nuestra cultura política. Para Cristina Fernández de Kirchner, que ha atravesado un año tremendo, es una demostración de que no podrá “hacer la plancha” cabalgando sobre la coyuntura económica favorable. Y una nueva prueba de fuego. Ha superado varias, esa ha sido la constante de su mandato. Y sigue en la pole position para 2011, tomando decisiones a todo vapor. Muchas fundacionales en el mejor sentido. Y apostadas doble contra sencillo como las señales en Seguridad.
En un contexto mudable y preocupante, así están las cosas cuando atardece el sábado.
La deuda más díficil de saldar
Por Néstor O. Scibona
(publicada en el diario La Nación, domingo 19 de diciembre de 2010)
Nunca la Argentina tuvo un crecimiento económico tan alto como el de los últimos años (el PBI acumuló una suba de 70% en el período 2002/2010), pero pocas veces se tradujo en una declinación tan baja de la pobreza, especialmente desde 2007. Pocas veces el gasto público trepó como ahora, a niveles cercanos al 40% del PBI, de la mano de una presión tributaria récord, pero nunca se lo ha asignado tan mal y en forma tan poco transparente en áreas sociales. La desocupación bajó a una tercera parte desde los niveles récord de los 90, pero desde 2009 crece más el empleo público que el privado y se mantiene por encima de 35% la proporción de trabajadores en negro, verdaderos indocumentados laborales, sin acceso a obras sociales, crédito bancario y jubilación. Algo debe fallar en el "modelo" que se promociona con bombos y platillos desde la Casa Rosada. Y esto complica avanzar en la reducción de la deuda social, que no originó el kirchnerismo pero tampoco contribuye a saldar.
La inflación de dos dígitos anuales, que volvió a instalarse en 2006 y desde entonces viene escalando casi ininterrumpidamente por más que el Gobierno insista en minimizarla, explica sin duda buena parte de este problema. Muchos especialistas la definen como "una máquina de producir pobres": resulta mucho más complicado bajar la pobreza si al mismo tiempo se la realimenta. Hoy se ubica en torno de 25% anual, aunque el Indec reconoce 11% y sólo contribuye a camuflarla. Claramente, no hace falta convocar a técnicos del FMI para elaborar un nuevo índice de precios más confiable, si no existe la decisión política de sincerar los valores que registra el Indec.
La manipulación estadística también encubre la verdadera magnitud de la pobreza. Para el Indec, la canasta básica total para una familia tipo cuesta hoy 1244 pesos mensuales; para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 2054 pesos. De ahí que la pobreza alcance al 12% según el Indec y no baje de 25% para la mayoría de las estimaciones privadas. Más sorprendente resulta un estudio elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces (del Cedlas-Universidad Nacional de La Plata): revela que la tasa de pobreza en el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos se ubicaba en 2009 en niveles similares a los de mediados de la década del 90 y sólo era superada por los picos de la hiperinflación de 1989/90 y la crisis de 2001/2002. Otro tanto ocurre con la desigualdad social. Según este estudio, del total de la población pobre más de 40% son niños menores de 15 años y más de 60% menores de 25. Un 46% se concentra en el GBA.
En este contexto, la Asignación Universal por Hijo fue un gran avance, aunque sólo para paliar el problema. Permite reducir sustancialmente la indigencia (y la desnutrición) en un 20% de los hogares (con 4,8 millones de niños y adolescentes), también el clientelismo político en su asignación, la deserción escolar y la falta de vacunación. Pero la AUH no quedó a salvo de la inflación: aunque fue elevada a 220 pesos mensuales (y probablemente tenga otro aumento), su poder adquisitivo real se redujo en casi un tercio. Paralelamente, y cuanto mayor sea su monto, la AUH constituye un desincentivo para la formalización laboral. De hecho, el trabajo en negro en los sectores más pobres alcanza a 74% y el desempleo a 23,1%. Según Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social, hoy la Argentina contabiliza 3,9 millones de chicos cuyos padres tienen trabajo formal y 3,6 millones que son hijos de trabajadores informales. Por eso propone una reforma de segunda generación que apunte a la capacitación y formalización laboral y al otorgamiento de microcréditos para proyectos productivos, a fin de evitar que el tráfico de drogas sea una salida laboral. También sugiere que la tarjeta de débito de la AUH sea utilizada para focalizar subsidios, por ejemplo, en tarifas de servicios públicos.
Sin embargo, la pobreza por insuficiencia de ingresos es sólo una parte del problema.
El drama de la pobreza estructural
Los violentos enfrentamientos en Villa Soldati pusieron en primer plano -al alto costo de muertos y heridos- lo peor que rodea al drama de la pobreza estructural y que, por cierto, no se circunscribe a las villas de emergencia porteñas. Allí no sólo se vio la negligencia estatal, sino también el uso político y clientelar del problema, como lo sugirió la dudosa espontaneidad de la ocupación y el aún más dudoso desalojo en tiempo récord del precario parque Indoamericano. Pero además de los punteros hay un uso clientelar de fondos públicos en la asignación de planes de construcción y de viviendas sociales, más allá de las excepciones en muchos distritos más pequeños y el arduo trabajo de muchas ONG.
Este abordaje atomizado del déficit habitacional complica aún más las soluciones de fondo. Arroyo explica que el área metropolitana (Capital y GBA) representa el 1% del territorio argentino, pero concentra un tercio de la población del país y allí habitan 2,5 millones de personas en viviendas precarias. Como los planes no alcanzan frente a las migraciones internas y externas, muchos particulares de cualquier condición social también lucran con estas necesidades. En el diario Página 12 , los investigadores sociales Shila Wilker y Javier Auyero explicaron un sistema perverso, alimentado además por la inflación: en dos años el subsidio habitacional porteño -que abarca períodos de sólo tres a seis meses- subió de 400 a 750 pesos mensuales (87,5%), pero los alquileres en hoteles y villas de emergencia se elevaron hasta valores de 800 a 1000 pesos por mes. A su vez, el Observatorio de la Deuda Social (Universidad Católica Argentina), revela que esos alquileres tuvieron un aumento cercano al 100% entre 2007 y 2009, muy por encima de cualquier medición inflacionaria. El negocio inmobiliario llegó a las villas.
Otro problema está en las condiciones de vida de quienes poseen vivienda. El mismo trabajo de la UCA revela que el porcentaje de hogares con carencias se redujo de 51% en 2004 a 44% en 2009. El mayor avance se produjo en agua corriente (el déficit bajó de 19 a 10%) y el menor en el acceso a la red de gas (de 22 a 19%), que obliga a pagarlo más caro en garrafas. El déficit de conexión a la red cloacal bajó de 41 a 32% en el mismo período, pero se mantuvo casi constante en las villas (de 77 a 75%). Otro tanto ocurrió con el hacinamiento (tres o más personas por cuarto), que en asentamientos precarios se redujo de 11 a 9%, pero repuntó desde 2007. El kirchnerismo hizo obras, pero con criterio más político que social.
Estos indicadores muestran que, con la magnitud del problema de pobreza y vivienda, resulta absurdo plantearlo como un juego del Gran Bonete, trazando divisiones en el área metropolitana en lugar de diseñar una política integral y articulada, con diagnósticos, objetivos, inversiones y plazos. Mucho más si no se ataca la inflación, el uso discrecional del gasto social, la baja calidad educativa y las causas del empleo en negro. No es lo mismo repartir fondos sin fijar prioridades o destinarlos al déficit de Aerolíneas o de los clubes de fútbol que ponerse a trabajar en políticas de Estado que vayan más allá de cada gobierno.
(publicada en el diario La Nación, domingo 19 de diciembre de 2010)
Nunca la Argentina tuvo un crecimiento económico tan alto como el de los últimos años (el PBI acumuló una suba de 70% en el período 2002/2010), pero pocas veces se tradujo en una declinación tan baja de la pobreza, especialmente desde 2007. Pocas veces el gasto público trepó como ahora, a niveles cercanos al 40% del PBI, de la mano de una presión tributaria récord, pero nunca se lo ha asignado tan mal y en forma tan poco transparente en áreas sociales. La desocupación bajó a una tercera parte desde los niveles récord de los 90, pero desde 2009 crece más el empleo público que el privado y se mantiene por encima de 35% la proporción de trabajadores en negro, verdaderos indocumentados laborales, sin acceso a obras sociales, crédito bancario y jubilación. Algo debe fallar en el "modelo" que se promociona con bombos y platillos desde la Casa Rosada. Y esto complica avanzar en la reducción de la deuda social, que no originó el kirchnerismo pero tampoco contribuye a saldar.
La inflación de dos dígitos anuales, que volvió a instalarse en 2006 y desde entonces viene escalando casi ininterrumpidamente por más que el Gobierno insista en minimizarla, explica sin duda buena parte de este problema. Muchos especialistas la definen como "una máquina de producir pobres": resulta mucho más complicado bajar la pobreza si al mismo tiempo se la realimenta. Hoy se ubica en torno de 25% anual, aunque el Indec reconoce 11% y sólo contribuye a camuflarla. Claramente, no hace falta convocar a técnicos del FMI para elaborar un nuevo índice de precios más confiable, si no existe la decisión política de sincerar los valores que registra el Indec.
La manipulación estadística también encubre la verdadera magnitud de la pobreza. Para el Indec, la canasta básica total para una familia tipo cuesta hoy 1244 pesos mensuales; para la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), 2054 pesos. De ahí que la pobreza alcance al 12% según el Indec y no baje de 25% para la mayoría de las estimaciones privadas. Más sorprendente resulta un estudio elaborado por Leonardo Gasparini y Guillermo Cruces (del Cedlas-Universidad Nacional de La Plata): revela que la tasa de pobreza en el Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos se ubicaba en 2009 en niveles similares a los de mediados de la década del 90 y sólo era superada por los picos de la hiperinflación de 1989/90 y la crisis de 2001/2002. Otro tanto ocurre con la desigualdad social. Según este estudio, del total de la población pobre más de 40% son niños menores de 15 años y más de 60% menores de 25. Un 46% se concentra en el GBA.
En este contexto, la Asignación Universal por Hijo fue un gran avance, aunque sólo para paliar el problema. Permite reducir sustancialmente la indigencia (y la desnutrición) en un 20% de los hogares (con 4,8 millones de niños y adolescentes), también el clientelismo político en su asignación, la deserción escolar y la falta de vacunación. Pero la AUH no quedó a salvo de la inflación: aunque fue elevada a 220 pesos mensuales (y probablemente tenga otro aumento), su poder adquisitivo real se redujo en casi un tercio. Paralelamente, y cuanto mayor sea su monto, la AUH constituye un desincentivo para la formalización laboral. De hecho, el trabajo en negro en los sectores más pobres alcanza a 74% y el desempleo a 23,1%. Según Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social, hoy la Argentina contabiliza 3,9 millones de chicos cuyos padres tienen trabajo formal y 3,6 millones que son hijos de trabajadores informales. Por eso propone una reforma de segunda generación que apunte a la capacitación y formalización laboral y al otorgamiento de microcréditos para proyectos productivos, a fin de evitar que el tráfico de drogas sea una salida laboral. También sugiere que la tarjeta de débito de la AUH sea utilizada para focalizar subsidios, por ejemplo, en tarifas de servicios públicos.
Sin embargo, la pobreza por insuficiencia de ingresos es sólo una parte del problema.
El drama de la pobreza estructural
Los violentos enfrentamientos en Villa Soldati pusieron en primer plano -al alto costo de muertos y heridos- lo peor que rodea al drama de la pobreza estructural y que, por cierto, no se circunscribe a las villas de emergencia porteñas. Allí no sólo se vio la negligencia estatal, sino también el uso político y clientelar del problema, como lo sugirió la dudosa espontaneidad de la ocupación y el aún más dudoso desalojo en tiempo récord del precario parque Indoamericano. Pero además de los punteros hay un uso clientelar de fondos públicos en la asignación de planes de construcción y de viviendas sociales, más allá de las excepciones en muchos distritos más pequeños y el arduo trabajo de muchas ONG.
Este abordaje atomizado del déficit habitacional complica aún más las soluciones de fondo. Arroyo explica que el área metropolitana (Capital y GBA) representa el 1% del territorio argentino, pero concentra un tercio de la población del país y allí habitan 2,5 millones de personas en viviendas precarias. Como los planes no alcanzan frente a las migraciones internas y externas, muchos particulares de cualquier condición social también lucran con estas necesidades. En el diario Página 12 , los investigadores sociales Shila Wilker y Javier Auyero explicaron un sistema perverso, alimentado además por la inflación: en dos años el subsidio habitacional porteño -que abarca períodos de sólo tres a seis meses- subió de 400 a 750 pesos mensuales (87,5%), pero los alquileres en hoteles y villas de emergencia se elevaron hasta valores de 800 a 1000 pesos por mes. A su vez, el Observatorio de la Deuda Social (Universidad Católica Argentina), revela que esos alquileres tuvieron un aumento cercano al 100% entre 2007 y 2009, muy por encima de cualquier medición inflacionaria. El negocio inmobiliario llegó a las villas.
Otro problema está en las condiciones de vida de quienes poseen vivienda. El mismo trabajo de la UCA revela que el porcentaje de hogares con carencias se redujo de 51% en 2004 a 44% en 2009. El mayor avance se produjo en agua corriente (el déficit bajó de 19 a 10%) y el menor en el acceso a la red de gas (de 22 a 19%), que obliga a pagarlo más caro en garrafas. El déficit de conexión a la red cloacal bajó de 41 a 32% en el mismo período, pero se mantuvo casi constante en las villas (de 77 a 75%). Otro tanto ocurrió con el hacinamiento (tres o más personas por cuarto), que en asentamientos precarios se redujo de 11 a 9%, pero repuntó desde 2007. El kirchnerismo hizo obras, pero con criterio más político que social.
Estos indicadores muestran que, con la magnitud del problema de pobreza y vivienda, resulta absurdo plantearlo como un juego del Gran Bonete, trazando divisiones en el área metropolitana en lugar de diseñar una política integral y articulada, con diagnósticos, objetivos, inversiones y plazos. Mucho más si no se ataca la inflación, el uso discrecional del gasto social, la baja calidad educativa y las causas del empleo en negro. No es lo mismo repartir fondos sin fijar prioridades o destinarlos al déficit de Aerolíneas o de los clubes de fútbol que ponerse a trabajar en políticas de Estado que vayan más allá de cada gobierno.
viernes, 17 de diciembre de 2010
Cómo se resuelve el déficit de vivienda
(publicado en El Cronista, viernes 17 de diciembre de 2010)
La toma de predios públicos y privados. Jornadas violentas, de tensión. Ocupantes contra vecinos, vecinos contra ocupantes. Diciembre se convirtió en un mes en el que las ocupaciones por déficit habitacional abrieron la herida de la crisis social en el país.
Villa Soldati fue el puntapié inicial, con la toma del Parque Indoamericano por parte de vecinos de la Villa 20. Día tras día, casi 6000 personas se aprestaron con sus carpas. Como un virus, la toma comenzó a contagiar a otros puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense.
Al frente de la agenda mediática, las tomas fueron protagonistas y testigos de la falta de viviendas, un déficit que viene acompañado del hacinamiento. "En el área metropolitana viven 14 millones de habitantes, es decir, en un 1% del territorio nacional vive el 35% de la población del país", especifica Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación.
Las cifras no mienten. De 2007 a 2009 el problema se agravó. "Entre 2004 y 2007, se evidenció una leve reducción en el indicador de hacinamiento, del 18,8% al 12,8% de la población en los grandes aglomerados del país. Sin embargo, en 2009 el indicador volvió a ascender, afectando al 15% de las población". El dato se desprende de una encuesta sobre la situación habitacional en la Argentina urbana efectuada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA. El estudio fue realizado en ciudades con más de 200.000 habitantes (AMBA, Gran Córdoba, Gran Salta, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Resistencia, Paraná, Neuquén-Plottier y Bahía Blanca).
Luego de días de enfrentamiento -y un saldo de tres muertos-, la Nación y la ciudad de Buenos Aires anunciaron en forma conjunta un plan de viviendas, con especial énfasis en "los que más necesitan". "Por cada peso que ponga la Ciudad, el Estado (nacional) pondrá un peso", anticipó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El plan se presentó con una advertencia ad hoc: cualquier persona que realice una usurpación o participe de una toma no podrá acceder a ningún beneficio social.
Este primer acuerdo fue un paso en el camino para solucionar una problemática que, según los especialistas consultados por El Cronista We, es "histórica" y necesita de una política social y económica. Además, coinciden en que la construcción no es suficiente para responder a la falta de viviendas.
Según los expertos, el acceso a un crédito barato para las clases bajas, el control de alquileres en villas y barrios de emergencia, la creación de un banco social de tierras, la ampliación de viviendas y la urbanización de las villas son algunas de las medidas de base que deberían tomar los gobiernos para resolver el problema en el mediano y largo plazo.
1| Acceso a créditos financieros
Las limitaciones para acceder a un crédito hipotecario se presentan como una de las principales trabas para solucionar la emergencia habitacional en la que se encuentra hoy la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. "Cualquier solución social exige crédito barato y largo. No se puede compensar sólo con gasto público la carencia de capacidad de ahorro de los pobres", dice Eduardo Amadeo, especialista en políticas sociales y diputado nacional por Unión Pro.
Para Amadeo, estas limitaciones generan enfrentamientos entre las clases sociales, porque "los sectores medios tampoco tienen acceso a la vivienda. Esta falta genera odio e irritación". Además, el economista reflexiona que el problema "histórico" de acceso a la vivienda está asociado, principalmente, a la "inestabilidad cíclica del país"."La pobreza no es sólo un problema de flujo, de ingresos, sino también de stock: la gente ha perdido activos financieros porque no tiene ahorro, activos físicos porque no tiene vivienda y activos humanos, porque han degradado su educación", resume Amadeo.
2| Construir y ampliar viviendas
Con una serie de enfrentamientos que marcaron la agenda de la semana, el gasto público en la construcción de nuevas viviendas surgió como la necesidad principal para atender a los sectores sociales más necesitados. Pero según Arroyo, al problema del déficit habitacional se le suma que "hay gente que está pagando entre $ 800 y 1000 por una piecita, lo cual en términos relativos, es más caro que los alquileres que paga la clase media". "El Estado debe cumplir un rol para regular los costos de los alquileres de villas y barrios de emergencia mientras las personas alquilan", añade.
No obstante, Amadeo señala que la construcción, en el mediano plazo, no es suficiente. "En todo el mundo, una parte sustancial de la carencia de viviendas se soluciona con programas de completamiento: les da crédito a una persona para que construya un baño, una pieza", y argumenta que una parte sustancial de las nuevas villas del conurbano bonaerense está compuesta por "jóvenes pobres que no caben más en las casas de sus padres".
3| Urbanización de villas
“Una política de vivienda tiene que articularse con una política de desarrollo económico y social”, asevera Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, quien considera que "la mayor parte de las villas debe ser urbanizadas". Sin esta urbanización, tanto Salvia como Arroyo coinciden en que la migración se mantendrá constante desde el interior. “De nada sirve crear viviendas sociales en los grandes centros urbanos si no se desarrollan las áreas regionales más pobres del país”, opina el economista de la UCA.
"En la década del "50, la gente iba a la ciudad porque iba a trabajar a la industria. Hoy lo hace porque tiene cerca el comedor escolar, el centro de salud, la escuela y algún nivel de changas que le sirve de base para arrancar y subsistir", expresa el ex viceministro de Desarrollo Social.
Por su parte, Salvia describe que el plan para urbanizar las villas "no sólo pasa por construir viviendas”, sino que, a su vez, “se debe invertir en salud, educación, complejos comerciales de servicios públicos y privados al alcance del vecino, que tengan un registro civil, un banco, un correo", enumera. Y destaca: "Deben estar ahí las oficinas de asistencia social, las oficinas de recreación para los jóvenes y las de recuperación de las drogas".
4| Crear un Banco Social de Tierras
Otra de las soluciones propuestas por Arroyo para la problemática del déficit habitacional es la conformación de un Banco Social de Tierras. “Se tienen que identificar las tierras fiscales que puedan utilizarse para construir viviendas sociales, y en esas tierras, volcar más recursos”, asegura. “Es claro que no se pueden construir 50.000 viviendas por año, pero construir sólo 80 es poco. Eso está desenganchado de la solución”.
Para la pobreza extrema, Arroyo resalta la importancia de “identificar las diferentes situaciones de alquiler” en las que habitan las personas, de modo que el Estado pueda otorgar subsidios o ayudar con el pago del alquiler de la vivienda.
5| Regulación de lotes desocupados
María Cristina Cravino, antropóloga y docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, comenta que la compra de predios rurales por parte de grupos económicos se convirtió en una práctica común. "Son lotes grandes, con buena ubicación, pero que permanecen desocupados mucho tiempo porque se especula con sus precios. Es una de las inversiones de mayor ganancia sin ningún tipo de inversión", dispara.
Es por ello que Cravino plantea una regulación del mercado que permita "punir a los propietarios de estos lotes con impuestos crecientes, obligando así al mercado a bajar los precios de las propiedades". La investigadora del Conicet afirma que esta experiencia ya se aplicó en Brasil y en Colombia, concentrándose en que "los propietarios tienen derechos y obligaciones".
Al calor del conflicto de Villa Soldati, el foco de atención también se corrió en los últimos días hacia las corrientes migratorias de países limítrofes, luego de que Mauricio Macri culpara a la Nación por la “inmigración descontrolada”, lo que le valió severas críticas oficiales.
Sin embargo, Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, sostiene que “a veces se piensa que la inmigración es mucho más importante de lo que es”. En esta línea, pide “desmitificar que todo esto (N. de la R.: en referencia a las ocupaciones de las últimas semanas) haya sido producto de una ola migratoria gigantesca de países limítrofes y Perú. Nunca fue superior al 3% de la población total”, detalla. Y concluye: “Los planes sociales, la salud y la educación no están colapsados por la inmigración de países limítrofes. El impacto es limitado”.
La toma de predios públicos y privados. Jornadas violentas, de tensión. Ocupantes contra vecinos, vecinos contra ocupantes. Diciembre se convirtió en un mes en el que las ocupaciones por déficit habitacional abrieron la herida de la crisis social en el país.
Villa Soldati fue el puntapié inicial, con la toma del Parque Indoamericano por parte de vecinos de la Villa 20. Día tras día, casi 6000 personas se aprestaron con sus carpas. Como un virus, la toma comenzó a contagiar a otros puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense.
Al frente de la agenda mediática, las tomas fueron protagonistas y testigos de la falta de viviendas, un déficit que viene acompañado del hacinamiento. "En el área metropolitana viven 14 millones de habitantes, es decir, en un 1% del territorio nacional vive el 35% de la población del país", especifica Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación.
Las cifras no mienten. De 2007 a 2009 el problema se agravó. "Entre 2004 y 2007, se evidenció una leve reducción en el indicador de hacinamiento, del 18,8% al 12,8% de la población en los grandes aglomerados del país. Sin embargo, en 2009 el indicador volvió a ascender, afectando al 15% de las población". El dato se desprende de una encuesta sobre la situación habitacional en la Argentina urbana efectuada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la UCA. El estudio fue realizado en ciudades con más de 200.000 habitantes (AMBA, Gran Córdoba, Gran Salta, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Resistencia, Paraná, Neuquén-Plottier y Bahía Blanca).
Luego de días de enfrentamiento -y un saldo de tres muertos-, la Nación y la ciudad de Buenos Aires anunciaron en forma conjunta un plan de viviendas, con especial énfasis en "los que más necesitan". "Por cada peso que ponga la Ciudad, el Estado (nacional) pondrá un peso", anticipó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. El plan se presentó con una advertencia ad hoc: cualquier persona que realice una usurpación o participe de una toma no podrá acceder a ningún beneficio social.
Este primer acuerdo fue un paso en el camino para solucionar una problemática que, según los especialistas consultados por El Cronista We, es "histórica" y necesita de una política social y económica. Además, coinciden en que la construcción no es suficiente para responder a la falta de viviendas.
Según los expertos, el acceso a un crédito barato para las clases bajas, el control de alquileres en villas y barrios de emergencia, la creación de un banco social de tierras, la ampliación de viviendas y la urbanización de las villas son algunas de las medidas de base que deberían tomar los gobiernos para resolver el problema en el mediano y largo plazo.
1| Acceso a créditos financieros
Las limitaciones para acceder a un crédito hipotecario se presentan como una de las principales trabas para solucionar la emergencia habitacional en la que se encuentra hoy la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. "Cualquier solución social exige crédito barato y largo. No se puede compensar sólo con gasto público la carencia de capacidad de ahorro de los pobres", dice Eduardo Amadeo, especialista en políticas sociales y diputado nacional por Unión Pro.
Para Amadeo, estas limitaciones generan enfrentamientos entre las clases sociales, porque "los sectores medios tampoco tienen acceso a la vivienda. Esta falta genera odio e irritación". Además, el economista reflexiona que el problema "histórico" de acceso a la vivienda está asociado, principalmente, a la "inestabilidad cíclica del país"."La pobreza no es sólo un problema de flujo, de ingresos, sino también de stock: la gente ha perdido activos financieros porque no tiene ahorro, activos físicos porque no tiene vivienda y activos humanos, porque han degradado su educación", resume Amadeo.
2| Construir y ampliar viviendas
Con una serie de enfrentamientos que marcaron la agenda de la semana, el gasto público en la construcción de nuevas viviendas surgió como la necesidad principal para atender a los sectores sociales más necesitados. Pero según Arroyo, al problema del déficit habitacional se le suma que "hay gente que está pagando entre $ 800 y 1000 por una piecita, lo cual en términos relativos, es más caro que los alquileres que paga la clase media". "El Estado debe cumplir un rol para regular los costos de los alquileres de villas y barrios de emergencia mientras las personas alquilan", añade.
No obstante, Amadeo señala que la construcción, en el mediano plazo, no es suficiente. "En todo el mundo, una parte sustancial de la carencia de viviendas se soluciona con programas de completamiento: les da crédito a una persona para que construya un baño, una pieza", y argumenta que una parte sustancial de las nuevas villas del conurbano bonaerense está compuesta por "jóvenes pobres que no caben más en las casas de sus padres".
3| Urbanización de villas
“Una política de vivienda tiene que articularse con una política de desarrollo económico y social”, asevera Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, quien considera que "la mayor parte de las villas debe ser urbanizadas". Sin esta urbanización, tanto Salvia como Arroyo coinciden en que la migración se mantendrá constante desde el interior. “De nada sirve crear viviendas sociales en los grandes centros urbanos si no se desarrollan las áreas regionales más pobres del país”, opina el economista de la UCA.
"En la década del "50, la gente iba a la ciudad porque iba a trabajar a la industria. Hoy lo hace porque tiene cerca el comedor escolar, el centro de salud, la escuela y algún nivel de changas que le sirve de base para arrancar y subsistir", expresa el ex viceministro de Desarrollo Social.
Por su parte, Salvia describe que el plan para urbanizar las villas "no sólo pasa por construir viviendas”, sino que, a su vez, “se debe invertir en salud, educación, complejos comerciales de servicios públicos y privados al alcance del vecino, que tengan un registro civil, un banco, un correo", enumera. Y destaca: "Deben estar ahí las oficinas de asistencia social, las oficinas de recreación para los jóvenes y las de recuperación de las drogas".
4| Crear un Banco Social de Tierras
Otra de las soluciones propuestas por Arroyo para la problemática del déficit habitacional es la conformación de un Banco Social de Tierras. “Se tienen que identificar las tierras fiscales que puedan utilizarse para construir viviendas sociales, y en esas tierras, volcar más recursos”, asegura. “Es claro que no se pueden construir 50.000 viviendas por año, pero construir sólo 80 es poco. Eso está desenganchado de la solución”.
Para la pobreza extrema, Arroyo resalta la importancia de “identificar las diferentes situaciones de alquiler” en las que habitan las personas, de modo que el Estado pueda otorgar subsidios o ayudar con el pago del alquiler de la vivienda.
5| Regulación de lotes desocupados
María Cristina Cravino, antropóloga y docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, comenta que la compra de predios rurales por parte de grupos económicos se convirtió en una práctica común. "Son lotes grandes, con buena ubicación, pero que permanecen desocupados mucho tiempo porque se especula con sus precios. Es una de las inversiones de mayor ganancia sin ningún tipo de inversión", dispara.
Es por ello que Cravino plantea una regulación del mercado que permita "punir a los propietarios de estos lotes con impuestos crecientes, obligando así al mercado a bajar los precios de las propiedades". La investigadora del Conicet afirma que esta experiencia ya se aplicó en Brasil y en Colombia, concentrándose en que "los propietarios tienen derechos y obligaciones".
Al calor del conflicto de Villa Soldati, el foco de atención también se corrió en los últimos días hacia las corrientes migratorias de países limítrofes, luego de que Mauricio Macri culpara a la Nación por la “inmigración descontrolada”, lo que le valió severas críticas oficiales.
Sin embargo, Ernesto Kritz, director de SEL Consultores, sostiene que “a veces se piensa que la inmigración es mucho más importante de lo que es”. En esta línea, pide “desmitificar que todo esto (N. de la R.: en referencia a las ocupaciones de las últimas semanas) haya sido producto de una ola migratoria gigantesca de países limítrofes y Perú. Nunca fue superior al 3% de la población total”, detalla. Y concluye: “Los planes sociales, la salud y la educación no están colapsados por la inmigración de países limítrofes. El impacto es limitado”.
jueves, 16 de diciembre de 2010
“El núcleo de problema es la falta de vivienda”
El ex ministro de Desarrollo bonaerense, Daniel Arroyo, aseguró este miércoles 15 de diciembre que la toma del Parque Indoamericano fue particular porque se trata de un lugar público. “El área metropolitana tiene diversos problemas, pero es muy rara esta toma”, aseguró Arroyo en diálogo con el programa Juego Urbano, que se emite por FM 102.3 de Bahía Blanca.
“Arrancó como una típica toma, donde algunos punteros y dirigentes promueven que la gente para poder ahí negociar. Eso luego se fue desacomodando y al ser la primera en ser captada por los medios de comunicación en forma completa, provocó que mucha gente de manera espontánea fuera acercándose para ver si podía conseguir una vivienda”, afirmó.
Arroyó aseveró que “el núcleo de problema es la falta de vivienda. Faltan 50 mil viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y el costo de los alquileres es muy alto. Mucha gente vio en la toma una oportunidad”.
Además, el ex funcionario bonaerense dijo que no ha habido políticas para paliar esta situación. “Hay que armar una gran red de salud y educación para ayudar al a la gente del interior. Hay que repensar la cuestión territorial”, agregó.
Consultado por el acuerdo al cual llegaron la Ciudad y Nación, Arroyo aseguró que es para “el corto plazo”. “La reforma más fuerte tiene que ver con repensar el territorio. Eso es lo que hay que encarar en el mediano plazo, hay que equilibrar nuestro país que sigue estando muy concentrado”, finalizó.
“Arrancó como una típica toma, donde algunos punteros y dirigentes promueven que la gente para poder ahí negociar. Eso luego se fue desacomodando y al ser la primera en ser captada por los medios de comunicación en forma completa, provocó que mucha gente de manera espontánea fuera acercándose para ver si podía conseguir una vivienda”, afirmó.
Arroyó aseveró que “el núcleo de problema es la falta de vivienda. Faltan 50 mil viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y el costo de los alquileres es muy alto. Mucha gente vio en la toma una oportunidad”.
Además, el ex funcionario bonaerense dijo que no ha habido políticas para paliar esta situación. “Hay que armar una gran red de salud y educación para ayudar al a la gente del interior. Hay que repensar la cuestión territorial”, agregó.
Consultado por el acuerdo al cual llegaron la Ciudad y Nación, Arroyo aseguró que es para “el corto plazo”. “La reforma más fuerte tiene que ver con repensar el territorio. Eso es lo que hay que encarar en el mediano plazo, hay que equilibrar nuestro país que sigue estando muy concentrado”, finalizó.
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Entrevista con Radio Nacional por Soldati
El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires, Daniel Arroyo, fue entrevistado durante el programa “Gente de a Pie”, que conduce Mario Wainfeld por AM Nacional el martes 14 de diciembre de 2010. Dialogaron sobre el conflicto en Villa Soldati.
Audio de la entrevista: hacer click aquí
Audio de la entrevista: hacer click aquí
martes, 14 de diciembre de 2010
Piden que el Estado regule el precio de los alquileres
El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, dijo que el Estado debe garantizar “algún horizonte” a la gente que tomó el Parque Indoamericano para que se retiren del lugar.
En declaraciones a Radio Provincia, consideró que “hay un problema de base que tiene que ver con la falta de viviendas y con el costo de los alquileres”; al tiempo que reconoció el “desequilibrio” que genera el hecho de que en un 1% del territorio nacional -conformado por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense-, viva “el 30% de la población” del país.
En ese marco, el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, advirtió sobre la difícil situación que atraviesan las personas sin vivienda y que “en una villa o asentamiento tienen que pagar entre 800 y 1.000 pesos por una piecita”. Además, “como está en el sector informal de la economía, todo le tiende a salir más caro”.
En tanto, Arroyo dijo que la singularidad de la toma del Parque Indoamericano, reside en que se trata de “la primer toma de tierras televisada en tiempo real, donde todos vemos lo que va pasando y eso potencia las expectativas y las demandas de una pareja joven, que no sabe qué hacer, que no tiene lugar, que quiere una oportunidad”.
El ex ministro admitió que “en algunos casos” el tema está “más politizado” y con “más vivos en el medio” que están “jugando mucho con las necesidades” de las personas que no tienen un lugar para vivir.
Asimismo, consignó que “lo que tienen nuestras villas y barrios de emergencia, a diferencia del caso de Brasil -donde las favelas son estados dentro del estado y hay líderes que dominan todo el territorio- es que, en nuestro caso está muy anarquizado” porque “hay líderes punteros y dirigentes sociales que hacen varias cosas, tienen más o menos vínculo con el estado y (…) en esto juega mucho la desesperación”.
Según Arroyo, así como “está muy quebrado el sistema político en la Argentina, lo mismo está en la dirigencia social en los barrios y eso complica la situación”. De todos modos insistió en que “el peor esquema es el hacinamiento, el problema de base es que la gente no tiene lugar, eso desespera a cualquiera y obviamente la necesidad tiene cara de hereje y uno va a ver dónde le puede buscar la vuelta detrás de alguna fantasía como la del Parque Indoamericano porque es muy difícil que alguien pueda urbanizar este lugar, o de tomas más clásicas como terrenos fiscales o fábricas abandonadas”.
Seguido, consideró que “a partir del censo” que se está realizando en el Parque Indoamericano, “debería encararse una política de separar situaciones de personas que tienen vivienda de las que no; de los que tienen planes sociales de los que no” y “establecer prioridades porque una cosa son las familias que tienen personas con discapacidad y otra las que no están en esa situación”.
“Es evidente que no se va a poder urbanizar el parque Indoamericano y habrá que establecer algunos terrenos fiscales para empezar un sistema de viviendas de a poco”, significó.
Sin embargo, reconoció que “no hay manera de resolver” el tema de forma inmediata, porque “la Ciudad de Buenos Aires no tiene forma de construir 50 mil viviendas en un año, está construyendo 80 por año, lo cual está desfasado”.
Por eso, consideró que “en el medio hay que hacer una transición en el tema de los alquileres y el Estado tiene que regular en el precio de los alquileres para las personas en vulnerabilidad, si no, no hay forma de resolverlo en lo inmediato”.
Arroyo recalcó que “los ciudadanos están dispuestos a avanzar si ven un horizonte (…) cuando no es así es un esquema muy anárquico”.
(Estación 135, lunes a viernes 7 a 9 AM 1270)
En declaraciones a Radio Provincia, consideró que “hay un problema de base que tiene que ver con la falta de viviendas y con el costo de los alquileres”; al tiempo que reconoció el “desequilibrio” que genera el hecho de que en un 1% del territorio nacional -conformado por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense-, viva “el 30% de la población” del país.
En ese marco, el ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, advirtió sobre la difícil situación que atraviesan las personas sin vivienda y que “en una villa o asentamiento tienen que pagar entre 800 y 1.000 pesos por una piecita”. Además, “como está en el sector informal de la economía, todo le tiende a salir más caro”.
En tanto, Arroyo dijo que la singularidad de la toma del Parque Indoamericano, reside en que se trata de “la primer toma de tierras televisada en tiempo real, donde todos vemos lo que va pasando y eso potencia las expectativas y las demandas de una pareja joven, que no sabe qué hacer, que no tiene lugar, que quiere una oportunidad”.
El ex ministro admitió que “en algunos casos” el tema está “más politizado” y con “más vivos en el medio” que están “jugando mucho con las necesidades” de las personas que no tienen un lugar para vivir.
Asimismo, consignó que “lo que tienen nuestras villas y barrios de emergencia, a diferencia del caso de Brasil -donde las favelas son estados dentro del estado y hay líderes que dominan todo el territorio- es que, en nuestro caso está muy anarquizado” porque “hay líderes punteros y dirigentes sociales que hacen varias cosas, tienen más o menos vínculo con el estado y (…) en esto juega mucho la desesperación”.
Según Arroyo, así como “está muy quebrado el sistema político en la Argentina, lo mismo está en la dirigencia social en los barrios y eso complica la situación”. De todos modos insistió en que “el peor esquema es el hacinamiento, el problema de base es que la gente no tiene lugar, eso desespera a cualquiera y obviamente la necesidad tiene cara de hereje y uno va a ver dónde le puede buscar la vuelta detrás de alguna fantasía como la del Parque Indoamericano porque es muy difícil que alguien pueda urbanizar este lugar, o de tomas más clásicas como terrenos fiscales o fábricas abandonadas”.
Seguido, consideró que “a partir del censo” que se está realizando en el Parque Indoamericano, “debería encararse una política de separar situaciones de personas que tienen vivienda de las que no; de los que tienen planes sociales de los que no” y “establecer prioridades porque una cosa son las familias que tienen personas con discapacidad y otra las que no están en esa situación”.
“Es evidente que no se va a poder urbanizar el parque Indoamericano y habrá que establecer algunos terrenos fiscales para empezar un sistema de viviendas de a poco”, significó.
Sin embargo, reconoció que “no hay manera de resolver” el tema de forma inmediata, porque “la Ciudad de Buenos Aires no tiene forma de construir 50 mil viviendas en un año, está construyendo 80 por año, lo cual está desfasado”.
Por eso, consideró que “en el medio hay que hacer una transición en el tema de los alquileres y el Estado tiene que regular en el precio de los alquileres para las personas en vulnerabilidad, si no, no hay forma de resolverlo en lo inmediato”.
Arroyo recalcó que “los ciudadanos están dispuestos a avanzar si ven un horizonte (…) cuando no es así es un esquema muy anárquico”.
(Estación 135, lunes a viernes 7 a 9 AM 1270)
lunes, 13 de diciembre de 2010
"Hay que redefinir la cuestión territorial"
El ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex ministro de la provincia, Daniel Arroyo, sostuvo hoy que si bien Argentina "ha avanzado en distintas políticas sociales", el gran desafío que tiene es "redefinir la cuestión territorial".
El ex funcionario también vinculó la crísis de tierras y viviendas en la Ciudad de Buenos Aires "al particular crecimiento económico del país".
"Se ha avanzado en distintas políticas sociales en Argentina, pero lo que tiene como gran desafío Argentina es redefinir la cuestión territorial", dijo Arroyo en declaraciones a radio El Mundo.
Para Arroyo, "la migración es continua, permanente, en los últimos 50 años", pero "este momento es muy particular por el crecimiento económico"
El ex funcionario también vinculó la crísis de tierras y viviendas en la Ciudad de Buenos Aires "al particular crecimiento económico del país".
"Se ha avanzado en distintas políticas sociales en Argentina, pero lo que tiene como gran desafío Argentina es redefinir la cuestión territorial", dijo Arroyo en declaraciones a radio El Mundo.
Para Arroyo, "la migración es continua, permanente, en los últimos 50 años", pero "este momento es muy particular por el crecimiento económico"
domingo, 12 de diciembre de 2010
Soldati: La línea que no se puede pasar
(publicada en Clarín, domingo 12 de diciembre de 2010)
Por Daniel Arroyo. Ex Ministro De Desarrollo Social Bonaerense
La ocupación del Parque Indoamericano se terminó desmadrando. La simplificación del debate entre xenofobia y apertura sirve para armar slogans pero no para entender pasa y cómo resolverlo.
Algunas cosas están claras:
1) Sólo en la Ciudad faltan construir cerca de 50.000 casas; el ritmo de construcción de cerca de 80 viviendas anuales no guarda relación con el problema. El hacinamiento es el tema central, el que no tiene lugar se desespera.
2) Los costos de alquiler subieron y se piden entre $ 800 y $ 1000 por una piecita; los sectores más pobres no tiene garantías para ofrecer y pagan valores más altos.
3) La migración desde el interior se mantiene constante hace décadas. Hoy migran porque tienen servicios de salud y educación y, en el marco de una gran urbe, hay changas posibles.
4) La migración desde los países limítrofes tiene la misma lógica. Está vinculada con el tipo de cambio y el envío de remesas. Es lo que hacen los argentinos en épocas de crisis cuando van a otros países. El crecimiento y el tipo de cambio hizo de la Argentina un lugar atractivo en los últimos años.
5) En cualquier toma de tierras hay de todo: vivos que aprovechan, punteros, gente que vende tierras que no tiene, personas desesperadas por tener un espacio, organizaciones sociales, etc. Lo que predomina es la necesidad . La toma del segundo parque de la Ciudad potencia esto, incorpora la problemática en tiempo real por la presencia de la televisión y genera conflictos entre los que toman y los que viven cerca.
Algunas nuevas políticas hay que encarar, de manera urgente: 6) Es necesario acelerar el ritmo de construcción de viviendas; es claro que esto no ha sido una prioridad para la Ciudad; lo mismo sucede con los procesos de urbanización de villas y asentamientos. La problemática social cruza pobreza, violencia, informalidad, tensiones diversas, pero el núcleo del problema es el hacinamiento, el no tener lugar.
7) El Estado podría empezar a tener un rol en los costos de los alquileres, especialmente con los sectores de menos recursos.
8) La migración del interior del país no va a cambiar si las personas no tienen oportunidades en sus lugares de origen. Si no avanzamos en la generación de una red de servicios de salud y educación en el interior no va a cambiar la tendencia.
9) Con los países limítrofes pasa algo similar. Tal vez el Mercosur debería cobrar protagonismo y los países deberían crear un fondo común para consolidar servicios de salud y educación.
10) Finalmente, esta situación debería hacernos reflexionar a todos. Hay cosas que no nos pueden pasar en una sociedad democrática del siglo XXI. La línea que no se puede cruzar es la que lleva el conflicto social a la muerte, la violencia entre pobres y a un debate de jurisdicciones que invita a los vecinos resolver las cosas por cuenta propia.
Por Daniel Arroyo. Ex Ministro De Desarrollo Social Bonaerense
La ocupación del Parque Indoamericano se terminó desmadrando. La simplificación del debate entre xenofobia y apertura sirve para armar slogans pero no para entender pasa y cómo resolverlo.
Algunas cosas están claras:
1) Sólo en la Ciudad faltan construir cerca de 50.000 casas; el ritmo de construcción de cerca de 80 viviendas anuales no guarda relación con el problema. El hacinamiento es el tema central, el que no tiene lugar se desespera.
2) Los costos de alquiler subieron y se piden entre $ 800 y $ 1000 por una piecita; los sectores más pobres no tiene garantías para ofrecer y pagan valores más altos.
3) La migración desde el interior se mantiene constante hace décadas. Hoy migran porque tienen servicios de salud y educación y, en el marco de una gran urbe, hay changas posibles.
4) La migración desde los países limítrofes tiene la misma lógica. Está vinculada con el tipo de cambio y el envío de remesas. Es lo que hacen los argentinos en épocas de crisis cuando van a otros países. El crecimiento y el tipo de cambio hizo de la Argentina un lugar atractivo en los últimos años.
5) En cualquier toma de tierras hay de todo: vivos que aprovechan, punteros, gente que vende tierras que no tiene, personas desesperadas por tener un espacio, organizaciones sociales, etc. Lo que predomina es la necesidad . La toma del segundo parque de la Ciudad potencia esto, incorpora la problemática en tiempo real por la presencia de la televisión y genera conflictos entre los que toman y los que viven cerca.
Algunas nuevas políticas hay que encarar, de manera urgente: 6) Es necesario acelerar el ritmo de construcción de viviendas; es claro que esto no ha sido una prioridad para la Ciudad; lo mismo sucede con los procesos de urbanización de villas y asentamientos. La problemática social cruza pobreza, violencia, informalidad, tensiones diversas, pero el núcleo del problema es el hacinamiento, el no tener lugar.
7) El Estado podría empezar a tener un rol en los costos de los alquileres, especialmente con los sectores de menos recursos.
8) La migración del interior del país no va a cambiar si las personas no tienen oportunidades en sus lugares de origen. Si no avanzamos en la generación de una red de servicios de salud y educación en el interior no va a cambiar la tendencia.
9) Con los países limítrofes pasa algo similar. Tal vez el Mercosur debería cobrar protagonismo y los países deberían crear un fondo común para consolidar servicios de salud y educación.
10) Finalmente, esta situación debería hacernos reflexionar a todos. Hay cosas que no nos pueden pasar en una sociedad democrática del siglo XXI. La línea que no se puede cruzar es la que lleva el conflicto social a la muerte, la violencia entre pobres y a un debate de jurisdicciones que invita a los vecinos resolver las cosas por cuenta propia.
viernes, 10 de diciembre de 2010
Estudian problemas sociales en San Miguel de Tucumán
El intendente Domingo Amaya, presentó el “Diagnóstico sobre las problemáticas sociales que presenta San Miguel de Tucumán”, en el marco del Plan Social que implementará en los próximos cinco años y que incluirá el diseño y ejecución de proyectos específicos para solucionar los problemas encontrados.
“Hoy tenemos un diagnóstico de la realidad de la sociedad, con los problemas que presenta cada barrio. Desde febrero del año próximo, continuaremos trabajando para solucionar esos problemas con ayuda del gobierno nacional y provincial”, dijo Amaya en su discurso de presentación.
En el acto también estuvo presente el ex Viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, quien fue convocado para capacitar a funcionarios y empleados de la comuna capitalina en temáticas vinculadas a políticas sociales.
Arroyo comentó que “la primera etapa (del programa) comenzó en julio con reuniones con equipos técnicos de la municipalidad, representantes barriales, organizaciones no gubernamentales, empresarios, y universidades, que identificaron en conjunto las problemáticas centrales de la ciudad”.
Finalmente, el diagnóstico arrojó como resultado que en San Miguel de Tucumán hay nueve principales problemas sociales. Ellos son:
•Jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan.
•Mayores de 40 años desocupados, en su mayoría ex trabajadores del sector industrial.
•Adicciones que afectan especialmente a los jóvenes, predominio del paco.
•Violencia de Género y Violencia Familiar
•Explotación y maltrato infantil
•Embarazo adolescente
•Personas en situación de calle
•Discapacidad y dificultades de accesibilidad
•Pobreza estructural, pobreza extrema en relación con el reciclado y cuidado del ambiente.
lunes, 6 de diciembre de 2010
Reunión con el intendente de San Miguel de Tucumán
Daniel Arroyo se reunirá con el intendente municipal Domingo Amaya este lunes 6 de diciembre en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el encuentro, Arroyo y Amaya analizarán la situación social de la ciudad y evaluarán el impacto de las políticas sociales puestas en marcha por el Municipio. Luego, mantendrán una reunión con referentes barriales. Y el martes 7, Arroyo brindará una charla para funcionarios y técnicos del municipio y de las localidades que integran el Gran Tucumán.
Los encuentros se realizaron en el marco del Proyecto Ecológico Urbal III, que reúne a más de 30 mil estudiantes y miembros de instituciones del Gran San Miguel de Tucumán que recolectan plástico para su reciclaje. El proyecto permitió que desde setiembre del año pasado hasta la actualidad se recolectaran más de 62.000 envases de plástico contribuyendo a erradicar microbasurales y mejorar la calidad ambiental.
Para aplicar el programa la Municipalidad invitó a otros municipios del Gran San Miguel de Tucumán, y firmó un convenio con el Ministerio de Educación de Tucumán que posibilitó que participen establecimientos de Yerba Buena, Las Talitas y Tafí Viejo.
Los encuentros se realizaron en el marco del Proyecto Ecológico Urbal III, que reúne a más de 30 mil estudiantes y miembros de instituciones del Gran San Miguel de Tucumán que recolectan plástico para su reciclaje. El proyecto permitió que desde setiembre del año pasado hasta la actualidad se recolectaran más de 62.000 envases de plástico contribuyendo a erradicar microbasurales y mejorar la calidad ambiental.
Para aplicar el programa la Municipalidad invitó a otros municipios del Gran San Miguel de Tucumán, y firmó un convenio con el Ministerio de Educación de Tucumán que posibilitó que participen establecimientos de Yerba Buena, Las Talitas y Tafí Viejo.
sábado, 4 de diciembre de 2010
Avanza la economía social
(publicada en el suplemento Comunidad, diario La Nación, 4 de diciembre de 2010)
En un año con condiciones macroeconómicas favorables para el desarrollo de emprendimientos sociales, el nivel de operaciones en el mundo de las microfinanzas mostró, efectivamente, una tendencia creciente.
Sin embargo, no se debe dejar de tener en cuenta que el alza de los montos prestados está vinculada, en cierta medida, a un factor que en nada ayuda a la generación de iniciativas sustentables: la inflación. Y otro punto para no perder de vista es que 2010 no fue el año del despegue de las microfinanzas, si por tal concepto se entiende un incremento fuerte en el número de personas con acceso a pequeños montos de capital. Por eso, y más allá de los avances, sigue en pie el desafío de que la oferta de préstamos llegue a la gran mayoría de los emprendedores.
"Sólo entre el 3 y el 4% de los microempresarios llegan al préstamo; se estima que hoy son 75.000", afirma Juan Padilla, presidente de Gestión de Proyectos de Economía Social. Según el consultor, este año no hubo avances en cuanto a un marco regulatorio más amigable para las microfinanzas.
Padilla cuestiona el hecho de que a partir de la ley de microcrédito -que distribuye fondos para ser prestados a una tasa subsidiada- se produzca la llegada de instituciones pequeñas y dependientes del poder político, cuando, en rigor, lo que se requiere son entidades que trabajen a escala y busquen ser sustentables.
Como uno de los hechos de este año que se va, Padilla destaca la mayor integración de entidades bancarias a las microfinanzas.
Como muestra de ello, poco antes de llegar al cierre de 2010, Provincia Microfinanzas, del grupo Bapro, anunció la entrega de su crédito número 10.000; en total, las operaciones sumaron 55 millones de pesos.
La entidad del Estado bonaerense gestiona además Fuerza Solidaria, para fondear a instituciones de microcrédito. "Este año otorgamos algo más de $ 11 millones a 107 instituciones que le prestaron a 50.000 personas", describe Daniel Arroyo, presidente de la institución. El promedio de lo prestado a los emprendedores pasó de $ 5100 a $ 7200 entre 2009 y este año. "Subió en parte por la inflación y en parte por la expansión del consumo", considera Arroyo.
Los desafíos para 2011, según el funcionario, serán un crecimiento de la actividad de mutuales y cooperativas, que podría estar incentivado por la creación del sistema de cuentas bancarias gratuitas, y la mejora de la tasa de interés de los préstamos.
En materia de cooperativismo, avanzaron iniciativas impulsadas a partir del plan del Gobierno de integrar a trabajadores para realizar tareas de mejoras en el espacio público. La instrumentación del programa, sin embargo, provocó denuncias de varias instituciones por su politización.
Microfinanzas
En las microfinanzas, la reactivación trajo un aumento de los montos prestados y también, aunque en menor medida, del número de emprendedores con acceso al crédito, según afirma Julián Costábile, vicepresidente de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito y director de la institución Emprenda.
Costábile comentó que la morosidad cayó con respecto a 2009 y que las instituciones tuvieron avances en busca de su sustentabilidad. Aunque advirtió que la inflación y el consecuente aumento de salarios impactan negativamente en la persecución de ese objetivo.
Entre los desafíos, señaló la necesidad de que el sistema gane escala y cuente con más personas capacitadas para desempeñarse en el sector.
Por citar sólo algunos ejemplos, la mejora en los indicadores de los emprendimientos se vio reflejada en casos como el de Agroturismo Misiones, donde estiman que creció un 20% la cantidad de visitantes a los establecimientos que participan de este proyecto de desarrollo de la economía local. Impulsado por la ONG Iscos y la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola de Misiones, de la iniciativa participan 120 productores y muchas otras personas que dan servicios. También en el norte del país, la institución ProMujer, con 11.000 socias y préstamos por $ 9 millones, cierra un año positivo para el número de operaciones.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
miércoles, 1 de diciembre de 2010
Congreso de Tecnologías Educativas
Daniel Arroyo participará en el I Congreso de Políticas Públicas de Tecnologías Educativas “Educación para el desarrollo local”, que se desarrollará este jueves 2 de diciembre, a las 17, en la Biblioteca Nacional (Agüero 2502).
CEDUTEC es organizado por PuntoGov y Fundación Sociedades Digitales y cuenta con el apoyo de diferentes organismos públicos y empresas privadas. El objetivo del Congreso es generar un espacio de estudio y reflexión sobre las Políticas Públicas de Tecnologías Educativas en dirección al desarrollo local de las comunidades y a partir de una convocatoria a los diversos sectores involucrados en su diseño, implementación y evaluación de esas políticas.
En esta primera edición, se desarrollará un capítulo centrado en las políticas nacionales y locales dirigidas a la incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo. Contará con la visita de funcionarios, ministros, intendentes y responsables de la gestión pública y educativa interesados en tomar contacto con las experiencias 1:1 (un alumno, una computadora) desarrolladas en el ámbito local, regional e internacional.
La modalidad de trabajo prevé tiempos de intercambio y construcción colectiva a partir de temas que identifican las mesas y ejes que las atraviesan, de modo tal de favorecer el establecimiento de un marco que permita sostener la discusión futura y establecer dimensiones relevantes a la hora de analizar las políticas y los proyectos y experiencias a los que dan lugar, asegurando su profundización, enriquecimiento y sustentabilidad a lo largo del tiempo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)